La Política de los Estados Unidos en el Continente Americano

Part 24

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Pero si la guerra demostró esa necesidad, las consecuencias de la misma no eran menos exigentes. Se habían adquirido nuevas posesiones en el mar Caribe y en el Océano Pacífico y era indispensable que las flotas se pudieran mover con facilidad de uno a otro mar. Agréguese a esto, que el comercio norteamericano, que había alcanzado un vuelo extraordinario, exigía la apertura de la nueva ruta y se comprenderá todo el interés que ofrecía para los Estados Unidos el istmo de Panamá.

Dándose cuenta de todo esto los estadistas norteamericanos, juzgaron que había llegado el momento de que se construyera "un canal americano para el pueblo americano". El primer obstáculo con que se tropezaba lo constituía el Tratado Clayton-Bulwer; pero este inconveniente, que pareció siempre insuperable, por el empeño del Gobierno de la Gran Bretaña de no modificar dicho tratado, iba ahora a desaparecer. Al cabo de medio siglo, la cancillería inglesa se avenía a derogarlo en obsequio de la República Norteamericana. ¿Qué había pasado?

Ningún hecho, ningún apremio obligaba a la Gran Bretaña a abandonar la posición que había obtenido y defendido desde el año 1850: fué la sagacidad de sus estadistas, que se dieron cuenta de que los tiempos habían cambiado, la que actuó en este caso. En más de una ocasión, desde la declaración de Independencia, dice Coolidge, se habían entibiado las relaciones entre las dos Naciones, pero durante la guerra con España, el pueblo inglés había dado tantas muestras de simpatía por el de los Estados Unidos, que en éste se despertó hacia aquél un verdadero sentimiento de gratitud. El Gobierno de Su Majestad Británica, dándose cuenta de que más le convenía mantener esa amistad, que continuar disputándole a los Estados Unidos la supremacía en los mares de las indias occidentales, predominio que a esta nación le era indispensable ejercer por el desarrollo que había alcanzado, juzgó prudente acceder a la derogación del Tratado Clayton-Bulwer, que tan ventajosa posición le daba a la nación inglesa en aquellos mares y que constituía el único obstáculo que embarazaba aquella supremacía. Otros acontecimientos que ocurrieron después, han demostrado cuan prudente y previsora fué esta renuncia del Gobierno de la Gran Bretaña, en obsequio de los Estados Unidos, a la posición tan legalmente adquirida por aquel tratado.

El profesor John Holladay Latané en su obra _The United States and Latin-America_, recientemente publicada, explica por su parte en los siguientes términos, los motivos que indujeron a la Gran Bretaña a acceder a la derogación del Tratado Clayton-Bulwer:

El cambio en la actitud de Inglaterra es fácil de comprender. Durante los cien años que siguieron a la batalla de Trafalgar, Inglaterra estuvo preocupada en mantener una escuadra lo suficientemente poderosa para dominar, ella sola, todas las rutas comerciales. Con el rápido crecimiento de las escuadras de Rusia, Japón y Alemania, durante los últimos años del siglo XIX, dióse cuenta de que no se podía mantener en el aislamiento en que vivía. Nuestra adquisición de las Filipinas, Haway y Puerto Rico y nuestra determinación de construir el canal al través del istmo nos impusieron la necesidad de poseer una encuadra poderosa. Convencióse entonces la Gran Bretaña, de que necesitaba celebrar alianzas y fué esta idea la que la llevó a concertar con nosotros el Tratado Hay-Pauncefote en 1901 y con el Japón la alianza defensiva del año 1902. Dióse cuenta también de que los Estados Unidos estaban decididos a llevar a cabo el proyecto, por tanto tiempo acariciado, de construir el canal y de que la insistencia en mantener los derechos adquiridos por el tratado Clayton-Bulwer, acabaría por llevar a las dos naciones a un conflicto y previsoramente decidió abandonar la posición que había mantenido durante medio siglo y dejarnos las manos libres en la adquisición y el control del canal, por cualquier punto que lo quisiéramos construir. La firma del Tratado Hay-Pauncefote, significó pues, el reconocimiento por parte de la Gran Bretaña, de que el interés que tenían los Estados Unidos en el Caribe era de carácter predominante. Hubiera sido imprudente querer desconocer ese hecho. Desde entonces nadie ha discutido la supremacía de los Estados Unidos en esta área.

