Part 30

El Tratado suscrito con la República Dominicana en 8 de febrero de 1907 fué de un alcance limitado. El gobierno de dicha República, después de realizar bajo los auspicios de los Estados Unidos lo que se llamó el "ajuste" de la deuda exterior e interior y de levantar un empréstito con unos banqueros neoyorkinos para satisfacer dichas deudas, habiendo afectado, en garantía del pago de los bonos de esta operación los derechos de importación, convino con el gobierno de Washington, por este Tratado, en que el Presidente de los Estados Unidos nombraría al Receptor y a los empleados subalternos de las Aduanas, y en que la deuda pública no podría ser aumentada, ni los referidos derechos modificados, a no ser de acuerdo con el aludido gobierno norteamericano.

El Tratado celebrado con Haití es el más amplio y comprensivo de todos. Se reproducen de la Enmienda Platt las cláusulas relativas al compromiso de no contraer deudas exageradas y no vender ni arrendar a ningún gobierno extranjero parte alguna del territorio nacional, ni celebrar Tratado alguno con ninguna potencia extranjera que menoscabe o tienda a menoscabar la independencia, y el derecho de intervenir para preservar la independencia y mantener un gobierno adecuado para la protección de la vida, la propiedad y la libertad individual; pero, además, se consignan otras en que el intervencionismo llega a los más radicales extremos. El Presidente de los Estados Unidos queda facultado para nombrar un Receptor General de las Aduanas, así como un Consultor Fiscal, en cuyas manos se pone toda la situación financiera del gobierno; la fuerza de policía urbana y rural se somete a la dirección y organización de oficiales norteamericanos designados por el propio Presidente de los Estados Unidos, quien además nombra un Superintendente en materia de Sanidad. Además, se compromete el gobierno de los Estados Unidos a ayudar al de Haití en el propio y eficiente desarrollo de la agricultura, minería y recursos comerciales y en el establecimiento de las finanzas sobre bases sólidas y firmes; pero, en cambio, mientras el Tratado con Cuba es de carácter permanente, el término del celebrado con esta otra República es por diez años prorrogables a otros diez.

En el Tratado celebrado con Nicaragua se limitaron los Estados Unidos a recabar determinadas ventajas estratégicas: el derecho de construir un canal por la vía del río San Juan y el arrendamiento de dos islas en el mar Caribe y del territorio necesario para una base naval en el Golfo de Fonseca, en la costa del Pacífico, con destino a estación naval.

El examen de la diversidad de materias que abrazan estos tratados y el estudio de sus varios aspectos indican bien a las claras que han sido distintas las circunstancias que en cada caso han preocupado a la Cancillería de Washington, por más que la finalidad haya sido la misma en todos los casos, según antes dijimos: fortalecer los intereses de los Estados Unidos en el mar Caribe. En el caso de Cuba se quiso asegurar para siempre la ingerencia de la nación norteamericana en esta República, en atención sin duda a las estrechas relaciones financieras y comerciales existentes con la isla, a su proximidad, tanto a la Florida como al canal de Panamá, y al dominio que desde ella se ejerce sobre la entrada del Golfo Mejicano. En el Tratado con Panamá predominó el interés de la construcción del canal, que fué el mismo que aconsejó la adquisición de ciertas ventajas estratégicas en Nicaragua. El convenio celebrado con Santo Domingo respondió al interés de evitar los peligros de una intervención europea; y en el estipulado con Haití, teniendo en su inicio la misma causa, se quiso ofrecer a esta República la oportunidad de rehabilitarse, adquiriendo las prácticas del gobierno propio.

Con el examen de estos convenios internacionales no se completa, sin embargo, el estudio de la influencia y supervisión que ejercen los Estados Unidos en las Repúblicas de Cuba, Panamá, Santo Domingo, Haití y Nicaragua. Del orden de cosas que ha existido en Cuba y en Panamá se puede decir, en líneas generales, que se compadece con la legalidad establecida por sus respectivos tratados; pero éste no es el caso de las otras tres Repúblicas. En Santo Domingo ha sido suprimido el gobierno propio; en Haití sólo queda un asomo del mismo y en Nicaragua, donde se limitaron los Estados Unidos a recabar posiciones y ventajas estratégicas, la Cancillería norteamericana ha llegado a tomar un incremento decisivo en la política y en las finanzas.

La política intervencionista en la zona del mar Caribe ha llegado a infundir cierta desconfianza, con respecto a los propósitos de los Estados Unidos, a gran parte de la opinión en los países de Hispanoamérica; sin que hayan bastado para desvanecer tal recelo las reiteradas declaraciones formuladas por los estadistas norteamericanos en el sentido de que aquella República no se vale de la superioridad de su fuerza para destruir soberanías, sino que la aprovecha tan sólo para asegurar su preponderancia.

