Part 28

El Presidente Wilson, que sucedió a Taft, fué más allá que éste. Juzgando que la acción de los Estados Unidos no se debía limitar, como lo había entendido su antecesor, a garantizar la situación de los Estados Unidos en Centro América desde el punto de vista geográfico o estratégico, sino que se debía encaminar a obtener un mayor predominio político, apenas ocupó la Presidencia le dió instrucciones a su vez a su Secretario de Estado, William J. Bryan, para que conviniera un nuevo tratado, en el que reproduciéndose las cláusulas del anterior, se consignasen además las disposiciones de la enmienda Platt.

El Secretario Bryan cumplió dicho encargo y en julio del antes citado año, fué sometido a la aprobación del Senado un nuevo Tratado, que era el tercero de los proyectados, y en el cual, después de reproducirse las cláusulas del último a que nos acabamos de referir, se copiaron los mismos preceptos de la enmienda Platt, que hacen pesar a los Estados Unidos en los destinos políticos de Cuba. Nicaragua no podría celebrar ningún Tratado, por el cual otra potencia menoscabara su independencia y obtuviera jurisdicción sobre alguna porción de su territorio; no contraería ninguna deuda para el pago de cuyos intereses y amortizaciones resultaran inadecuados los ingresos ordinarios de la nación y se le reconocía, al Gobierno de los Estados Unidos, el derecho de intervenir para preservar la independencia y mantener un gobierno adecuado.

Apenas se conocieron los términos de este Tratado, se suscitó contra su aprobación, por parte de las otras repúblicas Centroamericanas, una viva oposición. Vieron éstas en dicha convención, un protectorado que habría de amenazar en el futuro sus respectivas soberanías y que habría de constituir un obstáculo al proyecto, siempre anhelado, de reunirlas a todas en una confederación. En el Senado de los Estados Unidos, el proyecto encontró también oposición. Se dijo allí que el propósito que perseguían sus autores era en realidad el de proteger a los banqueros que tenían negocios con el Gobierno de Nicaragua, y desanimado el Presidente Wilson ante tantos obstáculos, desistió de gestionar su aprobación.

Al año siguiente, sin embargo, la opinión en los Estados Unidos vió las cosas bajo un aspecto distinto. La guerra europea, cuyas consecuencias se desconocían, hizo comprender, dice el escritor H. H. Powers, que la seguridad de la nación se habría de ver amenazada seriamente, en el caso de que Nicaragua le concediera a otra potencia el derecho de construir un canal por su territorio. Fué esta consideración, la que movió al Presidente Wilson a iniciar nuevas negociaciones a fin de recabar, para los Estados Unidos, el derecho de construir el referido canal; sin preocuparse ahora, sin duda para no malograr aquel propósito, de recabar el derecho de intervención en los asuntos políticos y financieros de la referida república.

Dichas negociaciones tuvieron efecto en la ciudad de Washington entre el Secretario de Estado William Jennings Bryan y el Ministro acreditado, por Nicaragua, Emilio Chamorro, los que dieron cima a sus tareas, suscribiendo el Tratado de 3 de agosto de 1914. Según esta Convención, que no fué más que una reproducción del tratado proyectado por Taft a principios del año 1913, los Estados Unidos adquirieron a perpetuidad el derecho exclusivo de construir un canal interoceánico, por la vía del río San Juan y el gran lago de Nicaragua, o por cualquiera otra vía, adquiriendo también, en arrendamiento, por un término de noventa y nueve años, prorrogables a otros tantos años, las islas del mar Caribe, conocidas por "Maíz Grande" y "Maíz Chico", así como un lugar en el golfo de Fonseca, destinado a base naval; debiendo los Estados Unidos, a cambio de tales concesiones, satisfacer a Nicaragua la suma de $3,000.000 que se destinarían a la reducción de la deuda pública.

Costa Rica, Honduras y el Salvador, se opusieron a la ratificación de este Tratado. Costa Rica adujo sus derechos en el río San Juan, e invocó además la imposibilidad en que se encontraba el Gobierno de Nicaragua para concertar tal contrato, sin su anuencia, a virtud del Tratado sobre límites celebrado entre las dos repúblicas desde 15 de abril de 1858. Honduras y el Salvador alegaron, que el establecimiento de una base naval en el golfo de Fonseca, por bañar éste parte de sus respectivos territorios, violaba sus derechos de condueños sobre dichas aguas, amén de constituir una amenaza para su seguridad y de entrañar una infracción del Tratado de 20 de diciembre de 1907 celebrado en Washington por la Conferencia de la Paz Centroamericana, por iniciativa de los Estados Unidos y de Méjico y por el que se previó que toda disposición o medida susceptible de alterar la organización constitucional de cualquiera de las cinco repúblicas, se consideraría como una amenaza para la paz de las otras, ya que la posición que se le reconocía por Nicaragua a los Estados Unidos era tan prominente, que quedaba en manos de éstos, la soberanía y el orden constitucional de aquella República. No obstante estas protestas, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado aconsejó la ratificación y ésta tuvo efecto, en dicha Alta Cámara, en 18 de febrero de 1916, aunque con la siguiente declaración o reserva, con la cual creyeron los senadores que habrían de disuadir los escrúpulos de las naciones Centroamericanas:

