Chapter 1

Discurso del Gral. Lázaro Cárdenas del Río, al iniciar el Congreso sesiones ordinarias, el 1 de septiembre de 1937. 1 de septiembre de 1937.

Discurso del Gral. Lázaro Cárdenas del Río, al iniciar el Congreso sesiones ordinarias, el 1 de septiembre de 1937.

Honorable Congreso de la Unión:

Al tener el honor de comparecer ante Vuestra Soberanía para rendir el informe que el mandato constitucional me impone respecto al tercer año de mi ejercicio, deseo hacer un examen condensado del ambiente general que se ha creado en el país al influjo de la política del Gobierno y como resultado de todas las fuerzas sociales que han entrado en acción.

En toda la extensión de la patria hay impaciencia por los problemas de carácter económico que afectan a numerosos sectores del país, pero hay también grandes manifestaciones de actividad y de colaboración para resolverlos.

La agricultura se está organizando de la manera más conveniente para satisfacer todas las necesidades y para que continúe siendo la base y sustentación de nuestra economía interna. No obsta para ello la actividad que encauza el concepto de propiedad de la tierra de dominio privado a dominio colectivizado entre campesinos; ellos se han dado cuenta de que el principio social de la Revolución sería negativo y aun estéril si no dedicaran todo su empeño y una dosis completa de organización en la técnica del cultivo y en la producción agrícola.

La cosecha de cereales registrados de 1936 a 1937 con relación a la que se anotó en años anteriores, revela un aumento de consideración, siendo esto el índice demostrativo de que, a pesar del clamor negativo de los enemigos de la Revolución, los campesinos y el Gobierno están logrando encauzarse dentro de términos de éxito en este ramo tan importante de la producción.

La minería representó también en este año una importancia apreciable en la producción económica: 23 toneladas de oro, 2,400 toneladas de plata y 424,000 toneladas de metales diversos destinados a la industria.

Hay que llamar la atención sobre el hecho de que una parte de esta producción se debe a los pequeños mineros del país que operan con capital nacional y a grupos de trabajadores que se organizaron para explotar fundos de importancia en diferentes lugares del país.

Esto es demostrativo de que el elemento trabajador de las minas se ha dado cuenta de la importancia que para él, en particular, representa esta actividad, y lo que en beneficio puede obtenerse para la prosperidad de la República, dando lugar con ello a que el Gobierno Federal haya podido constituir las grandes reservas mineras de la Nación e iniciar la formación de un organismo favorable para que los trabajadores y la colectividad mexicana obtengan de esa empresa extractiva los beneficios correspondientes, pues era ya urgente aprovechar en debida forma para el país lo que hasta ahora habíamos visto salir al exterior sin mayor rendimiento para nuestra Patria.

No menos importante que las anteriores por considerarse como básica de la prosperidad nacional es la actividad de la industria eléctrica, que no obstante contar actualmente con una producción de 2,363.000,000 kilowatts- hora, con un valor de $ 236.393,000.00, no alcanza ya a cubrir las demandas que los diversos servicios y nuevas industrias reclaman.

La necesidad de contar con mayor cantidad de energía eléctrica y de bajar las tarifas para que se facilite el desarrollo industrial, ha obligado al Gobierno a crear la "Comisión Federal de Electricidad", que plantee y resuelva la instalación de nuevas plantas en distintos lugares del país.

Hoy como ayer, los hidrocarburos que guarda el subsuelo mexicano abarcan uno de los renglones más importantes de nuestra producción y de nuestra actividad, dado que la producción general de petróleo fue de 42.200,000 barriles, de los cuales 19.100,000 se consumieron en el mercado interior y 23.100,000 fueron dedicados a la exportación.

De esta cantidad corresponden 1.600,000 barriles a la producción de la Administración General del Petróleo Nacional.

De conformidad con las facultades extraordinarias concedidas al Ejecutivo para legislar, se reformó la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado, creándose los Departamentos Autónomos de Prensa y Publicidad y el de Asistencia Social Infantil.

Asimismo se creó la Administración General del Petróleo Nacional que facilitará el incremento en la producción de las reservas nacionales, siendo de esperarse que al realizar la Administración el programa de explotación aprobado por el Gobierno, permitirá fincar sobre mejores bases la economía del país.