Labor inútil o infructuosa sería la nuestra, si nos dedicáramos a criticar la función tutelar de los Estados Unidos, en sí misma, como hecho, a fin de juzgar de su bondad o de su justicia. Nada más lejos de nuestros propósitos. La política expansionista de los grandes Estados es un fenómeno que se impone por igual a los fuertes y a los débiles: a aquéllos como una exigencia, como una condicional de su existencia; y a estos últimos haciendo caso omiso de su voluntad, es decir, a despecho de ella. Frente a los hechos que se imponen por sí mismos, ¿a qué las palabras?

Los fenómenos políticos--dice Ingenieros--no son el resultado de una libre elección de medios y de fines por parte de los pueblos o de los gobiernos... Los pueblos fuertes--agrega el ilustre sociólogo argentino--se consideran encargados de tutelar a los otros, extendiendo a ellos los beneficios de su civilización más evolucionada. Los débiles suelen protestar, oponiendo la palabra derecho a la fuerza del hecho; los medios necesarios para ejercer la tutela pueden parecer injustos, pero la historia ignora la palabra justicia; se burla de los débiles y es cómplice de los fuertes.

Después de todo, añadimos nosotros, la tan decantada igualdad de los Estados no ha existido nunca y mucho menos ha de ser viable hoy, en que nuevos medios y nuevas circunstancias estrechan de día en día las relaciones de interdependencia de todos los pueblos de la Tierra.

Pero si la tarea de hacer la crítica de las causas determinantes de la función tutelar de los Estados Unidos resultaría estéril o innecesaria, no se puede decir otro tanto acerca del estudio de los medios adoptados para ejercer dicha tutela. Tal estudio nos ha de permitir conocer si aquella política se reduce a los límites que señalan las necesidades en que se inspira, o si trasciende a excesos innecesarios; extremos todos cuyo conocimiento resulta por demás de positivo interés. En la imposibilidad de enumerar todos los cargos que se pueden aducir contra los Estados Unidos, a este respecto, vamos a referirnos a los más fundamentales.

Llama la atención, en primer lugar, la forma en que se ejerce dicha política. Revela su examen que no responde a un plan, a un estudio meditado y detenido de la materia: no hay uniformidad; no se observa una orientación definida, una línea de conducta uniforme. Cada actuación lleva el sello de quien la realiza; en cada episodio van impresas la voluntad y las ideas de quien en el momento de su ocurrencia desempeña la Presidencia de la vecina República; de ahí que se diga que la determinación del gobierno de Washington resulta en cada caso una incógnita. La Comisión enviada a La Habana por el Presidente Roosevelt, en 1906, con objeto de poner fin a la revolución que entonces existía en la isla, acordó una solución que de hecho equivalía al triunfo de aquélla. Tres años después, habiendo estallado en Nicaragua una revolución contra el Presidente Zelaya, contribuyó también a su triunfo, de manera decisiva, la actitud que asumió contra dicho gobernante el Presidente Taft. En cambio, en 1917 el Presidente Wilson, haciendo buenas las palabras vertidas en el discurso pronunciado en Mobila en 27 de octubre de 1913, aplicó en dos ocasiones su teoría contraria al reconocimiento de los gobiernos que fuesen producto de la violencia: una, con motivo de la revolución de que fué teatro Cuba en febrero de 1917, y otra, este mismo año, con ocasión del golpe de estado que depuso a Alfredo González de la Presidencia de Costa Rica.

Otro aspecto de la política intervencionista de los Estados Unidos, gráficamente denominado "diplomacia del dollar", contra el cual, con verdadero fundamento, ha sido unánime la protesta, aun en los propios Estados Unidos, estriba en el hecho de que dicha política, en algunas ocasiones, se ha puesto al servicio de determinados intereses privados. El nombre de unos banqueros neoyorkinos va unido a la historia de la ingerencia norteamericana en los asuntos de Nicaragua; y en muchas de las medidas adoptadas por el poder interventor que rige con omnímodas facultades los destinos de Haití se refleja, según leemos en importantes publicaciones de los Estados Unidos, la influencia del National City Bank of New York, cuyos intereses en dicha República, ya de por sí apreciables, se aspira a ver acrecentados.

