Chapter 4

D) Es un despojo injusto a mexicanos productivos que después de todo habían demostrado profesionalismo seriedad y efectividad en su oficio, despojo, hecho por mexicanos que han demostrado su incompetencia, irresponsabilidad y falta de probidad en el manejo de las empresas gubernamentales por ellos administradas.

E) Estas medidas van en contra de la voluntad de la Nación, manifestada en las últimas votaciones, en las cuales el pueblo dio la espalda a los voceros del totalitarismo comunista y dio su voto en favor de las libertades del pueblo de México.

F) No justifican este despojo las manifestaciones prefabricadas y pagadas con los fondos públicos, de apoyo al mencionado decreto, como lo asienta en el considerando la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales; el truco ya lo sabemos y ya no nos convence. Ya está muy gastado y es además muy contiguo. Y Suetonio en la historia de los 12 Césares describe que Nerón pagaba aplaudidores cuando concursaba en el canto y en el arte de tocar el arpa

G) No resuelve la crisis, puesto que trata de solucionar los efectos y deja intactas las causas de la misma.

H) Crea un nefasto antecedente que abre la válvula de escape a futuros despojos que nos precipitarán más a la dictadura, a la pérdida de nuestras libertades y al aumento de la corrupción.

Una última aclaración: si hemos hablado así es porque queremos vivir y seguir viviendo en la "suave patria" de López Velarde y no en la "pobre patria" que nos hereda López Portillo.

Muchas gracias por su atención.

El C. Presidente: Tiene la palabra para hablar en pro, el C. diputado Ricardo Govela Autrey.

- El C. diputado Ricardo Govela Autrey:

Señor presidente;

Compañeros diputados:

Morelos, en los "Sentimientos de la Nación",formuló el principio de que la soberanía dimana inmediatamente del pueblo, y este principio se convirtió en el motor de nuestra historia, de la lucha del pueblo por conquistar y construir su nación. Nuestra Constitución es el resultado de esta lucha, que ha quedado plasmada en el Artículo 39 constitucional, que a la letra dice: "La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno."

Como una consecuencia de este principio surge también la disposición de que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la nación. No podemos pensar en un pueblo soberano si su soberanía no abarca el territorio y la actividad de sus habitantes. Por eso el Artículo 27 de la Constitución establece: "La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicta el interés público, así como el de regular en beneficio social, el

aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública. Cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana".

Sin embargo, la política económica de los gobiernos en las últimas décadas, destinada a propiciar una creciente y acelerada acumulación del capital, a costa del trabajo del pueblo, nos ha alejado de los ideales de nuestra Constitución. Los resultados están a la vista de todos. El surgimiento de una poderosa oligarquía financiera que ha descapitalizado al país y un pueblo en condiciones cada vez más precarias de vida.

El avance económico y político de la oligarquía, que había tendido un verdadero sitio al Estado mexicano, estaba ya minando la esencia misma del sistema establecido por la Constitución; en esta situación el Presidente López Portillo nacionalizó la banca en un acto de gobierno perfectamente legitimado, con el fin de devolver al Estado la capacidad de cumplir con el papel rector de la economía nacional que la propia Constitución le ha conferido. Para darle carácter definitivo a esta medida la Cámara de Diputados discute hoy el Decreto que propone adicionar al Artículo 28 de la Constitución para establecer que el servicio público de banca y crédito será prestado exclusivamente por el Estado y no podrá ser objeto de concesión a particulares.

El Decreto presidencial de la nacionalización de la banca y la aprobación en el Congreso de las modificaciones a la Constitución para elevarla a rango constitucional son actos de soberanía, un paso más en la profundización de nuestra identidad nacional y en el cumplimiento de los anhelos del pueblo, plasmados en la Constitución. En nuestras manos está el convertir estas medidas en un instrumento para poder alcanzar una patria más independiente, más libre y más justa. El grupo parlamentario fracción obrera del Partido Socialista de los Trabajadores tiene el mandato y la convicción de votar a favor de la adición propuesta por el Ejecutivo y dictaminada por la Comisión en relación con el Artículo 28 constitucional. Siendo la nacionalización de la banca una conquista histórica del pueblo de México, y en particular de la clase obrera de nuestro país, ésta debe quedar inscrita en la ley fundamental de nuestro país.

