Part 26

La actuación de Venustiano Carranza fue discutida en su tiempo al calor de las pasiones. Nosotros no podríamos dejar de reconocer su vocación por el orden constitucional y su apego a las leyes. Nunca se declaró reformador social, pero construyó los cauces, abrió caminos por donde otros esforzados transitarían después.

El solo hecho de haber promovido la elaboración de nuestra Carta Magna y de haber respetado las modificaciones que el Congreso Constituyente introdujo a su proyecto de reformas a la Constitución de 1857 es suficiente para que reconozcamos en Carranza a un hombre visionario. En materia de derechos al trabajo, todo ha ido caminando gradualmente. El presidente Obregón fue el primero en atender a la implantación del salario mínimo. El que se acordó para la época era de setenta y cinco centavos diarios, veinticinco centavos menos de lo que había pedido el Partido Liberal Mexicano. Después el Presidente Calles auspiciaría la organización obrera, convencido de que lo mejor que podía hacer el gobierno era no estorbar su natural evolución.

Durante su interinato, Emilio Portes Gil prepara la Ley Federal del Trabajo, reglamentaria del Artículo 123 constitucional. Lázaro Cárdenas llevaría a su fase más alta la organización obrera y campesina, y con él obtuvimos los trabajadores del Estado la expedición del Estatuto Jurídico, que aseguraba nuestra estabilidad en el trabajo.

Sería hasta 1960 que el gobierno del presidente Adolfo López Mateos promovería la reforma constitucional correspondiente para incluir en el Artículo 123 constitucional un apartado especial que normara las relaciones laborales entre los trabajadores al servicio del Estado y los poderes de la Unión y el Departamento del Distrito Federal.

Para muchos, entonces como ahora, esta inclusión era innecesaria. Para nosotros está perfectamente justificado que se establezca una distinción entre los trabajadores que prestan sus servicios a empresas particulares, cuyo móvil es la ganancia para asegurar la rentabilidad individual, y los trabajadores al servicio de las instituciones públicas, cuyo objeto es asegurar el desenvolvimiento armónico del país con miras a garantizar la rentabilidad social.

Tanto más, que los acontecimientos recientes entre los que figura en lugar prominente la nacionalización de la banca y el control generalizado de cambios, están indicando que el país va a reorganizar en el plazo inmediato su estructura económica, y en esa reorganización ya no será posible el predominio incontrolado del interés individual, donde la ganancia excesiva actuaba como el motor inflacionario, al calor del cual se esfuma el salario del trabajador, se complica el presente y se cancela también el futuro.

Hasta antes de la nacionalización de la banca no habíamos podido encontrar fórmulas efectivas para combatir el agio, la usura abusiva que proveyó fuerzas descomunales al capital.

Para nosotros la nacionalización llega con un poco de retraso. Ya en 1906 los hermanos Flores Magón señalaban en el tantas veces citado programa del Partido Liberal Mexicano que había que combatir el agio por ser una práctica antisocial. Al momento de la nacionalización de los bancos era evidente que el deterioro de nuestra moneda y de la economía mexicana en general había llegado a extremos peligrosos para la buena marcha del país y que los esfuerzos hasta entonces realizados por el gobierno para evitar los estragos de una devaluación motivada por la devaluación interna y la fuga de capitales lejos de atenuar el impacto parecía avivarlo, entre otras razones porque nuestras autoridades no contaban con el necesario respaldo del sistema crediticio.

En los considerandos del decreto de nacionalización se advierte, primero, que el servicio de banca se había venido prestando al público a través de instituciones privadas que disfrutaban de una concesión hasta en tanto el gobierno pudiera prestar por sus propios medios el indispensable servicios, que los empresarios concesionados habían obtenido ganancias desmedidas en contra de los intereses sociales y que era necesario facilitar acceso al crédito para que el pueblo, que es quien aporta los fondos con que funcionan los bancos, pudiera beneficiarse del mismo y, como se señala en el decreto que establece el control generalizado de cambios, la nación se ha visto afectada negativamente con la reducción fuera de toda

medida razonable del valor de nuestra moneda en el mercado cambiario poniendo en riesgo la actividad económica del país y el poder adquisitivo de los ingresos de la mayoría de la población.