Las negociaciones relativas a la derogación del referido tratado fueron confiadas, por parte del gobierno de los Estados Unidos, al Secretario de Estado John Hay y por parte de su Majestad Británica, a Lord Pauncefote, Embajador en Washington. Los primeros esfuerzos de estos diplomáticos culminaron en un proyecto de tratado que fué suscrito en 5 de febrero de 1900 y que rechazó el Senado de los Estados Unidos. Según este proyecto, que dicho alto cuerpo juzgó que no garantizaba suficientemente los intereses de la nación, el canal habría de ser natural y los Estados Unidos no podrían fortificarlo. El Gobierno de la Gran Bretaña no tuvo inconveniente en celebrar un nuevo tratado que satisficiera mejor las aspiraciones del de Washington; y puestos de acuerdo nuevamente los dos diplomáticos, en 18 de noviembre del año 1901, concertaron otra convención que esta vez aprobó el Senado. Según este convenio, que derogó el Tratado Clayton-Bulwer, el canal habría de ser construído bajo los auspicios de los Estados Unidos y aunque éstos tendrían el exclusivo derecho de proveer a su manejo y de fortificarlo, quedaría libre y abierto a los barcos mercantes y de guerra de todas las naciones.

Eliminado con la derogación del Tratado Clayton-Bulwer, el obstáculo que le impedía a los Estados Unidos realizar la apertura del canal, el Gobierno de Washington decidió acometer cuanto antes esta obra. Era necesario resolver, en primer lugar, cuál de las dos vías proyectadas se utilizaba, la de Nicaragua o la del istmo. La opinión pública era partidaria de la vía de Nicaragua, pero la comisión de Ingenieros, nombrada para estudiar el asunto, se decidió por la de Panamá y aceptado su dictamen por el Gobierno, se convino en comprarle a la antigua compañía francesa sus derechos, obras y materiales. Había que dar otro paso. Era necesario que el Gobierno de la República de Colombia, consintiera en esta venta, y que se aviniese a estipular en un nuevo tratado, los derechos que habrían de tener los Estados Unidos con respecto al canal, ya que se juzgaba que la convención concertada con Nueva Granada en 1846 y que estaba vigente, no brindaba suficiente garantía a los intereses de la República norteamericana.

Para establecer las nuevas relaciones, el Gobierno de los Estados Unidos designó al Secretario de Estado, John Hay, uno de los funcionarios que ha dejado huella más intensa de su paso por dicho cargo, y el de Colombia a Tomas Herran, Encargado de Negocios en Washington. Puestos ambos de acuerdo, redactaron un tratado que fué suscrito en 22 de enero de 1903. A tenor de este tratado, el Gobierno de Colombia autorizaba al de los Estados Unidos para comprar los derechos, obras y materiales de la compañía francesa e igualmente lo autorizaba para adquirir perpetuo control sobre una zona en el istmo de Océano a Océano, de diez millas de ancho, para el trazado del canal; no obstante lo cual, Colombia conservaría su soberanía sobre dicha zona y habría de recibir en compensación, $10,000.000.00 de contado y $250.000 anuales.

En 17 de marzo de 1903, fué aprobado dicho tratado por el Senado de los Estados Unidos; pero como no le cupiera la misma suerte en el de Colombia, el Gobierno de Washington decidió terminar sus relaciones diplomáticas con esta nación y a ese efecto dispuso la retirada del Ministro acreditado en Bogotá.

El fracaso del tratado produjo una profunda impresión de desagrado en el pueblo panameño, que tenía cifradas sus esperanzas en la prosperidad y bienestar que le habría de reportar el canal. No menos desastroso fué el efecto que produjo el propio hecho en la compañía francesa que inició la construcción de la obra. La concesión de ésta vencía en octubre de 1904 y el abandono por parte del gobierno de los Estados Unidos del proyecto de construir el canal por Panamá, significaba para dicha empresa, la pérdida completa del dinero invertido en las obras y materiales existentes y las cuales aquel Gobierno se había comprometido comprar. Deseosos sus agentes de evitar semejante desastre, dirigidos por el Ingeniero de la misma, el ciudadano francés Felipe Bunau Barilla, discurrieron como medio único de impedir aquella ruina, provocar una ruptura entre Colombia y la provincia del istmo. Contaban para ello con el malestar existente en la población de Panamá y con el sentimiento de hostilidad que siempre había latido en ésta contra Colombia y que se había traducido en un buen número de revoluciones y en la organización en dos ocasiones de un gobierno independiente.

A fines del mes de octubre del referido año 1903, el sentimiento público en Panamá contra Colombia era tan evidente, que el Gobierno de Bogotá juzgó necesario enviar refuerzos a aquella provincia. Enterado de ello Manuel Amador, que fungía de jefe de la conspiración, en 29 de octubre envió el siguiente cable a Bunau Barilla que se encontraba al frente de la junta revolucionaria que actuaba en New York: "Tenemos noticias de que dentro de cinco días han de llegar fuerzas de Colombia, las que desembarcarán por el lado del Atlántico. Vienen más de 200 hombres. Urgen barcos de guerra en Colón."

