Chapter 7

Ese monstruo que se puede crear si no existen las posibilidades de participación y de ejercicio en base al 123, apartado A, para los trabajadores bancarios, puede, desde nuestro punto de vista, dejar sencillamente en manos del Estado una fuerza económica incontrolable que se puede guiar en un momento determinado, no por los intereses específicos de la nación y por todo lo que el fundamento, todo el planteamiento que se hace por la Comisión de Gobernación y puntos Constitucionales, y que se refiere a la iniciativa de Decreto.

Por esa razón nosotros nos pronunciamos definitivamente, y hacemos un llamado a los diputados progresistas, a los diputados obreros, a que consideramos con mucha seriedad y con mucha responsabilidad política la ubicación de los trabajadores bancarios.

En el momento en que discutamos en lo particular señalaremos más planteamientos por qué es una inconsecuencia política dejar a los bancarios en el apartado que aquí establece el Decreto.

Nosotros por eso queríamos referirnos, en lo fundamental, al apoyo que la fracción parlamentaria del PST dará al dictamen en lo relacionado al 28 y al 73 constitucionales, pero no dejamos de mencionar nuestra preocupación porque sencillamente se está privando al movimiento obrero organizado de una fuerza social que contribuiría definitivamente a que esta medida irreversible de la nacionalización de la banca fuese también irreversible en el sentido de que un sindicato único nacional de trabajadores bancarios pudiese contribuir, junto con la clase obrera por estar ahí junto con ellos, a la defensa de los intereses nacionales y populares, y por eso se pronuncia nuestra fracción parlamentaria, y eso sería consecuente con el programa de reforma económica del Congreso del Trabajo.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El C. Presidente: Tiene la palabra para hablar en contra el C. diputado Francisco Alvarez de la Fuente.

- El C. Francisco Alvarez de la Fuente:

Señor Presidente;

Compañeras y compañeros diputados;

Señoras y señores:

Ya en otras ocasiones hemos afirmado que el Partido Demócrata Mexicano no defiende a los banqueros cuya voracidad fue larga expresión del injusto sistema capitalista liberal en el que se explota al hombre por el hombre. Sin embargo, así como nos pronunciamos y luchamos contra la explotación del hombre contra el hombre, nos pronunciamos y luchamos contra la explotación del hombre por el Estado. Tal como sucede en los países víctimas del socialismo o comunismo y el militarismo.

Afirmamos y sostenemos que frente a la injusta concentración de la riqueza en manos de unos cuantos no ha de seguirse la falsa alternativa de capitalismo de Estado. Como sucedió con la estatización de la banca, que ahora se pretende elevar a rango constitucional.

Se menciona en los considerandos de la iniciativa que el Ejecutivo envió a esta Cámara de Diputados que los factores que obligaron a tomar la medida estatizante fueron de orden interno y externo.

Se señala entre los primeros el abuso de un régimen de libertad cambiaria, aunada a la actitud altamente especulativa de la banca privada. No se menciona, sin embargo, que tal abuso fue propiciado, entre otras cosas, por la falta de confianza en la política económica de ficción, ni que la especulación de la banca privada era avalada por el mismo gobierno, pues ella se dio a ciencia y paciencia del poder público.

Cuando se conoce un acto delictuoso y no se denuncie se hace cómplice del mismo. Todos conocemos la historia, la historia de los palos de ciego. El gobierno, dando palos de ciego, puso al libre juego de la oferta y -la demanda al peso mexicano, en desproporción con el dólar-, Tras dos fuertes devaluaciones que resintió el pueblo y que provocaron la desconfianza y la inseguridad de los ahorradores respecto a nuestra moneda, así como la especulación desenfrenada entre los poderosos empresarios y banqueros y funcionarios gubernamentales.

Los ahorradores, los pequeños ahorradores, buscaron la protección de su dinero, cada vez más devaluado, mientras que otros, unos cuantos, expatriaron sus capitales por negocios y deslealtad a la nación. Con el apoyo y el consejo de la banca privada según lo denunció el Presidente.

Pero aun cuando el Presidente López Portillo ofreció al pueblo una lista de aquellos a quienes se les denomina "sacadólares", aún estamos esperándola, por lo que el Partido Democráta Mexicano, aprovechando esta tribuna, exige en este momento al Ejecutivo que entregue esas multicitadas listas, en las que seguramente la mayor parte será de funcionarios públicos, ya que en la Comisión Especial que se constituyó par el estudio de las mismas y de la que formo parte, no ha enviado nada sustancial hasta el momento.

