Part 16

No tiene por fin la intervención armada en los conflictos legítimos; pero no permitirá que esos conflictos resulten en aumento de poder o influencia europea; y siempre obligará a este Gobierno a interponer sus buenos oficios, como en la reciente contienda entre las Repúblicas Sudamericanas y España, para asegurar una honrosa paz.

Por este mismo año el Conde Lewenhaupt, Ministro de Suecia y Noruega en Washington, le hizo saber al Gobierno que el de Italia le había hecho proposiciones al de su país para comprarle la isla de San Bartolomé; pero que, en igualdad de circunstancias, se prefería hacer esa venta a los Estados Unidos. El Secretario Fish hubo de contestar al diplomático europeo que por el momento los Estados Unidos no querían hacer proposiciones y que le rogaban al Gobierno de Suecia que abandonara toda actuación en ese asunto, pues si se daban por enterados de la proposición de Italia, se verían en el caso de oponerse a ella, consecuentes con la política observada en esta materia.

_(D).--Los Estados Unidos no hacen materia de pacto los principios que envuelve la doctrina de Monroe._

(1826). Con motivo de la invitación hecha a los Estados Unidos para que concurrieran al Congreso de Panamá, el Gobierno de aquella nación tuvo oportunidad de declarar que los principios enunciados por el Presidente Monroe no podían ser objeto de pacto. He aquí los detalles de este asunto.

En los comienzos del siglo pasado, las nuevas Repúblicas de la América, hostigadas por la necesidad de agruparse para combatir el poder de España, trataron de celebrar diversos convenios para lograr esa finalidad; y, tras varias tentativas infructuosas, en 1824, por iniciativa de Simón Bolívar, como Presidente de Colombia, se convocó un Congreso en Panamá.

Se debía tratar en dicho Congreso no sólo de formar una alianza defensiva contra España, que no daba por perdidos sus dominios, y de estrechar los lazos de unión entre todas las Repúblicas del Continente, sino de

Tomar en consideración los medios de hacer efectiva la declaración del Presidente de los Estados Unidos (Monroe) respecto a los designios ulteriores de cualquier potencia extranjera para colonizar cualquiera porción de este Continente; y los medios de resistir cualquier intervención exterior en los asuntos domésticos de los Gobiernos americanos.

Como era natural, figurando en el programa esta materia, hubo de invitarse a los Estados Unidos.

El 26 de diciembre de 1825, el Presidente John Quincy Adams, dirigió un mensaje al Senado, dándole cuenta con la invitación y proponiendo a los ciudadanos Richard C. Anderson y John Sergeant como Ministros Plenipotenciarios en la Asamblea de Naciones de Panamá.

No sólo en el Senado, sino también en la Cámara de Representantes, se discutió ampliamente acerca de si la Unión debía acceder a estipular, en un tratado, los principios en que se inspiró la doctrina de Monroe. Muy divididas se encontraron las opiniones, pero al fin prevaleció el criterio de los que se oponían a semejante alianza. En 18 de abril de 1826 se aprobó por la Cámara de Representantes, por 99 votos contra 95, la siguiente moción presentada por James Buchanan:

En consecuencia, la opinión de esta Cámara es que el Gobierno de los Estados Unidos no debe estar representado en el Congreso de Panamá, salvo por la vía diplomática, ni debe formar alianzas defensivas u ofensivas, ni entrar en negociaciones respecto de una alianza de este carácter, con una o con todas las Repúblicas hispanoamericanas; ni debe coligarse con ellas, ni con ninguna de ellas, para formular declaraciones enderezadas a impedir la intervención de cualquiera potencia europea en su independencia o en su forma de gobierno, o entrar en tratos para impedir la colonización del Continente americano, sino que se deje al pueblo de los Estados Unidos, con toda libertad de acción, para obrar, en caso de crisis, de la manera que su amistad hacia estas Repúblicas, o su honor, o su política, determinen cuando las circunstancias lo requieran.

Réstanos consignar que, al fin, los Estados Unidos no estuvieron representados en el Congreso, pues uno de los Comisionados designados por el Gobierno murió antes de que pudiera llegar a su destino, y el otro no llegó a tiempo. Por lo demás, los acuerdos que se adoptaron en el Congreso carecieron de trascendencia.

