Part 2

¿Y cómo revelar aquellos hechos, sin voz en el Parlamento? ¿Cómo censurarlos en la prensa aherrojada por el veto absoluto que prohibía llamar _tirano_ á Herodes y había borrado el verbo _libertar_ y sus sustantivados del diccionario de la lengua? ¿Cómo reunirse los vecinos para acordar la redacción de una queja al monarca, cuando toda reunión de más de tres personas era reputada clandestina y todo escrito que autorizasen más de tres firmas daba en la cárcel con sus autores?

Suprimidos los Ayuntamientos, la administración municipal económica, litigiosa y criminal se confió á los corregidores, representantes del Capitán general, que á su vez ejercía funciones judiciales como presidente de la Audiencia, financieras como Superintendente de Hacienda, eclesiásticas como Vice-real patrono, y legislativas con extensión superior á las Cortes, pues que llegaban á anular los principios más rudimentarios del derecho natural, con bandos como el del general López Baños, que declaraba á todo hombre ó mujer libres sin propiedad territorial, obligados á colocarse al servicio de un terrateniente.

Sin escuelas, sin libros cuya introducción se entorpecía en las Aduanas, sin periódicos de la metrópoli cuya circulación se interceptaba, sin representación, sin municipios, sin pensamiento ni conciencia, sólo un objeto debía absorber las funciones físicas y psicológicas de nuestro pueblo: fabricar azúcar; ¡mucho azúcar! para venderlo á los Estados Unidos é Inglaterra. La factoría en plena explotación. Mucho oro para los grandes plantadores, que tras del azúcar enviaban á sus hijos al extranjero en solicitud de títulos académicos que no podían obtener en el país, y que después de largos años de residencia en naciones libres y cultas regresaban á la tierra natal á participar de aquellas riñas galleriles reglamentadas por los Capitanes generales, cuando no á avergonzarse de aquellos cultos en que la ruleta, el monte y los desórdenes coreográficos se ofrecían como holocausto religioso de un pueblo cuya riqueza se fundaba en el envilecimiento del trabajo por la esclavitud, cuya voluntad se esterilizaba por la atrofia del espíritu y cuyas costumbres se corrompían con festivales monstruosos en que el ritmo de la zambra y el chasquido del inhumano fuete se confundían en un solo eco, bajo la placidez de una atmósfera serena y entre los perfumes de una vegetación exuberante.

Hago aquí punto, excelentísimo señor. Me produce cansancio esta ingrata recordación.

Con promesa de continuar, besa las manos de vuecencia.

IV

Excelentísimo señor:

Puede que al leer los últimos párrafos de mi anterior--si es posible que en estas humildes cartas fije su atención todo un ministro de la Corona,--se le ocurra á vuecencia preguntar: ¿Y cómo correspondía ese pueblo á la conducta gubernativa que con él se observaba?

La pregunta sería natural; la respuesta resulta históricamente singularísima.

Por consecuencia de la resolución parlamentaria de 1837, los capitanes generales de las Antillas quedaron autorizados para aplicar de lleno el Decreto de 28 de Mayo de 1825, que les confería las facultades extraordinarias adjudicadas en las Reales Ordenanzas á los gobernadores de _plazas sitiadas_. Ese fué nuestro código político, el _estado de sitio permanente_. En su aplicación se justificaron las alteraciones advertidas por el padre Abbad en 1780, _según la mayor instrucción y modo de pensar del general que lo aplicaba_. Y el país seguía mansamente la alternatibilidad de esas oscilaciones.

¿Venía Méndez de Vigo y fundaba una _casa de beneficencia_ para huérfanos y dementes? Pues se vitoreaba á Méndez de Vigo. ¿Venía Pezuela y condenaba las fiestas _sanjuaneras_ y establecía la _libreta_? Pues se aceptaba la libreta y se suprimían las fiestas. ¿Llegaba Norzagaray y restablecía las carreras de caballos? Pues á correr como centauros otra vez. Masa popular muy dúctil la puertorriqueña, se amoldaba á todas las situaciones y soportaba su vaivén resignadamente, reservándose aprovechar todas las coyunturas, para dar testimonio de la inalterabilidad de sus legendarios sentimientos nacionales.

