Part 1

El estado de cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico

INDICE

RESUMEN EJECUTIVO

Desde 1962 hasta diciembre de 1996, Guatemala vivió un trágico enfrentamiento armado interno, cuyo devastador saldo se ha estimado en más de doscientos mil muertos y desaparecidos. Para identificar las causas que originaron el estallido de este conflicto, conocer lo que realmente sucedió y proponer acciones para superar sus consecuencias, las partes suscribieron el Acuerdo de Oslo que creaba la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH).

La imprescindible reconciliación

Las heridas que dejó el enfrentamiento armado en Guatemala son profundas y afectan a todos. Sanarlas, es una tarea necesaria y urgente, no solo para los que las sufrieron o fueron testigos de ellas, sino también para las generaciones venideras. Por ello, la CEH recogió el pensamiento de víctimas sobrevivientes, familiares de víctimas, victimarios, testigos, organizaciones sociales, indígenas, políticos, intelectuales, académicos y líderes, sobre lo que habría que hacer para iniciar un camino hacia la reconciliación. Fruto de esa consulta y de su articulación con los compromisos contenidos en los Acuerdos de Paz, surgieron las recomendaciones. La Comisión elaboró un compendio que contiene ochenta y cuatro recomendaciones.

Para dar seguimiento al cumplimiento de estas recomendaciones, los Comisionados de la CEH solicitaron expresamente el apoyo de MINUGUA, petición que fue recibida con beneplácito por parte del Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas. Así, desde la entrega del informe “Guatemala, memoria del silencio”, la Misión añadió, a los compromisos contenidos en los Acuerdos de Paz que ya venía verificando, el seguimiento a las recomendaciones formuladas por la CEH. Esta tarea deberá ser asumida por de la Comisión por la Paz y la Concordia cuya creación y puesta en marcha, aún pendiente, resulta urgente.

En el presente informe damos cuenta a los poderes del Estado y la sociedad civil en general, del estado de cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe de la CEH. El detallado análisis facilitará a cada uno de los llamados a cumplirlas, a continuar con las acciones ya iniciadas, o, por el contrario, a hacerse cargo de lo recomendado, sobre lo que nada se ha hecho, asumiendo este desafío como una oportunidad para corregir la indiferencia, contribuyendo con responsabilidad en la cuota que a cada uno de los guatemaltecos toca en el proceso de reconciliación.

Las causas del conflicto

La Comisión llegó a concluir que entre los factores profundos que determinaron el estallido del conflicto, se encontraba un Estado que se había ido construyendo sobre bases de la exclusión a las grandes mayorías, indígenas y ladinos pobres; de autoritarismo a través del cierre de los espacios políticos y la utilización de la represión; de la discriminación sistemática; de una institucionalidad anti-democrática y de la falta de voluntad de parte del Estado para impulsar un cambio.

En la práctica, a las reivindicaciones sociales que se dieron en el país para superar este estado de desigualdad, el Estado respondió con represión, elevados niveles de violencia y de control social. Guatemala fue sometida a un intenso proceso de militarización que contribuyó a fortalecer e incentivar aun más el enfrentamiento armado. En este esquema, la Inteligencia Militar, fuera de su estructura formal, utilizó informantes que implantó no sólo en el aparto estatal, sino que también en las organizaciones de la sociedad civil y en las comunidades.

Estas redes de informantes, numerosas, clandestinas y que operaron al margen de la ley y la Constitución, le proporcionaron toda la información relativa a las actividades insurgentes, lo que permitió que la Inteligencia Militar actuara como eje conductor de la estrategia contrainsurgente, pero además, le facilitó controlar y manipular la institucionalidad civil del Estado.

La utilización de informantes, ubicados dentro de las organizaciones sociales, comunidades y del propio Estado y las condiciones de clandestinidad en la que funcionaba toda la estructura de la inteligencia militar, lograron garantizar la impunidad de los autores materiales e intelectuales de graves violaciones a los derechos humanos, principalmente la tortura, las ejecuciones extra-judiciales y arbitrarias y las desapariciones forzadas.

Las violaciones a los derechos humanos

Durante el enfrentamiento armado interno, las fuerzas del Estado y grupos paramilitares afines, fueron responsables del 93% del total de las violaciones a los derechos humanos, porcentaje que incluye dos de los mecanismos mas graves, como son las ejecuciones –extra-judiciales y arbitrarias– (92%) y las desapariciones forzadas (91%).