Es cierto que eso sucedió; empero, hay algo muy importante que conviene recordar y sobre lo que es necesario insistir ante deliberadas amnesias. Las instituciones bancarias, todas las instituciones bancarias estaban controladas por el gobierno, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, así como por la Secretaría de Hacienda. Todas las operaciones de nacionales se realizaban bajo la mirada escrutadora del Estado, la hoja del árbol no se movía como no se mueve hora sin la voluntad del Ejecutivo.

Por otra parte, como en la Constitución de la República no se permite el monopolio, salvo justificados casos de excepción, ahora, caprichosamente, se pretende adicionar un párrafo quinto al 28 constitucional para justificar el monopolio.

Por otro lado, mediante la reforma de la fracción XVIII del 73 constitucional, se pretende suprimir al poder legislativo, o sea, al Congreso de la Unión, las legítimas y convenientes facultades que le dio el Constituyente, expresas en el texto actual y que antes de disminuirse deben acrecentarse.

No existe, como señaló el diputado Osorio, paralelismo entre la nacionalización petrolera y la mal llamada nacionalización de la banca. Con la primera se rescató para México una riqueza explotada por extranjeros; la segunda constituye sólo un arrebato arbitrario del Estado. La primera sí tuvo apoyo financiero voluntario del pueblo; para la segunda se consigue a la fuerza.

Se nos habla de nacionalización de la banca que era de mexicanos, mientras que se deja a salvo a la mixta y a la extranjera, hecho que hace concluir a la fracción parlamentaria del Partido Demócrata Mexicano que se trata de una estatización de la banca privada mexicana y no de una nacionalización.

Entendemos que se nacionaliza lo que no está en manos de nacionales y sí de extranjeros y que se estatiza la economía cuando se deja exclusivamente en manos del Estado expropiándola a nacionales o a extranjeros, como sucedió a medias en el caso que nos ocupa. Se confunde muchas veces nación con Estado, argumentando que son sinónimos, lo cual es un error, como se aclara a la luz de los supuestos sobre la materia por el maestro Mota Salazar diciendo: "La nación es una comunidad asocial unida por vículos de

tradición, sentimientos, etcétera, que nace de un estado de conciencia colectiva, es un conjunto de hombres que tienen en su origen común un pasadohistórico; que contribuyen a realizar la unidad nacional. El Estado aparece cuando la nación nace a la vida política y cuando aparece una diferenciación convirtiéndose unos en gobernantes y quedando el resto en calidad de gobernados. La autoridad es un elemento fundamental del Estado, a diferencia de la nación, en la que no es básico". La nación es una comunidad social unida por vínculos de tradición, sentimientos, etcéte,ra, y mientras que en la nación no exista una autoridad capaz de ejercer su soberanía, es decir, su propio poder, no puede hablarse de Estado, éste existe cuando se consolida la autoridad. Hablar de nación es hablar del conjunto de individuos que la componen, hablar de Estado es hablar de gobierno, autoridad, soberanía; por lo tanto, no es lo mismo hablar de nacionalización que de estatización. A la banca privada mexicana se le ha estatizado, no se le ha nacionalizado. (Aplausos.)

Respecto a la fracción XIII bis que se trata de agregar al apartado B del 123 constitucional, el Partido Demócrata Mexicano expresa su desacuerdo en razón que de aprobarla significaría ubicar a los trabajadores de la banca a la fuerza en un sindicato simbólico y meramente decorativo, en el que, por lo que se ve, el régimen quisiera colocar a todos los mexicanos.

Los empleados bancarios, independientemente de que se estatice o no, tienenderecho a la sindicalización, entendiendo al sindicato como un instrumento legítimo de defensa a los justo intereses de la clase trabajadora.

Por estas y otras razones los empleados bancarios, independientemente, insistimos, de que se estatice o no a la banca privada mexicana, deben sindicalizarse bajo los términos del apartado A. Esta es la convicción y lucha del Partido Demócrata Mexicano. Contra las evidencias el Presidente electo de México, el licenciado Miguel de la Madrid, afirma que México no va al socialismo. Pero frente a las evidencias los demócratas afirmamos que lucharemos por el cambio del rumbo, por el avance hacia la democratización política, cultural y económica de este México nuestro, en el que antes que proletarios, todos podamos ser propietarios; en el que los mexicanos podamos ser más, valer más y tener más.

