Part 19

En primer lugar, la libertad que tanto pregonan no es un concepto abstracto producto del pensamiento puro del ser humano. Cuando se habla de libertad es preciso saber a qué se refiere, para quién es esa libertad y a quién sirve esa libertad. Baste recordar que cuando los pensadores griegos, geniales por cierto, de la clásica antigüedad, discurrían sobre el concepto de libertad, se referían a la libertad de la aristocracia para dirigir el Estado y a la libertad para explotar a los esclavos. Más tarde, al desaparecer el régimen esclavista, al discurrir sobre el concepto de libertad se referían a la libertad de los señores de disponer de la mayor parte de las cosechas de los siervos de la gleba,

e incluso disponer de la virginidad de sus hijas.

Y ahora en esta época, quienes defienden la libertad en abstracto, como hemos escuchado en esta tribuna, se refiere a la libertad que deben tener los propietarios para apoderarse del fruto del trabajo social. O acaso el largo discurrir sobre la libertad se refería primero a la libertad de los esclavos para ser esclavizados o a la libertad de los siervos para obedecer a sus amos, o a la libertad de los obreros para vender su fuerza de trabajo y dejarse explotar por los dueños de las máquinas y del dinero, ¿a cuál libertad se refieren? Para poder juzgar de una manera justa es preciso saber cuál es el fin que se persigue apelando a la libertad, si la libertad que se invoca es para defender los intereses de la mayoría, para contribuir al engrandecimiento de un pueblo, para hacer más justa una sociedad; entonces luchar por esa libertad es un acto legítimo. En cambio, si la libertad se invoca para mantener privilegios, la lucha por esa libertad no es legítima.

En el caso que nos ocupa, la lucha de las mayorías por consolidar la independencia de nuestro país es legítima, por ello esta mayoría es la única que tiene derecho a invocar la libertad que se construye siempre contra quienes la invocan para negarla.

Debo aclarar que en el Estado totalitario socialista, al que tanto pavor invocan, aluden con miedo; efectivamente declaro que no existe la libertad de morirse de hambre.

Que griten cuanto quieran los enemigos de estas medidas constitucionales, porque con esa actitud se desenmascaran, porque sirven objetivamente a intereses ajenos a nuestro país.

El pueblo mexicano jamás renunciará a luchar por su bienestar y por la completa independencia del país. El pueblo mexicano sabe distinguir de forma certera, por su larga experiencia histórica y por su instinto siempre vivo, de qué lado está la razón y la justicia. Sabe muy bien el pueblo mexicano que los tibios y los reaccionarios jamás han llevado a México adelante, que jamás han defendido la causa de los oprimidos. Las generaciones futuras proseguirán la lucha emprendida por nosotros para avanzar hacia formas superiores de la vida humana. Mientras tanto, las generaciones actuales tienen la tarea honrosa y legítima de dar alimento, techo, vestido, educación, cultura, derechos políticos al pueblo entero y progreso cabal a la nación mexicana.

Señores diputados: estas son las razones del voto particular en pro del dictamen con proyecto de decreto para diccionar o reformar la fracción 18 del Artículo 73 constitucional.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El C. Presidente: Tiene la palabra el C. diputado León Ozuna.

- El C. Raymundo León Ozuna:

Ciudadanos diputados;

Señoras y señores:

Quiero iniciar mi intervención refiriéndome a algunos de los párrafos con los que inició su participación en esta tribuna el licenciado José Luis Lamadrid. Nos decía, que cuando se refería al principio de la nacionalización: "... hemos escuchado argumentos en el pro, menos en el contra". Yo quisiera revertirle esta frase al diputado Lamadrid y decirle que hemos escuchado en el PDM argumentos en el contra y no hemos escuchado argumentos en el pro. Se nos ha respondido a los argumentos que mis compañeros de partido me antecedieron con pirotecnia, con cortinas de humo, con maromas retóricas, como las que acabamos de escuchar del diputado Carreño Carlón. Y digo maromas retóricas porque yo no encuentro antecedente en la plataforma electoral, en los documentos del partido oficial nada que se refiera a la nacionalización de la banca; eso sí, reconozco en ellos su increíble versatilidad retórica para hablarnos hoy de la nacionalización de la banca y mañana hablarnos del primer hombre que llegó a la luna.