En 1848 dicta el conde de Reus el draconiano Código negro, por temor á las turbulencias de los esclavos en las Antillas vecinas, y acto continuo desguarnece la isla para auxiliar con fuerzas de infantería y artillería al gobernador de la isla danesa _Santa Cruz_. Ni un esclavo se insubordina en Puerto Rico; ni una vez tiene que ejercitarse la terrible severidad del inútil Código.

En 1860 arroja la metrópoli aguerridas huestes sobre las playas tingitanas; reverdecen en Tetuán los laureles de Orán y la Goleta; la Nación se une en una sola voluntad para apoyar aquella campaña, y los puertorriqueños, factores negativos en la vida política de la nación, funden su espíritu en el espíritu nacional y ofrecen su bolsa para formar aquel _donativo para la guerra de Africa_, auxilio cuantioso al Tesoro metropolitano, testimonio de identificación con los principios que mantuvieran en aquella guerra el honor de la bandera de España.

Tres años después se aceptaba la anexión de Santo Domingo, propuesta á su antigua metrópoli, los puertorriqueños celebraban con fiestas populares tan trascendental acontecimiento. Torpezas administrativas produjeron en breve la insurrección de los anexados, y un batallón de milicianos de Puerto Rico acudió á la vecina isla á compartir con los soldados peninsulares las amarguras de una guerra desastrosa, cuyos gastos hubo de soportar el presupuesto de Puerto Rico, con avances á título de _Deuda de Cuba_, porque al Tesoro de la Antilla mayor se adjudicó la provisión, pero que no fueron luego devueltos.

Ya ve vuecencia cómo ha de considerarse muy singular la correspondencia de relaciones entre la nación y la colonia. Para los efectos de la representación parlamentaria no se reputaba ciudadanos españoles á los puertorriqueños; para los empeños honrosos de la nación, dentro y fuera del territorio, los puertorriqueños solicitaban y llenaban los deberes inherentes á la ciudadanía de los hijos de España.

Los gobiernos de la metrópoli no concedían valor á esa conducta. La vanidad de Argüelles y las intransigencias de Tacón habían informado la confusión de Cuba con Puerto Rico en el artículo adicional á la Constitución de 1837; las Cortes moderadas de 1845 ratificaron en su artículo 80 la promesa de leyes especiales para Ultramar; Cuba era la más extensa, la más importante, la más rica de las dos Antillas; no era posible conceder á la menor lo que se negara á la mayor; la confusión continuó. Pero sus efectos no fueron idénticos.

Los nombres de Plácido en 1843, de Narciso López en 1851 y del catalán Pintó en 1855 revelan con carácteres sangrientos qué género de protesta informaba la opinión de una parte del pueblo cubano contra el despotismo colonial que le asfixiaba: es en vano buscar rastros idénticos en la historia de Puerto Rico.

Y sin embargo, medidas por un rasero fueron entrambas comarcas, lo mismo imperando el absolutismo de Narvaez que el convencionalismo de O'Donell. De nuevo se hacía caso omiso de la lealtad puertorriqueña, pero abriendo ahora herida más dolorosa, pues que la cultura popular había adquirido, merced al desarrollo mercantil, vuelo mayor.

Los viajes de los comerciantes puertorriqueños al emporio cosmopolita de Santhomas debían ser muy frecuentes, y en Santhomas hallaban puerto de refugio los emigrados políticos más exaltados del vecino continente.

El incremento de la producción sacarina en Puerto Rico trajo por consecuencia la necesidad de solicitar en la República norteamericana y en Inglaterra mercados consumidores del producto, y los viajes á esos países libres imponían la comparación entre su régimen político-administrativo y el que en la colonia se ejercitaba; de aquí que las relaciones mercantiles facilitaran la comunicación de ideas, la extensión de conocimientos expansivos y el deseo de obtener en el país propio el ejercicio de unos derechos individuales que, lejos de producir daño, fomentaban el incremento de la riqueza pública en aquellas zonas donde se veían ejercitar.

