Part 29

Pronto se vió obligado, sin embargo, el Presidente Wilson, a abandonar su política del "watchfull waiting". El día 9 de marzo atraviesa Villa la frontera al frente de unos mil hombres y asalta el pueblo de Columbus, Estado de Nuevo Méjico, asesinando a muchos de sus moradores y causando otros estragos, y al día siguiente el Presidente reúne su gabinete y se acuerda enviar a Méjico un contingente militar con objeto de poner término a las incursiones de los bandidos. Tanto el Presidente, como el Secretario de la Guerra, declararon que los fines de la excursión habían de ser exclusivamente punitivos y que se guardarían los debidos respetos para la soberanía mejicana. No tardó el Congreso en respaldar la actitud del Ejecutivo, al autorizar a éste para movilizar el número de soldados que fuesen necesarios, no sin hacer también la salvedad, de que tal acción no habría de significar, en modo alguno, el deseo de intervenir en los asuntos domésticos de la vecina república.

Al enterarse Carranza del envío de la expedición, le hizo saber al Gobierno de Washington que no la consideraba justificada, ni toleraría la invasión, a menos que a su gobierno se le reconociera el mismo derecho, en análoga situación. Carranza al enviar esta nota, que fué depositada en la Cancillería americana por medio de su Agente Confidencial, sólo quiso, según explicó después, hacerle ver al Presidente Wilson, que estaba dispuesto a entrar en negociaciones para autorizar la expedición sobre aquella base de reciprocidad; pero Wilson le dió otro alcance a dicha nota, la tomó como una oferta de aceptar desde luego la invasión, siempre que a su gobierno, en idéntica situación, se le reconociera igual derecho; de ahí, que a los dos días de haberle contestado al Presidente mejicano que aceptaba aquella propuesta, la expedición penetraba en territorio azteca. El entonces Brigadier Pershing, marchó al frente de la invasión y el Mayor General Funston quedó en la frontera, para dirigir desde ella las operaciones.

Apenas ocurrió este hecho, el Presidente Carranza le pidió al gobierno de los Estados Unidos que retirase la expedición. Para tratar de este asunto se celebraron conferencias en El Paso por el mes de mayo, entre representantes de las dos naciones, pero no obstante los esfuerzos que se realizaron, no se obtuvo acuerdo alguno. Carranza se mantuvo en su actitud. Insistió con reiteración, por medio de notas constantes, cuyo tono de arrogancia era más marcado cada vez, en la retirada de la expedición punitiva y cuando eran más tirantes las relaciones entre los dos gobiernos, ocurre un suceso que pareció ser el detalle que faltaba para provocar la ruptura de las hostilidades. En 21 de mayo trabaron combate una fuerza americana y otra mejicana que se habían puesto en contacto en Carrizal, con grandes pérdidas de una y otra parte. La excitación que este hecho produjo en las dos repúblicas fué inmensa. La guerra parecía ya un hecho. El Congreso norteamericano se reúne inmediatamente y vota un crédito de $25,000.000.00 para satisfacer los gastos de movilización de la Guardia Nacional.