Pero donde la crítica concentra sus ataques es cuando se trata de la situación actual de las Repúblicas Dominicana y Haitiana. Ya que la supresión del gobierno propio en Santo Domingo, siquiera sea provisionalmente, y el exceso de facultades que a espaldas del tratado vigente se han arrogado en Haití los funcionarios norteamericanos, son actos realizados por los Estados Unidos prevaliéndose de su fuerza, debían aprovechar esta situación, se dice, para coadyuvar al adelanto y mejoramiento de las costumbres públicas en dichas Repúblicas y contribuir al arraigo de sus instituciones políticas; en una palabra, que se debía realizar en el orden moral el progreso efectuado en materias de sanidad, enseñanza y obras públicas. Lejos de proceder de esta manera el gobierno de Washington, haciendo las cosas en forma que no se compadece con los antecedentes del pueblo norteamericano, con su cultura y con la misión que, por lo visto, le ha confiado la historia en este Continente, ha sometido dichas Repúblicas a un régimen en el que la libertad individual ha sido reducida a su expresión más insignificante, en el que la jurisdicción civil ha sido sustituída por la militar, y que sólo podrá traer una paz material de efímera duración.

Estas cosas ocurren, se ha dicho también, en primer lugar, porque el pueblo de los Estados Unidos las ignora; demasiado preocupado en sus asuntos interiores, cuando fija la mirada en la política exterior es para atender a los asuntos de Europa, en lo que éstos le pueden interesar; y en segundo término, porque en esta materia el Presidente es el único arbitro; sus facultades no están regladas, pudiendo proceder en todas las cosas a medida de su discreción.

Algo más que la conveniencia de los estados protegidos, el propio interés de la nación protectora exige que la actividad intervencionista revista una forma distinta a la seguida hasta hoy en aquellas Repúblicas. Para que una nación, que se presenta como directora de otras en la escena del mundo, pueda desarrollar con éxito sus planes expansionistas--dijo hace años en memorable conferencia el Dr. Enrique José Varona--requiérese que concurra, entre otras circunstancias, la de que esos planes estén presididos, revelen, un superior estado de cultura. Inglaterra, dijo por vía de ejemplo, ha podido mantener su vasto imperio colonial, gracias a que siempre ha sabido contar con hombres que se han colocado a la altura de los difíciles empeños que se les han encomendado; "desde aquel famoso Lord Durham, de grata recordación para los americanos, hasta Sir Alfred Milner, cuya gestión en Egipto es una maravilla".

Es lo probable que cambie en breve este orden de cosas. Una de las imputaciones hechas con más frecuencia durante la reciente campaña presidencial, contra la administración de los demócratas, se ha referido a su actuación en los asuntos de Haití y Santo Domingo, y habiendo sido electo el candidato del Partido Republicano, lógico parece que se incline por nuevos derroteros la intervención en los asuntos de estas dos Repúblicas.

Seríamos injustos si, antes de pasar adelante, no reconociéramos que no ha sido ese el tono dominante en la política intervencionista de los Estados Unidos. En lo que a Cuba se refiere, lejos de asistirnos motivos de queja, sólo los tenemos de alabanza; la ayuda que nos ha brindado el gobierno de Washington no ha podido ser más eficaz, con esta particularidad: es sabido que la facultad de intervenir en nuestros asuntos, por ser potencial según la Enmienda Platt, sólo se debe ejercer en alguno de los casos a que ésta se refiere: que sobrevenga, verbigracia, una situación en que el gobierno de Cuba sea incompetente para mantener el orden; pues bien, aunque la Cancillería de Washington suele ingerirse en muchos asuntos que son de la competencia exclusiva de nuestros poderes, tales gestiones, salvo quizás alguna excepción, se han inspirado siempre en el deseo de favorecer, en todos los órdenes, los intereses de nuestra comunidad.

III.--EL FACTOR ECONÓMICO EN LAS RELACIONES DE LOS ESTADOS UNIDOS CON LAS REPÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN BAJO SU ESFERA DE INFLUENCIA.

Hemos dicho antes que una finalidad eminentemente política era la causa del intervencionismo de los Estados Unidos en la zona del mar Caribe y que a dicha nación no le interesaban tanto los países protegidos, por lo que en sí mismos pudieran significar, como por su posición geográfica. Esto es exacto en lo que se refiere a la causa primordial, al origen, por así decirlo, del intervencionismo; pero, una vez iniciado éste, y tan pronto como bajo su garantía se inviertan en un Estado protegido, capitales norteamericanos, éstos han de contribuir, con tanta fuerza como la finalidad política, al mantenimiento del protectorado. La estrecha relación entre el gobierno y las empresas privadas, en los grandes Estados modernos, es un fenómeno constante, dice Edwin Borchard, profesor de Derecho en la Universidad de Yale. El capital ocioso existente en un país se dirige allí donde se le brinden garantías; por eso se explica, dice dicho profesor, la íntima relación existente entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Gran Bretaña y el capitalista británico que invierte sus recursos en el extranjero.

