Part 22

Señoras y señores diputados, por las consideraciones invocadas, de tipo histórico, de carácter constitucional y porque la realidad ha cambiado, el Partido Popular Socialista sostiene que la relación entre el Banco de México y sus trabajadores debe regirse por el apartado A del Artículo 123 de la Constitución General de la República, y no por el apartado B, como lo propone el dictamen, porque si esta decisión se mantiene conservarán los trabajadores de la banca nacionalizada una situación incompleta en el goce de sus derechos laborales.

Además, debe considerarse que si el Banco de México se va a constituir en un organismo descentralizado del gobierno federal, con mayor razón se justifica la ubicación de los trabajadores bancarios en el apartado A del Artículo 123 constitucional. Ahí tenemos el ejemplo de varias empresas descentralizadas, cuyos trabajadores se rigen por el apartado A, tal es el caso de los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad y los de PEMEX, para citar sólo dos empresas de las más importantes del país.

El PPS sostiene que la ubicación de los trabajadores bancarios en el apartado A les dará la unidad que requieren, para combatir con éxito, ante asechanzas que sufren de sus permanentes enemigos, que hoy como ayer luchan contra la unidad y el mejoramiento de los trabajadores de la banca. Son ellos, los exbanqueros, los que están interviniendo abiertamente para impedir la total unidad de los trabajadores de la banca nacionalizada.

Consideramos que los trabajadores de la banca nacionalizada requieren de un solo organismo sindical, que les dé unidad, fuerza y vigor para salir de la situación en que los ubicaron los agiotistas que detentaban la banca y que requieren, por tanto, la solidaridad combativa de la clase obrera. Varias organizaciones sindicales sólo conducirán a la debilidad y a la división de los trabajadores de la banca nacionalizada.

Su fortaleza y unidad son la única garantía del éxito de sus luchas, y nosotros tenemos, como representantes del pueblo, que empeñarnos en que así sea, como debemos empeñarnos en la unidad de la clase obrera como un instrumento valioso para que México preserve su independencia política y acreciente su independencia económica; para que el pueblo mexicano mejore su vida material y cultural y para que, más temprano que tarde, arribemos a un régimen superior de la vida social, plenamente humano.

Señores diputados; señoras, en el curso de este largo debate el PAN y el PDM han manejado algunos argumentos que yo quisiera sintetizar de la siguiente manera: 1o. La nacionalización de la banca es una medida socializante. 2o. El Estado es un pésimo administrador. 3o. El Gobierno mexicano es corrupto y sus miembros se han enriquecido con los dineros del pueblo. 4o. La fuga del capital privado es una consecuencia, no una causa, de los problemas financieros de México. 5o. López Portillo nacionalizó la banca con el deseo de pasar a la historia y otros más del mismo tipo.

Quiero, para que esta Asamblea se forme un criterio, dar lectura a una carta que un grupo de parlamentarios norteamericanos le enviaron al Presidente de esa nación, para que los diputados de la corriente democrática, los

diputados de la corriente progresista, vean cómo hay una plena coincidencia entre estos argumentos que yo les he señalado y los argumentos que se señalan en esta carta. Dice así el texto de la carta:

"Honorable Ronald Reagan;

Presidente.

La Casa Blanca

Washington, D. C.

Querido señor Presidente:

Desde 1976, miembros del Congreso hemos acudido algunas veces a la carta abierta con el fin de llamar la atención sobre la forma en que se está deteriorando la situación en América Latina. El establishment de la política exterior casi siempre ha preferido ignorar, o aun ocultar esas condiciones que ahora han acusado una seria desestabilización en México.

Durante las dos administraciones pasadas en México, bajo los presidentes Luis Echeverría y José López Portillo, ha habido una tendencia socialista continuada que implica la nacionalización de grandes negocios por parte del gobierno. Por lo tanto, la nacionalización de los bancos privados no debió haber sido una gran sorpresa, y la expropiación de todas las cuentas en dólares que tenían mexicanos y extranjeros en esos bancos, simplemente se fija dentro de ese mismo patrón.

La tendencia socialista en México se ha manifestado en el constante crecimiento, en tamaño y en número, de las empresas manejadas por el gobierno que son constantes perdedoras de dinero. Son esas que principalmente agregan a la nación problemas económicos más que resolverlos, como seguramente lo saben las instituciones financieras internacionales.