Haciendo uso de sus atribuciones y congruentemente con los lineamientos esenciales de la Constitución General del País, el Ejecutivo Federal formuló la iniciativa de la Ley, denominada "de Expropiación", para que, conforme lo dispone el artículo 27 del Código Fundamental, quede capacitado el Gobierno para resolver innumerables problemas de importancia que de otra manera no tendrían solución posible.

El Ejecutivo de la Unión elaboró el proyecto de Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio del Estado, por considerar que en el gran debate de derechos sociales que tiene emprendido la Revolución desde sus principios, había un sector de trabajadores sometido y sojuzgado a la tradición y al capricho, extorsionado por la política y completamente abandonado a sus propios recursos.

A remediar dicha situación, dándoles derechos correspondientes a sus actividades y nobles funciones, reconociéndoles personalidad jurídica para representar ante el Poder público cuando sus intereses así lo exijan, creándoles un tribunal eficiente e independiente para conocer de sus controversias, se formuló dicho Estatuto con la seguridad de que los factores que han de intervenir en su funcionamiento revelarán plena conciencia de sus obligaciones y de sus derechos, sabrán cumplir con unos y ejercitar los otros en forma de leal colaboración, que las demás colectividades sociales interesadas en el mantenimiento del Poder público, no tendrán que levantar su voz de protesta por las consecuencias que pudieran traer las conquistas que esta ley consagra.

Asimismo se han terminado ya varios proyectos de ley, entre otros, el de Vías Generales de Comunicación, de Cooperativas, de Responsabilidades de Funcionarios, teniendo en estudio el proyecto de Ley del Seguro Social, etc., que juntamente con el proyecto del Estatuto Jurídico antes mencionado se someterán a vuestra consideración.

Debo referirme a la forma como ha quedado resuelto el problema del sector más importante de comunicaciones y transportes que representan los Ferrocarriles Nacionales de México, pues basado su funcionamiento en una supuesta explotación privada bajo el control del Estado, estaba sufriendo todos los obstáculos que resisten las explotaciones de lucro particular y haciendo refulgir sobre las espaldas de la Nación muchos y variados factores de fracaso.

El Ejecutivo optó por aplicar la Ley de Expropiación sobre los intereses de la minoría representados dentro de la empresa, para que se explote y dirija el destino de los Ferrocarriles Nacionales en un sentido de servicio público.

Con esta medida quedarán contrarrestadas las enormes dificultades que el Gobierno encontró y que enumeradas pueden sintetizarse en los siguientes puntos: estado de quiebra en que la negociación ferrocarrilera se encontraba e inminencia de arrastrar al Gobierno en su fracaso; creciente desatención de la conservación de los bienes de la empresa con la amenaza consiguiente de paralizar el servicio ferroviario y, con él, la vida económica del país; las dificultades orgánicas que el estado jurídico de la empresa oponía al Gobierno para exigirle una cooperación decidida en su política económica a través de tarifas adecuadas y pertinentes; imposibilidades de índole económico-política para arreglar la deuda de los Ferrocarriles y la dificultad en que se encontraba el Poder público para iniciar en ellos una rectificación integral de su sistema, conectando varias de sus líneas y construyendo los necesarios kilómetros de ramales indispensables para la solvencia de algunas troncales del sistema; y por último, la agravante de que los sueldos a empleados y salarios de los trabajadores ferrocarrileros equivale a un 55% de las entradas brutas de las líneas, no obstante que el salario medio de sus obreros es inferior al salario medio de otras grandes industrias del país.

En asuntos internacionales se ha puesto especial interés para resolver los problemas planteados.

En la Conferencia Inter-Americana reunida en Buenos Aires durante el mes de diciembre de 1936, la Delegación de nuestro país obtuvo la aprobación unánime de un Protocolo de No Intervención, cuyo texto consagra un principio característico de la política mexicana en este Continente.

En la reunión a que aludo, México presentó, además, una iniciativa para la terminación de la Carretera Panamericana, y aprobó, entre otros proyectos, la Convención para el Mantenimiento de la Paz en América.

Con relación al caso especial de España, el Gobierno de México dirigió a la Sociedad de las Naciones el 31 de marzo del año en curso, una nota en la cual México definió su criterio respecto a la conveniencia de interpretar la neutralidad internacional en casos como el de España, conforme a los principios del Pacto Constitutivo de la Liga, estableciendo una distinción entre los Gobiernos legítimos agredidos, a los que debe proporcionárseles el apoyo a que tienen derecho, y los grupos agresores, a los que resulta indebido facilitar elementos destinados a continuar y volver más sangrienta la lucha.