Pero cuando ya la ruptura parecía inminente, cambia el sesgo de las cosas. Varios representantes diplomáticos europeos y suramericanos, deseosos de conjurar la crisis, le piden al General Carranza que cambie el tono de su actitud con respecto al Gobierno de Washington. Esas gestiones son seguidas de otras cerca de este último gobierno y una vez lograda una mejor disposición, ya dentro de un ambiente más cordial, se provoca la reunión de una comisión de representantes de los dos gobiernos. Llevóse a cabo dicha reunión, con éxito satisfactorio en Atlantic City, New Jersey, y zanjadas al fin las diferencias, quedó convenida la retirada de la expedición punitiva, llevándose ésta a cabo en enero de 1917. Poco tiempo después, de nuevo se hacen tirantes las relaciones entre las dos naciones, al promulgarse en 1º de mayo de 1917 una nueva Constitución, inspirada por Carranza, en la que se declaró, por su artículo 27, que eran del dominio de la nación todas las pertenencias del subsuelo. Las empresas norteamericanas interesadas en negocios de petróleo en este país elevaron su protesta al Gobierno de Washington, por entender que aquella disposición envolvía una verdadera conculcación de los derechos domínicos adquiridos al amparo de las leyes mejicanas y dicho gobierno, juzgándola justificada, la trasmitió al de Méjico. Este no quiso prestar atención a los reclamantes y tan importante ha juzgado el asunto la Cancillería norteamericana, que por consecuencia del mismo, no fué reconocido Adolfo de la Huerta, que ocupó el gobierno provisionalmente a consecuencia de la muerte trágica de Carranza, ocurrida en 21 de mayo de 1920, ni el General Alvaro Obregón, que desempeña la presidencia desde diciembre de dicho año.

Claro está, que semejante situación perjudica a todos: a Méjico, porque el país necesita mantener sus relaciones mercantiles y financieras con los Estados Unidos y a éstos, por el quebranto que han sufrido y están sufriendo los cuantiosos intereses invertidos en dicha república. El General Obregón ha procurado reanudar las relaciones entre los dos países, pero considera inaceptable la condición que para llegar a ese resultado se le exige por el gobierno de los Estados Unidos, consistente en que se declare, por medio de un Tratado, que el antes referido artículo 27 de la Constitución, no perjudica los derechos adquiridos con anterioridad.

Tal es la situación del gobierno de Méjico en estos momentos. Veinticuatro naciones lo han reconocido, pero otras, entre las que figuran Francia y la Gran Bretaña, no han dado ese paso, en espera sin duda de la aptitud que adopten los Estados Unidos.

(II)

NOTAS CRITICAS

I.--LA POLÍTICA INTERVENCIONISTA DE LOS ESTADOS UNIDOS EN EL MAR CARIBE. SUS PRECURSORES. SUS CAUSAS. CARACTERES QUE LE SON PROPIOS.

La preponderancia de los Estados Unidos en el mar Caribe cobró verdadero interés al concertarse, en 18 de noviembre de 1901, el Tratado Hay-Pauncefote, por el cual la Gran Bretaña renunció el derecho, que había adquirido desde el año 1850, de compartir con aquella República la construcción y explotación de un canal interoceánico. La renuncia de tal derecho significaba para el gobierno inglés algo más que la conformidad en que el canal quedara bajo el control de los Estados Unidos: era darle paso franco a esta nación para que ejerciera un completo señorío sobre las Indias Occidentales y la América Central. Una vez resueltos los Estados Unidos, dice el profesor Latané, a llevar a cabo el proyecto, por tanto tiempo acariciado, de ser los constructores del canal, esta determinación por fuerza tenía que imponerles la adopción de la política de protectorados, supervisiones financieras, dominio de rutas marítimas y adquisición de estaciones navales que han asumido en el Caribe.

Esta política, que hemos llamado de la "Preponderancia en el Caribe", aunque iniciada y desenvuelta en lo que de este siglo va transcurrido, tuvo sus precursores o iniciadores en el anterior, principalmente en el tiempo que corre desde el año 1870 hasta el de 1881, durante los períodos presidenciales de Grant, Hayes y Garfield. Acentuóse, con efecto, en esta época, en la Cancillería de Washington una marcada tendencia que llamaremos "americanista", siguiendo la expresión del profesor Hart. En 1870 el Presidente Grant se dirigió oficialmente al Congreso pidiendo la anexión de Santo Domingo en nombre de la Doctrina de Monroe y este mismo año, Hamilton Fish, que desempeñaba la Secretaría de Estado, declaró públicamente que el canal se debía llevar a cabo bajo los auspicios de los Estados Unidos. En 1880 el Presidente Hayes, primero, y el Secretario Evarts, después, reiteraron esa declaración en mérito de que el canal no habría de ser más que una prolongación de las costas de los Estados Unidos, y a su vez la ratificaron, al año siguiente, el Presidente Garfield y su Secretario de Estado, el ilustre James G. Blaine.