Pero la nacionalización de la banca y su elevación a rango constitucional son medidas de una gran trascendencia política y económica que no transformarán por sí misma la realidad del sistema económico que nos ha llevado a la presente crisis.

Las empresas más importantes del país siguen estando en manos privadas y sobre todo transnacionales que seguirán descapitalizando de diferentes maneras. Una planta industrial dedicada a la producción de artículos suntuarios, con una gran dependencia tecnológica del extranjero; las mejores tierras en manos de grandes latifundistas que producen para la exportación; un sistema de comercialización con una gran cantidad de intermediarios o controlado por grandes monopolios, esta es la primera gran dificultad que enfrentará la banca nacionalizada para darle un nuevo enfoque a sus actividades. Los grandes empresarios conocen su poder y ahora se preparan a luchar para poner la banca nacional a su servicio, lo que reproduciría aumentados en poco tiempo los problemas económicos que motivaron a la nacionalización.

¿A quiénes va a dar crédito la banca? ¿Qué tipo de producción va a impulsar?

Las reformas a la fracciones X y XVIII del artículo 73 de la Constitución "otorgarán al Congreso las facultades para legislar en materia de servicios de banca y crédito, así como regular el valor relativo de la moneda extranjera".

En el Congreso quedará ahora la responsabilidad de dictar todas aquellas medidas necesarias para dar un nuevo enfoque a la banca nacional.

No se trata simplemente de cambiar de dueños, se trata de financiar un nuevo modelo de desarrollo económico. Responsabilidad también de los partidos políticos que representan los interese de los trabajadores para poder convertir esta medida en una demanda real de los mismos, cumpliendo así con los derechos que la Constitución les otorga en su Artículo 41.

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y, como organización de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público.

En torno a la formación de los sindicatos de los trabajadores bancarios se observan tres corrientes que buscan impulsar un diferente modelo de sindicato:

la oficial, que pretende imponer el sindicato desde arriba y normar sus relaciones laborales por el apartado A del 123 constitucional. La patronal, que se plantea crear sindicatos de empresa, imponer las direcciones desde arriba, y que éstos sean independientes. Dicho en otras palabras, sindicatos atomizados y divididos. Y la corriente que pugna por que el sindicato sea producto de la organización y la conciencia de la base de trabajadores, y que la dirección sindical surja desde las bases mismas para garantizar su democracia. Se propone también la creación de un Sindicato Unico Nacional de Trabajadores

Bancarios que rija sus relaciones laborales por el apartado A del Artículo 123.

La propuesta que el Ejecutivo ha enviado al Congreso para adicionar el Artículo 123 de la Constitución, y permitir que los bancarios se sindicalicen, propone que éstos vayan al apartado B.

Los diputados de los obreros, los diputados de la izquierda, deberán luchar a fondo en las discusiones de hoy por que se logre modificar la propuesta del Ejecutivo y de la Comisión Dictaminadora.

Es la clase obrera, en toda la historia de nuestro país, los trabajadores del campo y de la ciudad, los que han sabido defender con sus luchas la economía nacional. Es la clase obrera organizada la única que, ante un Estado fortalecido por la nacionalización de la banca podrá ser el equilibrio y la garantía de que esta banca no vuelva a ser puesta al servicio de los grandes monopolios.

Sin la CTM, sin el CT, sin la clase obrera, no dudamos en pensar que hoy seríamos gobernados por los banqueros. El movimiento obrero organizado requiere un reconocimiento y el movimiento obrero organizado debe ser fortalecido a través de que los trabajadores bancarios rijan sus relaciones laborales por el apartado A del Artículo 123. La clase obrera, organizada para la producción, formando empresas de propiedad social, es la base que permitirá el despegue de un nuevo desarrollo económico; la banca nacional, financiando e impulsando el desarrollo de un poderoso sector social de la economía, es la única vía para la transformación que nuestro sistema económico requiere. El grupo parlamentario del PST, en su unidad, y por acuerdo del partido, votará en contra de la adición de la fracción XIII bis al apartado B del Artículo 123. Hace algunos días el vicepresidente del Centro de Estudios Económicos y Sociales del Sector Privado advirtió: "No nos quedaremos con los brazos cruzados frente a la creciente participación del Estado en la economía; actuaremos por medio de las organizaciones cívicas y políticas para alcanzar el equilibrio necesario que requiere el país".