Por eso el Partido Demócrata Mexicano aplaudiría la justa distribución de la riqueza y la democratización de la propiedad. Y si el Estado quisiera actuar con equilibrio, equitativamente y congruente a la justicia social, con patriotismo y democracia, debería establecer mecanismos que hagan posible que los empleados bancarios sean copropietarios de dichas instituciones y que el público pueda adquirir acciones que serían nominativas, estableciendo limitaciones para evitar el acaparamiento de las mismas.

En cuanto a los inexactos juicios, ofensas y calumnias que nos dijeron los del PST, los cuales negamos, les sugerimos que en esta ocasión nos avoquemos a cuestiones que efectivamente le interesan a México, y que nos dejemos de diatribas e insultos y actuemos con altura. Que por ahora no estemos tratando asuntos ideológicos de los diversos partidos, que ya tendremos oportunidad de ello; que por esta vez no traten de quedar bien con sus amos y no tiendan cortina de humo al respecto de los hechos que nos ocupan y que son de vital importancia para la vida política y económica de México.

Por esta profunda convicción demócrata los de la fracción parlamentaria demócrata nos pronunciamos en contra de la iniciativa de Decreto enviada por el Poder Ejecutivo ante esta soberanía, como esperamos lo estén aquellos que sí quieren la justicia, pero sin la más mínima merma de la libertad.

Gracias.

El C. Presidente: Tiene la palabra el C. diputado Arnaldo Córdova, en pro.

El C. Arnaldo Córdova: Señor Presidente, Señores diputados: El Partido Socialista Unificado de México ha dejado claro en todos los foros de la opinión pública y, sobre todo, ante esta honorable representación nacional, cuál en su posición ante la nacionalización de la banca, que llevó a cabo el gobierno del presidente José López Portillo el primero de septiembre último y que culminará ahora con la elevación a rango constitucional de la facultad del Estado para prestar, de manera exclusiva, los servicios de banca y crédito.

Como lo ha señalado el Comité Central de nuestro partido, en su Cuarto Pleno, reunido recientemente, la nacionalización de la banca y el control generalizado de cambios respondían cabalmente a las necesidades más imperiosas planteadas por la situación del país. Con ello se cumplieron dos de las más importantes demandas de nuestro programa y una reivindicación que la izquierda revolucionaria y las fuerzas progresistas y democráticas de nuestro país venían planteando desde décadas atrás.

Con la nacionalización de la banca y el control efectivo de cambios se ha dado un duro golpe al sector más fuerte, consolidado y organizado de la clase dominante, el capital financiero privado, al eliminarse la concesión en su favor de los servicios de la banca y crédito, que le había permitido concentrar en sus manos los recursos financieros de la sociedad y el control de las principales empresas

productivas y comerciales del país. Ese grupo, que no sólo fue incapaz de proporcionar a nuestros sectores productivos el crédito de que estuvieron siempre urgidos, sino que fue además el elemento que propició y apoyó en primer término la fuga de divisas y la descapitalización de nuestra economía, como lo denunció acertadamente el Presidente de la República desde esta misma tribuna, por supuesto está lejos de haber sido liquidado; pero la recuperación para la nación del poder financiero abre a nuestro país nuevos derroteros no sólo en lo económico, sino también en lo político y lo social. El mayor poder económico burgués ha sido privado del mayor instrumento de poder económico: el sistema financiero en manos de particulares.

En una economía como la nuestra, capitalista y dependiente, en la que los sectores empresariales no han sabido cumplir con el cometido de dar al país una planta industrial independiente y sana, autónoma y eficaz; en el que, por añadidura, esos sectores, en lugar de satisfacer las necesidades más urgentes de los mexicanos en cuanto a bienes materiales se refiere, han despilfarrado los escasos recursos con que contamos por el camino de la especulación y el consumo suntuario de bienes inútiles, sigue siendo indispensable que el Estado se sustituya a los intereses privados y tome en sus manos los instrumentos de la economía y las finanzas que aseguren y garanticen un desarrollo menos desigual y más compartido por las amplias masas trabajadoras de México.

