La Política de los Estados Unidos en el Continente Americano
Part 13
En 2 de abril de ese año Seward se dirigió a Tassara, Ministro de España en Washington, preguntándole lo que hubiera de cierto en el particular y haciéndole presente, al propio tiempo, que contra semejante proyecto los Estados Unidos no sólo protestaban, sino que en último caso lo resistirían. Tassara contestó que nada podía manifestar mientras no recibiera instrucciones de su Gobierno, y entonces Seward se dirige a Schurz, Ministro en Madrid, encareciéndole le hiciera presente a dicho Gobierno cuál era la actitud de los Estados Unidos en este asunto y el extraordinario interés con que lo veían.
En 21 de mayo y 7 de junio del mismo año, Seward vuelve a dirigirse al Ministro en Madrid para que le reitere al Gobierno de su Majestad Católica las protestas de los Estados Unidos.
El día 1º de julio Tassara le muestra al Secretario de Estado la resolución, del Gobierno de España, de anexarse a Santo Domingo; y como pocos días después el Ministro de los Estados Unidos en Madrid le pidiera instrucciones al propio Secretario, éste hubo de contestar, según despacho de 14 de agosto, que la gravedad y diversidad de los asuntos que por entonces embargaban la atención del Gobierno impedían darle una contestación terminante.
Los dominicanos no se sometieron con facilidad a la dominación española. La lucha estalló entre los nativos y los invasores, declarándose neutrales los Estados Unidos; pero, afortunadamente, convencida España de los esfuerzos y sacrificios que iba a costarle afirmar su soberanía en Santo Domingo, en abril de 1865 resolvió abandonar la empresa.
(1871). El día 1º de junio del año 1871, el Barón Gerolt, Ministro de Alemania en Washington, celebró una entrevista con Hamilton Fish, Secretario de Estado, en la que le hizo presente que su nación proyectaba realizar una demostración, en unión de otras naciones europeas, contra Venezuela, con objeto de exigirle a esta República que fuera más respetuosa con sus compromisos, que se quería que los Estados Unidos tomaran parte en dicha demostración, pero que no se les invitaría oficialmente hasta tanto no se tuviera la seguridad de que acogieran con agrado el proyecto.
El Secretario de Estado hubo de manifestar al diplomático alemán que nada le podía contestar mientras no conociera el verdadero alcance de la _demostración_, así como la forma y los límites de las operaciones militares, pues para los Estados Unidos siempre había sido objeto de preocupación cualquier acción de las naciones de Europa contra una República del Continente, y veían aumentados sus recelos y temores por lo ocurrido recientemente en Méjico.
Alemania no llevó a cabo sus planes.
(1880). Se decía, a principios del año 1880, que la Gran Bretaña pretendía adquirir determinadas islas de la costa de Honduras; y en 4 de marzo el Secretario de Estado le dirige una comunicación al Ministro en Centro América encargándole que estuviese muy al tanto de lo que hubiera en el particular, pues los Estados Unidos no podían permanecer indiferentes ante el hecho de la cesión de parte de un territorio de América a una nación de Europa.
Con motivo de otro asunto, invocó el Gobierno de Washington la doctrina de Monroe, este mismo año. Las Repúblicas de Chile, Perú y Bolivia se encontraban en guerra, por una cuestión de linderos; y como se hablara de que Francia e Inglaterra querían mediar en el conflicto, con la cooperación de los Estados Unidos, para ponerle fin, el Secretario de los Estados Unidos, el ilustre James Blaine, hizo esta declaración:
Los Estados Unidos no pertenecen al grupo de naciones de que forman parte Inglaterra y Francia, y jamás se han inmiscuído en sus controversias; pero, con respecto a las Repúblicas de este Continente, es distinta nuestra posición; y por esta razón, aunque el Gobierno está persuadido de que en este caso no guían a las naciones de Europa móviles interesados, por tener los Estados Unidos mayor cantidad de intereses políticos y comerciales que ningún otro poder, deben actuar con entera independencia.
