Chapter 9

La Quincuagesimosegunda legislatura enfrenta una gran responsabilidad histórica. Tiene la gran oportunidad de cerrar definitivamente la puerta a la especulación financiera; tiene el privilegio de impedir el enriquecimiento de una casta que no ha sabido, en toda la historia de México, responder a los reclamos populares.

La nación nos demanda congruencia histórica y decisión revolucionaria.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El C. Presidente: Para hablar en contra, tiene la palabra el ciudadano diputado José González Torres:

- El C. José González Torres:

Señor Presidente;

Señores diputados:

De una vez por todas quiero decir no solo para el resto de este debate, sino para lo que nos pueda restar de legislatura, que todo lo que yo diga, quiero decirlo no sólo con respeto, sino con cordialidad, pero también con claridad.

No son insultos y aquí quiero referirme a lo que dijo el señor diputado Batres, los cargos que nosotros hacemos a algunas autoridades.

Si no fuera posible y legítimo decir esto, no tendría sentido la Cámara, ni que nosotros viniéramos aquí. No son palabras injuriosas las que nosotros empleamos, son cargos que hacemos que deberían ser contestados y que no lo son.

Ahora, entrando al fondo, el dictamen apoya las razones dadas por el Ejecutivo para el decreto de socialización de la banca, y luego, de la iniciativa que estamos discutiendo, para reformar la Constitución en tres de sus artículos y en el 73 por partida doble.

Considera buena la argumentación y da entre otras, dos razones a las que yo me quiero referir. La primera es que se trata de rescatar dice, integralmente para la nación, una actividad que es la banca y el crédito, de manos de los particulares, porque provocaron distorsiones en la vida social del país.

Mi comentario es éste: no se rescata para la nación, sino para el gobierno.

Entonces es el gobierno el que va a ejercer permanente y al parecer definitivamente esta actividad. Y entonces no se va a constituir en rector de la economía como se ha dicho aquí, equívocamente. Y luego me voy a referir a eso, sino el dueño.

Yo creo que son más antiguos, dicho esto con objetividad, son más antiguos los principios de doctrina del partido en 1939. Y desde esa fecha nosotros hemos proclamado esa tesis; el Estado es rector y no dueño de la economía nacional.

Pero yo veo que aquí se va cambiando el significado de los vocablos y de los conceptos, porque yo entiendo por rector y así se debe entender, el que dirige la actividad de los demás hacia un fin, de acuerdo con criterios superiores, pero él dirige. En cambio, el dueño se apropia de la cosa y la utiliza para sus fines legítimos o no, los fines personales de él.

Y lo que está pasando en este proceso de la economía de México es precisamente eso: el gobierno deja de ser rector, para convertirse en dueño de la economía y es lo que ha significado la banca. Era rector, la regulaba, la reglamentaba, vigilaba, inspeccionaba, sancionaba, en eso consiste la rectoría.

Pero ahora va a ser dueño, él es el propietario de las acciones y con las acciones de todos los bienes, derechos, etc., como ustedes saben.

La banca privada actuaba, ya se ha dicho mucho, como un instrumento de las autoridades hacendarias. No podía hacer absolutamente nada si no estaba acordado y a veces era ordenado, por ejemplo, el alza de las tasas de interés.

Se ordenaba y se decía claramente: "para estimular la inversión interna, para evitar la fuga de capitales".

Ahora consecuentemente las mismas autoridades hacendarias tenían que autorizar el que se cobrara más a los acreditados por los bancos naturalmente. No podía concebirse que hubiera pérdidas en el ejercicio de la banca. Eso era lógico, pero, repito, todo eso era regulado por las autoridades hacendarias, lo mismo digamos que Secretaría de Hacienda, que Banco de México, o que Comisión Nacional Bancaria y de Seguros.

Por tanto, lo que ha sucedido aquí es que el gobierno por otras razones que ya también se dieron y a las que ya aludiré después, al fracasar encontró en este trámite un instrumento muy expedito, con objeto de reivindicarse y de encontrar un culpable, ¿a quién?