(1828). Dos años más tarde el Gobierno de la República Argentina interesó del de Washington que determinara el alcance de la doctrina de Monroe; explicándolo Henry Clay, Secretario de Estado, en la respuesta que le envió al Encargado de Negocios en Buenos Aires, en 3 de enero de 1828, en el sentido de que dicha doctrina había sido hecha voluntariamente por los Estados Unidos y no se la podía considerar como un pacto o compromiso cuyo cumplimiento ninguna nación tenía derecho a exigir.

(1864). Desde principios del año 1862, temerosas las Repúblicas de Sud América, particularmente el Perú, con vista de la intervención europea en Méjico, de que pudieran correr el mismo peligro, pensaron en una alianza. Nuevamente se agitó la idea de celebrar un Congreso. En primero de diciembre de 1864, el Ministro de los Estados Unidos en Venezuela comunicó a la Secretaría de Estado el proyecto de reunir un Congreso, al que concurrirían delegados de todas las Repúblicas, con objeto de oponerse a las pretensiones que las potencias europeas pudieran tener en América; y que se deseaba que los Estados Unidos fueran el centro, por así decirlo, de dicha reunión. Por aquella época los Estados Unidos eran teatro de la guerra de secesión.

El Secretario Seward contestó lo siguiente al Ministro en Venezuela:

En la historia y la política de los Estados Unidos, la regla invariable de conducta ha sido, y continúa siendo, la de no mezclarse en alianzas de potencias extranjeras; pero los Estados Unidos contemplan con gusto y sin temores o cuidados la proyectada alianza de las Repúblicas latinoamericanas que se proponen garantizar su nacionalidad e integridad, y que mientras estuvieran ocupadas en sus propios asuntos, mostrarían siempre continua amistad a las que se opusieran a innovaciones políticas en este Continente.

_(E).--La Doctrina de Monroe, no reza con las colonias europeas existentes al ser promulgada, ni se aplica a la lucha de una colonia con su metrópoli._

(1811-1822). Se recordará que en el famoso Mensaje de 2 de diciembre de 1823, se había dicho: no hemos intervenido ni intervendremos en las colonias o dependencias existentes de ninguna potencia europea. Sin embargo, desde el año anterior, el Gobierno de los Estados Unidos había reconocido la independencia de las colonias españolas del Continente, a pesar de que aún España no había renunciado a su soberanía sobre ellas.

¿Quiere decir esto que no fueron sinceras las palabras del Mensaje de Monroe? ¿Quiere decir esto que la conducta del Gobierno de los Estados Unidos para con España contradecía aquella afirmación? De ninguna manera. Los Estados Unidos, frente al conflicto armado entre España y sus colonias, se mantuvieron imparciales; pero cuando los acontecimientos llegaron a evidenciar que el éxito estaba de parte de los insurrectos; que con respecto a España, ni el estado de sus asuntos interiores, ni su debilidad, permitían que su situación mejorase y que sólo por una obstinada terquedad pretendía mantener una soberanía que era puramente nominal, se decidieron a reconocer la independencia de los nuevos Estados.

Tan es así, que si se ocurre al testimonio de los documentos oficiales del Gobierno de los Estados Unidos, relacionados con el citado conflicto, se verá que desde los comienzos de éste se hicieron ostensibles las simpatías del pueblo norteamericano por la causa de la insurrección, y que si los hombres del Gobierno mantuvieron la neutralidad de la nación, fué por no apartarse del cumplimiento de los deberes internacionales, para con una nación amiga, que les trazaba esa línea de conducta.

Vamos a examinar los más importantes de esos documentos; aquellos que revelan cuál fué la actitud del Gobierno de los Estados Unidos frente al conflicto de España con sus colonias, y cuáles las circunstancias que llevaron a dicho Gobierno a reconocer los nuevos Estados.

En 5 de noviembre de 1811, el Presidente James Madison expuso en un Mensaje al Congreso que la situación revolucionaria de las colonias españolas del continente meridional y su futuro destino eran motivos que requerían la atención del Gobierno, que debía estar preparado para lo que en el futuro pudiera ocurrir. La Cámara de Representantes remitió este asunto a informe de una Comisión Especial designada al efecto, y ésta propuso la adopción de una resolución conjunta, que no se llegó a aprobar, en la que se debía expresar que los Estados Unidos habían de ver con simpatía que las provincias españolas de la América del Sur se establecieran como naciones independientes y soberanas; que, como vecinos del mismo hemisferio, hacían votos por su prosperidad, y que tan pronto como asumieran la condición de naciones, por el legítimo ejercicio de sus derechos, el Senado y la Cámara de Representantes concurrirían con el Ejecutivo a establecer las más estrechas relaciones.

