Chapter 16

Y se han manejado dos conceptos: estatización y nacionalización. Desde luego los que aprueban la medida optan por el término de nacionalización y no la sueltan, como si fuera la alhaja más preciada; sin embargo, los que se han opuesto a la medida han usado y usamos el término estatización. Y por una razón, de alguna manera en el Código Civil se la da personalidad moral a la nación,se le confunde con la Federación. Pero más allá de ello, cualquiera que sea la definición, que por cierto no ha dado por primera vez; José Stalin, que normalmente copió sus conceptos, es un todo en el que estamos incluidos particulares y gobernantes, miembros de un partido y miembros de otros partidos, y los ciudadanos mexicanos que no están agrupados en alguna agrupación partidaria comprenden nuestro territorio, es el todo.

Y entonces nos negamos a usar la palabra, por que aquí en el proyecto dice:

"se rescata para la nación en contra de los particulares", como si los particulares no formáramos parte de la nación, como si las células fueran algo distinto del cuerpo, aunque estén subordinadas a un cerebro que, siguiendo una metáfora orgánica, metáfora, no sigo ninguna teoría organicista, fuera representada por el gobierno y por el Estado.

Se ha dicho aquí, por los que han impugnado, que esta es una medida totalitaria el término suena fuerte, pero semánticamente, si lo seguimos, veremos que hay alguna razón en ello. Totalitario quiere decir en significación política lo que quiere que el Estado sea todo, que el Estado abarque todo, que al Estado se rindan todas las voluntades en el lugar de que el Estado sirva a los ciudadanos. Y en esa medida la estatización de la banca, al procurar que una actividad tan importante esté en manos del Estado lleva al totalitarismo, y en ello no hay simple espanto, hay la convicción de que es un mal nacional, por que a mayor control de la economía por parte del Estado, a mayor control no como rector, sino como dueño, hay un agostamiento natural de todas las libertades y hay un agostamiento de la democracia. Raymond Aarón, no quiero ser pedante pero en las intervenciones verbales no se pueden poner comillas, y no es mía la idea, afirma que la civilización occidental ha progresado gracias a que han existido aparte, compensándose, tres poderes: el poder económico, el poder político y el poder religioso, que cada uno de tales poderes como tales pueden llegar a abusos, y conculcaciones de las libertades ciudadanas, pero que entre sí se compensan; entonces cuando esos tres poderes se concentran en una sola mano se agosta la libertad y se agosta la democracia.

Aquí un diputado del PSUM decía que no puede haber democracia y libertad si no hay una mayor igualdad.

Estoy de acuerdo, pero el instrumento no es la estatización, no es que él esté monopolizando los medios de producción; al contrario, ese es un medio para ir contra la igualdad, por que hay un fenómeno social que la izquierda, si es que quiere defender a los pobres, no se ha percatado y que tal vez alguna de las corrientes del PSUM empiecen a darse cuenta, o del PRT de que en el Estado se conforman clases, castas, la nueva clase de que hablaba Emilio Bangilas y que es

parte de nuestro proceso, que no toda medida estatizadora favorece al pueblo, sino que favorece a la clase política, le da más poder, le da más posibilidad de recursos económicos; le da más posibilidad de ampliarse.