No ha habido, pues, argumentos en la mayoría parlamentaria en cuanto a la nacionalización de la banca y no ha habido argumentos porque no los tienen, porque esta mayoría parlamentaria, dócil y monolítica a la consigna del Poder Ejecutivo, no obedece a programa alguno, no obedece a plataforma ninguna, sino a una obediencia fiel a los dictados del Poder Ejecutivo, y yo quiero ser reiterativo en los argumentos que no se nos han contestado, además de impugnar la fracción 18 del Artículo 73 constitucional, referente a las facultades del Congreso.

En el VI informe de Gobierno que rindió ante esta soberanía el ciudadano José López Portillo nos explicó los motivos que en su opinión causaron los problemas financieros y monetarios por los que atraviesa nuestro país y que padecen, sobre todo, las clases pobres, las clases marginadas, a esas que únicamente hemos sido capaces de pedirles perdón; abunda en tales explicaciones en su Iniciativa de Decreto para reformar los Artículos 28, 73, fracción décima, 18 y el 123, apartado B; se nos da explicación justificante de la severa crisis económica nacional, la existencia de factores externos entre los que figura la baja de los precios en nuestras exportaciones petroleras, de las materias primas, los altos intereses de la banca mundial, el desorden económico internacional, la recesión en los países industriales y la disminución de la tasa de inflación en los Estado Unidos de Norteamérica y de otros países.

Entre los factores internos se mencionan el abuso que se hizo de un régimen de libertad de cambios, la carencia de un sentimiento de

solidaridad, la actitud altamente especulativa de la banca privada, situación que aprovecharon los faunos y satanizados sacadólares, al parecer ya absueltos y deliberadamente olvidados.

Se insiste en los considerandos del Decreto que estamos analizando, en que el país tuvo que optar por una política de rápido crecimiento para dar mayores oportunidades de empleo a los mexicanos, y para evitar males más graves como el desempleo, recesión económica, debilidad política, creciente marginación social, dependencia del exterior, injusticia, represión y otras patrañas.

Esa política de rápido crecimiento, así se nos dice, parecía que alcanzaba el éxito cuando se logró un crecimiento económico de un 8% y se buscaba llegar al 10, según el objetivo trazado a costa de lo que fuera en el ya prehistórico e inflacionario Plan Global de Desarrollo.

Ese fue el sueño de hadas, señores, el sueño del milagrito mexicano. Vino el despertar, el regreso a la pesadilla de la realidad. Las causas a las que se atribuye nuestra debacle, estas que acabo de mencionar quizá incidieron en el problema, en la crisis, pero no son las únicas. Las bases en las que se pretendió edificar este milagrito fueron falsas, engañosas, de papel.

Se pretendió financiar este proyecto por un gasto explosivo y expansivo financiado mediante la emisión de grandes volúmenes de circulante sin control y sin el debido respaldo, así como mediante la exportación irracional de grandes volúmenes de petróleo crudo y mediante un desbocado endeudamiento externo.

Todo ello hizo que la inflación interna fuera incontrolable y mucho mayor al índice que se registró en los Estado Unidos y en otros países. Colaterales a la inflación galopante, incontrolable, fueron las altas tasas impositivas, la carestía general, las minidevaluaciones, las macrodevaluaciones, corrupción en el gobierno y la total falta de credibilidad del pueblo.

Esta sigue siendo, pues, nuestra realidad, señores, nuestros amarga realidad a pesar de las maromas retóricas que hemos estado escuchando a través del debate por parte de la mayoría parlamentaria. ¿Acaso hubo crecimiento económico? ¿Acaso justifica este crecimiento económico aparente lo que acabo de exponer? No lo creemos, porque para este año de 1982 se prevé que nuestra tasa de crecimiento económicos será de cero. Una de las más bajas del mundo, si no es que la más baja.