Por esta misma época, el Sr. Palacio Fajardo, a título de Agente del Gobierno de Cartagena de Indias, quiso establecer relaciones diplomáticas con el Gobierno de los Estados Unidos, y a ese efecto inició las oportunas gestiones. La Cancillería norteamericana hubo de rechazarlas, según reza un documento de fecha 29 de octubre de 1812, que vamos a reproducir porque revela, no obstante su concisión, que los Estados Unidos observaban la suerte de sus vecinos del Sur con marcada simpatía, la que no podía hacer ostensible, de manera oficial, sin romper sus buenas relaciones con España. Dice así ese documento:

M. Palacio, Esquire:

Los Estados Unidos se encuentran en paz con España y no pueden, con ocasión de la lucha que ésta mantiene con sus diferentes posesiones, dar ningún paso que comprometa su neutralidad. Pero al propio tiempo, bueno es reconocer que como habitantes del mismo hemisferio, el Gobierno y el pueblo de los Estados Unidos se interesan vivamente por la prosperidad de sus vecinos de la América del Sur y celebrarían la realización de cuanto contribuyera a fomentar su bienestar. Tengo el honor de quedar muy respetuosamente, su obediente servidor. JS. MONROE.

El propio Monroe, que como Secretario de Estado suscribió la comunicación que antecede, posteriormente, ocupando la presidencia de la República, en su Mensaje anual de dos de diciembre de 1817 hizo las siguientes observaciones con referencia al problema de la insurrección de las colonias de Hispano-América:

Como ya se ha había previsto, el conflicto entre España y sus colonias ha llegado a afectar a los Estados Unidos; por lo pronto, es natural que nuestros conciudadanos sigan con gran interés los acontecimientos en que se ven envueltos nuestros vecinos. Se previó también que el conflicto, dentro de su desarrollo, llegara a entorpecer nuestro comercio y hasta molestar a las personas e intereses de algunos ciudadanos. Todos esos temores se ha visto que eran fundados; se han recibido serias ofensas de los bandos que luchan; pero mientras tanto los Estados Unidos se mantienen neutrales e imparciales. A los dos bandos se les ha negado auxilios en hombres, dinero, barcos y municiones. El conflicto no presenta el aspecto de una rebelión o insurrección, sino más bien el de una guerra civil entre partidos o bandos cuyas fuerzas están equilibradas y que son mirados sin preferencia por los poderes neutrales. Nuestros puertos están abiertos para los dos, y en ellos les está permitido a los unos y a los otros proveerse de productos de nuestro suelo o de nuestras industrias. Y bueno es declarar desde ahora que si las mencionadas colonias llegan a obtener su independencia, no se aceptará de ellas, en el orden comercial, ni en ningún otro, ninguna ventaja que no se otorgue a las otras naciones. Si las colonias llegan a ser independientes, no se aceptará de ellas obligación alguna, para con nosotros, que no sea producto de la más franca reciprocidad.

Se ve, por los términos de este Mensaje, que la actitud del Gobierno de los Estados Unidos no correspondía a las exigencias de la verdadera neutralidad, según las reglas del derecho internacional. A los dos beligerantes se les consideraba bajo el mismo pie de igualdad, cual si la lucha estuviese entablada entre dos naciones, y no, como era realmente, entre una nación, de una parte, y de la otra unas provincias insurreccionadas. Lo que a España le estaba permitido hacer en las costas de los Estados Unidos, no les estaba prohibido a los revolucionarios, y lo que a éstos se les negaba también se le negaba a la metrópoli. Contra semejante orden de cosas protestaron los Gobiernos de España y Portugal, y el propio Presidente de la República, James Madison, en su Mensaje de 26 de diciembre del año 1816, había recomendado al Congreso que legislara en el sentido de prohibir aquellos actos que pudieran afectar y perjudicar las buenas relaciones con los países amigos.

El Congreso escuchó la voz del Presidente de la República; y por el "acta" de 20 de abril de 1818, que desde luego vino a perjudicar la situación de los sudamericanos, les fué prohibido a éstos realizar en el territorio de los Estados Unidos todos aquellos actos tendientes a prestarle auxilios materiales a la revolución.