El señor diputado Rocha hizo una serie de cargos a varios, a muchos Bancos, yo no sé, francamente, yo no voy a negar la exactitud de esos cargos, yo los ignoro, pero argumenta así, si es cierto lo que el señor diputado Rocha dice aquí y eso fue conocido por las autoridades hacendarias, yo digo ¿por qué no los fueron castigando de uno por uno? facultades tenían. (Aplausos.) Entonces si dejaron que se acumularan todas esas fallas, tantas y tan graves como se pintó aquí, pues yo creo que resulta una responsabilidad muy seria para el órgano de vigilancia que no supo ejercitar a tiempo las acciones y evitar que se siguieran cometiendo esas irregularidades. Yo creo que lo menos que se puede decir es que hubo lenidad, que hubo por lo menos una cierta tolerancia, si no es que alguna cierta connivencia, de manera que repito, yo no niego sus cargos, pero creo que resultan en contra de los organismos de Hacienda, en vez de resultar a favor. De manera que ahora se vienen a citar aquí esos cargos generalizándolos para justificar el Decreto de Expropiación. Yo creo que todo eso debió ser motivo de un proceso administrativo o penal contra el banco que cometiera tales faltas.

Nosotros no venimos a decir aquí que los bancos no han cometido ninguna falta, nosotros ya se ha dicho, venimos a defender el principio de respeto al principio de que la actividad económica debe ser predominantemente a cargo y como una actividad de los particulares. El gobierno como rector de toda la economía, eso sí, rector celoso, rector enérgico, pero rector.

En segundo lugar, y por más que se niegue aquí el Decreto de Expropiación es socializante. Se llamó de nacionalización, no hay tal nacionalización, es una socialización de la banca. Ahora, esos decretos se dice que han sido apoyados ampliamente por el pueblo, bueno, ya sabemos lo que significan esos apoyos, son forzados, se fuerza a los trabajadores, en cualquiera que sea la actividad económica en la que labore, se les fuerza y muchas veces no sólo se les fuerza, se les acarrea. Todos somos testigos de la cantidad de medios de transporte que están ahí esperando que transcurra el acto para llevar nuevamente a los acarreados a sus lugares de origen.

Todos hemos sido testigos de las presiones y se han publicado muchas veces las circulares, las notas que se envían a los sindicalizados, advirtiendo que tienen que estar en tal acto y advertidos de las sanciones, suspensión en derechos sindicales, privación de salario por tantos días, en caso de que no concurran; de manera que eso pues no prueba absolutamente nada.

Ahora, por contra, yo quiero decir esto. El Presidente de la República, poco después del decreto, no recuerdo si dos o tres o cuatro días después, en una rueda de prensa que tuvo, a la que él invitó a los representantes de los medios de comunicación social, les pidió su apoyo, les pidió que apoyaran al gobierno; naturalmente hablando bien de aquel decreto, justificándolo, etc. Y por allá algo se dijo de que cuando vean las barbas de tu vecino cortar, echa las tuyas a remojar. En buenas palabras, ésta era una amenaza a los representantes de los medios de comunicación social.

Segundo dato: varias empresas, aquí en México y en otras ciudades, quisieron hacer un acto parecido de protesta por el decreto. A esos no se les permitió.

A ellos los amenazaron con una serie de daños, de represalias y de castigos si la realizaban. Las autoridades avalaron de tal manera aquellas amenazas que los que pretendían hacer aquellos actos de protesta prefirieron desistir de eso.

Allí está el contraste: para el apoyo al gobierno, toda la presión oficial, toda la capacidad de castigo del gobierno; para las que quieren manifestar o expresar opinión en contra, todas las trabas, todas las amenazas para que el acto no se realizara. Todo eso está muy lejos de la libertad y muy lejos de la democracia.

Por otra parte, la reforma de que nos estamos ocupando en este debate es para convalidar un decreto anticonstitucional, aunque se niegue esta finalidad. Yo también voy a

quedar incluido en la categoría que ya se dijo aquí porque me estoy sustituyendo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero yo quiero decir esto: si los diputados no pueden hablar para externar una opinión y un juicio sin esperar a que falle la Corte, pues no tendría razón de ser la Cámara de Diputados. Bastaría estar citando la jurisprudencia de la Corte. No. Nosotros tenemos derecho a opinar aun en contra de lo que opine la Suprema Corte de Justicia. Nosotros somos parte, aunque seamos uno de 400, de una de las dos Cámaras del Poder Legislativo. El consenso de todos nosotros es lo que forma la opinión, y la opinión de este poder legislativo. Tan poder como la Suprema Corte de Justicia. Ella, allá que interprete, pero en el caso concreto resulta que la Suprema Corte ha dado un espectáculo deprimente: en cuanto sale el decreto, el Presidente de la Suprema Corte intempestivamente lo declara constitucional, y al día siguiente o al tercer día van todos los Magistrados en pleno a manifestar su solidaridad al Ejecutivo de la República. Esa es la independencia que debe guardar el Poder Judicial de la Federación. Esa es una garantía para ahora que emita su juicio en relación a los amparos que se han interpuesto en esta materia, definitivamente que no. Pero, independientemente de todo esto, yo quiero dejar sentada la tesis que tenemos derecho a opinar sobre la constitucionalidad de una ley o de un decreto, independientemente de lo que opine la Suprema Corte. Claro está que, para los efectos prácticos, en el momento en que la Corte emita un criterio, en relación con ese asunto será el que prevalezca, y el que reciba el apoyo de la autoridad pública. Eso de acuerdo. Pero estamos en el debate, estamos tratando de ver si ese decreto es o no constitucional, y mi opinión es que es profunda y radicalmente constitucional.