Y va contra la democracia. Aquí hay un miembro alterno de la mayoría, que expresaba: hay que correr de la banca a estos derechistas. Actualmente es adlátere, pero se puede contagiar; entonces, en una economía estatizada esos clamores empiezan a hacerse mayúsculos, y entonces, de las empresas del Estado, que están abarcando un amplio margen, habrá que correr a todos los disidentes, a todos los que se opongan, a todos los que no digan sí, incondicionalmente, y así no puede avanzar la democracia. Por eso nos oponemos y nos hemos opuesto. Ha habido cuestiones subjetivas de que los que nos hemos opuesto, el PDM o el PAN, somos esto y somos esto otro; lo mismo nos califican de fascistas que se liberales individuales, de agentes de las transnacionales, de estar en combinación con el clero armando conjuras, etcétera. Simplemente estamos expresando nuestra convicción de acuerdo con nuestros programas. En el PDM, expresamente en nuestro programa, teníamos el de privatizar a las empresas paraestatales que no cumplieran una función social. De acuerdo con nuestra convicción, la banca no es un servicio público, no cumple; cumple una función social, pero no necesariamente a través del Estado. Y se han planteado cuestiones de conveniencia; se han reprochado que los que han estado en contra no han dado razones sólidas. Cabría preguntar que si los que han estado en pro han dado esas razones, por que hay un paso importantísimo, hay un paso de un régimen de propiedad hacia el otro, y entonces se han expresado generalidades. Casi ví con agradecimiento al diputado Rocha cuando empezo a dar datos sobre la banca. Se dice, pero no se había hecho un diagnóstico de la situación de la banca aquí, en los que han intervenido en pro; simples destellos de casos en los cuales se provoca la natural irritación evocando la figura de Chilok, pero no en un estudio sociológico y económico para fundamentar este paso trascendente. Y así se habló mal de los banqueros en tiempo de Maximiliano; había bancos antes de Maximiliano, habilitación de avío, de Lucas Alamán, de la minería, pero no estamos discutiendo esto, como no estamos discutiendo a Iturbide, que habrá otra sesión sobre la libertad del juicio histórico independiente, que no debe de crear una disminución de los derechos. Y se dieron ejemplos de un banquero que ganaba seis millones de pesos, y de un edificio que tenían muy alto, lo cual, por parte del sector público, es mencionar la soga en casa del ahorcado, por los grandes edificios de PEMEX, etcétera, a los cuales se hicieron referencia en el Informe Presidencial. Pero no hay un diagnóstico, no hay una solidez que diga, por su parte, aquí hubo este desorden, ¿en qué consistió el desorden? Sí, es un sistema malo como todo lo humano, y si nos oponemos no fue porque fuera bueno, sino porque el que viene es peor. Manejamos el concepto del mal menor y del mal mayor; burocratizada no va a remediar ninguno de los problemas económicos en que está inmerso México, y no se atacan a sus causas económicas, que son graves y que no están en esta coyuntura. Es cierto que lo internacional nos rodea y es parte de nuestras dificultades, pero no es todo, tenemos culpas internas,tenemos factores que nos han llevado a esta coyuntura; es la misma situación internacional, pero no todos los países tienen el endeudamiento del nuestro, no todos los países han sufrido las mismas devaluaciones, no todos tienen el mismo déficit en el presupuesto, y entonces si el diagnóstico no presenta con objetividad, con verdad, cuál es la situación, y el remedio resulta peor que la enfermedad, porque, después de todo, glorificado o no, se trata de un monopolio, y la experiencia histórica, la de México y la de todos los países, especialmente la de México, es que las empresas paraestatales operan con pérdidas en su conjunto, que no producen y que el subsidio, las transferencias que le da la sociedad productiva en manos de los particulares quiere decir que ese es el sector productivo y todas estas cuestiones no se han respondido. Vienen más inconveniencias con la estatización de la banca que con la no estatización, y por eso estoy de acuerdo con el diputado José Luis Lamadrid en que los diputados, además de ser miembros de un partido, somos representantes de la nación, y que sobre las doctrinas de nuestros partidos o las consignas está el interés de la nación, y por eso hablamos, por eso tratamos de convencer, lo mismo la mayoría, lo mismo los del pro, tratan de convencernos, aunque algunos nada más tratan de irritarnos, de insultarnos, de presentarnos como la antítesis de todo México, pero muchos sí tratan de convencer, por que hay esa función. Y en virtud de eso, aunque sabemos cuál ha sido la historia de los debates parlamentarios, conservamos esa esperanza, porque la razón, el que nuestros actos se acomoden a la razón, es parte del proceso de ominización por lo cual nos hacemos hombres. Desde chiquillos, cuando al socializarnos tratábamos de seguir los preceptos que nos daban nuestros superiores en educación, etcétera. Y entonces, diputados de la mayoría, si ustedes no ven con la luz de su razón que la situación llevó a la medida, no al control de cambios, a la medida de monopolizar la banca, que no solucionó el problema que trataba de solucionar, pues la fuga de capitales seguía y la banca, en última instancia, nada más fue un conducto autorizado por el cual se mandaban giros, órdenes de pago,

etcétera, que lo mismo se pudieron haber llevado por correo o por mensajería sin que eso fuese objeto de expropiación, si ven que un monopolio, por más que se le adorne con bellas palabras es malo aunque no exista la concurrencia perfecta a la que se refería el diputado Cordera, porque para ser banquero primero hay que tener el derecho de poderlo ser, como para tener acceso al derecho al trabajo, que no se ha cumplido, hay que tener el derecho a trabajar, auque un porcentaje de nuestra población no lo logre, y si saben cómo operan las paraestatales, cuál es su mecánica estatal, en las formas que expuso el diputado de mi partido, López Martínez, y si quieren el bien de México deben votar en contra del proyecto. Muchas gracias.