Sin embargo, si por una parte nos encontramos con que el Gobierno de los Estados Unidos no quería alterar sus buenas relaciones con el de España, por otro lado vemos lo que antes dijimos: que los hombres del Gobierno de aquella República se sentían atraídos e identificados con la causa de los revolucionarios. Si se hubieran dejado guiar por sus sentimientos, en vez de promulgar el "acta" de neutralidad de 20 de abril de 1818, hubieran reconocido la independencia de los nuevos Estados; pero había, por el momento, varias razones que se oponían a dicho reconocimiento, de las cuales eran las más especiosas la de que no se sabía con certeza si los nuevos gobiernos ofrecerían condiciones de estabilidad, pues aún no habían regresado tres Comisionados enviados al Continente desde meses antes, precisamente con ese encargo, y la de que semejante medida equivalía a romper las buenas relaciones existentes con España, lo que por lo pronto hubiera producido el funesto resultado de interrumpir las gestiones que entonces se realizaban para obtener la cesión de la Florida.

Vamos a referir algunos detalles que comprueban que, efectivamente, este mismo año en que se promulgó el "acta" sobre neutralidad, las primeras figuras del Gobierno veían en la obra de los revolucionarios una obra justa.

Por el mes de agosto se encontraba en los Estados Unidos Manuel Hermenegildo de Aguirre, a nombre del Gobierno de Buenos Aires, gestionando su reconocimiento oficial; y al darle cuenta por escrito el Secretario de Estado, John Quincy Adams, al Presidente de la República con esa petición, después de examinar el estado de la insurrección de las distintas provincias y de afirmar que aún el poder de España no se podía estimar como definitivamente vencido, hacía el análisis de la oportunidad en que se debía hacer el reconocimiento de una nueva nacionalidad, en los siguientes términos:

Cuando el país que lucha por obtener su independencia, abate el poder de sus dominadores hasta el punto de que se puede considerar como perdida toda esperanza de recobrarlo, se puede decir que de hecho ha conseguido dicha independencia. A las naciones neutrales les toca considerar y decidir el momento en que llega esa oportunidad... Yo estoy convencido, añadió, de que la causa de los sudamericanos, su deseo de independizarse de España, es justo. Pero la justicia de esa causa, por sí sola, no puede determinarnos a hacer el reconocimiento. Una nación neutral viene obligada a hacer el reconocimiento de la discutida soberanía de un país, cuando este estado de derecho descansa en una realidad. Antes de crearse, en este caso, un orden de derecho, debe observarse si existe el de hecho; pero nunca proclamar el hecho porque asista el derecho.

Pero hay más. En esos mismos días se gestionaba por el Gobierno de la Gran Bretaña la adopción de un plan de pacificación entre España y sus colonias; y como el Ministro de la corona Británica, Lord Castlereagh, fuera a buscar por medio de Rusch, Ministro de los Estados Unidos en Londres, la cooperación de esta República, dicho diplomático contestó, a tenor de instrucciones que había recibido previamente de la Secretaría de Estado, que su nación no tomaría parte en ninguna mediación que no tuviera por base la independencia de las provincias insurreccionadas.

Mientras que en esa disposición se encontraba el Poder Ejecutivo, en el Congreso existía cierta tendencia a que se realizase cuanto antes el reconocimiento. Así lo propuso, por esta misma época, quien fué en su seno un verdadero paladín de las libertades de los pueblos de América, y a quien somos deudores, los hispanoamericanos, de eterna gratitud: el Representante por el Estado de Kentucky, Henry Clay. Presentó este congresista una moción por la que pedía el nombramiento de una misión diplomática que representara a la República ante el Gobierno del Río de la Plata; y aunque dicha proposición fué desechada por 115 votos contra 45, la lectura de las actas de la sesión y de otros documentos de aquella época denotan que si el Congreso no apoyó al ilustre Henry Clay, fué debido a que entendió que no había llegado aún la oportunidad de dar aquel paso.

En el segundo Mensaje anual dirigido por el Presidente Monroe al Congreso el 16 de noviembre del tan citado año de 1818, trató el problema de la insurrección de las colonias españolas de la manera que se verá en los siguientes párrafos:

La guerra civil entre España y sus colonias de Sud América, no lleva trazas de terminar en un futuro próximo. El informe rendido por la Comisión enviada a dichas colonias, no tardará en ser elevado.

De ese informe resulta que el Gobierno de Buenos Aires se declaró independiente en julio de 1816, pues por más que dicho Gobierno es independiente desde el año 1810, hasta aquella fecha se atribuía la representación del rey de España; que la Banda Oriental, Entre Ríos y Paraguay, así como la ciudad de Santa Fe, también son independientes, pero sin vínculo alguno que las ate a Buenos Aires; que Venezuela también declaró su independencia, pero aún lucha por ella; y que las restantes regiones de la América Meridional, excepto Montevideo y alguna que otra localidad del Este de la Plata, pertenecen a Portugal, o están aún, en cierto modo, bajo la influencia de España.