Los Estados Unidos no podían constituir una excepción a la regla general. La influencia política desenvuelta por esta República en el exterior tenía que ser seguida, y lo ha sido, por la expansión comercial; con una particularidad: que ha contribuído a acrecentar este hecho, que se produce siempre de una manera natural, la circunstancia, puramente casual, de que el inicio de la política intervencionista de esta nación ha coincidido con el momento en que, ya colmadas las necesidades de su comercio y de sus industrias interiores, sus hombres de negocios comenzaron a pensar en la conveniencia de invertir sus capitales en el exterior.

Buena prueba de lo que representa el factor económico en las relaciones entre el Estado protector y el protegido, la constituye un detalle de nuestra historia, que podemos citar aquí. Cuando en 1906 intervinieron los Estados Unidos en nuestra contienda civil, hubieron de darle la razón a los alzados en armas--como dijo el Dr. Varona en una serie de artículos que en aquel entonces vieron la luz--, porque no vinieron a moralizarnos, sino a apaciguarnos; miraron la cuestión desde un ángulo visual americano y por eso exigieron que a todo trance se hiciera la paz.

El factor económico tiene otro aspecto de no menor importancia, desde el punto de vista político y cuya fuerza ha de crecer a medida que se estrechen las relaciones comerciales entre los Estados Unidos y sus Estados protegidos: nos referimos al consumo de la producción de estos últimos en el mercado norteamericano. Los hombres de los países fríos necesitan consumir determinados productos de los países tropicales; lo exige el tipo de vida del trabajador americano, ha dicho un economista. Cuando ocurra en las otras Repúblicas lo que acontece hoy en Cuba; cuando se diga de su producción lo que hoy se dice y repite entre nosotros, como respondiendo a una convicción: que los Estados Unidos no pueden prescindir de nuestra azúcar; llegado este momento, la necesidad de que las revueltas no afecten a la producción, constituirá un motivo que ha de compeler a los Estados Unidos, con tanta fuerza como los demás, a exigir a dichas Repúblicas que vivan en paz.

IV.--INGERENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PRESIDENTE WILSON EN DETERMINADOS ASUNTOS, DE ORDEN INTERNO, DE LAS REPÚBLICAS DE MÉJICO, COSTA RICA Y GUATEMALA.

¿Qué razón existe, se dirá, para que la política intervencionista de los Estados Unidos alcance solamente a las Repúblicas de Cuba, Haití, Santo Domingo, Panamá y Nicaragua, y no se ejerza también sobre las otras Repúblicas Centroamericanas? La razón es obvia: los protectorados o supervisiones que ejercen los Estados Unidos no se han adoptado por sistema: se han establecido a medida que los han ido reclamando los intereses de esta nación. En el caso de las islas de Cuba y Santo Domingo, preocupóse el gobierno norteamericano por la posición de las mismas, a causa de estar situadas frente a la costa meridional de los Estados Unidos y dominando, además, las vías que conducen al canal; y con respecto a Panamá y Nicaragua, la necesidad de dominar y controlar la comunicación interoceánica fué la que determinó la supremacía sobre estos dos países. El día en que algún interés, sea cual fuere, aconseje a los Estados Unidos someter a su control las otras Repúblicas Centroamericanas, no hay duda de que actuarán en tal sentido.

Por lo pronto, ciertos sucesos, ocurridos en Costa Rica y Guatemala durante la administración de Wilson, demuestran que los Estados Unidos observan de cerca los destinos de dichas Repúblicas y que les preocupa, con respecto a ellas, algo más que el interés, de carácter general, de que no celebren alianzas embarazosas con las naciones de otros Continentes. La caída del gobierno de los Tinoco en Costa Rica, que habían escalado el poder por medio de la violencia en enero de 1917, debióse, en gran parte, a la negativa de la Cancillería de Washington a reconocerlo, dado que este hecho, al par que creaba una situación difícil a aquel gobierno en el exterior, le infundía alientos a sus adversarios. La misma actitud, adoptada con respecto a Guatemala a mediados del año 1919, produjo, aunque en un orden inverso, el propio resultado: la nota enviada al Presidente Estrada Cabrera insinuándole la conveniencia de que no pensara en reelegirse, es indudable que contribuyó a su caída de manera decisiva.

El gobierno del Presidente Wilson se ha inmiscuído también, en más de una ocasión, en los asuntos de la República Mejicana. Su actitud, negándose a reconocer a Huerta, que bien o mal, tuerto o derecho, como dijo Root, era el Presidente de facto y poniendo en ejecución cuanto arbitrio podía contribuir a su caída, no fué otra cosa que una intervención.

No es probable, sin embargo, que los Estados Unidos lleguen a ejercer su control sobre esta República. Su población, su enorme área y los antagonismos que determinados sucesos de otras épocas han creado, hacen que su caso no sea el de las islas del mar Caribe y el de la América Central. Por algo se ha dicho que el imperialismo se verifica por la línea de menor resistencia...

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