Notas concebidas en el mismo tono fueron entregadas por los representantes de México a las Cancillerías de los países con los que el nuestro sostiene relaciones diplomáticas. Las respuestas recibidas confirman, dentro de la variedad de criterios, que la gravedad de la situación hace comprensible el especial interés concedido en el extranjero a la iniciativa de México.

México, aunque siempre respetuoso de los tratados, ha pugnado por modificar aquellos que en alguna forma pueden ser lesivos para su libertad o su soberanía.

A este respecto debo informar al Honorable Congreso, que el 13 de abril próximo pasado se firmó en Washington, entre nuestro Embajador y el C. Secretario de Estado de los Estados Unidos, un convenio que deroga el artículo 8º. del Tratado de Límites, suscrito por México en 1853.

El artículo suprimido concedía al Gobierno Norteamericano el libre tránsito de personas y cosas por el Istmo de Tehuantepec, y prevenía un arreglo para el paso de tropas y municiones de los Estados Unidos, siempre que el Gobierno de ese país tuviera ocasión de enviarlas de una parte de su territorio a otra situada en el lado opuesto del Continente.

Nuestra Nación ha aumentado el número de sus misiones diplomáticas en el extranjero, mediante la instalación de una Legación en Rumanía y el restablecimiento, en China, de la representación que desde 1924 había quedado sin titular.

Además, por Decretos fechados el 14 de junio último y en confirmación de las fraternales relaciones que han existido siempre entre los dos pueblos, el Gobierno de México elevó a la categoría de Embajada su Legación en Lima y el del Perú hizo lo propio con la representación que tiene acreditada ante nuestro país.

Al conocer la iniciativa de las damas mexicanas de prestar su cooperación al pueblo de España con motivo de las condiciones que prevalecen en aquel país hermano por causa de la guerra, el Gobierno Federal apoyó esta iniciativa recibiendo a los 500 niños españoles que fueron alojados en escuelas internados en donde reciben las atenciones necesarias.

El Gobierno de México vendió al de España, pertrechos de guerra por valor de $ 8.200,078.21.

La política económica adoptada por el Gobierno Federal se inspira tanto en el propósito de incrementar la capacidad productiva de nuestro país, cuanto en el de asegurar para los trabajadores una justa participación en las utilidades obtenidas, estimando que sólo así será organizar la más provechosa explotación de nuestros recursos naturales y lograr para la mayoría de nuestra población las condiciones adecuadas de existencia de que por mucho tiempo ha carecido y que son la base del progreso económico y social de la Nación.

Tales propósitos han normado la gestión del Ejecutivo y se han manifestado a través de los diversos trabajos de que se da cuenta en este Informe, así como en lo relativo a moneda , crédito, fomento de la producción agrícola e industrial, aranceles y otras materias más que forman el presente capítulo.

El hecho más importante registrado en el movimiento monetario del país, consecuencia de su situación económica, fue un sensible aumento de los signos monetarios usados por el público, acompañado de una mayor velocidad de la circulación de los mismos.

El primero de junio del año próximo pasado circuló la cantidad de $ 405.219,000.00, suma que el último de junio del presente año ascendió a $ 498.358,000.00.

La posición de nuestra reserva monetaria se ha afirmado, puesto que a partir del primero de septiembre de 1936 sus recursos, que importaban $ 205.871,000.00 , han aumentado al finalizar el pasado mes de junio a $ 216.654,000.00, quedando excluida de esta cantidad la plata que respalda los certificados monetarios.

La proporción de oro de la reserva se ha mantenido dentro de los límites legales, aun cuando en su volumen total se ha preferido no aumentar las inversiones en oro en forma que pudiera resultar para la reserva, en caso de producirse una disminución inesperada en el precio internacional del oro; actualmente la reserva contiene cuarenta toneladas de oro, con un valor de más de $ 161.000,000.00.

El índice general de los precios ha venido aumentando desde que el país salió de la crisis que, hasta fines de 1934, había disminuido la mayor parte de las actividades productivas, situación frente a la cual el Gobierno adoptó una política de estímulo a tales actividades, a través de mayores inversiones, de creación de nuevos centros de producción y mejorando la situación de los trabajadores para aumentar su salario e incrementar su poder de consumo.