La nacionalización de la banca y el control de cambios modifican de manera muy importante la estructura económica de nuestro país al sumar el aparato financiero al sector estatal de la economía y al otorgar a la nación el más importante instrumento de conducción y control de las fuerzas productivas de que pueda disponerse en una sociedad capitalista. Desde luego, todo va a depender del uso que se haga de dicho instrumento, de qué tipo de política económica se siga, si se busca de manera efectiva un desarrollo independiente del país o los recursos financieros ahora en manos del Estado se emplearán en la promoción de una empresa privada que ha demostrado su total incapacidad para lograr el desarrollo de nuestra economía.

Todavía hoy, a un mes de haber sido nacionalizada la banca privada, resulta difícil saber el rumbo que nuestro sistema económico adoptará. Para nosotros, el que la medida se haya tomado desde las alturas del poder político no le resta importancia, pero introduce signos ominosos a los que todas las fuerzas progresistas, de dentro y de fuera del poder mismo, deberán prestar la mayor atención. Las masas trabajadoras han sido convocadas a apoyar sin reservas la nacionalización y éstas han respondido sin reservas, como se les pidió; pero ellas no han intervenido mínimamente en el proceso de nacionalización ni se han puesto en pie las medidas indispensables para que puedan hacer oir su voz y para que su apoyo pasivo se convierta en una gran fuerza propulsora del propio proceso nacionalizador.

En esta peligrosa coyuntura, en la que se juega el porvenir mismo del Estado, la suerte que pueda caber a los intereses privados que acaban de ser afectados y el futuro inmediato del pueblo trabajador, la postura del Partido Socialista Unificado de México resulta de una claridad meridiana. Hoy la importancia de la nacionalización no es ya lo que está a discusión, sino el camino que habrá de seguir. La iniciativa de reformas a la Constitución, que hace de los servicios de la banca y crédito facultades reservadas exclusivamente al Estado, y la Ley del Banco de México, que regulará su funcionamiento y reglamentará el control generalizado de cambios, vuelven irreversible la nacionalización de la banca; pero introducen desde el principio, de ser aprobada la propuesta presidencial, vicios de origen que acabarán deformando el sentido progresista y revolucionario de la nacionalización.

Nuestro partido concuerda con el argumento central en el que se apoya la iniciativa presidencial: "La nacionalización de la banca -dice el Presidente de la República en la exposición de motivos de su iniciativa de reformas a la Constitución- tiene trascendental importancia para que el país pueda proyectar y apoyar el proceso de desarrollo económico, social y cultural de la nación con más celeridad, con mayor sentido patriótico y democrático, con más equilibrio, de manera más equitativa racional y congruente y con mayor justicial social, por lo que el Ejecutivo a mi cargo considera que dicho principio debe ser elevado a rango constitucional, como una conquista irreversible del pueblo mexicano". Es verdad que la responsabilidad constitucional de regular y fomentar la actividad económica a cargo del Estado exige que se dote a éste de todos los instrumentos necesarios para orientar y corregir la marcha de los fenómenos económicos y que entre estos instrumentos se encuentran los servicios de banca y crédito, los que ya no pueden quedar al arbitrio de los particulares y deben salir de su órbita para entrar en la del Estado." con objeto de que el mismo pueda asegurar su funcionamiento de un modo continuo, regular y congruente con las necesidades de la colectividad" y no con las de un grupo minoritario elitista e injusto.

Exactamente por esas razones estamos de acuerdo con el contenido de la propuesta presidencial de reforma del Artículo 28 constitucional. El servicio de banca y crédito debe ser

prestado exclusivamente por el Estado a través de instituciones de carácter público y ese servicio no deberá volver a ser objeto de concesión a particulares. Las razones históricas y políticas, como se ha señalado con largueza y con abundancia de testimonios, son perfectamente claras: los privados hicieron un pésimo uso de ese servicio; saquearon los recursos financieros del país y dejaron al Estado y a la nación que representa en una situación de total indefensión financiera frente a los poderes económicos mundiales.

Se ha insistido aquí por parte de los señores diputados del PAN y del PDM que la nacionalización de la banca es anticonstitucional. No tengo idea de qué Constitución tendrán en mente. La que desde 1917 nos rige declara a la nación propietaria originaria de nuestro territorio y sus bienes, y de acuerdo con ello constituye, funda, origina la propiedad privada imponiéndole las modalidades que dicta el interés público. La nacionalización de la banca, por lo mismo, es perfectamente constitucional pues responde cumplidamente al interés de nuestra sociedad. Quienes hoy defienden a los banqueros expropiados, a decir verdad no sólo se equivocan de Constitución, se equivocan también de país y, lo que es peor, de época.