El C. Presidente: Tiene la palabra en pro el ciudadano diputado Mariano Piña Olaya.

_El C. diputado Manuel Piña Olaya: Con permiso, señor Presidente;

Honorable Asamblea:

Nuevamente el azar me vincula, en una discusión parlamentaria, a quien reconozco distinguido profesor y dilecto amigo, el diputado David Orozco Romo.

Procuraré responder a los interrogantes que tan distinguido personaje de la cultura mexicana hace a esta Asamblea; para ello voy a aceptar una sugerencia que en su momento Luis Dantón, compañero nuestro de fracción parlamentaria, nos hacía al calor del debate en Comisiones.

Dijo Luis Dantón: "Seguramente que la participación de nuestros compañeros en la Cámara, en algunos casos, se volverá clásica y habrá clásicos de la Legislatura LII". Tomo ahora prestada una expresión enfática de uno de los clásicos de esta Legislatura. Saldaña Rosell ha dicho: "No, no, no, señores", y yo repito con el mismo énfasis: David, la diferencia no es semántica, la diferencia en la apreciación, en el punto de vista, en el estudio, en el análisis y en el resultado, es una diferencia de esencia.

Con sencillez trataré de fundamentar estas palabras.

Dijo el señor Presidente en la iniciativa: "La nacionalización de la banca tiene trascendental importancia para que el país pueda proyectar y apoyar el proceso de desarrollo económico, social y cultural de la nación con mayor sentido patriótico, con más equilibrio, de manera más equitativa, racional y congruente, y con mayor justicia social."

Habla la iniciativa de nacionalización.

Dice la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, a cuyas sesiones fui convidado y asistí con la emoción social que despiertan estos actos: "La nacionalización _esta es la exposición de motivos_, la nacionalización de la banca constituye una decisión histórica que tiene su raíz en nuestro movimiento revolucionario y en la Constitución de 1917. La reforma constitucional participa de las decisiones políticas para vigorizar nuestro proyecto nacional; por ser la Constitución el instrumento del que emana el sistema de nuestro Estado social de derecho resulta consecuente que se establezca ahora como una decisión fundamental para el robustecimiento de dicho proyecto el rescate integral para la nación de una actividad que en manos de particulares demostró propiciar distorsiones serias en la economía y en la vida social del país."

Tomada la decisión trascendente del Ejecutivo Federal de retirar a los particulares la operación del servicio de la banca, corresponde a esta soberanía analizar ahora la iniciativa para adicionar el Artículo 28 de nuestra Carta Magna y conferir al Estado federal, de un modo exclusivo, la prestación de los servicios de banca y de crédito.

Continúa el dictamen: "Atribuir al Estado la facultad exclusiva en la prestación de los servicios de banca y crédito, cuando ya está asumida la decisión de excluir a los particulares de la posibilidad de operarlos, no es innecesario ni redundante pues de esta manera el propio Estado se obliga,por mandato constitucional, a no volver a concesionar dichos servicios a los particulares."

En consecuencia se trata de dos medidas paralelas que, aunque vinculadas en el mismo propósito, tienen un sentido jurídico distinto.

Mediante una, a través de un acto administrativo, se expropiaron los bienes de la banca privada, con lo cual se rescatan las concesiones respectivas.

En cambio, la reforma constitucional que nos ocupa significa la decisión del Estado mexicano de elevar, por conducto del poder constituyente permanente, al rango de supremacía constitucional una atribución exclusiva que tiene trascendencia para la orientación y rumbo del país, que consolida la rectoría del Estado sobre la economía de la nación y le permite, congruente y armónicamente, coordinar de un modo sano los fenómenos económicos.

Un acto de nacionalización no se da en el vacío histórico ni por capricho, ni como mero acto de poder. Es, por el contrario, la respuesta a una serie de condicionantes políticos, sociales y económicos que se van gestando en el curso del tiempo y que en el complejo juego de las fuerzas sociales adquieren la madurez suficiente. La gravedad y el apremio de la urgencia justifican su determinación y conjuran los peligros sociales que los aconsejaron, fin de la cita de la iniciativa.

A ello concurre la doctrina nacional e internacional, que la Comisión, que sus miembros

y que las fuentes a las que con espíritu revolucionario recurrimos, hicieron aconsejable.

