Part 6

No buscamos, como dijo el licenciado López Portillo en su Informe de Gobierno, a los villanos, no queremos divisiones en nuestro México, pero en esta tribuna se hace indispensable analizar si esa discrecionalidad de que el gobierno mexicano ha disfrutado permanentemente estuvo o no estuvo bien empleada. El sector bancario privado en México, triste es reconocerlo, actuó con una falta de profesionalismo verdaderamente sorprendente; la banca privada no supo usar de la protección que le dio el gobierno mexicano. Su auge no se debe a su esfuerzo, su auge dominante se debió al apoyo que recibió del gobierno de la Revolución. Como bien lo señaló mi compañero Heriberto Batres, no fueron los bancos los que obtuvieron la mexicanización del sector bancario. Fue el gobierno mexicano el que promovió la reforma de la fracción 2 bis del Artículo 8 de la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares. No fue el sector bancario privado el que mejoró su estructura através de organizarse en banca múltiple, sino fue el gobierno mexicano el que lo indujo y le prestó el apoyo para lograrlo. No fue el sector bancario mexicano el que logró que las sucursales de bancos extranjeros en México quedaran prohibidas; fueron los gobiernos de la Revolución que iniciaron la reforma del Artículo 6 de la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares.

¿Qué hizo la banca mexicana privada con estas protecciones que los gobiernos de la Revolución le dieron? En primer lugar se irresponsabilizaron por los riesgos de su función. Nunca ofrecieron resolver ni ayudaron a resolver los problemas creados por el propio sector bancario. El gobierno federal tuvo que constituir el fideicomiso liquidador de instituciones de crédito para cubrir los desfalcos del sector bancario privado y liquidar las instituciones mal administradas y quebradas. Y esto lo afrontó, con dinero del pueblo, para conservar la confianza en el sector bancario, confianza que se conservaba, obviamente, en beneficio del propio sector bancario. La banca privada dio muestras de irresponsabilidad al prestar solamente su apoyo a su propia asociación, que se convirtió en grupo de presión, y a un club de banqueros elitista y lujoso. La banca privada mexicana actuó con falta de ética profesional; desarrolló sus inversiones en los sectores industrial, comercial y de servicios, lo que es considerado una falta de ética profesional bancaria en el mundo occidental. En los Estados Unidos de Norteamérica está prohibido; en Alemania hace más de 8 años que el gobierno obligó a su sector bancario a que enajenara las acciones que conservaba del sector industrial, comercial y de servicios. Mientras esto pasaba en el mundo occidental, en México el proceso de participación que, repito, es inético, era creciente, y prueba de ello es la protesta presente y la petición de que se vendan al sector privado las acciones del sector industrial, comercial y de servicios que el sector bancario privado había acumulado.

Piden que les vendan lo que inéticamente tenían. Y desde la época de los romanos se decía, y se mantiene el principio hasta la fecha: Nemo auditur propian, turpitu di nemalegans. Nadie puede invocar como fundamento de su derecho una conducta indebida que él mismo ha realizado.

Además, el sector bancario actuó con una falta de espíritu de libre empresa, su competitividad fue superficial y dispendiosa, sólo limitada al lujo de las sucursales. Todos ustedes son testigos que ante el establecimiento de una sucursal, con pisos de mármol y cristales importados, de alguno de los grandes grupos bancarios, en la acera de enfrente se abría uno que costaba el doble.

Sólo con dispendio del dinero que el pueblo mexicano ahorraba en sus arcas, es que fincaban su competitividad.

Sólo en el área de publicidad, patrocinando los programas más onerosos, y quizá no los de mejor orientación social, es que se hacía sentir la competencia entre los grupos del sector bancario y privado. Una tendencia monopólica

que ha sido ya ampliamente resaltada durante este debate y a la cual ya no me voy a referir.

El salario de algunos de los funcionarios del sector privado bancario llegaba a la suma de 6 millones de pesos, son casi 600 veces más que el salario mínimo. En los países de economías libres, como los Estados Unidos de Norteamérica, Alemania o Inglaterra, difícilmente se llegan a apreciar diferencias entre el salario mínimo y el salario máximo de un ejecutivo que excedan de cien veces.