La nacionalización de la banca ha sido un golpe a la estrecha relación entre el capital industrial y el capital bancario en manos privadas; debilitó sus planes para apoderarse del capital político y se ha convertido en el centro de una ofensiva que está utilizando los más variados métodos, desde el amparo y la amenaza del cierre de empresas hasta el chantaje sentimental. El cinismo no ha tenido límites. Hemos escuchado de todo. A prominentes desbancados que en alguna ocasión, como lo publicó un conocido diario nacional, propusieron a sus colegas el funcionamiento de una guerrilla para presionar al gobierno, decir a pecho abierto que la generación de la riqueza es corresponsabilidad social, para distribuirla con equidad humanista, que la banca privada actuó siempre con acentuado nacionalismo y en apoyo de los proyectos nacionales. Pero la realidad, jurado infalible, ha dictado su sentencia en este juicio histórico, los hechos son los siguientes:

Para 1965 el modelo de desarrollo económico del país había concentrado en menos del 1 % de las empresas las dos terceras partes de la producción nacional, con un porciento de capital invertido de 66.34. Esas empresas, propiedad de familias o núcleos de familias que se unieron para formar grupos industriales con tendencias monopólicas, se fusionaron con instituciones bancarias existentes o fundaron nuevas, con la finalidad de allegar recursos necesarios para financiar sus actividades. Lo anterior dio origen a la fusión del capital bancario con el industrial, fusión que se consolidó con la reforma a la Ley General de Instituciones de Crédito de la década de los años setenta, esto propició aún más la concentración de capitales en unas cuantas manos; así, para 1978 Banamex concentró recursos por 144 mil millones de pesos, obtuvo ganancias netas por 1,305 millones y compró acciones en numerosas empresas por un total de 4 mil millones de pesos; Bancomer obtuvo utilidades netas por 1,517 millones y comercializó 356 millones de acciones con valor de 30 mil millones de pesos.

El auge petrolero provocó un vertiginoso crecimiento capitalista, ese mismo año, 1978, los tres principales multibancos, Bancomer, Banamex y Serfín, manejaban recursos por 363 mil millones de pesos; y dos años después, en 1980, esas mismas instituciones financieras manejaban ya recursos por un total de 767 mil millones, y junto con Comermex controlaban el 75% de los activos de la banca en México.

La fusión del capital bancario con el industrial, antes de septiembre pasado, era la característica más sobresaliente de los grupos económicos más poderosos, como en Monterrey con Serfín, Chihuahua con Comermex, observándose el predominio del capital bancario. La gran concentración de capital abonó el terreno para la fuga de capitales y constituyó a los grupos económicos privados en formidables instrumentos de presión imperialista, proporcionándoles un gran poder político, al grado de que ya no sólo el Estado estaba dejando de ser el rector de la economía, sino que la gran burguesía proimperialista estaba a punto de convertirse en la rectora de la política nacional.

De ahí que su ofensiva utilice todos los recursos; y en la medida en que se acerca la toma de posesión por Miguel de la Madrid esta ofensiva se radicaliza aún más.

Pero los trabajadores debemos estar alerta.

El auge petrolero también multiplicó las posibilidades de que el Estado dé satisfacción a las necesidades de las masas trabajadoras. La nacionalización de la banca consolida estas posibilidades; no permitiremos que se desvíe el rumbo.

Compañeros diputados: No debe extrañarnos en ningún momento que los que veneran a Iturbide, y encapucharon a Juárez, asuman, frente a medidas de profundo carácter progresista y nacionalista como las que se discuten hoy y se resolverán el día de hoy, una posición francamente antipatriótica.