Alguien en días pasados, me parece que el martes, deploró que el Presidente de la República tuviera tanta intervención en el proceso legislativo; el Presidente de la República es el primero que se menciona con la Iniciativa de Ley; el Presidente de la República tiene derecho a veto; el Presidente de la República promulga la ley; el Presidente de la República, por último, tiene la facultad reglamentaria.

Yo no deploro eso, señores diputados, yo creo que eso está bien, no podría ser de otro modo; que el Presidente de la República, el Ejecutivo, tenga iniciativa de ley, me parece correcto. Ahora, que si se le mencionó en primer lugar, que debió ser el legislativo el primero, bueno, podría discutirse, pero debe tener iniciativa de ley el Presidente de la República.

Que tenga derecho a veto, también me parece correcto, por una sola vez, porque él sí puede ver inconvenientes en la ejecución de una ley; que sea el que lo promulgue, me parece lógico, quién otro la va a promulgar, el Ejecutivo que la va a ejecutar; y que tenga facultad reglamentaria, también me parece correcto, porque el reglamento es el medio para hacer cumplir la ley. Nosotros, con lo que nos inconformamos es con que abuse de la facultad reglamentaria, y dicte un decreto o un reglamento, no para hacer cumplir una ley que él debe hacer cumplir como Ejecutivo, sino para violar esa ley o para quitarla del escenario jurídico. Esto es lo que nos inconformamos. Y yo considero que el decreto del Presidente de la República fue a eso, no sólo contrarió la ley, algunos artículos de la Ley General de Instituciones de Crédito, sino la Constitución misma de la República, porque ese decreto fue contra los principios democráticos y libertarios que consagra la Constitución. Eso no se puede cambiar por un decreto, es absurdo admitirle al Presidente de la República esa facultad, si se admite eso, pues, con otro decreto expropia la industria, con otro el comercio, con otro los medios de comunicación social, con otro la tierra, tanto la rústica como la urbana y acabamos con todo, y en 5 minutos el Ejecutivo habría cambiado radicalmente, radicalmente la Constitución misma de la República.

Eso, en lógica y en buen derecho no se puede admitir.

Aquí se dice que no, que no es esa la finalidad de estas reformas a la Constitución, que es sólo para evitar la

reversibilidad de esa medida y yo creo que no es verdad eso, y creo que no es verdad ni conduciría por lo siguiente: primero, que no es verdad. El Presidente de la República, en una entrevista que tuvo con algunas personas dijo esto: que él era abogado y que reconocía que su decreto tenía fisuras, pero que él también reconocía que en los jurídicos de los bancos había buenos abogados que podrían descubrirlas, pero que estaba dispuesto a cerrar esas fisuras con reformas a la Constitución o como sea. Yo me quedo nomás con la primera parte, la segunda la dejamos de momento. Con reformas a la Constitución. Y es lo que ha hecho.

Ahora nos manda una Iniciativa de Ley con reformas a la Constitución para tapar las fisuras de su decreto y para que su decreto aparezca como perfectamente constitucional.

Pero ahora viene la otra parte. Vamos a suponer que fuera cierto que no se trata de eso sino que se trata simplemente de evitar que en el futuro se pudiera otorgar de nuevo la concesión del ejercicio de la banca a los particulares; vamos a suponer que eso fuera cierto. No se lograría. Si en México tan fácil que es reformar la Constitución. Ya ven en qué ratito nos vamos a echar 4 reformas a la Constitución a petición del Presidente de la República. Si el futuro Presidente de la República u otro con posterioridad - nombre no importa - si el presidente de la república en el futuro

mandara otra iniciativa de ley para volver a reformar la constitución en orden a que se pudiera otorgar de nuevo la concesión del ejercicio de la banca a particulares se aprobaría la reforma.