Agréguese á esto, excelentísimo señor ministro, el periódico ingreso en la isla de hombres educados desde niños en París, Londres, Filadelfia, Bruselas, Madrid, Barcelona, Caracas ó New-York, y que influídos por la educación y vigorizados por la ilustración debían hallarse en aptitud de sentir y apreciar el contraste entre las sociedades que abandonaban y aquella en que necesariamente debían figurar como miembros, y podrá vuecencia considerar cuál podía ser el estado de los espíritus en Puerto Rico y cuál la aspiración justísima de sus moradores.

Esa aspiración se sintetiza en 1865 bajo el lema _Todo con España; sin España nada_. A mantenerla acuden unidos peninsulares é insulares, jóvenes y ancianos, comerciantes y hacendados, togados y labradores; el capitán general trata de sofocarla, pero inútilmente. Los cubanos han levantado igual bandera; gran número de peninsulares los apoyan, y el Gobierno de la Metrópoli aparenta ceder al clamoreo general, dictándose aquel decreto de 25 de Noviembre que autorizara al Ministerio de Ultramar para abrir una información sobre las bases en que debían cimentarse las leyes especiales prometidas desde 1837.

El criterio gubernamental continuaba confundiendo en una sola entidad territorial á Cuba y Puerto Rico; los acontecimientos dieron á conocer la dualidad, y no debieron adjudicar en ella puesto superior al territorio mayor.

El interrogatorio era idéntico para entrambas islas y tomaba por base la esclavitud de la raza africana; los cubanos lo aceptaron y discutieron; tres de los informantes puertorriqueños, considerando _absolutamente opuesta al buen nombre de España la conservación de ese estado social_, se abstuvieron de absolver las preguntas en ningún sentido, pidiendo desde luego, como ley fundamental, «la abolición inmediata de la esclavitud, con indemnización ó sin ella, con ó sin reglamentación de trabajo.»

La divergencia era muy saliente; ella demostraba al Gobierno de doña Isabel segunda que no satisfacían á los puertorriqueños procedimientos que los cubanos aceptaban; si la información se inspiraba en la sinceridad, y la audiencia de los comisionados no era vana fórmula, preciso era desvanecer la confusión que entre Cuba y Puerto Rico se venía manteniendo... La Junta se disolvió y las leyes especiales no parecieron.

¿Produjo la inutilidad de aquel acto la anteposición de los intereses cubanos al clamor de justicia que los puertorriqueños mantenían? Acaso sea fácil á vuecencia esclarecer esa duda, merced al alto sitio que ocupa. Yo sólo alcanzaré á decirle que la celebérrima información nos trajo hondas perturbaciones. Puertorriqueños dignísimos fueron expatriados de su país en 1867 sin formación de causa; todo abolicionista fué declarado sospechoso; la suspicacia halló cebo en que saciar sus insidias, y gracias á que triunfó en Alcolea el alzamiento revolucionario de 1868, no fueron más graves sus consecuencias.

Para entonces ya se había dado al viento en Cuba la bandera separatista, y como todo debe decirse á vuecencia, añadiré que en nuestra tierra también se produjo, por primera vez, revoltosa escaramuza, pero tan insignificante que bastaron á sofocarla _diez y seis milicianos rurales mandados por un maestro de escuela_.

En la proclama á los puertorriqueños por consecuencia de la algarada de Lares, decíales el capitán general: «Las pruebas y demostraciones públicas que en estos días habéis dado de vuestra acrisolada lealtad... se han elevado mucho más de lo que yo imaginar podía... Acojo este momento para daros las gracias más cumplidas por la cooperación personal y pecuniaria que todos los pueblos y todas las clases de la sociedad me habéis ofrecido.»

La insurrección iniciada en Yara se mantuvo diez años y consumió ríos de oro y sangre á la nación.