Entiéndese que al aconsejar y consentir en la ratificación de dicha convención así enmendada, tal consejo y consentimiento se dan en la inteligencia de que ha de expresarse como parte del instrumento de ratificación, que nada en dicha convención lleva en mira afectar cualquier derecho existente de ninguno de los referidos Estados.

A pesar de que el Tratado a que nos acabamos de referir no contiene cláusula alguna por la cual se le otorgue al gobierno de los Estados Unidos la facultad de intervenir en materia de finanzas, de orden público y de sanidad, no por eso se deja de sentir la influencia de los Estados Unidos, la que paulatinamente ha ido invadiéndolo todo. Ya desde antes, la Hacienda pública estaba controlada, según hemos visto, por unos banqueros neoyorkinos; las tropas de la poderosa República han desembarcado cada vez que ha sido necesario mantener el orden y para que se vea hasta dónde ha llegado esa ingerencia, basta con que refiramos que en las elecciones de 1916, en la que se disputaban la Presidencia cinco candidatos, el Ministro de los Estados Unidos tuvo a bien declarar que debían ser excluidos de la contienda los que hubiesen tenido alguna conexión con el gobierno de Zelaya o hubieran conspirado contra el Gobierno de Adolfo Díaz, declaración, que al producir el efecto de descartar a cuatro aspirantes, le dió el triunfo a Emiliano Chamorro, que contaba con las simpatías del Gobierno de Washington.

Esa conducta fué rectificada después, con motivo de sucesos posteriores, por la administración del Presidente Wilson. Este, a mediados del año de 1920, hizo, por medio del Ministro en Managua, una declaración significativa, al menos en la apariencia, de un cambio en la política seguida en los asuntos nicaragüenses. He aquí dicha declaración:

Representantes de los diferentes partidos políticos de Nicaragua han hecho repetidas indagaciones en el Departamento de Estado con el fin de saber si ciertas personas mencionadas serían gratas al Gobierno de Washington como candidatos a la Presidencia. Para evitar equivocaciones con referencia a la situación, mi gobierno me autoriza para declarar que la cuestión de candidaturas para la Presidencia de Nicaragua, es una cuestión para ser decidida por el pueblo de Nicaragua en la plena y libre expresión de la opinión pública.

Las relaciones excepcionalmente estrechas que existen entre Nicaragua y los Estados Unidos crean en el Gobierno y el pueblo de los Estados Unidos un profundo y permanente interés en que la elección presidencial en Nicaragua sea conducida en el más alto plano, asegurando a todos los sufragantes legales, no sólo la libertad de opinión, sino la cabal constancia de esa opinión en los resultados finales.

El Gobierno de los Estados Unidos no ha expresado opinión en cuanto a las personas que han sido mencionadas como candidatos para la Presidencia. Su solo interés consiste en que las próximas elecciones sean caracterizadas por la mayor honradez y libertad; que se haga un fiel escrutinio de la votación y que el candidato que reciba el mayor número de votos populares sea declarado el Presidente electo de Nicaragua.

(F)

COSTA RICA

La República de Costa Rica gozaba fama de ser una de las más ordenadas y tranquilas del Continente, cuando en 27 de enero de 1917 ocurrió en la capital un golpe de estado, a virtud del cual, el Presidente Alfredo González fué depuesto por una conspiración preparada y dirigida por el Ministro de la Guerra, General Federico Tinoco, que en esa misma fecha asumió el "mando en jefe de la república".