Hasta aquí podríamos decir el aspecto jurídico formal de la nacionalización. Lo trascendente viene de que no debe verse en la nacionalización bancario un simple cambio de dueños en el manejo del crédito público. Como advirtió el primer mandatario del país en la reunión multitudinaria que se llevó a cabo el 3 de septiembre próximo anterior en la Plaza de la Constitución, en apoyo de su política económica, los caminos se han bifurcado y el gobierno, como ha sucedido siempre en momentos de crisis, se pone del lado de las mayorías nacionales. Esto va a tener implicaciones profundas en la estructura económica del país en el plazo inmediato.

Para los trabajadores que nos hemos organizado bajo los principios rectores del apartado B del Artículo 123 constitucional, la nacionalización significa que en adelante serán los intereses de la nación los que se impongan permanentemente y que la rentabilidad social tendrá que predominar sobre la rentabilidad individual que se nutre de la ganancia; significa que en adelante la riqueza social provendrá de la productividad y no del juego abusivo de los precios. Los empresarios tienen una enorme responsabilidad en esta reestructuración económica; deberán moderar desde ahora por propia iniciativa sus apetencias utilitarias.

Señores industriales, moderen sus ganancias; señores comerciantes, moderen sus precios; señores casatenientes, moderen sus prácticas de encarecimiento de la vivienda popular; háganlo ahora sin presiones, para que cuando llegue la reglamentación respectiva no haya ni sorpresas ni lamentos.

Ninguna sociedad puede ser fuerte, sana, libre y progresista si se dan en su seno a un mismo tiempo la concentración ilimitada de la riqueza y la marginación extrema.

Compañeros diputados: hemos escuchado hace unos momentos varias exposiciones relativas a las desventajas que un respetable sector de trabajadores está padeciendo, pero las conquistas sindicales se obtienen a través del tiempo, no puede tener las mismas prestaciones, no puede tener las mismas circunstancias una organización con equis número de años de iniciada, de formada que una organización que ya lleva un mayor camino andado.

sí hemos entendido bien, el sentido profundo de los decretos históricos promulgados por el presidente José López Portillo, el agio y la especulación deben ser prácticas inadmisibles para el buen desarrollo del país, y será la banca nacionalizada el principal instrumento para llevar a cabo el saneamiento de nuestra economía. Voces: Tema, tema.

Yo entiendo que este tema le disgusta a usted, señor diputado, lo entiendo perfectamente. Estamos tocando el talón de Aquiles.

Señores diputados: Quienes militamos dentro de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, como quienes militan en cualquier otra organización, las siglas que sean, han tenido la consecuencia de un trabajo, la consecuencia de una labor. Si la banca nacionalizada va a cumplir eminentemente una labor de carácter social, si no va a servir a intereses particulares, nosotros no por ganar ninguna membresía ni por aumentar las filas de quienes están dentro de la propia Federación de Sindicatos, simple y sencillamente apegándonos a nuestro texto constitucional, solicitamos se ponga a votación y que, esto que nos ha llevado tantas horas de trabajo, de dedicación, quizá de cansancio, pueda ser la consecuencia de algo que durante tantos años estuvieron esperando los trabajadores que sirvieron a intereses Privados en la banca privada. Muchas gracias por habernos escuchado. (Aplausos.)

El C. Presidente: Tiene la palabra en contra el C. diputado Rafael Aguilar Talamantes.

El C. Rafael Aguilar Talamantes: Agradezco al compañero Mariano López, que me haya cedido su lugar.

Señor Presidente; señoras y señores diputados: Ojalá nuestro partido pueda sentar aquí escuela parlamentaria, cuando menos por la brevedad de nuestras intervenciones. Procuraremos ajustarnos siempre al Reglamento, para no abusar y no dudar de la inteligencia de los señores diputados.

A estas alturas ha sido tal la repetición de argumentos que simplemente yo quisiera fijar nuestra posición en contra de esta adición al Artículo 123 constitucional, señalando algunos argumentos que tal vez no han sido aquí mencionados y que pudieran resultar de interés para los señores diputados.

La primera pregunta que quisiera inducir es esta: Parto de la base de haber escuchado ya, todas las argumentaciones en contra, la mayor parte de las argumentaciones a favor y de tener por lo tanto la posibilidad de revisar mi propia convicción para saber de qué lado está la razón.

Creo que si los dirigentes de los diputados priístas les dejaran absoluta libertad para que votaran libremente en este asunto, indudablemente el día de hoy no sería aprobado el Artículo 4º. de la iniciativa.