El Partido Acción Nacional y el Partido Demócrata Mexicano arriba aludidos no niegan la cruz de su parroquia. Surgidos del mismo tronco: el sinarquismo, como facción semimilitar, y el panismo, como facción cívico electoral de la base, ese grupo secreto, conspirativo que enarbolaba la bandera de la lucha frontal contra el Estado una vez que la rebelión cristera fue sofocada; ambos se han opuesto tradicionalmente no sólo a la Revolución Mexicana, a los cambios sociales que ésta anunciaba y en su etapa más avanzada que fue el cardenismo, sino que califican al movimiento de Independencia como un movimiento de signo negativo, y a Juárez y a la Reforma como antinacionales, demoledores del edificio espiritual y económico de México.

El PAN y el PDM, a estas alturas del desarrollo político, económico y social de la nación, viven sumidos en el más profundo resentimiento en contra de todos aquellos que contribuyeron a liberar a México del yugo colonial, de los imperios nativos y extranjeros que trataron de imponérsenos, desde Iturbide y Maximiliano hasta el dominio de las empresas petroleras y el dólar; ligados a la Iglesia y a la banca, alentados y patrocinados por el clero y el dinero, inscriben en sus programas la defensa de un orden que garantice, proteja y defienda la iniciativa y la propiedad privada.

No muerden la mano que les da de comer. Por eso, uno como el otro se oponen a que el Estado se fortalezca, a que haga suyos los instrumentos que podrán garantizar el desarrollo económico y social de México, al retirar las concesiones que había hecho a quienes lucraron y especularon sin límite y con ello condujeron al país a una situación crítica en materia de financiamiento interno. Se opondrán, lo han hecho ya, a la iniciativa de nacionalización de la banca decretada por el presidente López Portillo. Iniciativa que ha devuelto la esperanza a las mayorías populares, en que México tiene con que hacer frente a esta crisis y salir adelante.

Se opondrán a la voluntad mayoritaria del pueblo. Seguirán manipulando y prestándose a manupulación, para fomentar el odio que debilita a la nación, traicionando incluso, por maldad o por ignorancia, la doctrina que dicen defender. Ya que la misma Iglesia, en su última carta encíclica sobre el trabajo, señala que la propiedad privada no debe ponerse sobre el trabajo y menos ser utilizada para la explotación; que está sometida al interés público y que los medios de producción deberán ser socializados cuando así lo reclame el beneficio de las mayorías.

Las fuerzas patrióticas, hoy como ayer, no permitiremos que la mentira y la traición de las fuerzas reaccionarias pasen adelante.

Agotadas nuestras reservas monetarias debido al saqueo a que fuimos sometidos el país y los mexicanos por la oligarquía financiera, personera de hecho del imperialismo estadounidense, nuestras ingentes reservas de tradición, instituciones y leyes libertarias, fueron puestas en acción por el presidente López Portillo el 1o. de septiembre.

En el uso altamente patriótico de sus facultades legales, que dan su razón de ser a un país como el nuestro, al sistema presidencialista, de acuerdo a la mejor tradición popular y nacionalista de nuestra historia insurgente, haciendo uso de la fuerza que a la acción del Estado le confiere el hecho de su alianza con el movimiento obrero organizado, reafirmando el carácter rector del Estado sobre la economía y aplicando los preceptos que en bien de la justicia social y la soberanía marca la Constitución, el presidente decretó la nacionalización de la banca y el control de cambios y restituyó el derecho de los trabajadores bancarios a su sindicalización. Con ello José López Portillo afirmó su liderazgo político como centro catalizador de la voluntad popular. La unidad entre gobierno y pueblo, que por efecto de la crisis y por la falta de una respuesta adecuada a ella se había debilitado, quedó restablecida. Se liberó a la vez la capacidad revolucionaria de los trabajadores y de todos los sectores patrióticos para unirse y movilizarse en la defensa y en la consolidación de las medidas tomadas el primero de septiembre.

Hoy el pueblo trabajador mexicano encuentra revitalizadas sus fuentes ideológicas y políticas y entra en una etapa promisoria de cuestión orgánica, con todo y la situación crítica del país persiste. La lucha por el destino de México continúa a la orden del día; de un lado las fuerzas de la reacción y el dominio extranjero y, del otro, las del cambio y la liberación.