Hace ya mucho tiempo yo estudiaba derecho constitucional con un gran maestro que ahora es senador, don Antonio Martínez Báez, muy estimado por todos nosotros. El nos hacía notar entonces -y creo que la afirmación siga siendo válida aunque no sé si el maestro la sostenga todavía - la facilidad de reformar la Constitución. Teóricamente es de tipo rígido, rígido, es muy difícil reformarla teóricamente, pero en la práctica facilísimo. Nos hacía notar, hasta se edita en hojas substituibles que ya había desde entonces, desde hace 40 años ediciones de la Constitución en hojas substituibles, porque cada año sufre muchas reformas; entonces, la rigidez de la Constitución Mexicana es teórica, en la práctica es de lo más maleable, de lo más dúctil, se reforma con extraordinaria facilidad, de manera que la irreversibilidad del Decreto dado por el Presidente de la República no es una cosa impresionante, durará tanto cuanto quiera el Presidente de la República, el actual, el que le suceda de inmediato o periodo de por medio, estará a criterio del propio Presidente de la República.

Ya también se dijo que esto no debería ser materia del constituyente ordinario como es el Congreso, el constituyente del que nosotros formamos parte, que debería ser materia de un congreso constituyente extraordinario convocado al efecto, para reformar la estructura de la Constitución Política de México, los principios fundamentales en los cuales, pues creo que todos estemos de acuerdo, los principios estructurales fundamentales, y si no estamos de acuerdo pues queremos que se modifiquen por un procedimiento legal, democrático, pacífico y lo lograremos así, pero ahora se nos presenta esta reforma estructural a la Constitución real y política de México, con una simple reforma a la Constitución realizada por el poder constituyente ordinario que ciertamente no tiene facultades para ello.

Además, la reforma tiene por supuesto un contenido y proyecciones económicas, se refiere a la banca, pero tuvo motivos y fines políticos. En primer lugar, la revaluación personal de la figura o imagen del Presidente, eso a mí me parece indubitable, él mismo habló antes de eso ante la televisión, todos lo vimos, lo oímos o pudimos verlo y oírlo, de que era un Presidente devaluado y entonces, también para explicar la bancarrota económica de su gobierno, entonces encontró un sujeto a quien culpar y fue a la banca; la banca, digo yo, pues nunca será popular, de manera que fue bien escogido el sujeto que iba a responder, a quien se iba a echar toda la culpa y consecuentemente toda la odiosidad del pueblo mexicano. Aquí, en esta tribuna, que es para que legisle el Congreso, el Presidente de la República, que debió venir a informar, algo informó, pero luego hizo una realmente exposición de motivos muy apasionada, de los decretos que iba a promulgar ahí, desplazándolos a todos.

Y no lo hizo como debe ser una ley; aquí también se recordaba esa característica. No, con ánimo sereno, ponderado, sino después de un discurso airado, agresivo, en el cual, como señaló el pié de una fotografía publicada en la prensa diaria, no recuerdo en cuál, con gesto feroz se promulgó los referidos Decretos, aquí que es la sede del Congreso de la Unión, del Poder Legislativo de la República.

Avanzar en la otra finalidad, es avanzar firmemente en el proceso de socialización de México, por eso lo ha celebrado tanto la izquierda. Si la bandera era de ellos, y la ejecuta y cumple el Presidente de la República.

Se le ha llamado "paso decisivo" por los señores diputados de la izquierda, instrumento colosal le llamaba esta misma mañana, pero atenta contra el régimen constitucional de reconocimiento a la propiedad privada y a la libre empresa reglamentada. El estado como rector de la economía puede reglamentarlo, nunca hemos negado nosotros que la propiedad privada aún reglamentada tenga una función social, y no negamos que es el gobierno el que tiene el derecho de hacer esta reglamentación pero de acuerdo con esos criterios que no sustituyan las realidades, sino que realmente integren la reglamentación del ejercicio de esos derechos.

Se ha comparado esta expropiación con la del petróleo y con la de la banca en Francia, con Mitterrand. Yo ya he dicho en algún otra tribuna, que el parecido que se señala entre esta expropiación y la del petróleo es muy vaga, son expropiaciones, se trata de cosa muy importante; el petróleo antes, la banca ahora, sin duda, pero que hay diferencias radicales que deben citarse ahora.

En la expropiación petrolera se trataba de unas compañías en manos extranjeras; ahora la banca estaba en manos de mexicanos. En el caso de las compañías petroleras se trataba de unas compañías extranjeras que se negaron a obedecer la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o sea se rebelan contra las leyes y contra el gobierno. En el caso de la banca trabajaba con toda tranquilidad, sumisamente a las leyes, a los reglamentos y a las autoridades; no había ningún parecido entre todo eso.