¡Y clasificado hoy el españolismo de cubanos y puertorriqueños, nos asigna vuecencia el grado inferior!

Reitero mis respetos, señor ministro, y me despido hasta la próxima.

V

Excelentísimo señor:

Reanudo estas mal hilvanadas misivas haciendo presente á vuecencia que las noticias sobre el alzamiento de Cádiz y el triunfo de Alcolea fueron recibidas en nuestra isla con júbilo indescriptible. Los puertorriqueños vieron llegar con el nuevo régimen el restablecimiento de sus postergados derechos, y á fe que no se engañaron. El gobierno provisional, al convocar á Cortes constituyentes, extendió á Puerto Rico el derecho de sufragio.

Se ha dicho que esa medida hubo de informarse en la actitud rebelde que en Cuba mantenían los separatistas, creyéndose por tal medio inducirles á deponer las armas y extinguiendo á la vez en nuestra isla toda idea análoga á la que en Lares tuviera manifestación.

Sea de ello lo que fuese, á los hechos me atengo, señor ministro. Y los hechos fueron satisfactorios para el país.

Los representantes de Puerto Rico concurrieron con los de la Metrópoli á discutir la Constitución de 1869 y continuaron asistiendo á las Cortes sucesivas, hasta el momento en que, reunidas ambas Cámaras en Asamblea Nacional, al abdicar don Amadeo, proclamaron en 1873 la República, declarando á la vez abolida la esclavitud en nuestra isla.

Hasta entonces, aunque los Diputados puertorriqueños tomasen asiento en las Cámaras nacionales, desapareciendo así la postergación fulminada en 1837, la Constitución no se había aplicado á la comarca; dentro de sus principios se nos regía por decretos; la prensa había cobrado cierta expansión: se constituyó una Diputación provincial, y el derecho de reunión para fines políticos fué concedido. El espíritu de la Revolución informaba ciertamente esas medidas, pero con el carácter asimilador y nada más. La _especialidad_ prevalecía; el gobierno de la República nos elevó á la identidad. El Título 1.º de la Constitución de 1869, la libertad absoluta de imprenta y la de cultos, enseñanza, reunión y asociación nos fueron concedidas tal y como en la metrópoli se ejercitaban, y se nos aplicó una Ley municipal expansiva, garantida por sufragio popular amplísimo. _Todo el que sabía leer y escribir ó pagaba alguna cuota de contribución al Tesoro, fué declarado elector._

Esto hizo en favor del olvidado Puerto Rico la República española. A ese gobierno eminentemente nacional, estuvo reservado el reconocimiento del civismo de nuestro pueblo, acordándole un testimonio de confraternidad inspirada en sentimientos de justicia.

El pueblo puertorriqueño demostró ser el mismo en la adversidad que en el triunfo: 70.000 esclavos acaban de sacudir, por acto repentino, la coyunda, y su voz, unida á la de sus desposeídos dueños, estalló en vítores entusiastas á la Madre patria. Se recordaban las amarguras extinguidas, pero se congratulaban los ánimos de haber sabido obtener con la cordura la adhesión y la paz inalterable, aquel deseado ingreso en la vida política de la nación.

La República no tuvo por qué arrepentirse de su obra. La Metrópoli ardía en cruenta guerra civil; en Cuba continuaba dándose al viento la bandera separatista; Puerto Rico mantuvo su tranquilidad legendaria; ejercitó concienzudamente sus derechos; constituyó sus Ayuntamientos; eligió Diputados con el nuevo y amplísimo sufragio, y al inquirirse de las localidades--después del golpe de Estado de 1874--las ideas que abrigaban sobre los acontecimientos metropolitanos, todas sin excepción protestaron su acatamiento al Poder constituído que la nación reconociese.

En nombre de ese Poder se trastornaba un mes después todo el régimen establecido en la isla, y como se amordazase la prensa para que no pudiese dar voz á las protestas de la opinión, el partido liberal, es decir, la inmensa mayoría del país, apeló al retraimiento.