Pero por su propio peso han quedado evidenciadas las razones de tipo jurídico, político, moral, que dan fuerza a nuestra razón de estar en contra de esta adición al Artículo 123. Me preguntaba cuál es la razón o cuáles son las

razones por las que hemos coincidido para opinar en contra y estar en contra los diputados del Partido Acción Nacional, del Partido Demócrata Mexicano, del Partido Popular Socialista, del Partido Socialista Unificado de México y del Partido Socialista de los Trabajadores.

Indudablemente tenemos objetivos históricos muy diferentes los partidos obreros con los partidos que aquí han manifestado sus divergencias respecto a la trascendental medida que se ha adoptado hoy, de incorporar constitucionalmente la nacionalización de la banca. Y reflexionando cuál sería el punto en común que nos ha unificado en contra de esta adición, al escuchar las argumentaciones en pro de los priístas, esta razón fue apareciendo poco a poco y creo que es necesario mostrarla aquí a la Asamblea.

De inmediato aparece la iniciativa presidencial de adicionar el Artículo 123, aparece como una proposición arbitraria, que puede tener a corto, mediano y largo plazos, muy serias y muy graves consecuencias.

De inmediato provocará la aprobación de esta adición para que cerca de 140 mil trabajadores bancarios sean encajonados por la fuerza, sin consulta previa, y de plano no les dejan otro camino que sindicalizarse y pertenecer, lo quieran o no, a la Federación de Sindicatos de Trabajadores del Estado.

Hace un rato el diputado Morado Garrido decía textualmente: "Se es o no se es revolucionario y quien no lo sea no tiene nada que hacer entre nosotros". A mí me parece que va a ser muy difícil encontrar revolucionarios entre los trabajadores bancarios, si acaso alguno de los militantes nuestros, militantes del PSUM tal vez, militantes o del PPS, que piensen en la revolución y que sean trabajadores bancarios. Pienso que entre la inmensa mayoría de los 140 mil trabajadores bancarios, se va a encontrar eso, trabajadores; incluso posiblemente haya muchos panistas entre los trabajadores bancarios, muchos pedemistas entre los trabajadores bancarios, los trabajadores bancarios se caracterizaron durante mucho tiempo por tener entre sus filas a muchos persignados, a muchos niños bien, los banqueros se cuidaban para seleccionar su personal; va a ser muy difícil que el diputado Morado Garrido encuentre revolucionarios en masas entre los trabajadores bancarios, y de ahí nuestra preocupación también; quiere decir que los trabajadores bancarios que no sean revolucionarios están condenados a ser corridos de sus empleos en cuanto éstos ingresen a la Federación de Sindicatos de Trabajadores del Estado. Quiere decir que los trabajadores bancarios que pertenezcan al PAN están condenados a ser cesados o los que pertenezcan al PDM, y los que sean más revolucionarios que los propios priístas, ¿cuál es el futuro que les espera si la legislación los está conduciendo obligadamente a que se incorporen a la Federación de Sindicatos de Trabajadores del Estado? ¿Tendrá que ser una condición para conservar el trabajo tener credencial de la CNOP o del PRI? Y allí está en buena parte, cuando menos una de las razones, por qué aquí el PAN, el PDM, el PPS, el PSUM, el PST estamos aquí hablando en contra de esta adición. Nos parece una falta absoluta de respeto a la voluntad no de unos cuantos, sino de 140 mil trabajadores que van a manejar un servicio público de grave importancia para la nación, y nos parece incongruente e inconsecuente que habiendo elevado a rango constitucional la nacionalización de la banca, se cometa la primera injusticia contra quienes van a manejar prioritaria y primordialmente la banca nacionalizada.

Realmente en lo personal, fuera tal vez de una brillante intervención del diputado Salvador Valencia, el resto de las argumentaciones en pro me han parecido de una pobreza teórica, ideológica y política impresionante.

La fundamentación jurídica constitucional que se ha pretendido dar a la iniciativa, en particular a esta adición, es poco convincente. Cómo que de repente los compañeros priístas se olvidan en qué tiempo estamos. Hace tan sólo mes y medio -lo vamos a reiterar-, los rumores sobre el golpe de Estado, sobre la muy probable abdicación del Presidente López Portillo, tantos y tantos rumores que se corrían por el país entero, tenían a muchos priístas casi a punto casi a punto, de abandonar muchas de las posiciones políticas que hoy aquí hemos escuchado en esta sesión. Sucedió la nacionalización de la banca, el anuncio de los decretos, el Presidente López Portillo remoraliza la conducta política de muchos de los miembros de su propio partido y parece que con el anuncio de esos decretos mágicamente hubieran desaparecido del escenario social y político del país los problemas críticos que nos habían llevado a todos a mostrar una gran incertidumbre frente al futuro inmediato del país. Y hoy parece que aquí no ha pasado nada. No apenas acaba el Presidente de la República de anunciar estos decretos, de remoralizar a las fuerzas políticas, y de vislumbrar un futuro un poco más alentador para el país, por lo que estas medidas significan, cuando los compañeros priístas vienen a esta tribuna habiendo olvidado el momento en que vivimos y las dificultades por las que hemos pasado. Y lo demuestra su actitud, porque están a punto de cometer un error muy similar a aquellos errores que han cometido y que a veces han llevado al país a callejones sin salida.