En México, país de carencias, el sector bancario privado nos enseñaba que podría llegar a 600 veces. Algunos de los funcionarios de nuestro sector bancario privado ganaba al mes más de lo que es el presupuesto anual de muchos de los municipios que integran nuestro México. Pero no paraba ahí. A la falta de ética y de sentido de responsabilidad se agregaba la falta de honestidad.

Banco Mexicano Somex, S.A., hoy controlado por el gobierno federal, no fue adquirido por el gobierno federal en un afán de excluir a la iniciativa privada del sector bancario. Fue una acción que, ustedes recordarán, se inició cuando Sociedad Mexicana de Crédito Industrial, S.A., estaba a punto de quebrar en manos de particulares y el gobierno federal adquirió las acciones para evitar daños a los inversionistas y a los trabajadores, en una acción de profundo contenido social. No menciono ni mencionaré los nombres de los principales tenedores de las acciones de esas empresas del sector bancario privado por respeto a dichas personas y a ustedes, pero los tengo a la disposición del compañero diputado que quiera conocerlos recordarlos.

El Banco Internacional, S.A., controlado por el gobierno federal, llegó al sector paraestatal por la dación en pago de las acciones que entregó el accionista principal al no poder manejar adecuadamente esta institución de crédito. Pretendió ser adquirida por otro banquero privado, quien no lo logró por los hechos a que me refiero en el punto siguiente.

Financiera Minera. S.A., Financiera Mercantil de México, S.A., y Crédito Americano, S.A., eran propiedad de una persona física mexicana, quien terminó en la cárcel por los delitos cometidos en el manejo de estas instituciones de rédito. El gobierno federal pagó el quebranto de estos malos manejos y vendió las acciones al sector privado, puesto que estas tres instituciones hoy forman parte y formaban parte al día primero de septiembre de 1982 de lo que hoy conocemos como BANPAIS, lo que prueba igualmente que el gobierno federal intervenía para suplir las deficiencias de la iniciativa privada con un criterio social y no pretendiendo excluir a la propia iniciativa privada del sector bancario.

Banco de las Artes Gráficas, S.A., igualmente propiedad de un prominente banquero mexicano y cuyo director general y titular de las acciones terminó en la cárcel por delitos cometidos en el manejo de la banca.

El gobierno federal puso el banco en liquidación, pagó el quebranto y soportó la pérdida.

Financiera del Noroeste, S.A., corrió el mismo destino que el Banco de las Artes Gráficas, S.A., y no quisiera cansar a esta Asamblea con una narración interminable, seguirían Financiera Azteca, S.A., Financiera de Yucatán, .S.A, Banco Regional de Occidente, S.A. y así sucesivamente.

Ç Ahora se quejan los señores que no defienden a los banqueros privados, ahora se quejan, repito, mis compañeros del PAN y del PDM, que el Estado mexicano tenía la manera de controlar y no controló; las virtudes personales no requieren de control, el primer control es el que ejerce el propio sujeto que cree tenerlas, no puede alguien quejarse de no haber sido descubierto en sus malos manejos, las personas deben sentirse profundamente orgullosas de vivir sus virtudes por convicción sin necesidad de supervisión, pero tampoco falló el gobierno federal en la supervisión del sector bancario, prueba de ello es que el Fideicomiso Liquidador de Instituciones de Crédito ha funcionado impecablemente durante los últimos 15 o 18 años.

Afrontó el gobierno mexicano el mal menor, sacrificar algo de los dineros que son el resultado del esfuerzo del trabajador de México para cubrir las deficiencias de un sector bancario incompetente y en algunos casos deshonesto y rapaz. (Aplausos.) Lo hizo para evitarle a nuestra patria el daño que se le causaría si se perdiera la confianza en su sector bancario. Hoy la hemos recuperado, hoy la hemos recuperado porque hoy la tiene el Estado mexicano, que es en lo que todo el pueblo de México cree.

La Comisión Nacional Bancaria y de Seguros es una institución modelo en el mundo, es una institución que actúa con probidad y honestidad, es una institución que multiplica sus esfuerzos para controlar y apoyar al sector bancario.

Durante el periodo de 1978-1982 incrementó en forma considerable su tarea de inspección y vigilancia a las instituciones; se ampliaron los indicadores que analizan la solvencia, liquidez, desarrollo, riesgo, costos de la banca, que antes comprendía sólo 8 conceptos y que en la actualidad analiza 64 renglones que se han considerado los más importantes para determinar la posición financiera de las instituciones.