México se tambalea bajo el peso de una deuda externa que por 80 mil millones de dólares ha sido contratada casi enteramente durante las dos pasadas administraciones. Durante este mismo período, el país ha recibido cerca de 70 mil millones de dólares por sus exportaciones de petróleo y otros productos. Puesto que los ingresos internos cubren los gastos normales, esto debería significar que virtualmente todo este ingreso de cerca de 150 mil millones de dólares ha estado disponible para el desarrollo económico.

Puesto que no hay evidencia de que los 150 mil millones se hayan destinado a gastos para el desarrollo de México, ¿se ha desvanecido el dinero? Está quizá en los bolsillos y cajas de seguridad de los políticos en el poder.

Si el influjo de tal cantidad de dinero produjo casi una bancarrota, seguramente que uno puede preguntarse si el proporcionar otros cuantos miles de millones a quien ha sido escogido como sucesor de la administración, sin una correcta supervisión para vigilar que sean correctamente invertidos, pudiera solucionar el problema.

Las políticas de las dos administraciones que se han sucedido en México, han llevado una repetida devaluación del peso. Esto significa que se ha repetido la destrucción del valor de los ahorros de la luchadora clase media mexicana. La fuga del capital privado es una consecuencia, no una causa, de los problemas financieros de México, sin tomar en consideración las demagógicas declaraciones del Presidente López Portillo.

Este, no sólo ha tratado de acusar a otros, incluyendo a los Estados Unidos, por el hecho de que los mexicanos han tratado de salvar sus ahorros convirtiendo sus pesos en dólares, sino que espera que su partido cree para él una imagen heroica. Pero ese triunfo de propaganda seguramente no restaurará la confianza de una ciudadanía saqueada que ha visto los ahorros de toda su vida convertirse en papel sin valor.

Es más, la inseguridad y la inestabilidad han llevado, por primera vez en la época actual, a abrir la discusión sobre la posibilidad de una revolución en México, y no hay duda de que México se ha convertido en un más fácil y más atractivo objetivo del comunismo internacional, que en cualquier momento de los pasados cuarenta años.

La rebelión estudiantil dirigida por los comunistas en la ciudad de México en 1968, una bien documentada operación de la KGB soviética, fue suprimida por el presidente Gustavo Díaz Ordáz, sin embargo, muchos de los líderes de la rebelión, que fueron manipulados por la KGB, se han convertido en funcionarios del gobierno mexicano. Los nombres de esos funcionarios son bien conocidos por el pueblo de México. Además, los comunistas y otros partidos ultraizquierdistas, han sido alentados por la reciente "Reforma Política" del presidente López Portillo y, además cientos de miles de terroristas y marxistas procedentes de América Latina y de otros lugares, han sido admitidos en México.

Cualquier amenaza de golpe en México, viene, obviamente, de la extrema izquierda. Nosotros no podemos estar a un lado ni ante la amenaza dirigida de un golpe comunista ni ante el hecho de una transformación estilo Allende impuesta por el gobierno mexicano mismo. Fue el mismo presidente de Chile, Salvador Allende, quién alardeó su "auto golpe" contra Chile desde su posición de control del gobierno.

El Presidente López Portillo alardea de haber contribuido con cientos de millones de dólares para ayudar a Nicaragua comunista y su gobierno rehusa responder, cuando se le pregunta si México ha proporcionado a los sandinistas abastecimiento de petróleo gratis durante los últimos dos años.

Por buenas razones, ningún americano desea especular sobre las masivas y terribles

consecuencias de un golpe comunista en México. Todos los problemas anteriores serían insignificantes en comparación con éste.

Con todo, la creciente inestabilidad de México es un hecho y los comunistas son maestros profesionales en derribar gobiernos.

Nosotros, los abajo firmantes, no creemos que nuestro gobierno debe permanecer pasivo. Más bien, debemos tomar las acciones apropiadas para asegurar que un nuevo gobierno mexicano encabezado por el presidente electo Miguel de la Madrid Hurtado, no continúe (o llegue a completar) el programa llevado a cabo por las dos administraciones anteriores. Ese programa es, sin duda, desastroso para México, y potencialmente también para ambos, México y los Estados Unidos. Un México en caos o un México bajo el comunismo presentaría problemas extremadamente difícil es para los Estados Unidos. Nosotros estamos dentro de nuestro derecho al intentar prevenirnos de esa desastrosa situación. Esa es una de las cosas que ningún gobierno puede permitir que paguen sus ciudadanos.

Sinceramente

Firma Larry P. McDonald y otros 34 miembros de la casa de representantes.

