Part 17

En el Mensaje anual que dirigió el Presidente al Congreso, en 14 de noviembre de 1820, expresó que la revolución de Hispano-América continuaba haciendo progresos; que España resultaba impotente para contenerla, pero que estimaba que el cambio de gobierno ocurrido en ella, a virtud del restablecimiento de la Constitución del año 1812, favorecería el arreglo entre dicha nación y sus colonias; y que hacia esa solución se había encaminado siempre el Gobierno de los Estados Unidos.

En 5 de marzo del año 1821, al pronunciar Monroe el discurso inaugural de su segundo período presidencial, hizo referencia al conflicto entre España y sus colonias. A juicio del Presidente de la República, se debía mantener la neutralidad como hasta aquel momento, y confiaba dicho alto funcionario en que España al fin accedería a las demandas de sus colonias; pero terminaba con esta frase que se podía tomar como presagio de que las cosas podían cambiar: Si la guerra continúa, quizás los Estados Unidos se vean en el caso de adoptar otras medidas: aquellas que aconsejen su honor y sus intereses.

En el Mensaje de tres de diciembre de 1821, insistió el Presidente Monroe en que a España debía serle difícil reducir a sus colonias por la fuerza; expresando, al propio tiempo, que dicha nación debía darse cuenta de que había llegado el momento de examinar el problema con un criterio liberal y levantado, y que los Estados Unidos, gustosamente, cooperarían a una solución de armonía entre las dos partes.

Al fin llegó el momento en que los Estados Unidos hicieron el reconocimiento. Veamos cómo ocurrió ese hecho.

El día 30 de enero de 1822 los Representantes Nelson y Trimble pidieron en la Cámara que se hiciera el reconocimiento de las colonias, e interesaron al propio tiempo, del Presidente de la República, el envío de cuantos datos e informes se relacionaran con la situación de los nuevos Estados. Esa petición fué contestada por el Presidente de la República, que a la sazón lo era James Monroe, en su famoso Mensaje de 8 de marzo de aquel año, en el que consignaba, después de extenderse en diversas consideraciones sobre el estado que había alcanzado la revolución, su opinión de que había llegado el momento de hacer el reconocimiento. He aquí los términos del Mensaje:

Al transmitir a la Cámara de Representantes los documentos interesados por su resolución de 30 de enero último, considero de mi deber llamar la atención del Congreso sobre la importancia de la materia de que se trata y exponerle los puntos de vista del Ejecutivo en ese asunto, que con seguridad han de ser los mismos de esa otra rama del Gobierno.

El movimiento revolucionario de las colonias españolas de este hemisferio, desde sus comienzos, despertó las simpatías de nuestros compatriotas. Ese espontáneo sentimiento nuestro, desde luego que nos hace honor por motivos que no necesitamos explicar. Nos es grato significar que a todos ha merecido aprobación la línea de conducta que hubimos de trazarnos frente a la contienda. Cuando nos dimos cuenta de la importancia del movimiento revolucionario, no tuvimos inconveniente en considerar a los dos combatientes bajo las mismas condiciones, según lo que establece la Ley de las naciones en caso de guerra civil. A los buques de las dos partes, tanto los del Gobierno como los de particulares, se les permitió entrar en nuestros puertos y proveerse en ellos de los artículos que han sido objeto de comercio con las otras naciones. El Gobierno no ha tenido inconveniente en proteger el comercio con las dos partes contendientes, siempre que del mismo no fueran objeto contrabandos de guerra. Los Estados Unidos, en fin, no han dejado de observar un solo momento la más estricta imparcialidad.

Los sucesos ocurridos en las provincias han tomado tal magnitud, que creemos llegado el momento de considerar, con todo detenimiento, si se está en el caso de declarar que el orden de cosas establecido en las mismas permite deducir que han alcanzado la condición de naciones independientes. Buenos Aires hizo formal declaración de su independencia desde 1816, pero de hecho se encuentra libre del dominio de la nación progenitora desde 1810. Las provincias que forman la actual República de Colombia, antes de unirse por la Ley fundamental de 17 de diciembre de 1819, habían hecho, separadamente, su declaración de independencia. Por aquella época todavía dominaban algunas regiones las fuerzas españolas, pero esas fuerzas han sido completamente destrozadas, hasta el punto de que los soldados que no han sido hechos prisioneros han perecido, o se han ausentado como han podido, encontrándose el resto bloqueado en dos fortalezas. No son menos importantes los progresos realizados por las Provincias del Pacífico. Chile se declaró independiente en 1818, y el nuevo régimen ofrece las mejores garantías de estabilidad, y merced a su cooperación y a la de Buenos Aires, la revolución se ha extendido al Perú. Con respecto a Méjico, no son tan auténticos nuestros informes como con respecto a los otros países, pero tenemos entendido que el nuevo Gobierno ha declarado la independencia y que no hay fuerzas que lo combatan. Hace ya tres años que el Gobierno de España no manda un solo soldado a combatir a las provincias, ni hay esperanzas de que en lo futuro pueda mandarlos. En resumen: que es evidente que las provincias se encuentran hoy en el pleno disfrute de su independencia, y que ni por el estado actual de la guerra, ni por otras circunstancias, existe el más remoto temor de que la pierdan.