La frecuencia con que se aplican los indicadores, que en el pasado era de una vez al año, ahora se producen una vez al mes. Se ha podido aplicar un sistema de vigilancia preventiva que permite observar irregularidades operativas antes de que constituyan desviaciones graves.

La vigilancia preventiva dio lugar a 54 programas de regularización; 12 de cartera de crédito; 19 de áreas de organización , control interno, políticas de inversión y captación, productividad y desarrollo; 2 de problemas generales; 10 de irregularidades en operaciones activas y pasivas; 6 de irregularidades en operación y 4 en rehabilitación financiera.

De 40 instituciones bancarias que en este periodo tenían problemas, de 29 se logró se rehabilitación; se liquidaron 3, se revocó la concesión a tres, y 5 se encuentran en proceso avanzado de liquidación.

Se practican auditorías administrativas y operacionales, combinadas con los informes de los propios auditores externos de las instituciones de crédito.

Se elaboraron formas de balance más detallados, para llevar adelante las funciones, todas ellas con participación de la parte compradora y vendedora, los cuales requirieron de revisión de auditorías de prácticamente todas las instituciones del sistema bancario múltiple.

La inspección de las instituciones se amplió en forma considerable en el propio periodo que menciono. En 1978 las inspecciones realizadas al sistema financiero fueron 40, en tanto que en 1981 alcanzaron la cifra de 155 inspecciones.

Las visitas de tipo general fueron completadas con visitas de tipo especializado que incluyen visitas de alto nivel para analizar políticas institucionales, visitas especializadas sobre renglones concretos de operación o análisis de rubros específicos y visitas laborales.

Se llevaron a cabo visitas de tipo regional a diversas zonas divisionales o sucursales de los bancos para cruzar información y analizar grados de eficiencia en la provincia; de estos datos puede concluirse el fortalecimiento que en las acciones de inspección y vigilancia se han llevado a cabo por la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros el periodo que he mencionado.

Pero lo anterior no supone que existan determinados tipos de renglones que a pesar de la acción que en todas partes del mundo realizan los órganos de supervisión pueden resultar de difícil detección y que han dado lugar recientemente en diversos países a fracasos sorpresivos de algunos bancos, que son de ustedes bien conocidos.

Problemas como la concentración de determinadas operaciones, los créditos de complacencia, la formación de élites bancarias y el resurgimiento del feudalismo bancario, fueron denunciados por el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, en las más recientes convenciones bancarias, como peligros que debían ser abordados en conjunto y que inquietaban profundamente al organismo.

¿Cómo es posible que ante esas advertencias del propio presidente de la Comisión Nacional Bancaria el sector privado bancario pretendiese seguir imponiendo su actitud de prepotencia y vanidad? No es, pues, que el gobierno federal haya fallado en su labor de supervisión y control. La realizó perfeccionándola día con día. Pero nada se puede con quien solamente pretende burlar la supervisión y el control. Quien no la pretende no lo requiere. Pero quien tiene vocación por burlarlo siempre encontrará alguna fórmula y es por eso que hemos llegado a la situación presente. En estas breves palabras creo sintetizar las respuestas a las objeciones que presentaron el diputado Bernardo Bátiz y el diputado Vital Jáuregui, y quiero finalmente referirme a lo que dijo el compañero diputado Felipe Gutiérrez Zorrilla, porque me ha llenado auténticamente de consternación.

Afirmó de inicio que los decretos son anticonstitucionales. No dudo en modo alguno de la capacidad jurídica del compañero Gutiérrez Zorrilla, pero me preocupa que asuma por sí y ante sí las facultades del Poder Judicial Federal. Solamente el Poder Judicial Federal, podrá decidir si los decretos del 1o. de septiembre de 1982 son o no anticonstitucionales. Ni Ulpiano, con todo su saber, ni nuestros constituyentes aquí presentes podrían llegar a afirmarlo. Solamente el Poder Judicial.

Y esperamos que el Poder Judicial Federal llegue a pronunciarse en su oportunidad. (aplausos.)

Nos pretende llevar a la confusión entre las funciones del Poder Judicial, que aplica el derecho, la normatividad existente, el orden jurídico nacional, con el Poder Legislativo, que crea el derecho. Crea y lo modifica, basado en la soberanía del pueblo. Los decretos del primero de septiembre de 1982 están expedidos en facultades contenidas en el orden jurídico nacional para el señor Presidente de la República. Su constitucionalidad o su legalidad solamente podrá ser juzgada por el Poder judicial Federal. Pero esto en nada merma la capacidad de la soberanía del Constituyente Permanente, en nada la merma, puesto que no existe limitante ni en la Constitución, ni en forma alguna, para revisar las disposiciones contenidas en nuestra Carta Magna.