La represión en las áreas urbanas se ejerció selectivamente, afectando en mayor medida a líderes sindicales, estudiantiles, políticos, académicos y profesionales, lo que además trajo como consecuencia un profundo debilitamiento de la sociedad civil y la pérdida de la riqueza creadora, crítica e intelectual del país.

En las regiones del interior del país en cambio, a la selectividad se sumó la masividad. Así, la mayor cantidad de víctimas, pertenecían a la etnia maya, un 83% del total. Este saldo se debió principalmente a dos razones. Primero, a que el Estado, bajo el pretexto de la supuesta afinidad que existía entre el pueblo maya y la insurgencia, ejerció una agresión indiscriminada hacia las comunidades, sin tomar en consideración su condición de población civil no combatiente y segundo, a haber sobredimensionado la capacidad bélica de la insurgencia, lo que a su vez le ayudó a magnificar intencionadamente la dimensión del enemigo interno.

La concentración territorial de las operaciones efectuadas por el Ejército, que afectaron casi de manera exclusiva a la población maya, unida a los elevados niveles de violencia y de extrema crueldad que los caracterizaron, principalmente mediante el mecanismo de las masacres –626 casos de masacres atribuibles al Ejército– permitieron a la CEH, concluir que, al menos en cinco áreas lingüísticas mayas del país, agentes del Estado, en el marco de estas operaciones contrainsurgentes, cometieron actos de genocidio.

Por su parte, la actitud obsecuente que los órganos de justicia mantuvieron hacia las autoridades responsables de estos crímenes, contribuyeron a construir un estado de impunidad y a instaurar un sentimiento de inseguridad y desconfianza desde la sociedad civil hacia el Estado.

La guerrilla fue responsable de un 3% del total de las violaciones cometidas durante el enfrentamiento armado interno. Los grupos insurgentes fueron responsables de cometer ejecuciones arbitrarias, que se dieron como parte de su estrategia de propaganda armada o como resultado de la aplicación de la llamada “justicia revolucionaria”, es decir, como sanción a los propios integrantes de la organización, presuntamente colaboradores del Ejército. También les son atribuibles la ejecución de 32 masacres, desapariciones, secuestros y privaciones a la libertad.

El balance sobre el cumplimiento de las recomendaciones de la CEH

Las recomendaciones de la CEH son comprensivas, encaminadas a reorientar el trabajo del Estado hacia políticas públicas y programas de renovación, reconciliación y justicia después de la violencia del conflicto armado interno. Las recomendaciones formuladas persiguen, por una parte, la superación de los efectos directos que el enfrentamiento armado causó en la sociedad guatemalteca a través de la violaciones a los derechos humanos y los hechos de violencia cometidos por las partes, y por otra, retoman bajo la forma de recomendación, los compromisos asumidos por las partes en los Acuerdos de Paz y que abordan la superación de las causas profundas o históricas que dieron origen al conflicto.

Señalan, en particular, medidas para preservar la memoria de las víctimas (designando un día nacional de la dignidad de las víctimas, por ejemplo); para fomentar una cultura de respeto mutuo y observancia de los derechos humanos (educación en una cultura de respeto mutuo y de paz, por ejemplo); medidas para fortalecer el proceso democrático (la reforma del ejercito, por ejemplo); y medidas de reparación.

A cinco años de la entrega del Informe de la Comisión, observamos con preocupación que los avances han sido escasos. El volumen de tareas pendientes dentro de la agenda de la reconciliación nacional, coloca a las nuevas autoridades ante el desafío de responder con altura de miras y responsabilidad, a miles de guatemaltecos que aún esperan del Estado, una respuesta que no puede continuar postergándose.

Los avances Entre lo cumplido, destacamos las acciones que se han realizado para preservar la memoria de las víctimas, la creación por acuerdo gubernativo, aunque aún pendiente su aprobación a través de una ley, del Programa Nacional de Reparación y su ente ejecutor la Comisión Nacional de Resarcimiento, la disolución del Estado Mayor Presidencial y Vicepresidencial y el reconocimiento de la competencia del Comité contra la Tortura para recibir quejas individuales.

En el marco de la desmilitarización se verificaron significativas acciones que permitirán avanzar en el proceso de reconciliación nacional, entre otras, la desactivación de los tres destacamentos que aún existían en el área Ixil y cuyo repliegue se verificó durante el segundo semestre de 2003 y la desactivación en Diciembre de 2003, del destacamento militar de Rabinal, desmantelándose parcialmente el esquema de despliegue militar contrainsurgente que aún se encontraba vigente.