Pero como esta histórica decisión ha sido convertida en esta Cámara y fuera de esta Cámara, a veces de buena fe y a veces de mala fe, pretendiendo degradar su significación política, jurídica, económica y social, los diputados de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional venimos razonadamente convencidos a elevar nuestra voz para apoyar con la fuerza de la razón y el derecho la nacionalización. Los detractores de la medida han pretendido confundir al pueblo de México y al foro internacional, argumentando la injustificación y la no necesidad de la nacionalización.

La confusión terminológica y conceptual entre estatización, expropiación, confiscación y nacionalización, propiciada interesadamente por los grupos oligopólicos, y en algunos casos gratuitamente por sus simpatizadores, seguidores o beneficiarios, nos impone la tarea de difundir desde esta tribuna el pensamiento revolucionario para el pueblo de México y en particular para todos aquellos que con su voto el 4 de julio pasado nos otorgaron su confianza y formaron el consenso nacional republicano que nos permite ser representantes populares en esta Legislatura.

Con el término nacionalización se expresa fundamentalmente el paso y la atribución de actividades y bienes privados a la propiedad colectiva y a la gestión pública; significa, en sentido amplio, el acto jurídico de la completa juspublicidad de uno o más sectores, que pasan del dominio de los sujetos privados al dominio del ente público.

Desde el punto de vista gramatical se hace referencia a cierto aspecto teleológico del fenómeno mismo en virtud del cual se pone a disposición inmediata de la nación, superando intereses particulares o de grupo, determinado sector o sectores económicos.

El acto puede denominarse impropiamente, ademas de nacionalización, estatización, estatización o expropiación, colectivización, todas estas denominaciones, prescindiendo de sus propios perfiles distintivos, se refieren al hecho de la apropiación por el ente del público de bienes o empresas privadas.

La nacionalización, en su sentido concreto y jurídico, consiste en la reserva de un sector, de una actividad o de una cierta clase de bienes que se concede al Estado con la consecuente exclusión de cualquier sujeto privado, nos dice nuestra doctrina y también la extranjera. Sólo tal reserva, con la prohibición general que a la misma se acompaña, imposibilitando la acción de los particulares, realiza la auténtica toma de posesión del sector público por parte del ente público. Se debe destacar a la reserva juspublicista, como elemento central insustituible del proceso nacionalizador; y, sin embargo, desde el punto de vista jurídico, no es solamente el único, ya que con la reserva se indica la situación o posición en que quedan los administradores desde el momento en que se acuerda, puesto que la prohibición impuesta a los particulares de continuar en la gestión de la empresa o a disfrutar de bienes de una determinada clase, nada nos dice al respecto a las reacciones que pueden darse con posterioridad.

Estos problemas han sido resueltos generalmente a través de la expropiación inmediata que está íntimamente ligada con el acto de reserva a juspublicista.

Los tratadistas afirman que la expropiación es el instrumento más eficaz para realizar el paso rápido de los bienes de los particulares al poder público, según los principios que normalmente presiden los actos de nacionalización. La expropiación, por sí sola, no acompañada de la reserva, no lograría la completa y definitiva publicidad de los sectores en cuestión. La nacionalización implica, por tanto, un cambio a favor del ente público, el orden de los sujetos legitimados en la titularidad del derecho de propiedad de los bienes o de las empresas. Y cuando se dan juntamente la expropiación y la medida de reserva a juspublicista, estaremos frente a una auténtica nacionalización de un sector económico.

A las reservas corresponde en el plano jurídico una mayor importancia en atención a los fines de una completa y definitiva juspublicidad de un determinado sector económico. Por eso, a la medida expropiatoria decretada por el titular del Ejecutivo, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, en el dictamen que ha sido sometido a consideración de esta soberanía, adicionó textualmente el parrafo final, en el que se dice que el servicio público de banca y de crédito no será objeto de confesión a los particulares, a pesar de que en la iniciativa ya el Ejecutivo decía, como proposición al Congreso, que se exceptúa también de lo previsto en la primera parte del párrafo primero de este artículo la prestación del servicio público de banca y de crédito, el que será prestado exclusivamente por el Estado. Al acto expropiatorio siguió con clara y definitiva técnica jurídica el acto de reserva publicista que nos ocupa a los tratadistas nacionales y extranjeros para perfeccionar el acto de nacionalización como lo pretendió el Ejecutivo y como lo pretendemos también los diputados que formamos la fracción parlamentaria del PRI. (Aplausos.)