(1881). Desde el año 1880 el Gobierno de Venezuela discutía con el de Francia acerca de unas reclamaciones que habían formulado al primero varios ciudadanos franceses; y, como no se llegara a ninguna avenencia, a mediados del año 1881, cuando se decía y parecía inminente que aquella nación europea iba a ocupar algunos puertos venezolanos, James Blaine, Secretario de Estado, le dirigió un despacho a Noyes, Ministro en París, indicándole hiciera presente al Gobierno que los Estados Unidos se ofrecían para intervenir en el asunto a fin de obtener una solución.
Consistía el plan propuesto por Blaine, en el que estaba de acuerdo el Gobierno Venezolano, en que el Gobierno de Washington enviara un Delegado a Venezuela que recaudase los fondos necesarios para ir pagando a prorrata a los acreedores extranjeros; que eran no sólo franceses, sino súbditos de otras naciones de Europa.
El Gobierno de Francia contestó que no quería entrar en prorrateos y que no admitía dilaciones. Blaine insistió, según reza una comunicación librada al Ministro en París, en 16 de diciembre, haciendo una apelación a la armonía que debía existir entre todas las Repúblicas. Sería un deplorable espectáculo, decía, que la Gran República Europea rompa las hostilidades con la República de Venezuela.
Afortunadamente el Gobierno de Francia no mantuvo su actitud.
(1884). El año 1884 el Gobierno de Washington envió un Ministro a Bolivia, que era el único país de la América en que aún no había constituído dicho Gobierno representación diplomática. Por aquella época Bolivia le disputaba al Perú la posesión del puerto de Arica, y al darle instrucciones Buchanan, Secretario de Estado, a Appleton, que fué el ministro designado, según comunicación de 1º de junio, le recomendó aconsejara a aquellos países que no se enfrascaran en luchas que los debilitasen y dieran motivo para pensar que eran incapaces de gobernarse.
Su conveniencia e independencia requieren--decía--el establecimiento y mantenimiento de un sistema político americano, diferente en todos sentidos del que por tanto tiempo ha existido en Europa; tolerar la intervención de cualquiera de los gobiernos europeos, que aún tienen asuntos pendientes en América, y permitirles que establezcan nuevas Colonias junto a nuevas repúblicas libres, sería tanto como sacrificar voluntariamente en el mismo grado nuestra independencia. Estas ideas deberían permanecer impresas en la mente de todos los americanos.
(1885). El año 1883 el Gobierno de Washington había rechazado la oferta, hecha por el de Haití, de venderle la Península de San Nicolás o la Isla Tortuga; y como llegara a conocimiento del primero que análoga proposición se le había hecho después por el segundo al Gobierno francés, en 28 de febrero de 1885, Frelinghuysen, Secretario de Estado, le dirige una comunicación a Morton, Ministro en París, para que le hiciera presente al Ministro de Relaciones Exteriores que la adquisición por Francia de cualquier porción del territorio haitiano sería considerada como una infracción de la política de los Estados Unidos, conocida por la doctrina de Monroe.
(1886). A mediados del año 1886, Scott, Ministro de los Estados Unidos en Caracas, le comunicó a Bayard, Secretario de Estado, que el Ministro de Inglaterra y él habían acordado indicarles a sus respectivos Gobiernos la conveniencia de que se unieran para formular conjuntamente a Venezuela ciertas reclamaciones pendientes.
Según reza una comunicación de 14 de octubre, Bayard contestó al diplomático que de la reclamación podía derivarse un acto de fuerza, y que estaba en desacuerdo con la política de los Estados Unidos unirse a una nación europea en circunstancias semejantes.
(1888). A fines del año 1888 corría el rumor de que el Gobierno Francés proyectaba constituir un protectorado sobre Haití, y en 21 de diciembre, Bayard, Secretario de Estado, se dirigió a Mc-Lane, Ministro en París, con el encargo de que le hiciera saber a aquel Gobierno que semejantes proyectos estaban en abierta contradicción con la política de los Estados Unidos.
Queremos que se entienda siempre--le decía--que no nos apartaremos de la política nuestra, que consiste en impedir que parte alguna del territorio americano sea objeto de nueva colonización por parte de alguna potencia europea.
(1894-1899). Con ocasión del conflicto surgido entre Inglaterra y la República de Venezuela, el año de 1895, aplicaron los Estados Unidos con tal energía y decisión la doctrina de Monroe, que se puede decir, con propiedad, que es el caso más importante de los que ocupan lugar en la relación que venimos haciendo.