Lo pendiente

El Organismo Judicial, el Ministerio Público, el Congreso y el Ejecutivo tienen un gran desafío frente a las recomendaciones que aún se encuentran pendientes y cuyo cumplimiento no debe continuar postergándose. Entre las acciones más urgentes, destacamos: Investigar todos los casos sobre ejecuciones y desapariciones forzadas y entregar la información que contribuya a esclarecer las circunstancias de los hechos y el paradero de las víctimas, especialmente en los casos de niñas y niños desaparecidos durante el enfrentamiento armado interno. Impulsar y/o agilizar la aprobación de los proyectos de ley relativos a: el acceso a archivos que contengan información sobre los niños y niñas desaparecidos, adoptados ilegalmente o separados ilegalmente de sus familias; al reconocimiento del status jurídico de ausencia por desaparición forzada para los efectos civiles que se deriven de esta condición; a los procedimientos de exhumaciones; a fortalecer por ley el Programa Nacional de Reparación y su ente ejecutor la Comisión Nacional de Resarcimiento; a la creación de la Fundación/Comisión por la Paz y la Concordia; una nueva legislación que regule y supervise los organismos de Inteligencia del Estado; la que promueva medidas específicamente orientadas a la protección de los defensores de los derechos humanos; la Ley Reguladora del Acceso a la Información sobre Asuntos Militares o Diplomáticos relativos a la Seguridad Nacional; y la clasificación y desclacificación de la información estatal reservada La adopción de medidas de dignificación a las víctimas y de difusión y enseñanza del informe de la CEH, en particular en los idiomas mayas. El reconocimiento e incorporación de mecanismos tradicionales de resolución de conflictos así como la coordinación estatal con el derecho indígena. La adopción de medidas administrativas que separen a los responsables de violaciones a los derechos humanos del ejercicio de cargos públicos. La ratificación del mecanismo de implementación de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial y la ratificación del Estatuto de Roma para la creación de la Corte Penal Internacional.

Junto con cumplirse cinco años desde que fuera entregado al país el Informe Final de la CEH, sus conclusiones y recomendaciones, la Misión entrega este informe de verificación, instando a las nuevas autoridades e instituciones del Estado, a comprometerse sinceramente con el cumplimiento de las recomendaciones de la CEH y con los compromisos contenidos en los Acuerdos de Paz que aún se encuentran pendientes, a la sociedad civil a no desmayar esfuerzos y a todos los guatemaltecos, a trabajar en la delicada y ardua tarea de sanar las heridas, porque la reconciliación nacional es una tarea de todos.

El estado de cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico

Introducción:

En Oslo, el 23 de junio de 1994, la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG y el Gobierno de Guatemala suscribieron un Acuerdo en el que se comprometían a crear una Comisión para el Esclarecimiento Histórico, CEH. Las partes encomendaron a la CEH, investigar las causas que habían dado origen al enfrentamiento armado en Guatemala; esclarecer las violaciones a los derechos humanos y los hechos de violencia cometidos durante ese período; señalar los efectos que este conflicto había ocasionado a la sociedad guatemalteca y formular un conjunto de recomendaciones que contribuyeran a alcanzar la reconciliación nacional. Las recomendaciones debían estar encaminadas a favorecer la paz y la concordia nacional, señalando en particular, medidas para preservar la memoria de las víctimas; para fomentar una cultura de respeto mutuo y observancia de los derechos humanos y para fortalecer el proceso democrático.

Las recomendaciones surgieron, en primer lugar, de la propia investigación de la Comisión así, en cada uno de los testimonios recibidos de parte de víctimas, victimarios, testigos, organizaciones y actores de la vida guatemalteca de todos los niveles y estratos sociales, se consultó respecto a que hacer para superar lo vivido. Más tarde y con el propósito de perfeccionar este proceso, la Comisión convocó al Foro Nacional sobre Recomendaciones, un proceso de reflexión pública y colectiva en el que participaron 400 personas pertenecientes a 139 organizaciones de la sociedad civil. La tercera fuente de las recomendaciones, provino de su articulación con los compromisos contenidos en los otros Acuerdos de Paz.

