Part 12

(1852). En 22 de febrero de 1850 el Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Santo Domingo se dirigió a los Cónsules de los Estados Unidos, la Gran Bretaña y Francia, pidiéndoles que ocurrieran a sus respectivos Gobiernos a fin de que éstos promediaran y pusieran término a la guerra que venía sosteniendo aquella República con Haití. Las tres poderosas naciones aceptaron el encargo e iniciaron sus gestiones; y en la primavera del año 1851 obtuvieron del Gobierno Haitiano una solución que al parecer conjuraba el conflicto. Y como hubiera rumores de que Inglaterra acariciaba el proyecto de establecer una estación carbonera en la bahía de Samaná, los Estados Unidos se previnieron. Así lo revela una comunicación que en 17 de diciembre de 1852 le dirigió Everett, Secretario de Estado, a Rives, Ministro en París, y que contiene éste, entre otros extremos:

Si le consintiéramos a alguna de las naciones que se distingue por su poderío marítimo, el obtener ventajas exclusivas en algunas de las islas antillanas, las otras potencias la querrían imitar y en definitiva el Archipiélago se convertiría en un teatro de luchas por alcanzar territorios y ventajas, lo que sería fatal para la paz del mundo.

(1858). Por el otoño del año 1858 llegó a conocimiento del Gobierno de Washington que en España se preparaba una expedición militar contra Méjico, y en 21 de octubre Cass, Secretario de Estado, le dió instrucciones a Dodge, Ministro en Madrid, para que le hiciera saber al Gobierno de España que aunque los Estados Unidos no podían evitar que una nación europea le declarase la guerra a una República de América, no consentirían que, como consecuencia de esa guerra, la primera alcanzara ventajas territoriales en perjuicio de la segunda.

Por esta misma época el Ministro de España en los Estados Unidos visitaba al Secretario de Estado para significarle que la demostración proyectada por su Gobierno sólo tenía por objeto demandarle al de Méjico una reparación de los perjuicios causados en las vidas y haciendas de muchos súbditos españoles; y como si esto fuera poco, en 2 de diciembre el Secretario de Estado se dirigió de nuevo al Ministro de los Estados Unidos en Madrid, encareciéndole le hiciera saber al Ministro de Relaciones Exteriores que los Estados Unidos consideraban a Méjico como completamente libre de futuras conquistas, y que cualquier empeño por adquirir territorios en esa República sería considerado como un acto de enemistad hacia los Estados Unidos.

Por este mismo año, y con otra ocasión, el Gobierno de Washington tuvo oportunidad de invocar la "Doctrina de Monroe".

Se decía que en territorio de los Estados Unidos se había preparado una expedición contra el Gobierno de Nicaragua, y éste, creyendo que a esa empresa no era ajeno el Gobierno de Washington, pidió protección a Francia y a Inglaterra. El Secretario de Estado del Gobierno de los Estados Unidos se dirigió al Gobierno de Londres, no sólo para afirmar que el Gobierno de Washington era ajeno a la referida expedición, sino para hacerle saber a la Gran Bretaña que ni a ésta ni a ninguna nación europea se le consentiría la realización de acto alguno de fuerza. He aquí algunos de los términos de la comunicación que al efecto hubo de dirigir Cass al Ministro en Londres en 26 de noviembre de 1858:

Nuestras razones están fundadas en la situación política del continente americano, que tiene intereses que le son peculiares (y debería tener una política propia) y están separadas de las innumerables cuestiones que tan a menudo se presentan en el antiguo continente acerca del equilibrio europeo y otros temas discutibles, que provienen de las condiciones de sus estados y que frecuentemente se resuelven o encuentran su solución por medio de la guerra. Para los Estados de este Hemisferio es de capital importancia no mezclarse con las potencias del Viejo Mundo, porque mezclándose se verían irresistiblemente arrastrados a tomar parte en guerras que ningún beneficio les reportarían, y que es posible, a menudo, las obligaran a luchar con Estados Americanos, vecinos o remotos. Los años que han transcurrido desde que los Estados Unidos anunciaron este principio, han demostrado su sabiduría al pueblo norteamericano y han servido para fortificar su resolución de mantenerlo a toda costa.

(1859). Por el mes de abril del año 1859 se encontraba Méjico en estado de revolución, estando la ciudad de Veracruz en poder de los revolucionarios. Inglaterra, que tenía pendientes algunas reclamaciones contra esta República, determinó ocupar aquella ciudad; pero, gracias al éxito de las gestiones realizadas por el Ministro de los Estados Unidos en Londres, que pidió se detuviera toda acción hasta que se restableciera totalmente la normalidad en Méjico, y las que le fueron confiadas por el Secretario de Estado según despacho de 12 de mayo del año a que nos referimos, no se llevó a cabo la ocupación proyectada.