Al día siguiente de haber llegado este cable a su destino dice el profesor Jones, antes citado, el Comandante del crucero "Nashville", anclado en Kingston, Jamaica, recibía otro de su gobierno, concebido en estos términos: "Diríjase a Colón; telegrafíe en cifra la situación, después que se consulte con el Cónsul de los Estados Unidos." El comandante de dicho crucero cumplió tal encargo; se dirigió a Colón y dió cuenta a su gobierno de la situación y en 2 de noviembre recibió orden de evitar el desembarco de las fuerzas de Colombia, si esto podía ocasionar un conflicto con el gobierno revolucionario y que de todas maneras mantuviera libre el tránsito por el ferrocarril que atravesaba el istmo. Ese mismo día, cuando aún no había estallado la revolución, por más que era ya cosa inminente, llegan a Colón 500 soldados colombianos. El comandante del "Nashville" no puso inconveniente al desembarco de dichas fuerzas; pero les prohibió trasladarse por ferrocarril a la Ciudad de Panamá. Casi al mismo tiempo que llegaban las fuerzas colombianas, desembarcaba la marinería del referido crucero con objeto de mantener el orden, así como el libre tránsito por el ferrocarril.

Al día siguiente de estos sucesos, se proclamaba la independencia del istmo en la ciudad de Panamá y se constituía un gobierno independiente. El día 13 de noviembre, esto es, diez días después de proclamada la independencia, ésta era reconocida por el Gobierno de Washington y el día 18 se firmaba entre la más antigua y la más nueva de las Repúblicas del Continente, el Tratado en que se estipulaba todo lo concerniente a la construcción del canal.

Las disposiciones más importantes de este tratado, que fué suscrito en Washington, por John Hay a nombre de los Estados Unidos y por Felipe Bunau Barilla a nombre de la República de Panamá, son las siguientes: Los Estados Unidos se comprometen a garantizar la independencia de Panamá; ésta en cambio concede a aquéllos, a perpetuidad, el uso, ocupación y control de una zona de diez millas de ancho, por la que se habría de extender el canal, así como el monopolio del mismo y como compensación, el Gobierno de los Estados Unidos pagaría al de Panamá $10,000.000 al ser ratificada la convención y nueve años después comenzaría a abonarle la cantidad de $250.000 durante cada anualidad, mientras estuviere en vigor el tratado.

A raíz de estos sucesos, el Presidente Roosevelt dirigió dos Mensajes al Congreso: el primero en 7 de diciembre de 1903 y el segundo el día 4 del mes siguiente, explicando su intervención en todos estos asuntos y sobre todo, los móviles que lo llevaron a reconocer la nueva República, tratando de desvanecer el cargo que se le hizo, dentro y fuera de los Estados Unidos, de haber sido el verdadero instigador de la revolución que dió al traste con la soberanía de Colombia en el istmo. La extensión de dichos documentos nos priva de insertarlos en su integridad. Nos limitaremos a hacer un extracto de sus puntos e ideas culminantes.

Comenzó diciendo, que a pesar de que el Tratado negociado en Washington en 22 de enero de 1903, entre el gobierno de los Estados Unidos y el de Colombia, estaba concebido en los términos más favorables para esta última nación, su Congreso, adoptando una conducta inexplicable, había pospuesto su aprobación indefinidamente, sin que existieran esperanzas de que en el futuro modificara tal conducta, ni de que el Poder Ejecutivo, que por lo que se vió tenía medios para recabar de los congresistas dicha ratificación, llevara trazas de abandonar la actitud pasiva en que por su parte decidió colocarse; que mientras esa era la situación de los poderes públicos en Colombia con referencia al tratado, el pueblo de Panamá, por su parte, seguía el asunto con el mayor interés, pues pensaba, con razón, que se habrían de derivar grandes y positivas ventajas, en su provecho, de la construcción del canal; y sin que fuese de extrañar por eso, que cuando dicho pueblo, que nunca había estado muy de agrado con la soberanía de Colombia, de la que realizó varios esfuerzos, en diversas épocas, por separarse, se dió cuenta del fracaso del tratado, proclamó su independencia en un movimiento espontáneo y unánime.