Sabemos que Larry McDonald es un furibundo y antidiluviano comunista, el PPS creyó conveniente leer en esta sesión este documento para que conste en el Diario de los Debates la coincidencia tan grande entre los argumentos que aquí se manejan y los argumentos de la derecha, representada por el Partido Acción Nacional y el Partido Demócrata Mexicano. Muchas gracias. (Aplausos.)"

El C. Presidente: Tiene la palabra el C. diputado Luis René Martínez Souverville, en pro.

El C. Luis René Martínez Souverville: Señor Presidente; señores diputados: La nacionalización de la banca obviamente es un hecho generador de coincidencias, pero también de divergencias, mismas que se desenvuelven en el contexto general que enmarca la reforma política, que se transforma en cauce de opiniones e instrumento de orientación.

La reforma política, producto de la inquietud democrática de José López Portillo, es, sin duda alguna, expresión de un México más nacionalista, más democrático y canal de opinión, tanto de la mayoría como de las minorías. En su contexto general la reforma política es garantía de la solidez de las instituciones de la República; en lo particular es usada para fines partidistas como instrumento de expresión, de tesis y de doctrinas.

La historia nos muestra que la pluralidad de ideas es esencia y característica del pueblo mexicano pero que para resolver nuestros problemas tenemos que actuar unidos. En este momento tenemos problemas y peligros del exterior y del interior y si queremos superar la actual crisis debemos trabajar con fe y entusiasmo y juntos aunar esfuerzos por una patria más justa y democrática.

Nuestra Constitución contempla en su articulado un capítulo referido a los derechos individuales como conquista de una lucha constante y perenne del pueblo mexicano. Debemos fortalecer, respetar y hacer respetar esos derechos individuales. Con estricto apego a la ley mantener, preservar y acrecentar la dignidad y respeto al hombre, ser ontológico de nuestra evolución social. Sin embargo, nuestra Constitución de 1917 fue la primera en el mundo en consagrar derechos sociales, mismos cuya existencia no podemos ignorar, pues son el resultado de la evolución de los pueblos, de sus luchas por enmarcar la preminencia del interés social sobre el interés particular.

Los derechos sociales consagrados en nuestro documento básico son producto de la adecuación de las exigencias del pueblo en un mundo que fuera sólo patrimonio de las personalidades y del interés siempre particular y egoísta. El gobierno tendrá siempre el compromiso insoslayable de tutelar esos derechos sociales, celoso vigilante de que sean respetados y rector de la actividad de una gran sociedad para adecuar y ubicar los derechos, tanto del hombre como de la sociedad a la cual éste pertenece.

Obviamente en materia económica la participación del Estado debe ser constante y permanente para atender que, dentro del progreso que se obtenga, los intereses prioritarios de la sociedad tiendan a una justicia social que permitan el desarrollo justo y equilibrado de sus miembros. El estado debe fortalecer los intereses sociales, que son los intereses del pueblo como factores de supervivencia y equilibrio social.

En ese conflicto de intereses, los integrantes de la LII Legislatura, como constituyente, tenemos el compromiso y una responsabilidad histórica a la cual responder; velar por los intereses del pueblo, otorgar estabilidad, generar confianza y mantener la seguridad jurídica .

Referido lo anterior a la nacionalización de la banca, esta Legislatura, como constituyente, debe orientar sus actos legislativos para proteger al usuario del sistema bancario y de crédito que es el pueblo ahorrador en general; debemos evitar vaivenes políticos e impedir situaciones que impidan el cometido social que entraña la nacionalización de la banca; necesitamos estar atentos los integrantes de esta Legislatura a los propósitos de los diferentes partidos de minoría que persiguen, cada cual con su interés y con una estrategia definida

respecto de estas modificaciones constitucionales; los gobiernos revolucionarios deben estar atentos a no tutelar intereses perjudiciales a los intereses de las mayorías; nuestro compromiso radica en los intereses de la mayoría, principalmente de aquellos económicamente desvalidos. Nunca como una actitud populista porque caeríamos en un error, sino como un compromiso real y de conciencia.

Son, por tanto, razones de interés social, de interés público, las que orientan el contenido de la iniciativa del Ejecutivo Federal para decretar la nacionalización de la banca, y así también, por las mismas razones, la solicitud de encuadramiento de las relaciones laborales de los empleados bancarios en el apartado B del Artículo 123 constitucional, encuadramiento que las circunstancias actuales del país y la actitud asumida por los ex banqueros así aconseja. Encuadramiento que, por lo demás, no es innovación, no es novedad, es requerimiento de las mismas circunstancias que se dieron en otros países como en México a soluciones similares.