(1860-1867). Por el año 1860 parecía evidente que Inglaterra, Francia y España, aprovechándose de la caótica situación que existía en Méjico, donde imperaban dos gobiernos, el de Juárez y el de Miramón, se aprestaban a sacar partido de esa situación. Pero frente a su actitud y frente a sus actos de hostilidad se colocó el Gobierno de Washington en la forma que vamos a ver.

A mediados de julio, Lord Lyons, Embajador de la Gran Bretaña, invitó al Gobierno de los Estados Unidos a que se uniera al de su país y al de Francia en el propósito, que tenían éstos, de invitar a los gobiernos de Juárez y Miramón a convocar una Asamblea Nacional que resolviera todas las cuestiones pendientes. El Presidente Buchanan negóse a tomar parte en esa mediación, alegando no solamente que ninguna nación debía inmiscuirse en los asuntos de otra, sino que semejante acción podía desacreditar al Gobierno de Juárez, en cuya eficacia y solvencia confiaban los Estados Unidos.

A fines de agosto, el Encargado de Negocios de Francia en Washington se dirigió a la Secretaría de Estado con análoga pretensión; solicitó de los Estados Unidos que cooperaran con Inglaterra y con su nación a intervenir en los asuntos interiores de Méjico.

Negóse a ello Cass, Secretario de Estado, quien le hizo al diplomático francés las siguientes declaraciones:

Los Estados Unidos no le niegan a Francia el derecho de establecer cualquier reclamación contra el Gobierno de Méjico, apoyándola en la fuerza si fuere necesario; pero la ocupación permanente de cualquier parte del territorio mejicano por un poder extranjero, o cualquier tentativa para mezclarse en sus asuntos interiores o influir en su desenvolvimiento político, sería vista con gran desagrado por nosotros... Nuestra política en esta materia es bien conocida, como bien conocida es nuestra constante adhesión a la misma.

Por esa misma época, es decir, a mediados del año 1860, como llegase a conocimiento del Gobierno de Washington que el de España había despachado una importante escuadra a Veracruz, con instrucciones de atacarla si el Gobierno de Juárez no daba satisfacción a ciertas reclamaciones que se le habían presentado, dispuso el envío de otra escuadra a aquella ciudad, con el encargo no sólo de defender los intereses de los norteamericanos que peligraran, sino de evitar, de cualquier manera, que la expedición española realizara acto alguno de violencia contra Méjico.

Esto se le hizo saber por el Secretario de Estado a Tassara, Embajador de España en Washington, quien aseguró que su nación no quería ocupar territorio ni ejercer influencia en los destinos de Méjico. Además, el propio Secretario, en 7 de septiembre de 1860, le dió instrucciones a Preston, Ministro en España, para que le hiciera saber al Gobierno de esta nación que, a juicio del de los Estados Unidos, las diferencias con Méjico podían solucionarse amistosamente y que parecía muy oportuno recurrir a un arbitraje.

Por esta época se sabía ya que los Gobiernos de Francia e Inglaterra no eran ajenos a los proyectos y maquinaciones del de España.

El Presidente Buchanan, en su Mensaje anual de 3 de diciembre de 1860, se refirió a la situación revolucionaria de Méjico y hubo de consignar que, a su juicio, el Gobierno constitucional de Juárez había de restablecer la normalidad, brindando a todos protección adecuada.

Si esto se logra--decía--, los Gobiernos europeos no tendrán pretexto para mezclarse en los asuntos territoriales y domésticos que sólo a Méjico conciernen, y nosotros nos veremos relevados del compromiso de tener que resistir, aun por medio de la fuerza, siguiendo la tradicional política del pueblo americano, cualquier acto de aquellos gobiernos contra la integridad de nuestra vecina República.

Inglaterra, Francia y España no confiaron en que el Gobierno de Juárez atendería sus reclamaciones. En 21 de octubre del año 1861 suscribieron un Tratado por el que se decidieron a emprender una acción militar contra la República Mejicana, hasta obtener que fueran satisfechas dichas reclamaciones. Por una de las cláusulas de esa Convención se determinó que se solicitaría la adhesión, a la misma, de los Estados Unidos; y por otra se consignó que las Altas Partes Contratantes no estaban animadas del deseo de adquirir territorio ni ventajas particulares, ni tampoco del deseo de ejercer influencia alguna que pudiera afectar al derecho de la nación mejicana a escoger libremente su forma de gobierno.