Señores, la expropiación no es un acto jurídico extraño a la tradición mexicana, la Constitución mexicana del 22 de octubre de 1814 la preceptúo en su Artículo 35; el Acta

Constitutiva del 31 de enero de 1824, en el Artículo 112, que se refería a las restrinciones de las facultades presidenciales, igualmente preceptúo la forma de la propiedad de un particular o de una corporación, si en algún caso fuese necesario para un objeto de conocida utilidad. Las siete leyes constitucionales del 29 de diciembre de 1836 preceptuaron que son derechos del mexicano no poder ser privado de su propiedad, ni del libre uso y aprovechamiento de ella, de todo o en parte, pero que podrá privarse de su propiedad a un mexicano cuando la exija así algún objeto de general y pública utilidad, pero previa la Indemnización a tasación de peritos.

En las bases orgánicas del 12 de julio de 1843 se dispuso, en la fracción XII del Artículo 9º., que cuando algún objeto de utilidad pública exigiere su ocupación se hará ésta, previa la competente indemnización en el modo de que disponga la ley. La constitución liberalista de 1857 estableció, en su Artículo 27, que la propiedad de las personas no puede ser ocupada sin su consentimiento, sino por causa de utilidad pública y previa indemnización.

"La ley -dice el texto legal- determinará la autoridad que debe hacer la expropiación y los requisitos con que ésta debe verificarse".

Conclusión, señoras y señores, el principio jurídico conocido técnicamente como expropiación por causa de utilidad pública ya tenia hondas raíces en el derecho mexicano y de todos los pueblos civilizados en el año en que fue promulgado el artículo constitucional vigente.

Señoras y señores: el Congreso Constituyente de Querétaro revolucionó la teoría constitucional clásica al revisar la doctrina de los derechos del hombre y las ideas vigentes sobre los fines del Estado. El Constituyente mexicano rompió la hipótesis de la igualdad real de los individuos proclamada por el liberalismo económico como supuesto del principio de igualdad jurídica.

Ello implicó una nueva doctrina de los derechos del hombre; y el Estado, al imponer estos deberes sociales, abandonó la concepción de un poder público pasivo ante los fenómenos económicos y sociales y adoptó la de un Estado pleno en la vida social que pronto mereció la imitación en las legislaciones de otros países.

No olvidemos esta lección histórica. Las revoluciones son fuentes de derecho, crean un orden económico y social distinto al del pasado, modificando el existente o partiendo de nuevas bases.

La Revolución Mexicana no ha cumplido, no ha cumplido su proceso de llevar a las masas, a las grandes masas nacionales, la justicia social; como un gran movimiento del pueblo sigue siendo, en consecuencia, fuente de derecho, por eso tiene la facultad y el deber, a través de sus representantes en los poderes de la Unión y de los partidos políticos, de enriquecer periódicamente su contenido y el contenido de la Constitución de nuevos principios e instituciones.

Por eso mismo, llamamos la atención de esta Asamblea sobre la trascendencia histórica del debate, sobre el alcance de nuestras reflexiones y sobre la dimensión de nuestras resoluciones. Por la sabiduría, por la visión de nuestros constituyentes, en ejercicio de la facultad consignada en el Artículo 135 de nuestra Carta Magna, corresponde ahora al Congreso de la Unión erigirse en constituyente permanente y a nosotros nos corresponde asumir la responsabilidad de proyectar la misión y el legado de los constituyentes de 1917, su obra histórica trascendió a su tiempo, nos corresponde, en suma, actuar con la grandeza y la perspectiva que debe dar la conciencia de participar en un paso histórico que también va a trascender nuestra generación como herencia que engrandezca al país que queremos para nuestros hijos; entendido como nación más fuerte, menos vulnerable a los asedios de fuera y dentro, como nación más justa, con instrumentos renovados para distribuir con equidad la riqueza nacional.

Señores diputados, cumplamos con esta responsabilidad histórica. Gracias. (Aplausos.)

El C. Presidente: Tiene la palabra en pro el ciudadano diputado Humberto González Magallón.

El C. diputado César Humberto González Magallón: Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados.

Por legítimo mandato constitucional el Ejecutivo Federal procedió a sentar las bases materiales para que la nación y el pueblo procedan al rescate integral de la independencia económica por medio de la decisión patriótica que nacionalizó la banca, la cual se encontraba en grupos privados que al calor de la concesión habían acumulado un lucro insultante a costa de sumir a nuestro país en una peligrosa crisis, la cual pretendían que desembocara en el rompimiento de la legalidad constitucional.