No quiero, en este momento, referirme a los argumentos relativos al Artículo 28 constitucional, puesto que esto espero sea objeto del debate en lo particular, pero solamente me pregunto: ¿qué las excepciones contenidas en el Artículo 28 constitucional no son constitucionales? ¿Acaso pretende alguien acuñar moneda, dar servicio de correos, dar servicio de telégrafos y emitir billetes? ¿Y no es, acaso, tan trascendental o más, para el bienestar de la nación, el manejo de la banca y el crédito?

Hemos confrontado en nuestra historia, ¿nuestra realidad social nos ha presentado acaso que el mal manejo del correo pudiera llevarnos a una crisis como la que enfrentamos en estos momentos? ¿Tantas razones existen y lo veremos en el debate en lo particular para agregar a las excepciones contenidas en el Artículo 28 constitucional los servicios de banca y crédito, como las que existen para reservar al Estado los monopolios de acuñar moneda, de emitir billetes, de prestar servicios de correos y telégrafos? En su momento lo veremos.

Debe, sin embargo, resaltarse un dato: no existe en la historia judicial de México un solo juicio de amparo en contra de la constitucionalidad de la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares, y en esta ley se reserva al Estado el servicio de la banca y crédito aun cuando lo faculta para concesionarlo a los particulares. Quiere decir que resulta inoportuno e improcedente que en este momento se plantee nuevamente si corresponde o no al Estado el servicio de la banca y del crédito.

Finalmente no se modifican las decisiones fundamentales de nuestro Constituyente original con la modificación constitucional que se propone a nuestra consideración. No, la iniciativa en nada afecta a nuestro sistema de organización sociopolítica , y se podría pretender hacer aparecer como que afecta a los derechos del hombre y su respeto y defensa. Pero entre los derechos del hombre, bien señalados por el señor diputado Gutiérrez Zorrilla, está el derecho a la propiedad privada, sí, a una propiedad privada con función social y con derecho del Estado para expropiar aquellos bienes de propiedad particular que sean necesarios por causa de utilidad pública, y este es un principio igualmente incorporado por nuestra Constitución, por nuestro Constituyente original.

En el Artículo 28 de la Constitución, igualmente, nuestro Constituyente originario nos dijo: "La ley castigará severamente y las autoridades perseguirán con eficacia - y me salto - todo lo que constituya una ventaja exclusiva e indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social. Si esto es así, si nuestro propio Constituyente originario nos ha dado el mandato de preservar los derechos del pueblo de México sobre los derechos de personas o de grupos, es por ello que me permito proponer a esta soberanía que aprobemos el Dictamen en los términos que ha sido formulado por la Comisión. (Aplausos.)

El C. Presidente: Tiene la palabra en pro el ciudadano diputado Raúl López García.

- El C. diputado Raúl López García:

Señor Presidente;

Compañeros diputados:

Hace años un prestigiado dirigente de la clase obrera mexicana sintetizaba en una idea lo que significa medidas como las que aquí el primero de septiembre el Presidente de la República estableció para defender los intereses de nuestro país. Y me refiero al compañero Rafael Galván, que en una idea muy sencilla y concreta establece con mucha claridad política el significado de medidas económicas que son totalmente posible adoptar en el marco de nuestro régimen constitucional. Rafael Galván decía: nacionalizar es hacer patria.

Y en ese sentido quienes estamos profundamente comprometidos con el futuro histórico de nustro país comprendemos profundamente esta importante tesis.

Efectivamente, nacionalizar es hacer patria.

Indudablemente que quienes pretenden legitimar lo que no es posible, el interés particular de los banqueros, tienen que partir de una serie de señalamientos que definitivamente nosotros no podemos aceptar. La legalidad constitucional de la medida se fundamenta en lo que los Constituyentes del 17quisieron para nuestro país, en la capacidad de la nación para imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público. Y así, como lo han mencionado otros diputados, también nuestra nación tiene, junto a esta facultad originaria, otros instrumentos legales, como la Ley de Expropiación y la Ley de Atribuciones del Ejecutivo Federal en materia económica, con los cuales también se ha fundamentado la determinación de reivindicar para el país el servicio público de la banca y del crédito.