En los primeros días del mes de enero de 1862 llegaron a Veracruz los contingentes de las tres naciones, y el día 14 le enviaron una nota colectiva al Gobierno de Juárez, haciendo protestas de que no era la finalidad de la intervención atentar contra la independencia de la Nación Mejicana, sino más bien cooperar a que el país saliese del estado de postración en que se encontraba. A esto contestó el Gobierno Mejicano que agradecía los propósitos de los interventores, pero que ante todo debían reembarcarse las fuerzas, e indicaba la conveniencia de que se reunieran los representantes de las naciones aliadas con otra representación del Gobierno de la República, en la ciudad de Orizaba, para tratar del arreglo de las cuestiones pendientes.

Los aliados acogieron las indicaciones del Gobierno de Juárez y designaron al general Prim, conviniendo éste con el Ministro Mejicano de Relaciones Exteriores, general Doblado, en La Soledad, en 19 de febrero de 1862, los preliminares de la Convención que se debía reunir en Orizaba y a la que concurrirían tres Comisionados, uno por cada una de las naciones aliadas, y dos Ministros del Gobierno de la República.

Pocos días después de firmado el convenio de La Soledad, desembarcaba en territorio mejicano el general Almonte, que era un contrario decidido del Gobierno de Juárez. Se le vió llamar y agrupar a los enemigos de dicho Gobierno, se le vió además moverse de acuerdo con los franceses, y no tardó en enterarse todo el mundo de que lo que tramaban éstos era ejercer una influencia decisiva en los destinos del país, procurando nada menos que levantar un trono en Méjico. Al darse cuenta de esto los expedicionarios ingleses y españoles, se retiraron para dejarles a los franceses solos la responsabilidad de sus planes.

No tardaron en romperse las hostilidades. Se generalizó la lucha entre los mejicanos, bajo la dirección del Presidente Benito Juárez, y los expedicionarios franceses mandados por el general Forey y auxiliados por algunos centenares de mejicanos mandados por Almonte. En definitiva la victoria quedó para los invasores, que entraron en la Capital en 10 de junio de 1863.

Un mes después una Junta de Notables, reunidos en la Capital, hubo de acordar establecer un Imperio con un Príncipe Católico, y ofrecerle la Corona a Maximiliano, Archiduque de Austria.

Maximiliano ocupó el trono, pero los meses que duró el Imperio transcurrieron entre luchas e intranquilidades. Los patriotas mejicanos, fieles a Benito Juárez, lejos de someterse a la monarquía, se insurreccionaron; y tras sangrienta lucha lograron vencer, y en 19 de junio de 1867 Maximiliano fué pasado por las armas.

Una famosa carta que pertenece a la Historia, escrita por Napoleón III al general Forey, Jefe de la expedición francesa, en 3 de julio de 1862, revela cuáles eran los fines que con dicha expedición se perseguían:

No faltarán gentes--decía--que os pregunten por qué vamos a gastar hombres y dinero para sentar en un trono a un príncipe austríaco. En el estado actual de la civilización del mundo, la prosperidad de América no es indiferente a la Europa, puesto que alimenta nuestra industria y hace vivir nuestro comercio. Tenemos interés en que la República de los Estados Unidos sea poderosa y próspera; pero no tenemos ninguno en que se apodere de todo el Golfo de Méjico, domine desde allí las Antillas y la América del Sud, y sea la única dispensadora de los productos del Nuevo Mundo. Dueños de Méjico, y por consiguiente de la América Central y del paso entre ambos mares, no habría en lo adelante más potencia en América que la de los Estados Unidos. Si, por el contrario, conquista Méjico su independencia y mantiene la integridad de su territorio; si por las armas de la Francia se constituye en gobierno estable, habremos puesto un dique insuperable a las invasiones de los Estados Unidos; habremos mantenido la independencia de nuestras colonias de las Antillas y de las de la ingrata España; habremos extendido nuestra influencia benéfica en el centro de la América, y esa influencia irradiará al Norte y al Mediodía, creará inmensos mercados a nuestro comercio, y procurará las materias indispensables a nuestra industria. En cuanto al Príncipe que pudiera subir al trono de Méjico, se verá obligado a obrar siempre en bien de los intereses de la Francia, no sólo por reconocimiento, sino, sobre todo, porque los de su nuevo país estarán de acuerdo con los nuestros y no podrá siquiera sostenerse sin nuestra influencia. Así, pues, nuestro honor militar comprometido; la exigencia de nuestra política; el interés de nuestra industria y de nuestro comercio; todo nos impone ahora el deber de marchar sobre la capital de Méjico, de plantar atrevidamente allí nuestra bandera, y de establecer, ya una monarquía, o bien un gobierno que prometa ser estable.