Ese acto de traición y de fuerza, dice el escritor venezolano Jacinto López, en un artículo que vió la luz en _La Reforma Social_, tuvo su génesis en las maquinaciones de la compañía americana "The Costa Rica Oil Corporation". He aquí lo ocurrido:

Dicha Compañía, que se dedicaba a la explotación de las minas de petróleo, quiso convertir su negocio en un monopolio y al logro de tal propósito, no escatimó recursos ni reparó tampoco en medios. Cuando fué necesario, recurrió al gobierno, comprando conciencias de autoridades y funcionarios judiciales. Llegó un momento en que removidos todos los obstáculos, sólo uno quedó por vencer: la férrea voluntad del Presidente González, opuesta terminantemente a la concesión del monopolio. Cuando los agentes de la Compañía se dieron cuenta de que ese inconveniente era realmente insuperable, tramaron la caída de González y como encontraran en el Ministro de la Guerra, General Federico Tinoco, un aliado, confiaron a la traición de éste el acto que necesitaban para dar cima a la repugnante empresa en que estaban empeñados.

El Presidente González, acto seguido del golpe de estado, abandonó el país, dirigiéndose a Washington, donde le refirió al Presidente Wilson los orígenes y antecedentes de aquel acto, obteniendo del estadista norteamericano la formal declaración de que jamás reconocería al gobierno de Tinoco ni a ninguno otro que con él tuviera la menor relación. Poco después, esa declaración hecha en privado, fué publicada en forma oficial.

Mientras tanto Tinoco, sin dar tiempo a que la opinión se repusiera del efecto producido por el golpe de estado, estando aún reprimido el ejercicio de las libertades, convocó a elecciones generales para el día primero de mayo, con el doble objeto de elegir Presidente y designar una convención que reformara la Constitución. Tales actos, claro es que no pudieron ser sinceros, pero en la apariencia resultó electo Tinoco y la convención prorrogó a seis años el período presidencial, que antes era de cuatro.

Una vez electo Tinoco en esa forma; dándose cuenta de la conveniencia del reconocimiento de su gobierno por el de Washington, realizó gestiones en tal sentido, pero con resultados negativos. Posteriormente, al reunirse la conferencia de la paz en Versalles, Tinoco, que había declarado la guerra a los poderes centrales con objeto de congraciarse con el Presidente Wilson, solicitó que Costa Rica fuera admitida en dichas conferencias; pero las naciones aliadas desestimaron tal solicitud, teniendo en cuenta que el gobierno de esta República no había sido reconocido por los Estados Unidos. El pueblo de Costa Rica, por su parte, mal avenido con este régimen, hizo cuanto pudo por derribarlo, hasta que al fin, convencido Federico Tinoco de la situación insostenible de su gobierno, tanto en el interior como en el exterior, en agosto de 1919 abandonó el país, confiándole el poder al Vicepresidente, que lo era su hermano Joaquín y quien, menos afortunado, fué muerto en las calles de la capital.

Organizóse entonces una interinidad y celebradas unas elecciones ordenadas, bajo el régimen constitucional suprimido por Tinoco y que databa del año 1871, resultó electo Presidente Julio Acosta, quien fué reconocido por el gobierno de los Estados Unidos en 2 de agosto de 1920. Al anunciar el Departamento de Estado de Washington dicho reconocimiento, hizo esta declaración:

La actual Administración de Costa Rica ha sido establecida de acuerdo con la Constitución y las leyes de dicho país y descansa sobre la libre voluntad del pueblo de dicha República. La política del Presidente Wilson ha quedado completamente vindicada y se reconoce ahora el gobierno de Costa Rica, de acuerdo con los principios establecidos por el gobierno de los Estados Unidos cuando se negó al reconocimiento del régimen de los Tinoco.

(G)

GUATEMALA

Una de las tiranías más conocidas y caracterizadas de Hispanoamérica, en estos últimos tiempos, fué la que ejerció en Guatemala Manuel Estrada Cabrera, que desempeñaba la presidencia desde el año 1898. Había sabido mantener estrechas y amistosas relaciones con el Gobierno de los Estados Unidos, dando con ello motivo a que se generalizara la creencia de que dicho gobierno era algo así como el fiador de su permanencia en aquel cargo. El año 1919, cuando parecía eterna dicha tiranía, se organiza un grupo de patriotas resueltos a ponerle término y uno de sus primeros actos fué el de hacerle ver al Presidente Wilson, cuál era la situación del país, y la verdadera significación del gobierno a que éste estaba sometido. Estas gestiones, realizadas en Washington, dieron resultado, pues a los pocos días, o séase por el mes de agosto, la prensa norteamericana dió la noticia de que el Gobierno de la Unión había insinuado a Estrada Cabrera la conveniencia de que no se hiciera reelegir nuevamente, con la advertencia, al propio tiempo, de que las próximas elecciones debían ser sinceras y legales.