Por otra parte, en la expropiación petrolera todavía a mayor abundamiento en la expropiación petrolera ciertamente México adquirió la propiedad de algo, no del petróleo. El petróleo ya era mexicano en virtud de la disposición del Artículo 27 de la Constitución de 1917. De manera que desde ese año el petróleo

era de México. Pero se adquirieron al menos las instalaciones, mediante las cuales se explotaba el petróleo. Y se evitó que salieran ganancias, regalías, etc., al extranjero.

En cambio ahora con la expropiación de la banca, México no va a ganar nada.

Va a cambiar de mano. Antes eran los particulares, ahora van a ser, va a ser el gobierno que va a ejercitar esto, naturalmente a través de funcionarios designados por él. Pero México no va a ganar nada. De manera que el supuesto parecido entre la expropiación de la banca y la del petróleo, no es real.

Definitivamente no es real. El parecido que se considera con la expropiación de la banca en Francia, ya también se ha dicho mucho, es también radicalmente distinto; en Francia el candidato socialista declara: "Yo de llegar a la Presidencia, expropiaré la banca". Hay una campaña, viene la votación, gana él. Quiere decir que el pueblo francés estuvo de acuerdo en eso. Ahí no hubo engaño; el pueblo aceptó y luego el Presidente con prudencia va tomando las medidas del caso para la estatización de la banca.

Aquí por el contrario, aquí es una cosa secreta. Nadie sabe nada. De los mismos altísimos funcionarios de la Federación fueron sorprendidos. Fue hecha de una manera agresiva, como ya lo dije, y precipitada. Aquí fue un golpe sorpresa. Allá fue el cumplimiento de un proyecto. Conocido y aceptado por la mayoría del pueblo.

En cambio aquí fue positivamente un golpe de sorpresa para todo el pueblo mexicano.

Ahora, por último, los efectos que se dice que se buscaban, se pudieron obtener sin el zarpazo en cuestión. El control, de cambios, probablemente hubiera sido útil en ese momento y siga siéndolo, digo, se podría discutir.

Pero eso se pudo haber decretado sin necesidad de la expropiación.

Se dice que fue también para la orientación de la actividad bancaria, que para beneficio del pueblo. Y arguyo de igual modo: hubiera bastado una circular de la Secretaría de Hacienda, de la Comisión Nacional Bancaria o del Banco de México, y se hubiera arreglado todo. Ellos tenían en sus manos todo el instrumental necesario para eso.

Por último, en cuanto a la sindicalización de los empleados bancarios, tampoco era necesario, pero a este respecto yo quiero recordar que el general Cárdenas, considerado por la mayoría y por la izquierda como uno de los revolucionarios más representativos, ni él se atrevió a implantarla. El consideró que la naturaleza de la actividad bancaria requería un tratamiento especial y no la decretó.

Pero en fin, independientemente de eso, también pudo lograrse sin necesidad de la estatización.

Ya para terminar, yo quiero decir una palabra también acerca de lo que dijo el señor diputado Batres, él dice que es poco lo que nos separa y que es mucho lo que nos une. Yo lo desearía vivamente, señor diputado, pero temo que sea mucho lo que nos separe, porque usted mismo dijo aquí y trató de probarlo, que el Estado tiene derecho a hacer lo que quiera y yo creo que eso, es el Estado totalitario y aquí es donde mis compañeros de partido y algunos otros diputados de esta Cámara, están de acuerdo en que no es así, en que el Estado está también limitado en sus atribuciones. Si el Estado no tiene límite, pues es el absolutismo- Estado, el Estado totalitario y no hay que hacer.

Si todo va a ser una concesión graciosa del Estado, yo creo que las libertades están condenadas a muerte. No, yo creo que tiene que haber límite, es un límite, a mi entender, triple: el límite de la razón, el límite de la libertad de las personas y el límite de la democracia.

Yo creo que en tesis tenemos que reconocer que el Estado tiene límites en su facultad legislativa y ejecutiva y que nosotros que integramos el Congreso de la Unión, también debemos tener esos límites. Los límites que impone la razón, los límites que impone el ejercicio de la libertad de todas las personas que integran la comunidad política, que se rige con las leyes que aquí se expiden y por último la democracia. ¿Qué no consiste en eso la democracia?

¿Qué no son las garantías constitucionales como las llaman los constitucionalistas, autolimitaciones que se impone el Estado, en beneficio de los particulares? Si va a quedar en manos del Estado quitarlas de una por una o todas de golpe, entonces no estamos ni remotamente en un estado democrático, estamos en un estado totalitario.