Dado, pues, el aspecto que han tomado los acontecimientos, es indudable que los nuevos Gobiernos tienen derecho a ser reconocidos. Las guerras civiles, por lo regular, exaltan a tal punto las pasiones de las partes contendientes, que no se les puede pedir serenidad; pero en cambio, las otras naciones están en la obligación de hacer por que lleguen a una avenencia. La misma calma que los Estados Unidos han mantenido frente al problema, constituye una prueba para España, y para otras naciones, de que sabe respetar sus derechos. Las provincias de este hemisferio, a medida que se han declarado independientes, han demandado nuestro reconocimiento, pensando sin duda en que para formular esa petición tenían título suficiente; pero el Gobierno no ha accedido a esas solicitudes, en su deseo de no tomar parte en la contienda y no merecer la desaprobación del mundo civilizado. Otras gestiones en el mismo sentido se nos han hecho, pero no hemos creído prudente actuar. No obstante eso, hemos estado muy atentos a la marcha de los sucesos para conocerlos en su fondo. Hoy observamos el largo período de tiempo que lleva de duración la guerra, las enormes ventajas que han alcanzado las provincias, el estado de los combatientes y la actual incapacidad de España para hacer variar ese orden de cosas; y no podemos por menos que convenir en que ha llegado el momento de que se reconozca la independencia de las colonias.

No tenemos noticias con respecto a la opinión que tenga hoy el Gobierno de España sobre estas cosas; pero es de presumir que la importancia de la revolución, que ha puesto en manos del pueblo la soberanía de todo el Continente Meridional, llevará a la nación progenitora al convencimiento de que no puede por menos que llegar a una reconciliación, aunque sea bajo la base de la independencia. Nada sabemos acerca de la opinión de las otras potencias. Nuestro deseo sería realizar el reconocimiento de acuerdo con ellas, pero creemos que no están en condiciones de declararlo. Separadas de las provincias, al través del Atlántico, por enorme distancia, la suerte de dichas provincias ha de inspirarles menos interés que a nosotros. Es por eso lo más probable que no hayan observado con atención el curso de los acontecimientos; pero la importancia de los que últimamente han ocurrido no puede pasarles inadvertida.

Al aconsejar que se haga el reconocimiento, no queremos que se entienda que alteramos nuestras relaciones de amistad con ninguno de los combatientes, pues antes al contrario, aunque la guerra continúe, no hemos de abandonar nuestra neutralidad. Entendemos que al Gobierno de España han de satisfacerle estas declaraciones. El reconocimiento, en este caso, está de perfecto acuerdo con la ley de las naciones; y los Estados Unidos, al hacerlo, se muestran consecuentes con sus antecedentes y de acuerdo con sus intereses. Si el Congreso está de acuerdo con nuestra propuesta, esperamos que votará los créditos necesarios para hacerla efectiva.

El citado Mensaje es de fecha 8 de marzo de 1822; y al día siguiente, Anduaga, Ministro de España en los Estados Unidos, entregó una nota en la Secretaría de Estado, llamándole la atención al Gobierno acerca de que el acto del reconocimiento era improcedente y extemporáneo. No había méritos para hacerlo, a juicio de dicho Ministro, por dos motivos: porque no se podían desconocer los derechos de España sobre sus colonias, y porque los nuevos gobiernos, dada la situación caótica por que atravesaban y las pocas condiciones de estabilidad que ofrecían, no se habían hecho acreedores a dicho reconocimiento. La prueba de que no ha llegado la oportunidad de hacer dicho reconocimiento, se puede encontrar, decía el Ministro, en que las naciones de Europa no se han decidido a hacerlo; pues si fuera justo y procedente, hubieran dado ese paso siquiera no fuese más que por ganarse la amistad de países que tan vasto campo ofrecen al comercio.