No estamos de acuerdo, empero, en la técnica jurídico-constitucional que se emplea para efectuar la reforma del texto de Artículo 28. El asunto principal, desde nuestro punto de vista, no se limita a otorgar al Estado la facultad de prestar los servicios de banca y crédito, como lo hace la iniciativa presidencial, sino que debe quedar claro, en el mismo texto constitucional, como lo dijo el señor Presidente en su informe del 1o. de septiembre último, que la banca "ha cambiado de dueño" y que ahora no son ya los particulares los propietarios del sistema bancario del país, sino que éste pasa al dominio directo de la nación, cuyo representante exclusivo es, en lo general, el Estado Federal.

La cuestión no queda saldada con hacer un agregado al Artículo 28 y menos aún en los términos en que lo hace la iniciativa presidencial. Esta propone, textualmente: "Se exceptúa también de lo previsto en la primera parte de este artículo la prestación del servicio de banca y crédito. Este servicio será prestado exclusivamente por el Estado a través de instituciones, en los términos que establezca la correspondiente ley reglamentaria".

Por su parte, el primer párrafo del Artículo 28 constitucional dice a la letra: "En los Estados Unidos Mexicanos no habrá monopolios ni estancos de ninguna clase: ni exención de impuestos; ni prohibiciones a título de protección a la industria, exceptuándose únicamente los relativos a la acuñación de moneda, a los correos, telégrafos y radiotelegrafía, a la emisión de billetes por medio de un solo banco, que contrololará el gobierno federal y a los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la reproducción de sus obras y a los que, para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora".

Como puede observarse fácilmente, en el actual texto constitucional se habla sólo de un banco único "que controlará el gobierno federal", pero no de "un sistema bancario propiedad de la nación" con exclusión de los particulares.

¿Qué quiere decir la expresión "un solo banco, que controlará el gobierno federal"? Ello parece haber quedado claro a los Constituyentes del 17, aunque no sin dificultades, como suele suceder. A interpelaciones formuladas por los diputados González y Martínez de Escobar, éste último, incluso, aclarando que la palabra "controlar" es un galicismo que quiere decir "comprobar, examinar, revisar", el presidente de la Comisión Dictaminadora correspondiente, el general Francisco J. Múgica, apoyado en las definiciones del entonces Código de Comercio, contestó: "El control de una empresa significa poseer la mitad más una de las acciones que representan el capital efectivo y, naturalmente, de allí el decirse: el control de la administración, porque un individuo que posee la mitad más una de las acciones, tiene tanto derecho cuantas son las acciones que posee; hay alguna diferencia. En las sociedades anónimas como de la que se está tratando, porque un banco tiene que ser una sociedad anónima, el gobierno tendría control de las acciones.

En las sociedades anónimas, al constituirse el consejo de administración, la mesa directiva se elige por votación, de tal manera que si el gobierno tiene el control, él poseerá la mayoría de las acciones y podrá nombrar el consejo de administración, y parece que éste tiene que nombrar al gerente".

Múgica no declaró qué "diferencia" había, pero su explicación fue aceptada por el Constituyente.

Rafael Nieto, entonces subsecretario de Hacienda y diputado constituyente por el Estado de San Luis Potosí, sin desmentir a Múgica, por su parte afirmó que la expresión "un banco único controlado por el Estado... quiere decir que excluye... la posibilidad del Banco de Estado porque el Banco de Estado no estaría controlado por el gobierno, sino que sería sencillamente un banco del gobierno". En el mejor de los casos, como puede verse, y para ello tratándose sólo del banco único de emisión, el Artículo 28 autoriza al gobierno federal a tener en propiedad únicamente la mayoría de las acciones de la sociedad, através de las cuales se ejercerá el control de la misma.

En esa perpectiva se creó en 1925 y funcionó hasta el 31 de agosto último el Banco de

México. Esa perspectiva, sin embargo, ya no corresponde a la realidad, la que ahora nos muestra un sistema nacional bancario del que es propietaria la nación representada por los poderes federales.