En favor de un partido que pretendía acaparar para sí solo el título de español, la representación de la riqueza pública y el mantenimiento del orden, se cometían aquellas violencias; los hombres de ideas liberales se cruzaron de brazos, dejándoles hacer, pero dejándoles también la absoluta responsabilidad de los acontecimientos. Creían los conservadores bastarse solos para administrar el país, y se burlaron del retraimiento. Cuatro años después, el órgano más antiguo y más caracterizado del tradicionalismo lanzaba el grito _¡Fuera cuneros!_ que debía promover una conciliación de las fuerzas electorales unidas para vencer un vicio entronizado en el país, que ha venido anulando el derecho representativo. Influencias gubernativas anularon aquella conciliación. El _cunerismo_ triunfó.

A todo esto el general Martínez Campos había conseguido traer á los cubanos separatistas á una avenencia en el Zanjón. En ese pacto se ofreció á la Antilla mayor todo lo que á Puerto Rico se concediese, y la guerra terminó.

La Constitución de 1876 se promulgó en ambas islas, resucitándose el artículo adicional de 1837: _Cuba y Puerto Rico se regirán por Leyes especiales_. Del sufragio universal dignamente ejercitado, caímos en el censo restringido por la contribución al Tesoro de 25 pesos para diputados á Cortes y de 5 pesos para Concejales y Diputados de provincia.

De los Ayuntamientos presididos por Alcaldes populares descendimos á la presidencia de Alcaldes, _empleados del gobierno_, funcionarios sin responsabilidad, agentes electorales nombrados por el Gobernador General discrecionalmente.

Y así se nos cercenaron todos los derechos amplísimos que el Gobierno de la República nos había reconocido, y que con toda corrección supimos ejercitar.

Superiores á Cuba antes del Zanjón, se nos coloca á su nivel después de aquel pacto. No se consideraba prudente conceder á los cubanos las libertades de que habíamos gozado los puertorriqueños, y amalgamando de nuevo dos territorios, física, histórica y etnográficamente distintos, se anulaba nuestra personalidad cívica, supeditándola á la de los cubanos. ¿Habíamos sido leales? Pues se nos trataba como á rebeldes. ¿No habíamos hecho causa común con los cubanos en sus diez años de lucha fratricida? Pues, como si lo fuese; las consecuencias de la insurrección cayeron con inmensa pesadumbre sobre nuestro pueblo.

Esto no era justo... ¡qué justo! ni medianamente racional; y me prometo que así habrá de apreciarlo vuecencia. Como lo apreció todo el pueblo puertorriqueño, que no volvía del asombro al ver correspondida su lealtad absoluta, su fidelidad inmaculada, su longanimidad inacabable con semejante postergación; porque postergar era rebajar los derechos reconocidos por la Revolución de 1868 y ejercitados con toda plenitud, á lo que, como cláusula en un pacto de pacificación, pudiera concederse á un pueblo rebelde.

No faltó quien dijese á los objecionistas: «¿Pero no observáis cómo á los esclavos que hicieron armas en la insurrección se les declaró, desde luego, en libertad absoluta, y á los que continuaron fieles, sumisos, trabajando asiduamente, se les sometió al patronato? Son esas exigencias inevitables de la política, á que es forzoso someternos. España necesita un último sacrificio y hay que apelar á nuestra tradicional resignación para concederlo.»

Y el sacrificio se aceptó... pero no era el último ni el más cruel que había de imponérsenos. Siendo fieles á la bandera de España, hubimos de vernos confundidos, desde 1878 hasta 1892, con los que la habían combatido. El advenimiento de vuecencia á la poltrona ministerial disipó esa confusión. Nuestro derecho representativo se computa en estos momentos con un 50 por 100 de inferioridad al de los convenidos en el Zanjón.

Una última epístola, señor ministro, y cesará de molestar á vuecencia su servidor humilde.

VI

Excelentísimo señor:

A poco que vuecencia se haya dignado fijar la atención en estos apuntes que para su especial uso me he permitido coordinar, habrá podido convencerse de que en todo el territorio nacional no hay comarca cuyo patriotismo deba considerarse superior al de Puerto Rico.