Desde el año 1840 venía quejándose el Gobierno de Venezuela de que los límites de la Guayana Inglesa se iban extendiendo en perjuicio de aquella República; y, ya cansada, en 1881 pidió a la Corona Británica que accediera a someter la cuestión a un arbitraje. En distintas ocasiones, en los años posteriores, reiteró esa petición; y como ésta no fuera aceptada, en 1897 dió por terminadas sus relaciones diplomáticas con la nación inglesa.
A pesar de esto, la Gran Bretaña no cejaba en su actitud. Cada vez se mostraba más abusiva con la débil República Sud-Americana y amenazaba apropiarse de todo el dilatado territorio que corre desde la Guayana Inglesa hasta la misma boca del río Orinoco.
El Gobierno de Washington en diversas ocasiones quiso intervenir en el asunto para ponerle término, y, al fin, en las postrimerías del año 1894, se decidió a actuar de una manera más eficaz, según vamos a ver inmediatamente.
El Presidente Grover Cleveland, en el mensaje que dirigió al Congreso en tres de diciembre de 1894, y al tratar de los asuntos exteriores, se refirió a dicho particular en los siguientes términos:
La cuestión de los linderos de la Guayana Inglesa, aún es objeto de disputa entre la Gran Bretaña y Venezuela. En la inteligencia de que un acuerdo justo sería conveniente para ambas partes y que, consecuentes con nuestra política, debemos eliminar cuanto pueda ser objeto de contienda entre las naciones de este hemisferio y las del otro, me he esforzado en conseguir que las dos naciones reanuden sus relaciones diplomáticas y sometan la cuestión a un arbitraje; siendo esto lo que desea Venezuela, y a lo que no se ha de negar Inglaterra, a menos que quiera contradecir los principios que a menudo proclama.
El Congreso acogió la idea del Presidente de la República con el mayor calor. En 22 de febrero de 1895, se votó la siguiente resolución conjunta:
Se resuelve, por el Senado y la Cámara de Representantes, que el plan sugerido por el Presidente de la República en su último Mensaje, consistente en que la Gran Bretaña y Venezuela sometan su controversia a un tribunal de arbitraje, es objeto de la adhesión de este cuerpo y esperamos sea acogido por las dos partes.
El Gobierno de la Gran Bretaña no quiso seguir la recomendación del Presidente y del Congreso de los Estados Unidos; y, en vista de esto, en 20 de julio del propio año, Olney, Secretario de Estado, dirigió a Bayard, Embajador en Londres, una famosa "nota" que debía leer a Lord Salisbury, Ministro de la Corona, y que es uno de los documentos más notables expedidos por la Cancillería norteamericana.
Comienza dicha nota por hacer una extensa relación de todos los antecedentes del caso, y a renglón seguido dice que, dados los términos en que está planteado y las posibles consecuencias que del mismo se podrían derivar, los Estados Unidos se ven obligados a intervenir en al asunto, consecuentes con su constante adhesión a la doctrina de Monroe. No se contenta Olney con esta alegación. Para demostrar lo exacto de su afirmación, hace un extenso estudio de cómo surgió la doctrina de Monroe y cuál es su verdadero alcance.
Dice que veinte años después de haber aconsejado Washington a la nación, en su famoso discurso de despedida, que se mantuviera siempre alejada de los planes y controversias de Europa, cuando se vió que los Estados Unidos aumentaban en importancia y poderío, se cayó en la cuenta de que el principio de no mezclarse los americanos en los asuntos europeos, necesitaba un complemento, que era el de que los europeos tampoco se inmiscuyeran en los asuntos americanos.
Este sentimiento, decía, hizo nacer la doctrina de Monroe; doctrina que los estadistas no se han limitado a enunciar, sino que han tenido el buen cuidado de hacerle saber a Europa que su desconocimiento, en cualquier caso, se consideraría como un acto de enemistad o de provocación hacia los Estados Unidos.