A pesar de los términos de esta carta, por el mes de enero del año 1866, Napoleón III decía tranquilamente, en plena Cámara, que el único objeto de las naciones que habían intervenido en Méjico era el de asegurar el cumplimiento de ciertas obligaciones contraídas con anterioridad.

Dice John A. Kasson, en su _Historia de la Doctrina de Monroe_, que a su juicio al Emperador francés lo guiaba no tanto el deseo de adquirir ventajas comerciales, como el de desacreditar el sistema republicano en América y quitarle todo prestigio en Europa.

Napoleón había observado--dice M. Petin--cuán antieuropea era la Doctrina Monroe; comprendía que la del quinto Presidente de los Estados Unidos era nada menos que una declaración de guerra al Viejo Mundo, y decidió mostrar a América que Europa había recogido el guante.

Casi todos los escritores que se esfuerzan en desacreditar la Doctrina de Monroe se refieren con alborozo a estos sucesos, preguntándose qué se hizo, mientras se desarrollaba, aquella famosa doctrina:

El Gobierno de los Estados Unidos, contra cuya supremacía en América se fundaba la monarquía de Maximiliano--dice el culto escritor mejicano Carlos Pereyra--, dejó pasar sin protestas cuanto hizo Napoleón.

No es exacta esta afirmación. Los Estados Unidos consignaron su protesta en diversas ocasiones contra lo que hacía Napoleón, y hay que creer a los escritores norteamericanos que afirman que si no se opusieron con la fuerza a las expediciones y planes europeos fué por estar enfrascados, en aquel entonces, en la guerra de secesión, que tan en peligro puso a la misma Unión. Buena prueba de esto la constituye el hecho de que apenas hecha la paz entre el Norte y el Sur, el Gobierno de Washington exigió y obtuvo de Napoleón que ordenara la evacuación de sus soldados del territorio mejicano.

Vamos a ver cuál fué la actitud del Gobierno de Washington en relación con los acontecimientos a que nos hemos referido.

Desde que, en 17 de julio de 1861, el Gobierno Mejicano dictó su famoso decreto sobre pago de la deuda extranjera, que produjo nada menos que el rompimiento de relaciones con los ministros de Francia y la Gran Bretaña, los Estados Unidos, deseosos de conjurar el conflicto, quisieron concertar un tratado con Méjico, por el que asumirían el pago de la deuda; pero el Gobierno de Juárez se negó a aceptar la oferta.

El día 2 de marzo del año 1862, el Gobierno de Washington dirigió una circular a las potencias aliadas en la expedición contra Méjico, en la que se consigna el desagrado con que los Estados Unidos veían dicha empresa. He aquí los términos de esa circular:

El Presidente ha contado con las seguridades dadas por los aliados sobre que no llevaban ningún fin político. Sin embargo, el Presidente considera que es su obligación comunicar a los aliados, amistosa y cándidamente, que un gobierno monárquico, establecido en Méjico, no promete ni seguridad ni permanencia: en segundo lugar, que la inestabilidad de dicha monarquía sería mayor si algún extranjero ocupara el trono: que en tal virtud el Gobierno caería instantáneamente, salvo que lo sostuvieran las alianzas europeas que, bajo la influencia de la primera invasión, constituirían verdaderamente el principio de una política de constantes intervenciones armadas por la Europa monárquica, que serían, al mismo tiempo, dañosas y contrarias al sistema de gobierno aceptado generalmente en este hemisferio. Estas opiniones están basadas sobre el conocimiento del espíritu y costumbres de los pueblos americanos. No hay duda de que en este asunto los intereses permanentes y las simpatías de nuestro país estarían del lado de las otras Repúblicas americanas.

Por la época en que se expidió dicha circular, ya los Estados Unidos estaban enfrascados en la guerra de secesión; con lo que se comprenderá que hicieron los único que les era posible: consignar su protesta.

Algunos días después, es decir, en 31 del propio mes, el Secretario Seward le dió instrucciones a Dayton, Ministro en París, para que hiciera declaraciones en el sentido de que el Gobierno de los Estados Unidos veía con verdadera inquietud que la expedición europea tuviera fines políticos.