El Secretario de Estado no contestó de momento esta comunicación; esperó que el Congreso hiciera el reconocimiento, como lo hizo, efectivamente, en 28 de marzo.

Transcribimos ahora algunos párrafos de la contestación del Secretario de Estado, que en aquel entonces lo era John Quincy Adams. En ella se exponen las razones que determinaron el reconocimiento, algunas de las cuales no fueron expuestas en el Mensaje del Presidente de la República:

En los años que ha durado el conflicto entre España y sus colonias, los Estados Unidos han guardado la más estricta neutralidad. Pero las circunstancias han variado. Los Virreyes en unos casos, en otros los Capitanes Generales, han concluído tratados con las Repúblicas de Colombia, Méjico y el Perú, que equivalen a un formal "reconocimiento"; eso, en lo que respecta a esas provincias, pues las de la Plata y Chile disfrutan de su independencia, tranquilamente, desde hace años. Los Estados Unidos, al hacer el reconocimiento, proceden impulsados por móviles de justicia y de moralidad.

Por el hecho del "reconocimiento", no se ha de entender que hemos de impedirle a España que haga cuanto esté de su parte por restablecer en las colonias el imperio de su autoridad; hemos de limitarnos a establecer con los nuevos gobiernos las relaciones políticas y comerciales que deben mediar entre los pueblos de civilización cristiana.

A fin de hacer efectivas esas relaciones, en cuatro de mayo del propio año votó la Cámara de Representantes un crédito para establecer Legaciones en los nuevos Estados.

Se ve, pues, que los Estados Unidos no intervinieron en el conflicto entre España y sus colonias, y que reconocieron la soberanía de los nuevos Estados cuando era evidente, a ojos vistas, que España había perdido su dominación. Estuvo, pues, en lo cierto el Presidente Monroe cuando dijo en su Mensaje de diciembre de 1823 que los Estados Unidos no intervenían con las colonias existentes de las potencias europeas.

(1825). En 28 de enero y 6 de abril de 1825, Rebello, Encargado de Negocios del Brasil en los Estados Unidos, propuso al Gobierno de esta República la formación de una alianza con su nación, para mantener la independencia de ésta en el caso de que Portugal pretendiera restablecer su perdida soberanía contando con la cooperación de otra potencia europea. Henry Clay, que desempeñaba la Secretaría de Estado, hubo de contestarle en 13 de abril de ese año que el Gobierno de los Estados Unidos, de acuerdo con el criterio sustentado en el mensaje presidencial de 2 de diciembre de 1823, no podía mezclarse en la lucha entre la Metrópoli y su antigua colonia.

(1849-1851). A mediados del siglo pasado existía en los Estados Unidos y en Cuba un movimiento de opinión francamente favorable a la anexión de esta Isla a aquella República; movimiento que estaba fomentado, en la nación vecina, por los elementos del Sur principalmente, que pensaban en la posibilidad del ingreso en la Unión de un nuevo Estado esclavista, y en nuestro país por elementos descontentos de la dominación española. Unos y otros elementos, dispuestos ya a poner en ejecución sus planes, prepararon en los Estados Unidos una expedición dirigida por el general venezolano Narciso López y que debía desembarcar en Cuba.

Enterado el Gobierno de España de semejante proyecto, hizo ante el de los Estados Unidos la correspondiente protesta, que fué escuchada, pues en 11 de agosto de 1849 expedía el Presidente Zacarías Taylor, la siguiente proclama:

Hay razón para creer que en los Estados Unidos se está preparando una expedición para invadir en armas la Isla de Cuba o algunas de las provincias de Méjico. Las noticias más fidedignas que el Ejecutivo ha podido hasta ahora obtener sobre ese particular, inclinan el ánimo a la creencia de que la Isla de Cuba es el verdadero punto objetivo de la dicha empresa. El Gobierno tiene el deber de que se observe la fe de los Tratados, y de impedir toda agresión, por parte de los ciudadanos de nuestro país, contra los territorios de las naciones amigas. He creído, por lo tanto, que es propio y necesario expedir la presente proclama, a fin de advertir a todos los ciudadanos de los Estados Unidos que estén asociados en una empresa de esta naturaleza, tan abiertamente en infracción con nuestras leyes y de las obligaciones que por tratado nos hemos impuesto, que quedarán por ello sujetos a las severas penas que para estos casos determinan nuestras propias leyes, dictadas por nuestro propio Congreso; y perderán, además, todo derecho a la protección de su país. Las referidas personas no podrán esperar que este Gobierno intervenga en ninguna forma ni de ningún modo en favor suyo, sean cuales fueren los extremos a que se vean reducidos en consecuencia de su conducta. Una empresa que tiene por objeto invadir los territorios de una nación amiga, iniciada y preparada dentro de los límites de los Estados Unidos, es una cosa en alto grado criminal, supuesto que pone en peligro la paz del país y compromete el honor nacional. Por lo tanto, exhorto a todos los buenos ciudadanos a que teniendo en cuenta lo que vale nuestra reputación nacional, el respeto que se debe a nuestras propias leyes, el derecho de gentes, y lo que exige el deseo de que se conserven las bendiciones de la paz y la felicidad del país, se separen del antes dicho proyecto y lo reprueben e impidan por todos los medios que sean lícitos. Y prevengo a todos los empleados de este Gobierno, ya sean del orden civil, ya del militar, que usen todos los medios que estén a su alcance para asegurar la prisión, el procesamiento y castigo de todos y cada uno de los que, como se ha dicho, estén delinquiendo contra las leyes que nos mandan observar las sagradas obligaciones que tenemos contraídas con las naciones amigas.

Esta proclama produjo el resultado apetecido: por lo pronto hubo de desistirse de la expedición que entonces se proyectaba. Pero no se arredraron por esto el general Narciso López y sus amigos; ni siquiera se detuvieron ante el fracaso de otra expedición que se logró desembarcar en Cuba en 19 de mayo de 1850. En las esferas oficiales sabíase que en territorio americano se seguía conspirando contra la dominación española en Cuba, y en 25 de abril del año 1851, el Presidente, Millard Fillmore, lanzó la siguiente proclama:

...He resuelto, por tanto, expedir esta proclama apercibiendo a todos aquellos que con infracción de nuestras leyes y desprecio de nuestras obligaciones internacionales se unan en algún modo con la expresada empresa o expedición, que incurrirán por ello en las severas penas dictadas contra esos delitos, y quedarán sin derecho a reclamar la protección de este Gobierno, que no intervendrá absolutamente en favor de ellos, cualesquiera que sean los extremos a que los lleve su ilegal conducta. Y, en ese concepto, exhorto a todos los buenos ciudadanos a que considerando nuestra reputación nacional, el respeto que se debe a nuestras leyes y a los preceptos del derecho de gentes, lo que valen los beneficios de la paz y el bien y la felicidad de nuestro país, desoigan y condenen la empresa de que aquí se trata y la impidan por todos los medios legales. Ordeno, además, a todos los empleados del Gobierno, así civiles como militares, que se esfuercen por todos los medios que estén a su alcance para conseguir la prisión, el encausamiento y castigo de todos y cada uno de estos delincuentes, conforme al derecho del país.

(1868-1878). Apenas iniciada la revolución cubana del año de 1868, era bien visible que el pueblo norteamericano estaba de parte de los insurrectos. En 10 de abril del año 1869, la Cámara de Representantes acordó, por noventa y ocho votos contra veinticuatro, ofrecerle su apoyo constitucional al Presidente de la República

para cuando juzgase oportuno reconocer la independencia y soberanía del Gobierno Republicano de Cuba.

El propio Poder Ejecutivo estaba, francamente, de parte de los revolucionarios. Comenzó, primero, por indicarle y ofrecerle a España un plan de mediación sobre la base del reconocimiento de la independencia, y amenazó después, ante las demoras y dilaciones del Gobierno de Madrid--que en un principio pareció dispuesto a iniciar las negociaciones--, con reconocer la beligerancia. Tanto, pues, por el estado de la opinión pública como por la actitud en que se colocó el Gobierno, parecía que los Estados Unidos se iban a apartar de la regla de la doctrina de Monroe, en que ahora nos ocupamos, enunciada en esta forma:

No hemos intervenido ni intervendremos en las colonias o dependencias existentes de ninguna potencia europea.

Sin embargo, cuando España se dió cuenta de esa actitud, se indignó y amenazó con romper las hostilidades; y, ante semejante situación, el Gobierno de Washington desistió de su propósito.