En numerosos países del mundo capitalista que tienen el sistema bancario nacionalizado se sigue el criterio de un apartado especial para las empresas que prestan servicios de carácter público, encuadrando en esta clasificación a los trabajadores de su banca estatal. En los países socialistas, cuya banca es del Estado, también, aunque por causas diferentes, los trabajadores bancarios siguen un tratamiento de servicio a un interés superior.

El servicio de la banca nacionalizada debe considerarse como de interés público, cuyo funcionamiento tiene que ser permanente y constante en respuesta a la confianza que el mismo pueblo ahorrador le dispensa.

México, ante crisis como la que estamos viviendo, ve con optimismo el futuro por contar, como siempre, con el apoyo de mexicanos calificados como es el movimiento obrero organizado, cuyo concurso es necesario e indispensable en estos momentos, y cuya actitud patriota debe servir de ejemplo a los representantes del capital.

Por otra parte, nos congratulamos de que un grupo considerablemente numeroso de trabajadores, los empleados bancarios, logren un anhelo largamente acariciado: el derecho a poder sindicalizarse, autodefenderse, y por qué no decirlo, sacudirse el régimen vejatorio al que estaban sujetos con los banqueros privados.

El Partido Revolucionario Institucional, peleador inveterado por la justicia social y la redistribución de la riqueza, le responde al pueblo mayoritario con la nacionalización de la banca, y a los trabajadores con la incorporación de un muy importante núcleo hasta ahora marginado al movimiento sindical.

El partido de las mayorías, el PRI, está consciente de la realidad que se vive; está vigilante y atento de la aparente defensa de los intereses generales que dicen hacer algunos de los partidos de minoría cuando su objetivo real es querer o al menos tener la posibilidad de generar problemas.

El PRI tiene abiertas sus puertas a las opiniones del pueblo, aquellas que quieran construir, pero está presto a cerrar las vías a aquellos cuyo propósito es fortalecer su interés particular en detrimento de los objetivos nacionales.

Vivimos en un país de opciones y de libertades. Conocemos la responsabilidad histórica que el Partido Revolucionario Institucional tiene y las consecuencias de sus actos en la vida nacional. Entiéndase esto como el propósito firme y decidido de responder al compromiso que se tiene con las grandes mayorías y por cuya defensa no exigirá límite en tiempo, esfuerzo y entrega. Muchas gracias."

El C. Presidente: Tiene la palabra, para hablar en contra, el C. diputado Antonio Gershenson.

El C. diputado Antonio Gershenson: Ciudadano Presidente; compañeros diputados...

En medio del júbilo que había despertado entre los trabajadores de la industria petrolera la nacionalización de la misma en 1938, había sólo una reserva: el peligro de que se perdiera al menos una parte de los derechos conquistados con años de lucha contra las compañías extranjeras, debido a que los trabajadores al servicio del Estado tenían sus derechos mucho más limitados que los trabajadores industriales en general.

El gobierno de Cárdenas, sin embargo, sabía que el apoyo obrero era indispensable para sostener y consolidar la nacionalización petrolera y que ello no se lograría pasando por encima de sus derechos. Por lo tanto, no se restringiría a los petroleros a la legislación que se estaba aplicando a los trabajadores al servicio del Estado. Se encontró la fórmula adecuada, los petroleros, lo mismo que los ferrocarrileros, serían trabajadores de organismos públicos descentralizados del gobierno federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, regidos, por lo tanto, por la Ley Federal del Trabajo y sin restricción a sus derechos, en comparación con la situación del conjunto de los trabajadores.

Ahora vivimos el proceso de la nacionalización de la banca frente a los intentos de banqueros expropiados de frenar el proceso, de echarlo hacia atrás y recobrar su antigua posición de privilegio; en el interior del sistema bancario sólo hay una fuerza capaz de operar al sistema, impedir que sea afectado o

saboteado, evitar que deliberadamente se dañe su funcionamiento y su imagen para desprestigiar la medida nacionalizadora.

Esta fuerza son los trabajadores bancarios. De ahí el acierto que representa el unir a la nacionalización el anuncio de que los trabajadores bancarios podrán sindicalizarse y de la próxima derogación del reglamento que lo prohibía, por encima de toda legalidad, anuncios aquí mismo el primero de septiembre.