Refirióse después al desembarque de las fuerzas de infantería de marina de los Estados Unidos, al mando del Comandante Hubbard, que ocuparon la ciudad de Colón, consignando a tal respecto, que después que se proclamó la República en la Capital, situada en el interior, arribó al referido puerto de Colón un crucero colombiano con 400 soldados; que él, pensando en que la acción de esta fuerza podría interrumpir el tránsito del ferrocarril del istmo, dió órdenes para que se impidiera su desembarque; que esta orden llegó cuando dicha fuerza estaba en tierra, pero que como ésta pretendiera después trasladarse a la Capital, el comandante Hubbard se lo impidió prohibiéndole el uso del ferrocarril, en atención a lo antes dicho, a que se habría de interrumpir el tráfico.

Desmentía luego el Presidente la especie de que su Gobierno hubiera tenido la más ligera intervención en los preparativos de la revolución; aseverando, además, que la infantería de marina se había mantenido en un terreno absolutamente neutral, limitándose a proteger las vidas y haciendas de los ciudadanos norteamericanos y a impedir cualquier acción que hubiera podido producir el efecto de interrumpir el tráfico por el ferrocarril y que de no ser por la serena actitud del Comandante Hubbard y de sus soldados, hubieran ocurrido espantosas escenas de sangre.

Dijo también Roosevelt, que según la interpretación que desde antiguo le habían dado al tratado del año 1846, varios ilustres estadistas, entre otros el Secretario Cass en 1858 y en 1865 el Secretario Seward y el Procurador General Speed, con motivo de otros sucesos ocurridos en el istmo, la posición de las dos partes contratantes estaba perfectamente definida, en el sentido de que Colombia sólo podía pedirle a los Estados Unidos que respetara su soberanía en dicho territorio, pero no podía obligarlos a que la ayudasen a mantenerla; mientras que éstos, por su parte, tenían derecho a realizar todo acto o gestión tendiente a mantener el tránsito libre y sin entorpecimientos.

La República de Colombia, añade, no se dió cuenta de su posición. Después que derivó innumerables ventajas del Tratado del año 1846, que no fué convenido con otro propósito que no fuera el de facilitar la construcción del canal, no debió a última hora restarle su concurso a esta obra. No tenía derecho a mantener cerrada una vía cuya apertura tenía una tan alta significación para todo el mundo civilizado y especialmente para los intereses vitales de los Estados Unidos. Si Colombia, agrega después, era absolutamente incapaz de mantener el orden en Panamá, como lo demostró el hecho de haber ocurrido cincuenta y tres alteraciones de la paz, entre alzamientos, motines, revoluciones, etc. durante los cincuenta y siete años que transcurrieron a partir del año 1846, en que se suscribió el Tratado; y habiéndose colocado dicha República en actitud reveladora de que no habría de sancionar el nuevo Tratado, hubiera procedido el Gobierno con locura y debilidad, si hubiese actuado en forma distinta de la que adoptó frente a la revolución panameña del día 3 de noviembre.

En el último de los mencionados Mensajes, se refutaba el cargo hecho a la administración consistente en la premura con que había sido reconocida la nueva República, en los siguientes párrafos, con los cuales terminamos esta alusión a dichos documentos.

El hecho de que otras naciones nos imitaran, reconociendo, tan pronto como nosotros lo hicimos, al nuevo Estado de Panamá, demuestra que en este caso éramos los mandatarios de la humanidad civilizada. Nuestra acción, reconociendo la nueva República, fué imitada por Francia, Alemania, Dinamarca, Rusia, Suecia y Noruega, Nicaragua, Perú, China, Cuba, Gran Bretaña, Italia, Costa Rica, Japón y Austria Hungría.