El nivel de los precios, por lo que se refiere a los artículos de primera necesidad, ha subido, sin embargo, en forma que se juzga indeseable, ya que pone en peligro, de un modo transitorio, las ventajas logradas por los trabajadores, al hacerse posible la disminución de su salario real.

El Gobierno Federal ha dictado diversas medidas para mantener los precios en un nivel favorable a las condiciones reales de nuestra población, elaborando un programa de conjunto, que permita neutralizar las causas concretas de carácter económico o de índole diversa determinante de aquella situación.

Teniendo en cuenta que con el alza de los precios de las subsistencias quienes obtienen los más altos e injustificados beneficios son los intermediarios y los que, en general, especulan con las necesidades populares, la acción del Estado tendrá por objeto restringir la actividad de tales elementos, adoptando , con tal fin, las siguientes medidas de carácter general: el fomento a la inversión de capitales en actividad productivas, de acuerdo con la política de crédito que más adelante se indicará; un estímulo mayor para la producción agrícola, cuyas perspectivas son halagadoras, especialmente en la agricultura ejidal, mediante el crédito rural que se viene proporcionando por los Bancos de Crédito Ejidal y de Crédito Agrícola; reducción del tipo de interés de créditos directos a la producción, elevando en cambio los destinados a los acaparadores y almacenistas; la organización de los productores, en particular de los que han carecido hasta la fecha de una sistemática protección y, a la vez, la de los consumidores, mediante el establecimiento de cooperativas de consumo.

Al mismo tiempo se han dado instrucciones para activar, con la intervención de las Instituciones Nacionales de Crédito, la circulación de los productos acaparados o mal distribuidos y para establecer una Bolsa Nacional de Productos Agrícolas, cuyo plan de organización ya se ha formulado, sin perjuicio de favorecer la importación de mercancías, regulada por el Estado, y de dictar las medidas de emergencia que sean necesarias para combatir eficaz y rápidamente el alza de las subsistencias.

Para castigar severamente a todos aquellos que contribuyan a crear un aumento artificial de los precios, el Ejecutivo presentará en breve ante el H. Congreso de Ley Orgánica del artículo 28 Constitucional en materia de monopolios ilícitos.

En materia de crédito, el Gobierno se propone lograr que los capitales inactivos se conviertan en un factor de fomento económico, mediante los canales adecuados de inversión que se establezcan; asimismo espera aumentar los recursos con que cuentan las Instituciones Nacionales de Crédito, para que éste pueda llegar a los productores que se han visto privados de auxilio económico.

El ejecutivo estima que la organización del crédito en México debe responder a las necesidades de su expansión económica y a los propósitos que informan la política general del Gobierno, en forma tal, que el crédito adquiera el carácter de un servicio social cuyos beneficios se extiendan a los productores más necesitados de la protección estatal y se distribuyan a través de nuevas fuentes de trabajo y de inversiones que proporcionen una utilidad general.

De acuerdo con estas ideas el Ejecutivo Federal expidió recientemente la Ley Constitutiva del Banco Nacional Obrero de Fomento Industrial, cuyos objetivos esenciales son el de otorgar un impulso decidido para la industrialización del país y el de conceder crédito a las empresas administradas por sus propios trabajadores y a las cooperativas.

Para este efecto, se pondrán a disposición del Banco los recursos necesarios, entre los cuales figuran las inversiones de Fomento industrial ya realizadas y las que se han hecho a través del sistema de crédito popular, que se intensificarán en lo sucesivo.

La nueva Institución dará preferente apoyo a los productores ejidales para la industrialización de sus productos, debiendo mencionarse, desde luego, los trabajos emprendidos para establecer el primer Ingenio Central Ejidal que se construye en Zacatepec, Mor., con un costo total de $ 14.000,000.00; la organización del Banco ha quedado ya terminada sus operaciones principiarán en este mes de septiembre.

Las Instituciones Nacionales de Crédito han venido funcionando satisfactoriamente, habiéndose creado en este año el Banco Nacional de Comercio Exterior, ampliándose las aportaciones que para el capital de las mimas ha hecho el Gobierno Federal.

El Banco de México, S. A., ha venido cumpliendo las finalidades esenciales de su nueva Ley Orgánica y ha desempeñado con toda eficacia la importante función que le compete en la economía nacional, laborando de acuerdo con las Instituciones de Crédito y sus Auxiliares, en todo el país.

Ha regulado las exportaciones de oro y plata, sosteniéndose el tipo de cambio de la moneda nacional.