Cuando se hicieron estas declaraciones fueron unánimemente aceptadas por la opinión. Parecía que sólo se esperaba la ocasión propicia para iniciar en la zona del Caribe una enérgica acción "americanista". Pero, a pesar de esto; a pesar de que desde época tan relativamente lejana se sintieron los primeros latidos del imperialismo; como no era tarea fácil la de llevar al pueblo, tan apegado a los viejos principios de "aislamiento", al nuevo orden de cosas, trabajo costó que la opinión se aviniese a él. Sólo a esto se debe, dicen los escritores Powers y Jones, que el espíritu partidarista, el simple afán de hacerle oposición al Presidente de la República, hiciera fracasar en el Senado norteamericano el Tratado que negoció la administración de Roosevelt con Santo Domingo en 1905, y el que a su vez celebró con Nicaragua el Presidente Taft en 1911; sin darse cuenta los congresistas oposicionistas de que las supervisiones que por dichos convenios se establecían eran para la nación un asunto de tan vital interés como el que más pudiera serlo. Hoy, añaden dichos escritores, las cosas han ido cambiando y se estima por todos, como cuestión ajena a los partidos y que está por encima de éstos, que los Estados Unidos no deben abandonar la política, que se han impuesto, de tener un poder preponderante y asumir determinadas responsabilidades con respecto a sus vecinos del Sur. Nadie duda ya, dicen, de que la nación no ha de abandonar dicho control, a menos que quiera poner en riesgo su propia existencia.

Expuestas estas breves consideraciones acerca del momento en que los Estados Unidos inician su política intervencionista, así como respecto a la decisión con que se disponen a mantenerla, cumple que nos refiramos ahora a los móviles que han impuesto a dicha nación el desarrollo de esa fuerza preponderante.

La causa primordial que ha llevado a los Estados Unidos a ejercer cierta función tutelar sobre las Repúblicas del Caribe, no obedece a otra cosa que al propósito de obtener garantías de seguridad en el exterior. Circunscribíanse éstas, en otra época, al mantenimiento de la Doctrina de Monroe: los Estados Unidos, al defender a los países latinoamericanos, lo que perseguían en realidad era su propia defensa; evitaban que sentando sus reales en América una potencia europea se les creara a ellos una vecindad peligrosa. Hoy, a la seguridad de la nación no le basta esa actitud de pasividad, por así decirlo, sino que requiere, para proteger sus grandes intereses comerciales y su rango de potencia naval de primer orden, el ejercicio de cierta acción de predominio en el exterior.

Esto hace que se diga con frecuencia que la Doctrina de Monroe ha evolucionado; que antes se la aplicaba para defender a los países hispanoamericanos, mientras que hoy se la invoca para avasallarlos. No ha habido tal evolución de la Doctrina: son los tiempos los que han evolucionado; son nuevas circunstancias las que han exigido que las medidas de seguridad no se limiten a permanecer en guardia frente a los peligros exteriores, sino en tomar, adelantándose a éstos, posiciones de ventaja en los países vecinos.

Para comprobar hasta qué punto ha sido de necesidad para los Estados Unidos tomar esas posiciones de ventaja en los países que baña el mar Caribe, merece la pena que nos detengamos a considerar lo que representa esa zona para dicha nación, en todos los aspectos del asunto.