Además del diseño colectivo de las recomendaciones y de su articulación con los Acuerdos, es necesario señalar que el contenido de las mismas se encuentra en plena armonía con los principios básicos que en materia de reparación a víctimas de violaciones a los derechos humanos vienen gestándose al interior de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y que han sido objeto del estudio de tres relatores especiales: Theo van Boven, Luis Joinet y Cherif Bassiouni.

Concluidas sus labores de investigación, el 25 de febrero de 1999, la CEH hizo entrega de un Informe Final titulado “Guatemala: Memoria del Silencio” que incluyó un documento específico sobre las recomendaciones para ser cumplidas tanto por los poderes del Estado como por la sociedad civil y otros actores de la sociedad guatemalteca.

La tarea de dar seguimiento a las recomendaciones de la CEH fue conferida a la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala, MINUGUA, por expresa petición de los Comisionados al Secretario General de las Naciones Unidas, siendo ésta aceptada por la Asamblea General.

El presente informe entrega el resultado de la evaluación del estado de cumplimiento de las recomendaciones formuladas por la CEH y cubre el período comprendido entre el 25 de febrero de 1999 y el 31 de enero de 2004.

1. Medidas para preservar la memoria de las víctimas

La CEH identificó el rescate y preservación de la memoria histórica, individual y colectiva de las víctimas como una necesidad fundamental. Estas medidas de reparación moral persiguen dar satisfacción a las víctimas, garantizar la no repetición de las violaciones a los derechos humanos por parte del Estado y de hechos de violencia por parte de grupos insurgentes y promover el deber de recordar como condición indispensable para mantener la identidad nacional.

1.1 La Dignidad de las víctimas

La CEH recomendó implementar un proceso de dignificación a las víctimas, encomendando acciones concretas al Estado, a través del Presidente de la República y del Congreso Nacional, a la ex Comandancia de la URNG y a la sociedad guatemalteca en su conjunto. Como primera medida les recomendó realizar una solicitud de perdón.

La recomendación no se restringe a una disculpa formal. La solicitud de perdón del Estado, debía ir acompañada de un reconocimiento público y de asumir responsabilidades por las violaciones a los derechos humanos, particularmente, por las cometidas por el Ejército y las fuerzas de seguridad, responsables de un 93% del total de las violaciones cometidas durante el enfrentamiento amado interno.

Habida consideración que en forma previa a hacerse público el informe de la CEH, el Presidente Alvaro Arzú ya había formulado una petición de perdón y que la URNG había efectuado similar acción para un caso concreto, la CEH tomó nota, y recomendó que se llevaran a efecto incorporando todos los aspectos señalados. Para dar cumplimiento a lo anterior, el Gobierno del Partido de Avanzada Nacional, PAN, emitió un escueto comunicado en el que se remitió a su anterior declaración de perdón .

Por su parte, con ocasión de efectuarse la entrega de la indemnización ordenada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a los familiares de las víctimas de la masacre de las Dos Erres, el Presidente Alfonso Portillo expresó: “Hoy a mi me corresponde pedir perdón con humildad a todas las víctimas en nombre del Estado, para pedir perdón y para ser humilde también se requiere de valor. Esta solicitud de perdón nace de mi convicción de reconocer mis errores, introducir correctivos y propiciar el arrepentimiento a fin de que estos terribles hechos que tanto daño nos han causado no vuelvan a repetirse”. Si bien la declaración oficial incluyó una solicitud de perdón, su contenido careció del reconocimiento y de la aceptación de responsabilidades recomendada. Con posterioridad a esta declaración, no se verificó otra que completara estos vacíos.

El 12 de marzo de 1999, el ex-comandante Jorge Ismael Soto, en nombre de la URNG, hizo un pronunciamiento público en el que expresó “Con profundo dolor y humildad pedimos perdón a la memoria de las víctimas, a sus familiares y a las comunidades que hayan sufrido daños irreparables, injusticias u ofensas a causa de cualquier clase de excesos, equivocaciones o irresponsabilidades cometidas en el curso del enfrentamiento armado por cualquiera de los miembros, personal o colectivamente de lo que fueron las fuerzas de URNG o de sus organizaciones integrantes. Reconocemos que en casos determinados se dieron hechos que estaban en contra de nuestros principios. Lo reconocemos y lo lamentamos” .

Si bien esta declaración contiene una noción de arrepentimiento, los conceptos de “excesos”, “equivocaciones” e “irresponsabilidades” que se utilizaron, no expresaron adecuadamente un reconocimiento de responsabilidades por los hechos cometidos.