Esa declaración y los comentarios de la prensa a que dió lugar, dice José Tible Machado, en un artículo que vió la luz en _La Reforma Social_, sonaron como campanada funeraria en el ánimo de Cabrera y llevaron alientos al grupo de valientes, que con una abnegación y un valor pocas veces igualado, se había enfrentado con el despotismo. Estaba pues preparada la opinión; sólo faltaba iniciar la acción.

Fué el propio Estrada Cabrera quien brindó la facilidad de que se precipitaran los sucesos. El Partido Unionista, que abogaba por la unión de los cinco Estados norteamericanos en una República Federal, celebraba una manifestación, con objeto de darle gracias al Congreso por haber votado una resolución favorable a sus fines; y Estrada Cabrera, que sabía que en el seno de dicho partido dominaba un sentimiento que le era hostil, dió órdenes a sus soldados y secuaces para que disolvieran aquel acto, las que cumplieron aquéllos, haciendo fuego sobre los manifestantes. No hay que decir el efecto que semejante atentado produjo en la opinión. Hasta tal punto llegó la indignación contra Estrada Cabrera, que el Congreso, antes tan dócil a sus deseos, acordó deponerlo, después de oir el dictamen de dos médicos acerca del estado de sus facultades mentales, nombrando además en su lugar a Carlos Herrera, uno de sus miembros más distinguidos.

Fácilmente se ha de comprender que esta actitud del Congreso, por fuerza tenía que desenvolverse dentro de tal ambiente de hostilidad contra el Presidente, que fueron tomando las cosas un marcado cariz revolucionario, sobre todo cuando se supo que Estrada Cabrera no estaba dispuesto a acatar el acuerdo del Congreso. Fué entonces cuando el Gobierno de Washington declaró que reprobaría cualquier apelación que se hiciera a la revolución. Pero era ya tarde para intentar sostener a Estrada Cabrera. Este, que se encontraba residiendo en su finca "La Palma", determinó bombardear la capital desde este lugar y durante varios días la hizo víctima de su cólera; pero convencido al fin, de la inutilidad de tal ataque, a petición del cuerpo diplomático se pactó un armisticio, e iniciadas las negociaciones entre el Congreso y el que legalmente ya no podía llamarse Presidente, en 14 de abril de 1920 capitulaba éste, entregándose sin condiciones al gobierno presidido por Carlos Herrera. A fines de junio el nuevo gobierno fué reconocido por la cancillería de Washington, que hubo de declarar, que aquél no era producto de la revolución, sino el sucesor constitucional del Gobierno de Estrada Cabrera.

(H)

MÉJICO

Desde 1884 se encontraba sometido el país a la férrea dictadura del General Porfirio Díaz, que cada cuatro años venía siendo reelegido en la Presidencia, por medio de unos comicios sólo legales en la apariencia, cuando en 1910 se halló frente a una revolución dirigida por Francisco I. Madero, la que enarbolando el lema de "sufragio efectivo y no reelección", en mayo del año siguiente lo obligó a dejar el poder. En 15 de octubre se celebraron elecciones bajo un gobierno provisional y designado Madero Presidente de la República, el día 6 de noviembre entró a ocupar dicho alto cargo.

Los partidarios del ex presidente Díaz, unidos a los descontentos de la nueva situación, tramaron una sedición que se produjo en los cuarteles de la capital, en 9 de febrero de 1913, en la que murió el General Villar, Comandante Militar de la plaza; y el General Victoriano Huerta, que le sucede, traiciona a Madero y lo hace morir asesinado el día 20 de dicho mes, usurpando acto seguido la Presidencia. Pocos días después, el 4 de marzo, Woodrow Wilson ocupa la Presidencia de los Estados Unidos y el día 12 declara públicamente que no está dispuesto a reconocer al gobierno de Huerta, por ser producto de una usurpación; reiterando después, en diversos discursos, entre otros el que pronunció en Mobila en 27 de octubre, su negativa a justificar la iniquidad y a reconocer los gobiernos manchados de sangre.

No tardó Huerta en verse obligado a su vez, a tener que hacer frente a otra revolución de la que fué primer jefe Venustiano Carranza; y como el Presidente Wilson le ofreciera sus buenos oficios para poner término a la lucha, tal mediación fué rechazada. Al mismo tiempo que realizaba Wilson esta gestión, daba otro paso, que constituyó un verdadero aliento para el carrancismo, fundándose en que los dos bandos en lucha no eran más que dos facciones: permitirle en las mismas condiciones que al gobierno de Huerta la importación de pertrechos de guerra. En esta situación ocurre el incidente que pasamos a referir.