En ese sentido creo que a estas alturas del debate, con toda franqueza, quedan completamente deslegitimados los grupos financieros privados que lesionaron durante muchos años los intereses generales de la clase obrera

y de todo el pueblo de México. Sus defensores, abiertos y emboscados, definitivamente aquí, en esta sesión, han evidenciado los intereses que defienden concretamente.

En este sentido, por esas razones, el Partido Socialista de los Trabajadores, el 20 de septiembre de este año, y después de un enorme sacrificio de miles de nuestros compañeros campesinos, llegamos a Los Pinos a establecer con el Presidente de la República la solidaridad combativa de miles de trabajadores del campo que también luchan por sus derechos agrarios, pero que al venir caminando a México se encontraron con esta medida patriótica y nacionalista.

En ese momento argumentamos ante el país, por qué el PST se pronuncia, y su fracción parlamentaria así lo planteó ese día, porque se elevasen a rango constitucional las medidas adoptadas el 1o. de septiembre.

En ese sentido y en este debate hemos podido observar que, definitivamente en el marco de nuestro régimen constitucional, las medidas adoptadas son jurídicamente impecables. Sin embargo, nosotros queremos referirnos a alguno de los aspectos que en lo general esta iniciativa de modificación y de adición a la Constitución significa para el fortalecimiento de las fuerzas nacionales, si es que actuamos con consecuencia política y ubicamos no en el terreno jurídico formal un problema fundamental que está inscrito en lo que le interesa a la clase obrera de esta país.

Se ha dicho por el compañero diputado Juan José Osorio cómo el movimiento obrero organizado ha valorado profundamente las medidas del 1o. de septiembre.

Y tenía que ser así, porque en este país, en esta nación, quienes han demostrado en todo momento, quienes nos han indicado con su fuerza histórica con su vigor y con su organización hacia dónde debe ir nuestro país es precisamente la clase obrera. La defensa de la nación ha encontrado en la actividad del movimiento obrero organizado a la clase más lúcida políticamente para sacar a este país, en alianza con los campesinos y las clases populares, de la situación en que se encuentra. Por esa razón nosotros no podemos dejar de alertar sobre la posibilidad política de que esta fuerza económica, que hoy se ha concentrado en el Estado mexicano y que lo erige como un Estado rector de la economía, que tiene capacidad plena para utilizar el ahorro nacional en un programa de reorientación del rumbo económico del país, pero también no podemos dejar de señalar que se puede propiciar la creación de un espantoso monstruo que pueda desnaturalizar la esencia de los decretos y la esencia de la nacionalización de la banca.

Qué mejor garantía pudiese tener la clase obrera de nuestro país que el que aquí actuásemos con consecuencia política. Si la clase obrera es la principal fuerza de la nación por qué entonces se le quiere privar de una fuerza social que durante muchos años estuvo en los marcos rígidos de la oligarquía bancaria y menoscabados sus derechos laborales y sindicales por la actividad de los empresarios banqueros que menoscabaron el derecho a la organización sindical de los trabajadores bancarios.

Por esa razón francamente es imperdonable que en este momento en que la principal fuerza de la nación requiere fortalecerse para que, como lo dijo el diputado Osorio, ese programa de reforma económica, que constituye un camino para reorientar el rumbo del país, se pretenda en uno de los aspectos del Decreto que hoy estamos analizando menoscabarle de esa fuerza social, política y material, que representarían los trabajadores bancarios organizados constitucionalmente en el 123, apartado A, de la Constitución. Nosotros no podemos olvidar lo que la historia de nuestro país nos ha indicado y nos ha enseñado. En la nacionalización de la industria petrolera los trabajadores jugaron un papel decisivo, y han sido, a través de los años, la mejor defensa de esa medida aplicada por el entonces Presidente Cárdenas, y sus relaciones laborales se rigen por el apartado A del Artículo 123 constitucional.

Por esa razón, y en virtud de que en los aspectos fundamentales de la modificación al 28 constitucional y al 73, hemos emitido una posición de apoyo, como se lo planteamos al Presidente de la República el 20 de septiembre en Los Pinos, nos parece francamente una pifia, un error político, quitarle a la clase obrera, a un sector político y social como el que representan los trabajadores bancarios.