Estamos a punto de que se cometa una grave injusticia contra un número importantísimo de trabajadores, pero en todo caso nos

preocuparía menos la injusticia si no estuviera cometiendo aquí un grave error político.

No han desaparecido las condiciones de la crisis, no han desaparecido ni disminuido las graves amenazas contra la soberanía nacional.

Los Estados Unidos mantienen toda su presión sobre México, sobre el régimen que se va y sobre el régimen que viene, y en un momento en el que se requiere fortalecer políticamente a una de las fuerzas más significativas de la vida nacional, como es la clase obrera, se persiste en la equívoca política de dividirla y de desintegrarla.

Lo lógico, después de la nacionalización de la banca, lo patriótico, incluso lo histórico, es que la iniciativa que hoy está aquí a discusión propiciaría la unidad orgánica del movimiento obrero; base para también desarrollar la unidad ideológica y política, porque la nación mexicana requiere de una fuerza unida y organizada para defender y consolidar la nacionalización de la banca y muchas otras medidas.

Yo siento que incluso estamos desarmando y comprometiendo al próximo régimen al adoptar apresuradamente una medida como la inclusión en el apartado B, de las relaciones entre los trabajadores bancarios y las empresas que se han creado. Todavía no sabemos, incluso, nadie lo sabe, si lo que va a surgir de este movimiento sindical es un Sindicato Único de Trabajadores Bancarios o una Federación de Sindicatos Bancarios, y ya la estamos irresponsablemente, pienso yo, encuadrando en las filas de la Federación de Sindicatos de Trabajadores del Estado.

Pregunto: ¿No es más congruente, no es más lógico dejar que esos 140 mil trabajadores tengan la oportunidad de decidir democráticamente, por sí mismos, si forman sindicato independiente, si se van a la CROC, o se van a la CTM, o se incorporan como sindicato nacional al Congreso del Trabajo, o si deciden finalmente irse a la FSTSE? No sería a la falta de respeto que implica la proposición del Ejecutivo: Unir la falta de respeto de este poder, al aprobar aquí, no sé en aras de qué necesidad política, esta adición, me parece que se está cometiendo un grave error político, se está faltando al respeto a los trabajadores, pero aún más: Se está limitando gravemente la posibilidad de que quienes van a manejar miles y miles de millones del pueblo de México nazcan a la organización sindical con vicios de origen y con resentimientos producto de la imposición que se les quiere hacer y en la cual, desde luego, se nos quiere hacer participar.

Nosotros, que postulamos la vía constitucional al socialismo, y tal vez seamos los únicos que hayamos formulado esta vía, consideramos que el reforzamiento que esta vía ha tenido en esta sesión al elevar al rango constitucional la nacionalización de la banca, sufre, se disminuye por nuestra inconsecuencia de no defender todos de manera adecuada los intereses de los trabajadores bancarios. Consideramos que efectivamente el sector nacional revolucionario, al cual consideramos hegemónico el del aparato del Estado, ha tenido muchos aciertos, entre otros este, impulsado por la necesidad: nacionalizar la banca. Pero todavía por ahí, en algunos oscuros rincones del Estado hay criterios reaccionarios que introducen muchas veces iniciativas avanzadas este tipo de lunares y este tipo de trabas y de errores.

Es indudable que el querer encasquetar, encajonar, encamisar a los trabajadores bancarios en el apartado B significa un verdadero retroceso, cuando menos una incapacidad política para aprovechar un momento tan trascendente como éste para dar un paso adelante. Muchas y muy graves consecuencias ha tenido para el Estado mexicano, para el PRI y para el sector nacional revolucionario el tortuguismo político. A paso de tortuga camina, y en momentos en que hay la posibilidad de dar un salto y de destrabar el proceso revolucionario el paso de tortuga se los impide.