En la mañana del día 9 de abril del año 1914, encontrándose anclado en aguas de Tampico el crucero "Dolphin", varios de sus tripulantes, que se encontraban en tierra adquiriendo provisiones, fueron detenidos por las autoridades huertistas. Hora y media después eran puestos en libertad, con todo género de excusas y satisfacciones; pero el Almirante Mayo exigió algo más: pidió que la bandera norteamericana fuese saludada con veintiún cañonazos, y como el General Huerta se negara a realizar dicho saludo, el día 20 del citado mes el Presidente Wilson solicita y obtiene del Congreso la debida autorización, "para usar la fuerza armada de los Estados Unidos con el objeto de obtener del General Huerta y de sus partidarios, el más completo reconocimiento de la dignidad y de los derechos de los Estados Unidos". No tardó el Presidente Wilson en hacer uso de esta autorización. Puso en movimiento inmediatamente algunas unidades navales y al día siguiente, tras un encarnizado combate en que ocurrieron abundantes bajas de ambas partes, las fuerzas del Almirante Fletcher ocuparon la ciudad de Veracruz.

Una vez ocurrida dicha ocupación y como no dieran trazas las fuerzas norteamericanas de abandonar la plaza, el Presidente Wilson, a fin de satisfacer la curiosidad pública, ávida de enterarse de sus propósitos, declaró que tal acto no constituía ningún ultraje a la nación mejicana, sino una represalia a la persona de Victoriano Huerta, que gratuitamente había provocado un conflicto con los Estados Unidos.

Esta declaración no satisfizo a la opinión mejicana, la que desde un principio juzgó aquel acto como una violación de las leyes internacionales y un ultraje a la dignidad de la nación. Por momentos la situación se hacía más difícil y cuando parecía inminente que habría de sobrevenir un estado de guerra, los embajadores de la Argentina, Brazil y Chile ante el Gobierno de Washington, le ofrecen su mediación a éste y a las facciones de Huerta y Carranza, para arreglar los conflictos internos de Méjico, así como las diferencias entre esta República y la de los Estados Unidos.

Aceptada dicha mediación, por todos menos por Carranza, que no quiso someterse a la condición que se le impuso de suspender las hostilidades, en 20 de mayo de 1914 se reunieron en Niágara Falls, Ontario, los referidos diplomáticos, los representantes del gobierno de Washington y los del General Huerta. Apenas iniciada la conferencia, y convencidos sus miembros de que mientras perdurase el conflicto mejicano, no se retirarían de Veracruz las fuerzas norteamericanas, adoptaron un acuerdo que suponía la remoción del verdadero obstáculo que se oponía a la paz: la presencia de Huerta en el poder. El 12 de junio, con efecto, de hecho quedó pactada la caída de Huerta, al consignarse entre los acuerdos de la conferencia, el de que se reconocería en la ciudad de Méjico un gobierno cuyo carácter se definiría después y que perduraría hasta que fuese inaugurado un Presidente constitucional.

Ante este acuerdo, tuvo Huerta que ceder. El día 15 de julio presentó su renuncia al Congreso, ocupando la Presidencia, provisionalmente, Francisco Carvajal, hasta el día 2 de agosto, en que entraron en la capital las fuerzas constitucionales y desde cuya fecha Venustiano Carranza asumió aquel cargo. A mediados del mes siguiente, se retiraron las tropas norteamericanas que ocupaban a Veracruz.

Año y medio después vuelven a ser tirantes las relaciones entre las dos repúblicas. En 10 de enero de 1916, el bandido Pancho Villa, alzado en armas contra el gobierno de Carranza y que por lo visto quería provocar la intervención de los Estados Unidos, asalta un tren en Santa Isabel, cerca de Chihuahua, dando muerte a catorce viajeros de nacionalidad norteamericana. Este suceso produjo honda indignación en los Estados Unidos. Gran parte de la opinión acusó directamente al Presidente Wilson como responsable del mismo, por no haber actuado, por haber adoptado la política que se llamó "de la espera-paciente" ("watchfull waiting"). Fué el ex presidente Roosevelt de los que con más rudeza atacó a Wilson, no explicándose la conducta de la administración al negarse a intervenir en los asuntos de Méjico, so pretexto de que la defensa de los _dollars_ invertidos por los americanos en dicha República, no ameritaba el sacrificio de la vida de un solo soldado. Contribuía a excitar aún más la opinión, el hecho de que el Gobierno de Carranza no diera trazas de preocuparse en perseguir a los bandidos que con sus continuas depredaciones mantenían sobresaltadas las poblaciones americanas inmediatas a la frontera.