El mar Caribe es para la América del Norte lo que el Mediterráneo para Europa; de ahí, que el interés que ha llevado a la Gran Bretaña a dominar sobre Egipto; a Francia sobre Argelia y Túnez; a España sobre Marruecos y a Italia sobre Trípoli, y que mantuvo el apetito de Alemania, antes de la última guerra, por conseguir también posiciones en la costa septentrional de Africa, sea el mismo que ha exigido a los Estados Unidos el mantenimiento de su soberanía sobre Puerto Rico, la adquisición de las Islas Vírgenes y el ejercicio de ciertos protectorados. Aquellas islas y las de Cuba y Santo Domingo no sólo constituyen la mejor defensa de la costa sur de los Estados Unidos, sino que desde ellas y desde las dos denominadas Maíz, situadas en la costa de Nicaragua y arrendadas a aquella República, se dominan todas las vías que conducen al canal de Panamá.

Por el Caribe discurre todo el enorme comercio que mantienen los Estados Unidos con las Antillas y con Centro y Suramérica, y por sus aguas tienen que cruzar también las embarcaciones, cuyo número crece día por día, que comunican, al través del canal de Panamá, a diversas regiones del globo. Negar, en mérito de tales circunstancias, el interés de la República Norteamericana en mantener su predominio en este mar, significaría desconocer la historia, y equivaldría a negar que la Gran Bretaña debe gran parte de su actual poderío al dominio que ha podido mantener sobre el canal de Suez y otros puntos estratégicos del Mediterráneo; que Portugal, en época pasada, llegó a pesar en la política mundial debido en gran parte a la adquisición del cabo de Buena Esperanza, y que la causa primordial de la reciente guerra mundial no fué otra que el deseo de Alemania de establecer y dominar una nueva vía de comunicación con los países del Oriente. Ocurre con los países del Caribe, dice Jones, lo que con los Balkanes y el Asia Menor: que su valor para las grandes potencias de Europa está representado, no en lo que valen esas regiones, por sí mismas, sino en el hecho de que al través de ellas se comunique Oriente con Occidente.

El aspecto político no es de menor importancia que el que ofrece el asunto, según acabamos de ver, desde los puntos de vista geográfico y comercial. Los Estados Unidos invocan como principal finalidad de sus protectorados, la de mantener la Doctrina de Monroe; la de aplicarla preventivamente a fin de evitar los motivos de conflicto con otras potencias. En el caso de la enmienda Platt, se dijo por Root que su principal objeto era evitar los ataques a la independencia de Cuba; y con respecto a la ingerencia de los Estados Unidos, primero en Santo Domingo y después en Haití, se puede decir que se inició, en los dos casos, por algo así como por una mediación tendiente a evitar que de determinadas reclamaciones europeas se derivara una ocupación territorial. Al ejercer los Estados Unidos los protectorados que han asumido sobre estas islas, y sobre las Repúblicas de Panamá y Nicaragua en Centro América, protegen sus intereses, pero se convierten al propio tiempo, dicen sus estadistas, en los mejores fiadores de la independencia de dichas Repúblicas. Para ninguna otra potencia, dicen también, ofrecen las mismas, por múltiples razones, el interés que tienen para los Estados Unidos.

Hay un último aspecto, que podríamos llamar estratégico, al que nos vamos a referir ahora y que ofrece aún mayor importancia que los anteriores. No es la República Norteamericana la única potencia naval que tiene intereses en este mar. El territorio de Belice, en la costa de Honduras, y Jamaica, que es una de las Antillas mayores, pertenecen a la Gran Bretaña y en el grupo de las menores, las Barbadas, Trinidad y otras islas, son también colonias inglesas; la Martinica y Guadalupe pertenecen a Francia, y Curazao pertenece a Holanda; y aunque por el momento no parece probable que los intereses de estas naciones lleguen a ponerse en pugna con los de la Unión Norteamericana, dicha circunstancia no es suficiente para que esta nación deje de prevenirse contra los peligros de la brusquedad de un cambio en la política mundial.

La peculiar situación de Colombia y de Méjico, con costas que hacen frente a los dos océanos, habría de ser también motivo de inquietud para los Estados Unidos, como observa Powers, en caso de un conflicto internacional. Estas dos Repúblicas, debido a dolorosas circunstancias que por fortuna ya pasaron, con razón o sin ella, se sienten agraviadas y no han estado en buena disposición de amistad hacia los Estados Unidos; y éstos, que no desconocen el hecho, no pueden perder de vista la importancia que el mismo pudiera tener si llegaran a verse envueltos en guerra con una potencia europea o asiática.