En este momento francamente se requiere dar puertas libres a la clase obrera de nuestro país, porque francamente es la única que tiene capacidad para poder enfrentar con mayor fuerza y lucidez los problemas de la lucha por defender la soberanía nacional y por sostener y desarrollar la legalidad constitucional.

No quiero mostrarme como profeta o como adivino, pero basta analizar los planteamientos de Miguel de la Madrid para entender que Miguel de la Madrid, Presidente electo hoy, Presidente constitucional el 1o. de septiembre, se va a enfrentar a la enorme tarea de reconstruir muchas áreas de la vida nacional, y también hay que decirlo, hay que decirlo con toda claridad para que los compañeros priístas no se equivoquen, lo cierto es que a la orden del día está recomponer el gobierno de nuestro país. Yo no digo que va a haber un ministro obrero, tal vez algún miembro del Congreso del Trabajo o de la CTM, después de muchos años en que no ocupaban tan importantes posiciones, ahora la ocupen y se va a requerir una fuerza obrera agigantada para poder enfrentar las tareas de reconstrucción del país, y aquí, en un acto apresurado, presentando la defensa de los intereses de los trabajadores bancarios, se pretende aprobar una adición que perjudica ese proceso de conformación y de integración de la fuerza obrera.

Nosotros hemos sostenido la tesis frente a los independentistas sindicales, de que el pacto entre el movimiento obrero y el Estado es una ventaja histórica, pero que esa relación entre el movimiento obrero y el Estado es una relación que debe cambiar de contenido para que el movimiento obrero organizado, en lugar de

jugar un papel de subordinación, juegue un papel determinante que influya en las políticas y en las decisiones del Estado. Este es un requisito indispensable hasta para hacer viable la vía constitucional al socialismo y para garantizar las propias posiciones hegemónicas del sector nacional revolucionario en el seno del Estado.

Y tal parece que los primeros beneficiados de estas realidades no las entienden y por errores políticos o por falta de capacidad teórica, a veces abandonan los señores priístas, trincheras importantísimas que han ocupado gracias al empuje histórico de la clase obrera .

Y eso es preocupante, es preocupante en un momento como este. Necesitamos ahora más que nunca, luchar con todas las fuerzas avanzadas de este país por elevar el papel político y social de la clase obrera si queremos consolidar la medida nacional de la banca, y si queremos que en el próximo régimen se aplique un programa de transformaciones profundas en la vida nacional.

Y cuando frente a nosotros están estas tareas, insisto, no me explico por qué, por qué los argumentos en pro no nos dan razones suficientes para convencernos de que el camino correcto está planteado por los compañeros priístas, cuando se requieren decisiones de una naturaleza revolucionaria, continuarlas, llevarlas hacia adelante, nos presentan aquí una adición que francamente hace nugatorios los derechos de los trabajadores bancarios.

Se escamotean esos derechos, es evidente, y nos parece más que nada un error político.

No quiero argumentar más; la argumentación del compañero Reyes del Partido Popular Socialista fue muy brillante; demostró histórica y jurídicamente las razones para estar en contra. Los argumentos de los compañeros del PSUM que me antecedieron a la palabra, igualmente; todos ellos hicieron una defensa brillante de la común posición que tenemos para estar en contra de esta adición.

Simplemente yo quisiera decirles, señores diputados del PRI, de los cuales dependería que no se completen las dos terceras partes, yo les diría compañeros diputados, no nieguen la cruz de su parroquia, no se equivoquen, y hasta me atrevería a pedir al diputado Lugo Gil, y no sé quiénes sean los más influyentes diputados priístas, que dejen libertad a los diputados obreros, que dejen en libertad a los diputados priístas para que voten según lo que consideren más conveniente para la clase obrera y para el futuro del país. No se los dice un partido del pasado, tampoco se los propone un partido del presente, se los pide un partido del porvenir. Gracias.

El C. Presidente: Tiene la palabra por la comisión, el C. diputado Salvador Valencia Carmona.

El C. Salvador Valencia Carmona: Con su venia, señor Presidente; Compañeros diputados:

Escuchamos con el profundo respeto que nos merece, una idea que puede ser diversa; pero que tiene todo el derecho de expresarse en un país como el nuestro. Sin embargo, no fue en manera alguna indecisión, falta de coincidencia o criterios divergentes en la mayoría priísta, la que llevaron a tomar la decisión y de proponer a esta Asamblea, la regulación de los trabajadores bancarios en el apartado B.