Hoy podemos caminar juntos gobierno, obreros, campesinos, soldados, trabajadores de la banca, pequeños y medianos industriales, comerciantes y el resto de los hombres y mujeres patrióticas de México, reivindicando el derecho de la nación sobre el

mando y el control de las finanzas del país. Tenemos por delante la tarea de reconstruir la economía en su conjunto, la sociedad y la cultura.

Hoy el pueblo tiene abiertas las puertas de su unidad, de su organización y movilización, a fin de hacer de la nacionalización de la banca y el control de cambios el punto de arranque para conquistar en el próximo período un gobierno democrático de reconstrucción nacional.

Frente a los políticos y funcionarios corruptos, demagogos, burocratizados, temerosos del pueblo y alejados de él. Frente a la burguesía reaccionaria y parasitaria, junto con sus arietes políticos como el PAN y el PDM.

Frente a una parte de la izquierda que no acaba de hacer cuentas con su pasado de oportunismo, de desaciertos ideológicos y políticos. Y frente a la arrogancia y las maniobras desestabilizadoras del gobierno y la oligarquía norteamericana la nacionalización de la banca y su elevación a rango constitucional muestran en el contexto histórico, jurídico, social y político, que las hacen posibles, que el pueblo trabajador de México forjó, con la Revolución Mexicana, las normas constitucionales y las instituciones necesarias para hacer efectivo su derecho soberano a gobernar el país y a lograr la justicia y la soberanía plenas. (Aplausos.)"

El C. Presidente: Tiene la palabra, por la Comisión, el ciudadano diputado Heriberto Batres.

El C. diputado Heriberto Batres García: Con permiso de la presidencia. Quiero en primer lugar, señalar al compañero Vital Jáuregui, que hizo uso de esta tribuna por el Partido Demócrata Mexicano, que este país, nuestro país, es un país democrático, representativo y popular y tiene también un Presidente democrático, nacionalista y revolucionario. Rechazamos, por lo tanto, enérgicamente, las expresiones calumniosas del diputado Vital Jáuregui, del PDM, rechazamos también a la contrarevolución, que hace uso de la democracia para negar a la democracia, rechazamos los argumentos de la contrarevolución, que viene a hacer uso de esta tribuna para defender a los banqueros, para atacar a la reforma agraria y para querer, por sobre todo, distorsionar una Constitución y un orden jurídico revolucionario a los fines de la contra revolución.

Hemos escuchado también del Partido Acción Nacional especular sobre la pérdida de credibilidad de nuestro partido y del gobierno, cuando todos sabemos que la medida expropiatoria y de nacionalización de la banca tiene el consenso de las grandes mayorías nacionalistas y revolucionarias de México.

Más bien creemos que la situación está al revés, hay una oposición panista que pierde credibilidad cuando sólo recurre al insulto indiscriminado al gobierno y a sus actos, cuando se opone por el simple hecho de oponerse sin presentar argumentos jurídicos ni políticos. Dijo el compañero diputado Bátiz que un proyecto de ley debe tener un fin, y que como la ley o las reformas a la Constitución que se discuten carecen de motivaciones jurídicas y políticas ellos se oponen. Y esto es simple ceguera o querer oponerse por oponerse.

Las motivaciones jurídicas y políticas del acto expropiatorio de la banca y de la Iniciativa de Reformas y Adiciones a la Constitución para nacionalizar la banca están no sólo plenamente impresas en la Iniciativa del Ejecutivo, están plenamente impresas también en el Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales.

En México tres momentos históricos preceden al que hoy nos ocupa: el primero se da con la creación del Banco de Emisión Unico, en los términos de los artículos 73, fracción X, y 28 de la Constitución General de la República, que reservó al Estado de la facultad exclusiva para emitir billetes y acuñar monedas. El segundo momento histórico se da con lo que se conoció como la "mexicanización de la banca", contenida en la fracción II bis del Artículo 8 de la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares, adición establecida en esta ley en 1965.