Ahora, sin embargo, podemos ver una serie de limitaciones a los derechos sindicales y laborales de los trabajadores bancarios; por un lado, se les quiere confinar en el apartado B y su ley reglamentaria, que rige la relación laboral entre los poderes de la Federación y del Distrito Federal y sus trabajadores. Y por otro lado, con la intervención de los funcionarios de los bancos en la organización de sindicatos, con intención evidente de controlarlos desde arriba.

Quiero aquí señalar que lo relativo al apartado B, en mi caso particular no tengo que hablar de oídas, porque formo parte del contingente de trabajadores nucleares del Comité Ejecutivo del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, y nos a tocado probar de las dos sopas.

En 1965, cuando nuestra primera organización sindical se formó, se le negó registro en el apartado A, y sólo se le dio registro en el apartado B.

En 1973 solicitamos y obtuvimos el ingreso al SUTERM, y en 1974 logramos el reconocimiento como trabajadores del apartado A, con plenitud de derecho. Sin embargo, en 1976, a raíz de una serie de agresiones, fuimos mandados castigados al apartado B, y hasta que se promulgó la Ley Nuclear, en enero de 1979, recuperamos nuestra plenitud de derechos en apartado A. Con todas estas aprobadas, nadie nos va poder decir qué derechos hay y cuales no en uno y otro apartado.

Pero además esta experiencia nos muestra que no hay principios sagrados e inmutables que dicen que a esos trabajadores les toca el apartado B, y a estos trabajadores les toca el apartado A; esta y otras experiencias nos muestran que la realidad es que el que puede salir del B al A lo hace, y el que no puede lo refunden en el B. Desde antes de que esto se llamara apartado A y apartado B, desde que la diferencia estaba en el nivel de las leyes y no en el nivel de la Constitución, por ejemplo, precisamente cuando estábamos en el SUTERM, nos narraba el entonces secretario general Francisco Pérez Ríos, la experiencia de los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, que lograron en 1948 superar la legislación de entonces de trabajadores del Estado y pasar a ser regidos por la Ley Federal del Trabajo.

Quisiera yo empezar por enumerar una serie de limitaciones que el apartado B y su ley reglamentaria incluyen en contra de los derechos básicos elementales de los trabajadores sujetos a esta legislación y quisiera que todos tomáramos en cuenta, para el momento de votar, a favor de qué y en contra de qué vamos a votar; si vamos a votar por quitar todos estos derechos a más de cien mil trabajadores bancarios, que es cierto que ahora los tienen todavía más restringidos, pero también es cierto que hay un ofrecimiento que aquí oímos el 1o. de septiembre de que esos derechos serán plenamente recuperados .

Voy a poner solamente algunos ejemplos de lo principal, porque si no nos quedamos aquí toda la noche.

En lo que se refiere a la definición de empleados de confianza, la Ley Federal del Trabajo establece un criterio general de quiénes son los empleados de confianza. En cambio la ley reglamentaria del apartado B establece largas listas que además son ampliables en una serie de otras leyes.

Sobre esta base, cuando a los trabajadores nucleares nos mandaron al apartado B en 1976, de los 1 300 sindicalizados que habíamos en ese momento 500 quedamos fuera inicialmente del proceso de sindicalización, porque según esto podíamos quedar como de confianza.

y en estas listas interminables, para poner sólo un ejemplo, están todos los jefes de departamento y de oficina del Instituto Nacional de Protección a la Infancia, y esto en la ley reglamentaria del apartado B, para no hablar de todas las otras que luego se le han venido agregando. Y los trabajadores de confianza no son sujetos ni siquiera de los derechos más elementales de la propia Ley de Trabajadores al Servicio del Estado.

En cuanto a derechos de asociación sindical voy a mencionar dos ejemplos: el Artículo 79, fracción V, prohibe la afiliación de las organizaciones sindicales del apartado B a organizaciones o centrales obreras o campesinas. Aquí empezamos a ver un ingrediente que vamos a seguir viendo: esta legislación es de tal manera obsoleta que en muchos casos ni siquiera se está aplicando, porque el hecho es que, como se ha mencionado, como cualquiera sabe, la Federación Sindical de Trabajadores al Servicio del Estado del apartado B es parte del Congreso del Trabajo, que cualquiera sabe que es una organización obrera.

Otro caso es que el Artículo 67 señala que un sindicato sólo puede afiliar a trabajadores de una misma dependencia, a diferencia de la Ley Federal del Trabajo, que permite varias opciones, incluida la de sindicatos por rama de actividades económicas o rama industrial; el Presidente, en su informe, habló de