Una circular dirigida por el Gobierno de España a los Ministros de las naciones aliadas, acreditadas en dicha nación, revela que se está tratando de que ellas intervengan en el conflicto colonial; y en un Congreso que está reunido en Aix-la-Chapelle, desde septiembre, se estudia la manera de llevar a cabo esa mediación; por lo que se deduce, de lo que hasta ahora se ha observado, que probablemente el Congreso se limitará a expresar sus sentimientos, pero no a recomendar el empleo de la fuerza. Esto debe satisfacernos, pues sostenida la lucha sólo por España, la guerra, que tantas calamidades ocasiona, ha de durar poco tiempo.

Por lo demás, hasta el presente, nada hay que aconseje que los Estados Unidos se aparten de la línea de conducta que se han trazado.

El informe a que se refiere el Mensaje que en parte acabamos de transcribir, fué emitido por una Comisión, a que antes hemos aludido, enviada a la América del Sur desde el año 1817, compuesta de César A. Rodney, John Graham, Theodoric Bland y Henry M. Brackenham, éste último como Secretario, y la que llevaba el encargo de estudiar cuál era la verdadera situación de las colonias; y de acuerdo con lo ofrecido en dicho Mensaje, fué elevado aquel informe al Senado, por el Presidente de la República, en dos de diciembre del propio año.

En el Mensaje anual de 7 de diciembre de 1819 se expone el problema colonial de España con toda claridad, hasta el punto de que llama la atención que se hagan tan graves manifestaciones, como las que contiene, en un documento oficial de tan alta significación. Se decía en dicho Mensaje que en la lucha entre España y sus colonias, éstas llevaban toda la ventaja, y que no era aventurado predecir su triunfo; y se insistía en que todos los ciudadanos guardaran las reglas de la neutralidad. He aquí uno de los párrafos de dicho Mensaje:

Todas las naciones siguen atentamente el desenvolvimiento de la contienda, y a ninguna le interesa tanto este asunto como a los Estados Unidos; un pueblo celoso de sus deberes, debe observar la más estricta neutralidad; pero no hay medios de impedirle que experimente simpatías por uno de los combatientes. A impedir que a impulsos de ese sentimiento se llegue a cometer excesos, he puesto mi empeño.

Por todas partes se notaba que en día no lejano el Gobierno de los Estados Unidos iba a hacer el reconocimiento. Siempre ha sido la opinión pública la base fundamental en que ha descansado dicho Gobierno, y siendo aquélla francamente favorable al reconocimiento, presentíase que su realización era cuestión de más o menos tiempo. Veamos cómo se fueron precipitando los acontecimientos.

En sesión celebrada por la Cámara de Representantes en 20 de abril de 1820, presentó Henry Clay una moción solicitando un crédito con cargo al cual poder enviar agentes diplomáticos a las colonias de la América del Sur que se habían declarado independientes, y, al hablar en el debate que se originó, manifestó su extrañeza ante el hecho de que aún no se hubiera hecho el reconocimiento de las colonias; y atribuyéndolo a que no se quería dar ese paso sin contar con que Inglaterra había de aprobarlo, censuraba esa actitud en estos términos:

Estamos en espera, por lo visto, de que Lord Castlereagh nos diga que debemos o no hacer el reconocimiento. Vergüenza me da decirlo, pero nuestra política en los asuntos de la América del Sur depende de las indicaciones que nos haga el Ministro de Inglaterra.

La moción fué aprobada por 80 votos contra 75, pero no llegó a ser ejecutiva, pues el Gobierno aún se mantenía en la creencia de que no había llegado la oportunidad de hacer el reconocimiento.

En febrero del año siguiente, el batallador Henry Clay insistió en el envío de Ministros diplomáticos a Sur América, siendo derrotada su proposición. No se desanimó por eso. A los pocos días presentó una nueva moción, y, más afortunado esta vez, logró que fuera aprobada por ochenta y siete votos contra sesenta y ocho. Decía así dicha moción:

La Cámara de Representantes, fiel intérprete de los sentimientos del pueblo de los Estados Unidos, sigue con el mayor interés los acontecimientos que se desarrollan en las provincias españolas de la América del Sur en su lucha por alcanzar sus libertades e independencia, y le prestará al Presidente de la República el apoyo que constitucionalmente necesite para reconocer la independencia y soberanía de dichas colonias.