El imperialismo de los Estados Unidos tiene caracteres que le son peculiares. Para convencerse de ello basta compararlo, en su origen y en sus tendencias, con el de las naciones de Europa. Después de consolidarse en Europa un grupo de naciones fuertes, pero sin ser ninguna bastante poderosa para dominar a las otras, y de crearse entre ellas una situación especial, un estado de equilibrio basado en el respeto mutuo y en el que cada una tenía los mismos derechos; algo así como una transacción entre la idea de dominación universal y la autonomía de los pueblos; dichas potencias, como si solamente pudieran vivir dentro de un perpetuo estado de rivalidad, llevaron su competencia a tierras lejanas. Aprovechando el nacimiento del sistema industrial, por los recursos que brindaba, especialmente para la navegación, se apoderó de ellas un afán desmedido por establecer colonias en todas las regiones del globo, por distantes que estuvieran. Ocuparon en Asia, Africa y la Oceanía cuantos territorios pudieron ser acaparados y el Continente Americano también hubiera sido objeto de reparto, a no ser por el mantenimiento de la Doctrina de Monroe. Desde entonces hasta hoy, como dijo en notable conferencia el Dr. Montoro, la expansión nacional ha sido el interés primordial de las grandes potencias del Viejo Mundo y la causa de todas las guerras en que éste se ha visto envuelto.

La actividad imperialista de dichas naciones no ha tenido otra finalidad que la de dominar el mercado importador de la colonia, zona de influencia o territorio protegido que de ella ha sido objeto, y absorber al propio tiempo su producción, siempre en provecho de la metrópoli y excluyendo la competencia comercial de otras naciones; en unos casos por medio del monopolio y en otros acudiendo al sistema de las tarifas diferenciales. La misma Francia, que al crearse el vasto imperio colonial que hoy posee iba tras un fin político más bien que económico, pues sólo procuraba encontrar en el exterior algo que compensara la derrota del año 1870, ha reducido en beneficio propio las tarifas aduaneras de sus posesiones, llegando esa reducción en algunos casos hasta el 58%.

El imperialismo norteamericano en su aspecto intervencionista, que es al que ahora nos referimos--no a aquel otro que consistió en el movimiento expansionista, a virtud del cual se fueron agregando a la Unión los territorios que hoy forman su enorme área--, no se ha inspirado, al revés de lo que ha ocurrido con el de las naciones de Europa, en ningún propósito económico. Los Estados Unidos no han establecido su esfera de influencia sobre las Repúblicas de Cuba, Santo Domingo, Haití, Panamá y Nicaragua con objeto de acaparar mercados ni recabar ventajas para su comercio. Su finalidad ha sido política: se ha reducido a ejercer sobre las Repúblicas vecinas determinado control, que sólo llega, por lo regular, al límite de lo necesario; y, aunque se inspira dicho intervencionismo en la salvaguardia de los intereses de la nación, dicen distinguidos escritores norteamericanos que produce como consecuencia la de garantizar la independencia de dichas Repúblicas. En la aprobación de la enmienda Platt--dijo nuestro eximio maestro el Dr. Antonio Govín--, no medió el intento de vulnerar la independencia de Cuba, sino que, por el contrario, se aspiró a protegerla.