Ni olvidos ni desdenes debilitaron su valor, ni desafecciones vecinas ni consejos intencionados amenguaron su lealtad, ni pretenciones y sufrimientos apagaron su fe.

Cuando en otras regiones se entorpecía con luchas fratricidas la acción de los Poderes gubernativos, en Puerto Rico se daba culto á la paz, protectora de la riqueza pública.

Si España reconocía los derechos políticos de la región, se ejercitaban esos derechos con un tacto y discreción propios de sociedades acostumbradas á practicarlos; si un retroceso gubernamental suspendía las garantías obtenidas, se deploraba la suspensión, se aceptaban las mudanzas y se aguardaba á que la ley ineludible del progreso, imponiendo nueva evolución á la metrópoli, trajese á la colonia sus consecuencias.

¿Procedería inconscientemente el país al trazarse esa línea de conducta? ¿Atendería acaso á su conveniencia? Si se acepta lo segundo, hay que rechazar lo primero; para escoger lo más conveniente, forzoso fué tener conciencia de los peligros sociales que podrían surgir. ¿Que el carácter de la conveniencia debilita el mérito de la conducta por ella aconsejada? No; lo que quita es la condición de autómatas á los que la siguieron.

Pueblo que ejercita la circunspección, que se ampara del trabajo, que rehuye revoltosas aventuras, que derrocha abnegación, que mantiene su civismo á prueba de desdenes y sacrificios, teniendo conciencia de la utilidad que han de producirle esos procedimientos, es indudable que sabe adónde va, que obra con perfecto conocimiento de causa, en una palabra, que sabe pensar y sentir, y por consiguiente, no han de serle desconocidos ni ha de acoger con indiferencia los accidentes que su proceso entorpezcan, que sus derechos vulneren ó que su decoro menoscaben.

Si al analizar alguno de estos accidentes resulta que los impone un interés nacional, no hay duda que los aceptará, congratulándose de añadir un timbre más á su inmaculado patriotismo. Por esto se aceptaron sin protesta las consecuencias del convenio del Zanjón.

Solicitábase la paz en Cuba; la riqueza nacional se hallaba extenuada por las luchas civiles, allende y aquende el océano; necesitábase tranquilidad para recuperar por el trabajo lo que se había malgastado por guerras intestinas; Cuba era más extensa, más feraz, más importante que Puerto Rico; el Gobierno no podía anteponer la Antilla menor á la mayor sin excitar rivalidades ó autorizar exigencias; ya existía desde 1837 un principio--erróneo, pero principio al fin--de asimilación, política, establecido entre ambas islas: los puertorriqueños tuvieron todo eso en cuenta y aceptaron la solidaridad que se les imponía.

No es que desconocieran ¡qué habían de desconocer! la desventajosa situación en que se les colocaba; no es que les fuera indiferente ver equiparada su conducta leal á la de un pueblo que durante diez años había luchada por separarse del imperio español. Se trataba precisamente de evitar esa lucha, diciéndole á los insurrectos: «Puerto Rico, que no se insurreccionó, se halla en posesión de derechos políticos, que ha sabido ejercitar. Imiten ustedes su cordura, sean buenos muchachos, y tendrán... lo mismo que á los puertorriqueños se conceda.» Los insurrectos depusieron las armas; los derechos que los puertorriqueños ejercitaban mermáronse en seguida. Ya no se legisló para Puerto Rico, sino para Cuba; á la suspicacia, á la cautela originadas por la rebeldía contenida y la reorganización consiguiente de la Antilla mayor se supeditaron en absoluto la lealtad, la harmonía y los derechos constituídos de la isla menor. De modo que la promesa del Zanjón quedó de hecho invertida: _á los puertorriqueños se hizo extensivo lo que á los cubanos se concedió_. La situación creada por este cambio fué perfectamente comprensible para los perjudicados, pero los intereses locales debían someterse á los intereses primordiales de la nación. Puerto Rico no protestó.