A partir de ese momento, el Poder Ejecutivo no quiso dar ningún paso que pudiera traerle dificultades con el Gobierno Español. Desempeñaba en aquel entonces la Presidencia de la República el General Ulyses S. Grant, y sus mensajes revelan su impasibilidad ante la suerte de los cubanos. No quería dar motivos que interrumpieran las buenas relaciones con España. He aquí los términos en que se refirió a este asunto en su Mensaje anual de 6 de diciembre de 1869:

En ninguna nación la libertad ha alcanzado el desarrollo que tiene en los Estados Unidos. No es de extrañar, por eso, que nuestro pueblo sienta simpatías por todo aquel que luche por alcanzar dicha libertad y el gobierno propio; pero ese sentimiento de simpatía no nos puede llevar a separarnos de una línea de conducta que nos traza nuestro honor como nación, y que consiste en no mezclarnos, si no se nos invita a ello, en el conflicto entre dos naciones o entre un Gobierno y los pueblos que le estén sometidos. Nuestra línea de conducta nos la trazan la justicia y la ley. Tanto el derecho internacional como nuestro derecho interior. Esa ha sido siempre la actitud de la Administración frente a esos conflictos. Desde hace más de un año, una valiosa posesión de España, vecina nuestra muy inmediata, está luchando por obtener su libertad e independencia. Nuestro pueblo observa esa lucha con el mayor interés. El pueblo y el Gobierno de los Estados Unidos experimentan por el pueblo de Cuba los mismos sentimientos y simpatías que antes tuvieron por las colonias que se insurreccionaron contra España. Sin embargo, la lucha no tiene el carácter de una guerra, en el sentido que le da a esta palabra el derecho internacional; ni los insurrectos han podido formar tampoco, ni siquiera _de facto_, una organización política que justifique el reconocimiento de la beligerancia.

Nosotros mantenemos el principio de que nuestra nación es su mismo juez para decidir en qué oportunidad llega el momento de reconocerle a un pueblo su derecho como beligerante, ya se trate de aquel que luche por libertarse de la opresión de otro, ya de naciones independientes, en guerra unas con otras.

Los Estados Unidos no tienen por qué mezclarse en las relaciones que mantenga España con sus colonias de este continente. Llegará el día en que España y otras naciones de Europa se darán cuenta de la conveniencia que les reportará convertir sus dependencias en naciones independientes. Esas dependencias, en ningún caso podrán ser transferidas de una nación europea a otra. Si dejan de ser colonias, ha de ser para convertirse en naciones independientes que dirijan sus propios destinos y sus relaciones.

Los Estados Unidos, animados más que nada por el deseo de poner término al derramamiento de sangre en Cuba, ofrecieron sus buenos oficios para poner fin a la contienda. La oferta no fué aceptada por España, y hoy nos vemos en el caso de tener que guardar, estrictamente, las reglas de la neutralidad.

De esa actitud no se apartó el Gobierno de Washington en los diez años que duró la insurrección cubana; y para convencerse de ello basta leer los mensajes presidenciales de 13 de junio de 1870, 1º de diciembre de 1873, 7 de diciembre de 1874, 7 de diciembre de 1875, 3 de diciembre de 1877 y 2 de diciembre de 1878.

Se habrá observado, en el Mensaje antes transcrito, que el Presidente Grant, para no mezclarse en el conflicto entre España y el pueblo de Cuba, no invocó la doctrina de Monroe, sino que apeló solamente al derecho internacional. Quizás fuera debido a que por aquella época no tenía el Gobierno, por lo visto, una conciencia muy exacta del significado de dicha doctrina. Prueba de ello es que el propio general Grant fué quien, al recomendarle al Congreso que decretase la anexión de Santo Domingo, alegó que era la doctrina de Monroe la que imponía su adquisición.

(1886). A principios del año 1886 el Gobierno de la República Argentina protestó de la ocupación, por la Gran Bretaña, de las islas Falkland o Malvinas, con infracción de la doctrina de Monroe. El Secretario Bayard, en 18 de marzo, libró un despacho al Gobierno Argentino, alegando que aquella nación venía poseyendo dichas islas desde el año 1833, invocando para ello títulos muy antiguos, y que la doctrina de Monroe no podía tener efectos retroactivos.

(1895-1898). Al estallar la revolución cubana del año 1895, se observa en los Estados Unidos el mismo caso ocurrido a principios del siglo con motivo de la insurrección de las colonias españolas del Continente y con ocasión de la revolución cubana del año 1868: el pueblo norteamericano se puso francamente de parte de los revolucionarios, mientras que el Gobierno se esforzó en mantener la neutralidad de la nación.