Compartimos estas ideas, reconociendo como un hecho cierto que la política intervencionista de los Estados Unidos no ambiciona la anexión de nuevos territorios; pero se hace forzoso reconocer también que, limitada y todo como es su acción, la Cancillería de Washington, llegado el momento de mantenerla, no repara en medios, ni reconoce obstáculos. Buena prueba de ello la constituyen el gesto del Presidente Roosevelt al ordenar que se prohibiera el desembarque de las fuerzas de Colombia destinadas a reprimir la revolución que culminó en la independencia del istmo, so pretexto de que iban a entorpecer el tránsito por el Ferrocarril, y la actitud que algunos años después adoptó en Nicaragua la administración de Wilson, favoreciendo una revolución que al triunfar impuso en recompensa la celebración del Tratado por el cual los Estados Unidos adquirieron determinadas ventajas en el territorio de aquella República.

II.--LA INGERENCIA NORTEAMERICANA EN LAS REPÚBLICAS DE CUBA, PANAMÁ, SANTO DOMINGO, HAITÍ Y NICARAGUA, A TENOR DE LOS TRATADOS VIGENTES Y EN LA PRÁCTICA. CENSURAS DE QUE HA SIDO OBJETO.

Aunque en los Tratados celebrados por los Estados Unidos, en 22 de mayo de 1903, con la República de Cuba; en 18 de noviembre del mismo año, con la de Panamá; en 8 de febrero de 1907, con la de Santo Domingo; en 3 de agosto de 1914, con la de Nicaragua, y en 16 de septiembre de 1915 con la de Haití, se persigue la misma finalidad, esto es, asegurar el predominio de la nación norteamericana en la zona del mar Caribe, dichas convenciones no encierran las mismas disposiciones. Parecía lógico que, siendo el "control" sobre Cuba el primero que asumían los Estados Unidos, se reprodujeran las prescripciones de la ley que lo autorizó, o sea la Enmienda Platt, en los tratados que celebraron después con aquellas otras Repúblicas; pero el examen de la materia que ha sido objeto de tales tratados, y que hacemos a renglón seguido, revela que no fué así.

Las disposiciones de la Enmienda Platt, que son las mismas del Tratado Permanente de 22 de mayo de 1903, se pueden resumir en dos grupos: en el primero están comprendidas las prescripciones inspiradas en la Doctrina de Monroe y en la defensa de los intereses de los Estados Unidos como potencia naval; y en el segundo, aquellas en que se le concede a esta República cierta ingerencia en determinados asuntos, de orden interno, de la nación cubana. Pertenecen al primero: la disposición por la cual se previene al gobierno de Cuba que no celebrará con ninguna potencia extranjera tratado alguno por el cual se menoscabe la independencia, o se le otorgue el asiento o control sobre una porción de la isla, bien para colonizarla, bien para cualquier propósito naval o militar; y aquella otra en que se conviene en ceder o arrendar a la República norteamericana las tierras necesarias para estaciones navales; corresponden al segundo aquellas prescripciones por virtud de las cuales el gobierno de Cuba se compromete a no contraer deudas exageradas; consiente en que los Estados Unidos intervengan para la conservación de la independencia, para el mantenimiento de un gobierno adecuado para la protección de las vidas, las propiedades y la libertad individual y para el cumplimiento de las cláusulas del Tratado de París pertinentes a Cuba, y se obliga a mantener la isla en buenas condiciones sanitarias.

En el Tratado con Panamá, cuya finalidad no fué otra que la de obtener la cesión del territorio necesario para la construcción del canal, el poder intervencionista no tiene la amplitud que en la Enmienda Platt. Amén de la obligación que contraen los Estados Unidos de garantizar la independencia de dicha República, se faculta al gobierno de Washington para mantener a las ciudades de Panamá y Colón en buenas condiciones sanitarias, caso de que el de Panamá desatienda ese deber, así como para guardar el orden público, en el mismo caso, en las propias poblaciones y sus territorios y bahías adyacentes y también, como en el caso de Cuba, el gobierno de Panamá se compromete a vender o arrendar a los Estados Unidos los terrenos necesarios para estaciones navales; pero, en cambio, nada se dice con respecto al compromiso de no contraer deudas exageradas, ni en cuanto a la prohibición de celebrar con cualquiera potencia extranjera ningún tratado que menoscabe la independencia.