Explica el verdadero sentido y la verdadera significación de la doctrina de Monroe, en estos términos:
En los primeros tiempos de promulgada la doctrina de Monroe, parecía como que Europa nunca la iba a respetar; pero con el tiempo la ha ido aceptando, y hoy nos interesa mucho se sepa que cualquier acto de una nación europea, que la infrinja, ha de ser considerado como una manifestación de enemistad hacia los Estados Unidos. Es por eso por lo que resulta del mayor interés fijar, precisar el alcance de dicha doctrina. No significa un protectorado ejercido por los Estados Unidos sobre todas las naciones de América; no se la puede invocar, por una nación de este continente, para eludir el cumplimiento de obligaciones legítimamente contraídas y exigibles según el derecho internacional; ni le impide a la nación europea que sea acreedora en esas obligaciones, el ejercicio de los medios que estime adecuados para hacerlas respetar. No nos faculta para mezclarnos en los asuntos interiores de las naciones de este hemisferio, ni en las relaciones de éstas entre sí. No podemos alterar la forma de gobierno de esas naciones, y si éstas la quieren cambiar, hemos de respetar su voluntad. La doctrina de Monroe no tiene más que un alcance: impedir que una o varias naciones de Europa se mezclen en los asuntos interiores de las de América, ya para variar su forma de gobierno, ya con cualquier otro propósito.
Nadie puede negar que hemos considerado siempre esas normas como parte de nuestro derecho público. Fué precisamente la Gran Bretaña la nación que hubo de sugerir a la administración de Monroe la idea de promulgar la doctrina en cuestión, y la adhesión que desde un principio hubo de demostrarle no ha sido desmentida en ninguna oportunidad; sin que por esto querramos decir que la doctrina no tuviera, desde sus orígenes, un carácter eminentemente americano. En su mantenimiento estaban vinculadas la seguridad y la prosperidad de los Estados Unidos; el Gabinete que la adoptó, antes de enunciarla la estudió con todo detenimiento, figurando entre los miembros de dicho cuerpo John Quincy Adams, Calhoum, Crawford y Wilt, quienes consultaron y tuvieron en cuenta los pareceres de Jefferson y Madison; y cuando el pueblo la conoció, la acogió con verdadero calor, sin distinciones políticas.
Hace después una relación de los casos más importantes en que se ha invocado la doctrina de Monroe, y añade:
La relación que antecede, demuestra no solamente que en múltiples casos ha sido aplicada la doctrina de Monroe, sino también que la controversia sobre los linderos de Venezuela es de esos casos en que resulta pertinente la aplicación de dicha doctrina. En tal virtud, y tratándose de una doctrina acogida por el derecho público americano, no podemos disimular su aplicación en cualquier caso que surja, sean cuales fueren las circunstancias en que éste se produzca. Tal como nosotros la hemos definido y aplicado, no se le puede dirigir ninguna objeción; descansa en principios que son irrebatibles. Las tres mil millas de Océano que nos separan de Europa, proclaman que física y geográficamente es improcedente todo lazo o nexo político que se pretenda establecer entre los dos continentes. Europa, como con gran juicio observó Washington, tiene un conjunto de intereses que sólo a ella le puede preocupar y con los cuales nada tiene que ver la América. Cada una de las grandes potencias europeas, por ejemplo, tiene que mantener un ejército enorme y una marina formidable, a fin de protegerse contra las demás potencias. ¿Qué conseguirían las naciones de América teniendo que hacer lo mismo, cuando después de todo los problemas que preocupan a las naciones europeas a ellas no les interesan? ¿Qué tenemos nosotros que ver, pongamos por caso, con los problemas de Turquía? Si nos mezcláramos en sus luchas, con seguridad que tendríamos que cargar con los gastos y las pérdidas que resultasen, pero sin obtener ventajas ni beneficios.
Si eso podemos decir en cuanto a los intereses materiales, otro tanto podemos afirmar en cuanto a los morales. Los intereses morales que preocupan a Europa son totalmente distintos de los que preocupan a la América. Europa, con excepción de Francia, se mantiene adicta a los principios monárquicos, mientras que en América, por el contrario, se rinde culto al principio de que cada pueblo tiene derecho a escoger su propio gobierno; principio mantenido con verdadero interés por los Estados Unidos, empeñados siempre en demostrar que en las instituciones liberales está vinculada la prosperidad nacional y la felicidad de los ciudadanos. Es por esto por lo que siempre hemos considerado ofensivo para la América que Europa pretenda extender su sistema político a este Continente; y como quiera que son los Estados Unidos la única nación americana que está en condiciones de resistir cualquiera agresión que en ese sentido se pudiera hacer, de ahí nuestra actitud en casos como éste.