En vista de las diversas circunstancias que nos determinaron a hacer el reconocimiento, tales como las obligaciones de un tratado, los intereses y la seguridad nacional y las ventajas que se habrían de derivar de tal acto para la civilización, no se explica que haya quienes piensen que no fueron tales móviles los que motivaron nuestra conducta, sino que ésta se inspiró en algo así como el deseo de sancionar el principio del derecho a la revolución, según el cual, es legítimo el acto de derrocar un gobierno y el de desmembrar un país. Es verdad que sólo causas muy razonables pueden justificar una revolución, pero no es menos cierto que todos los movimientos revolucionarios no pueden ser juzgados por el mismo patrón. Cada caso debe ser juzgado en sí mismo según sus peculiaridades. Ha habido en el mundo muchos movimientos revolucionarios, muchos casos de desmembración de un territorio y todos no pueden ser juzgados desde un punto de vista exclusivo. Nadie que observe con desinterés y con espíritu de justicia lo ocurrido en Panamá, puede negar que este país tenía motivos para separarse de Colombia y que su actitud, al facilitar la oportunidad de que el canal se construya inmediatamente, ha redundado en beneficio del mundo civilizado. A aquellos que miran con pesimismo nuestra actitud al reconocer la nueva República de Panamá y que desconfían de lo que pueda significar nuestro compromiso de mantener el tránsito, libre de invasiones y disturbios, les recomendamos que tengan en cuenta el caso de Cuba, cuando intervinimos en ella por la fuerza, obedeciendo a nuestros deberes e intereses nacionales. Cuando realizamos esa intervención, se pensó también que queríamos quedarnos en Cuba y administrarla en beneficio de nuestros intereses. Los resultados han demostrado, de modo evidente, la falsedad de tales profecías: Cuba es hoy una República Independiente. Nosotros la gobernamos en su propio interés durante unos años, hasta que estuvo en condiciones de mantenerse independiente, retirándonos después, no sin antes tomar ciertas medidas tendientes a asegurar su gobierno propio e independencia. Hemos recabado la construcción de dos estaciones navales, situadas, en tales condiciones, que nunca podrán constituir una amenaza para la libertad de la isla y que han de servir de defensa al pueblo de Cuba y al nuestro, contra un posible ataque extranjero. El pueblo de Cuba ha derivado grandes beneficios de nuestra intervención y nosotros los hemos recabado también. Otro tanto ha de ocurrir con Panamá. Tanto el pueblo del istmo como el de los países adyacentes de Centro y Sud América, han de beneficiarse grandemente con la construcción del canal y con la paz y el orden de que se disfrutará y el beneficio de ellos se hará extensivo a nosotros y a la humanidad. Por nuestra acción rápida y decisiva, no sólo hemos favorecido nuestros intereses y los del mundo civilizado, sino que nos hemos evitado complicaciones que nos hubieran sido perjudiciales y al pueblo del istmo le hemos evitado también el derramamiento de sangre y otros sufrimientos.

En vez de emplear nuestras fuerzas, como pretendió Colombia, en la doble finalidad de perjudicar nuestros derechos e intereses y también los del mundo civilizado, y de abatir a la población del istmo, ayudando a los que ella estimaba como sus opresores, hicimos lo que nos demandaba el deber: mantener el tránsito libre y evitar la invasión que se proyectaba.

Después que ocurrieron los sucesos que ocasionaron la separación de Panamá, la República de Colombia rompió por completo sus relaciones con los Estados Unidos. El Presidente Roosevelt realizó grandes esfuerzos por reanudar dichas relaciones y pareció, por un momento, que había obtenido su propósito. El día 9 de enero de 1909, se suscribía en Washington un tratado entre el Secretario Root y los Ministros, Cortés, de Colombia, y Arosemena, de Panamá, por el cual Colombia recibía en calidad de indemnización $2,500.000; debiendo en cambio, reconocer la independencia de Panamá, someter la fijación de su frontera con esta nueva República al arbitraje del Presidente de la República de Cuba, eximir del pago de derechos a los barcos dedicados a las obras del canal que anclaran en sus puertos y renunciar a cuantos derechos le asistieran con respecto al canal.

El pueblo colombiano juzgó ese tratado como afrentoso a su soberanía y consideró como un traidor al Presidente, General Reyes, con cuya anuencia había sido negociado; teniendo éste que abandonar el poder para no perder la vida y quedando interrumpidas nuevamente las relaciones entre las dos Repúblicas.

Tres años más tarde, ocupando William H. Taft la Presidencia de los Estados Unidos, el Secretario de Estado Knox, le dió instrucciones a James Du Bois, Ministro en Bogotá, para que intentara negociar un tratado bajo estas bases: se elevaba la indemnización que debía percibir Colombia a $10,000.000, y los Estados Unidos, en cambio, además de obtener con ligeras variantes las concesiones que se le otorgaban en el proyecto de Tratado Root-Cortés, adquirirían el derecho de construir un canal y el arrendamiento de las islas San Andrés y Providencia. Apenas el Ministro norteamericano le expuso estos planes a Carlos Restrepo, Presidente de Colombia, le significó éste en términos rotundos, que sobre tales bases no estaba dispuesto a iniciar negociación alguna.

Transcurrió otro lapso de dos años y la administración del Presidente Wilson, que sucedió a Taft, insistió en el empeño de llegar a un acuerdo con Colombia, que pusiera término a la desagradable situación creada. Colombia quería someter las cuestiones y asuntos pendientes a un arbitraje; pero al fin desistió de esta actitud, aviniéndose a dejar zanjadas todas las diferencias por medio de un tratado, que fué suscrito en Bogotá, en 6 de abril de 1914.