Todas las anteriores declaraciones contaron con escasa divulgación entre los familiares de las víctimas, la mayor parte de los cuales vive en las regiones más rurales y apartadas del país. Tampoco se realizó su traducción y divulgación en idiomas mayas.

El Congreso de la República también fue llamado a intervenir en este proceso de dignificación, para ello, la CEH le encomendó la emisión de una declaración solemne, destinada a reafirmar la dignidad y la honra de las víctimas, reivindicando el buen nombre de todas ellas y sus familiares. Hasta la fecha, el Congreso de la República no ha dado cumplimiento a esta recomendación .

1.2 Memoria de las víctimas

La CEH recomendó al Estado y a la sociedad guatemalteca, la adopción de medidas para conmemorar a las víctimas a través de actividades realizadas en coordinación con las organizaciones de la sociedad civil.

1.2.1 Día Nacional de la Dignidad de las víctimas de la violencia

Algunas organizaciones de la sociedad civil, entre estas, el Frente Democrático Nueva Guatemala, FDNG y la Fundación Mirna Mack, FMM , presentaron anteproyectos de ley proponiendo el día 25 de febrero como fecha conmemorativa.

Acogiendo estas solicitudes, el Congreso de la República emitió el Acuerdo Legislativo 15-2000, que declaró el 25 de febrero como día de las víctimas de la violencia. No obstante lo anterior, tres semanas después, el Presidente de la República, presentaba al pleno del Congreso una iniciativa de ley elaborada por la Secretaría de Análisis Estratégico, SAE, en la que se proponía como día de conmemoración de las víctimas el 26 de abril, día en que fuera asesinado Monseñor Gerardi . A las anteriores propuestas, se sumaron las iniciativas presentadas por la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos, COPREDEH y por el diputado Ramiro de León Carpio. Esta última proponía declarar como día conmemorativo, el segundo domingo del mes de mayo.

Finalmente, sin mediar una consulta previa con la sociedad civil, el Congreso de la República emitió el Decreto Legislativo 61-2002, que declaró el 31 de marzo como el Día Nacional de las Víctimas de la Violencia. Durante los cuatro años que han precedido a la entrega del Informe de la CEH, las organizaciones de derechos humanos han conmemorado a las víctimas el día 25 de febrero. En el caso de esta recomendación, si bien se dio cumplimiento a la designación de un día nacional para conmemorar a las víctimas, el hecho de no haber tomado en consideración a la sociedad civil, contradijo el espíritu de la recomendación.

1.2.2 La construcción de monumentos y parques públicos en memoria de las víctimas

La colocación de placas con nombres de las víctimas y la construcción de monumentos en distintos lugares del país ha significado un importante reconocimiento para los familiares y una medida de dignificación a las víctimas. No obstante que es al Estado a quien corresponde, en primer lugar, implementar estas medidas de dignificación, han sido mayoritarios los esfuerzos de la sociedad civil.

La Iglesia Católica también ha contribuido, entre otros, con un monumento ubicado en el atrio de la Catedral metropolitana, donde a menudo, personas procedentes del interior del país se acercan para ubicar el nombre de algún familiar. En el ámbito gubernamental, la Secretaría de la Paz, SEPAZ, durante la ejecución de los programas piloto de resarcimiento financió la construcción de cruces y la colocación de placas conmemorativas.

1.2.3 Nombres de víctimas a centros educativos, edificios y calles

No se ha adoptado una política gubernamental para implementar esta recomendación. Sólo fue posible constatar la asignación del nombre de Irma Flaquer –periodista víctima de desaparición forzada el 16 de octubre de 1980–, a un tramo de dos cuadras de una calle de la capital y ello, como cumplimiento a una de las obligaciones asumidas por el Gobierno de Guatemala en el marco de la solución amistosa de este caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.

En el 2002, la Instancia Multiinstitucional por la Paz y la Concordia, IM, la Procuraduría de los Derechos Humanos, PDH, la Municipalidad de Guatemala y la SEPAZ, realizaron una convocatoria para concursar en el diseño de un monumento a las víctimas del enfrentamiento armado. La obra ganadora fue seleccionada a inicios de 2003 en la Sede Central de la PDH y sería erigida en un área del Parque Morazán donada por la Municipalidad, sin embargo, su construcción aún se encuentra pendiente.

1.2.4 El carácter multicultural en el rescate de la memoria de las víctimas