¿Es cierto que la prosperidad y la seguridad de los Estados Unidos hasta tal punto están empeñadas en el hecho de que las naciones de América mantengan su independencia, que en caso de agresión a una de éstas están compelidos a defenderla? Desde luego que sí. Todas las naciones de la América, tanto las del Norte como las del Sur, por su proximidad geográfica, por la simpatía que las une y por haber establecido todas el gobierno constitucional, son amigas y aliadas, tanto comercial como políticamente, de los Estados Unidos; y si permitiéramos que alguna nación de Europa dominara a una de aquéllas, perderíamos todas las ventajas de nuestra posición. Pero hay más. El pueblo de los Estados Unidos tiene un interés vital en el mantenimiento del principio del gobierno popular, por nosotros proclamado a costa de mucha sangre y muchos sacrificios y arraigado con admirable lozanía; y hasta tal punto tenemos fe en dicho principio, que entendemos que el grado de civilización de un pueblo se puede medir por el mayor o menor esplendor con que lo mantenga. Dominado por este sentimiento el pueblo de los Estados Unidos, no es de extrañar que se mantenga tan adicto a esa causa. Pero ya pasó la edad de las cruzadas: si los Estados Unidos mantienen con tanta devoción el principio del gobierno popular, es porque en su sostenimiento está vinculada su seguridad y su prosperidad. Es por esto por lo que no toleramos que ninguna nación de Europa controle a una de la América.
Tenemos que prevenirnos contra ese mal; y si podemos, debemos evitar que ocurran las circunstancias que puedan acarrearlo. Las naciones cristianas, en sus relaciones entre sí, deben mantener análogos principios a los que regulan la conducta de los hombres. Los estados más fuertes están obligados a enseñar, con su ejemplo, que los pueblos se deben gobernar de acuerdo con las reglas del derecho y la justicia. Cuando un estado poderoso se sienta tentado del deseo de engrandecerse a costa de otros, debe tener presente que, por lo mismo que es poderoso, no debe hacer mal uso de su fuerza. Los Estados Unidos, de hecho, son soberanos en este Continente; y al mezclarse en esta cuestión, lo hacen invocando títulos muy legítimos. Si se mezclan en esta cuestión, es no sólo por razones de amistad y de civilización, no sólo por su invariable adhesión a los principios de justicia y equidad, sino porque sus enormes recursos y su aislamiento los hacen dueños de la situación y les exigen que se pongan frente a las pretensiones de los otros estados.
Todas las ventajas de esta superioridad las perderíamos si alguno de los estados de América se convirtiera en colonia de una nación europea. Perderíamos nuestras ventajas desde el momento en que cada nación de Europa tuviera en América una base de operaciones contra nosotros. Las ventajas que adquiera una potencia, querrían conseguirla también las otras; y, en definitiva, el espectáculo de las luchas por el reparto de Africa tendría un nuevo escenario en la América. Se comenzaría por el reparto de los países menos fuertes; pero, en definitiva, toda la América del Sur sería objeto de reparto entre las potencias de Europa. Las consecuencias que de semejante orden de cosas se derivaría, serían desastrosas para los Estados Unidos. Perderíamos toda nuestra autoridad y todo nuestro prestigio, y en definitiva no vendríamos a significar nada en la comunidad de las naciones desde el momento en que tuviéramos a nuestras puertas a los que en la paz vendrían a ser nuestros rivales y nuestros enemigos en caso de guerra. Hasta ahora, afortunadamente, no hemos necesitado acumular los enormes recursos militares con que cuentan otras naciones, y quizás de esto dependa, en gran parte, no sólo nuestra riqueza, sino hasta la felicidad de los ciudadanos. Nuestras condiciones variarían desde el momento en que las naciones de Europa tuvieran posiciones en este Continente. Por lo pronto, nos veríamos obligados a armarnos hasta los dientes; nuestra juventud tendría que ingresar en la marina o en el ejército, y, al distraerla de las industrias de la paz, suprimiríamos en gran parte nuestra poderosa energía productora.