En 26 de septiembre de 1863, al conocerse en Washington que era cosa resuelta convertir a Méjico en Monarquía, Seward de nuevo dió instrucciones a Dayton para que protestara de ese hecho ante Drouyn de l'Huys, Ministro de Relaciones Exteriores en el Gobierno de Napoleón III; y como contestara éste que dicha forma de gobierno había sido escogida por el pueblo mejicano, en 23 de octubre del propio año, Seward de nuevo le dió instrucciones a Dayton para que le hiciera saber, al Gobierno francés, que mientras en Méjico no cesara la guerra y la situación anormal y caótica en que estaba sumido, no se podía estimar que su pueblo estaba en condiciones de discurrir con cordura sobre el gobierno que convenía a sus intereses.

El día 4 de abril de 1864 la Cámara de Representantes de los Estados Unidos declaró, por el voto unánime de los que se encontraban presentes,

que los Estados Unidos, siguiendo su tradicional política, no podían reconocer en América un gobierno monárquico erigido sobre las ruinas de un gobierno republicano y bajo los auspicios de un poder europeo.

Por el mes de abril del año 1865 terminó la guerra civil en los Estados Unidos y, en 6 de noviembre de ese año, Seward dió instrucciones a Bigelow, Ministro en París, para que le hiciera saber al Gobierno de Francia que

La presencia y las operaciones del ejército francés en Méjico, que apoya a un gobierno que no descansa en la voluntad del pueblo de Méjico, era motivo de gran inquietud para los Estados Unidos, que consideraban, además, que era impracticable establecer un gobierno monárquico en dicho país.

A esta nota respondió el Gobierno de Francia con la manifestación de que el ejército abandonaría a Méjico, pero que era conveniente, antes de hacerlo, que los Estados Unidos reconocieran al Gobierno de Maximiliano; y Seward, a su vez, replicó en 6 de diciembre del citado año, 1865, que esa condición era para los Estados Unidos impracticable, toda vez que

un Gobierno monárquico era incompatible con la adhesión del pueblo americano a sus muy amadas instituciones republicanas.

Diez días después, Seward se mostró más apremiante. Le libró un despacho a Bigelow para que le formulara al Gabinete de París las siguientes declaraciones:

Primera: Los Estados Unidos desean sinceramente continuar y cultivar cordial amistad con Francia.

Segunda: Esta política será cambiada, inmediatamente, a menos que Francia considere compatible con su honor e intereses desistir de todo empeño de intervención armada en Méjico.

Napoleón III se dió cuenta de que si se negaba a retirar las tropas se iba a ver envuelto en un conflicto con los Estados Unidos, y accedió a las demandas de esta nación, sin que tuviera para ello que vencer ninguna dificultad, pues la expedición y los planes que se trató de desenvolver en Méjico, en realidad no encontraron nunca simpatías en el pueblo francés.

Los detalles de la evacuación no hay para qué referirlos. Están consignados en los documentos adjuntos al mensaje especial que en 29 de junio de 1867 dirigió el Presidente de los Estados Unidos al Congreso. Dos años después Seward visitaba a Méjico y se le prodigaban honores de héroe, confiriéndole la Academia Nacional de Ciencias el título de "Defensor de la Libertad de América".

(1864-1865). Por el mes de marzo del año 1864, con ocasión de un conflicto surgido entre España y la República del Perú, una escuadra española se presentó en las costas peruanas. En 19 de mayo Seward le dió instrucciones a Koerner, Ministro en Madrid, para que le hiciera presente al Gobierno que los Estados Unidos no podían ver con indiferencia cualquier tentativa que se hiciera para reconquistar el territorio del Perú; y, según la contestación del diplomático americano al Secretario de Estado, contenida en un despacho de tres de junio, el Primer Ministro en el Gabinete Español le hizo presente que España no tenía intención de readquirir sus antiguos dominios del Perú, ni abrigaba el propósito de mermar su independencia.

A pesar de esta declaración, la escuadra española ocupó las islas Chinchas, y Seward protestó de ese hecho, según reza la comunicación que le libró al Ministro en Madrid en 16 de junio de 1866, en la que auguraba que si España se mantenía en su propósito de ocupar las referidas islas, los Estados Unidos se verían en el caso de romper las buenas relaciones que mantenían con el Gobierno de su Majestad Católica.

Felizmente, las diferencias entre Perú y España quedaron transigidas por un tratado suscrito en 27 de enero de 1865.

(1861-1865). La acción de los españoles en el Perú, a que nos acabamos de referir, no constituye la única tentativa realizada por aquéllos para recobrar sus dominios en América. Hicieron también un esfuerzo para reanexarse a Santo Domingo; y enfrascados como estaban los Estados Unidos en su guerra civil, sólo pudieron consignar su protesta.

A principios del año 1861 se decía, como cosa corriente, que el Gobierno de España preparaba desde Cuba una expedición para tomar posesión de Santo Domingo.