El Banco Nacional de Crédito Ejidal, el Banco Nacional de Crédito Agrícola y los Almacenes Nacionales de Depósito han contribuido a realizar la política agrícola del Gobierno.

El primero ha extendido sus operaciones en forma considerable e intervino en la organización económica de los productores ejidales de la Comarca Lagunera en la que se habían invertido $ 31.000,000.00 hasta el 30 del pasado junio, gracias a lo cual pudo operarse sin trastorno alguno el cambio del régimen de la propiedad de la tierra de aquella importante región del país, en beneficio de los trabajadores de la misma.

Para apreciar mejor las necesidades de los ejidatarios y para perfeccionar los métodos que se han venido empleando para distribuir el crédito ejidal, se han celebrado convenciones de Sociedades Locales de Crédito en las más importantes zonas económico ejidales; teniendo a la vista sus resultados, el Ejecutivo ha venido estudiando la organización definitiva que convenga establecer en esta materia.

El Banco Nacional de Crédito Agrícola ha continuado normalmente la distribución del crédito entre los pequeños y medianos propietarios agrícolas asociados, habiendo aumentado el número de los mismos en operación con el Banco y las superficies del cultivo correspondientes.

El capital del Banco se ha incrementado en $ 12.146,845.67.

El Banco Nacional de Crédito Ejidal, recibió de septiembre de 1936 a agosto de 1937, además de las cantidades con que operó en la Laguna, la suma de $ 20.000,000.00 que ha distribuido en crédito entre los ejidatarios de todo el país.

El Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas ha seguido realizando su plan de trabajo, con particular atención a las obras de servicios públicos , dando preferencia a la dotación de agua potable a los pueblos. Seguros de México, S. A., extendiendo sus actividades ha procurado fomentar e implantar en nuestro país los tipos de seguros de vida más convenientes para los trabajadores.

Dadas las necesidades crecientes del país para ser dotado de buenos alojamientos, próximamente se establecerá una Institución de Crédito Hotelero para la promoción de construcciones, reformas y adaptaciones de establecimientos en donde puedan alojarse cómodamente los viajeros, tanto aquellos que viajan por razones de negocio, como los que lo hacen por motivos puramente de recreo.

El Gobierno cree activar en esta forma la canalización de los ahorros públicos para desarrollar más la industria del turismo, que es una actividad económica que cada día se afirma más en nuestro país.

Se ha continuado la política seguida desde el principio de la actual Administración, en materia de Deuda Pública, habiéndose hecho sólo los pagos indispensables, a fin de invertir los fondos de que dispone el Gobierno Federal en obras productivas.

En el Presupuesto del presente año se consideró la suma de $ 2.000,000.00 destinada a la conversión de la Deuda Agraria.

Las modificaciones realizadas en materia arancelaria durante el período que este Informe comprende, han tenido siempre como finalidad primordial procurar el desarrollo económico y social del país, ya otorgando protección a la agricultura, a la industria o al Comercio, cuando se ha considerado justificada , bien estimulando el consumo de artículos indispensables para mejorar las condiciones de vida, especialmente de las clases proletarias, cooperando en ello con los demás organismos gubernamentales para cumplir con el programa de Gobierno.

Además, determinadas reformas al Arancel, han tenido como mira obtener mayores ingresos que permitan el cumplimiento de las tareas emprendidas.

La Ley de 26 de agosto de 1935, sobre nacionalización de bienes, ha venido aplicándose con un elevado criterio de justicia, que se traduce en la reintegración al patrimonio nacional de los bienes del clero, ficticiamente ostentados como propiedad de personas interpósitas.

El Ejecutivo tiene la satisfacción de pensar, fundamentalmente, que a partir de la vigencia de dicha Ley no se ha nacionalizado un solo inmueble que no está ligado directa o indirectamente con el dominio del clero.

Más de 300 inmuebles se han destinado al uso de la Secretaría de Educación y otras Dependencias oficiales.

En el ramo de Bienes Nacionales se ha fomentado la construcción de importantes obras en diversas ciudades del país.

De acuerdo con los propósitos del Ejecutivo, de alcanzar un mejoramiento económico de los diversos Territorios Federales, y para fomentar el desarrollo de los de la Baja California, se estableció una zona libre parcial en el Territorio Norte, ampliando así los beneficios que se veían obteniendo mediante los perímetros libres de Tijuana y Ensenada.