La inflación avanza hacia la argentinización. La planta comercial, industrial, agrícola y turística, están semiparalizadas y un gran número de mexicanos, a los que se dice que se quiso dar empleo, pierden su trabajo, todo por crecer a como diera lugar, al "haber que sale".

Afirmamos que el afán es de intervenir cada día más en la economía y de controlar un mayor número de los medios de la producción, es este el principal motivo de la crisis que estamos viviendo, pues para que el gobierno llegara a más del 70%, como ahora ha llegado su participación en la economía nacional, tuvo que efectuar grandes inversiones inflacionarias para crear, comprar y expropiar empresas, y todas las grandes inversiones y compras salieron precisamente del bolsillo del pueblo, del que ahora se dice que se quiere salvar y rescatar.

Por lo que aquí queda comprobado, señores, que el actual desequilibrio económico del país no ha sido de la falta de intervención del Estado en la economía, como hemos escuchado toda esta mañana y toda esta tarde; o por la falta de socialismo, ya que si el 70% de los medios de la producción están en manos del Estado, la responsabilidad, pues, de la crisis es del dueño de los medios de la producción, que en este caso es el Estado mexicano, que es el partido oficial. Pero, en fin, palo dado ni Dios lo quita. Sin embargo, podemos evitar el golpe que se pretende dar al Poder Legislativo con la pretendida contrarreforma, que no reforma, del Artículo 73 constitucional, fracción XVIII.

Insistimos, se trae a esta soberanía no un proyecto de reforma, sino de contrarreforma antidemocrática y antirrevolucionaria.

Antidemocrática, porque de aprobarse se disminuiría todavía más su poder al Legislativo y con ello al pueblo. Antirrevolucionaria, porque ello constituiría un evidente y franco retroceso.

No lo permitamos, señores diputados; recordemos, entendamos que incluso una de las causas de nuestra crisis económica es precisamente la constante abdicación del Congreso frente al Poder Ejecutivo, al que se le ha dejado hacer todo y de todo, a pesar de que siempre lo hace mal.

Antes que reformar la fracción XVIII del 73 constitucional, la fracción parlamentaria demócrata reclama su respeto y su vigencia, porque es la que garantiza la facultad del Congreso en asuntos económicos y monetarios. Esta facultad actual del Congreso es congruente al origen histórico de los parlamentos que se crearon, entre otras cosas, para tratar cuestiones de control monetario y financiero, lo cual se constituyó en un importante contrapeso frente a la arbitrariedad y el desbordamiento del poder Ejecutivo.

El Congreso debe determinar actos concretos y no debe limitarse a dictar leyes generales. Se debe reconocer nuestra facultad soberana y esencial frente a los otros poderes. Permitir que se nos limite a dictar reglas generales significaría renunciar a nuestras atribuciones, para dejarlas peligrosamente en manos del

Poder Ejecutivo. La delegación permanente de una facultad del Congreso al Ejecutivo rompe el esquema republicano e implica una abdicación de sus facultades; ante la actual crisis económica coincidimos con quienes piensan que en lugar de limitar o dejar trunca esta facultad, según lo pretende la iniciativa que se discute, debemos ampliarla y robustecerla, de manera que junto a lo que expresa actualmente la fracción XVIII del 73 constitucional, este Congreso pueda determinar el volumen del circulante. De esta forma estaremos reasumiendo nuestro papel histórico como Poder Legislativo y estaremos dando vigencia real al federalismo, tal como lo expresa el Artículo 49 constitucional.

Por todo lo expuesto los invito a hacer la siguiente reflexión señores diputados, ¿qué acaso no es esta Cámara de Diputados el foro natural y constitucional para tratar los graves asuntos económicos de la nación? ¿Qué acaso no están representadas en esta Cámara de Diputados las diferentes corrientes ideológicas que están en el país? Creo que si debatiéramos los asuntos financieros y económicos en esta Cámara de Diputados estaríamos regresándole la dignidad y su función fundamental a esta Cámara de Diputados. Creo yo que habría un mejor razonamiento y consenso en las decisiones económicas que dejárselas a una sola persona, al Poder Ejecutivo, o a un gabinete económico o a grupos de presión, o a consejeros secretos del Presidente, todos éstos al margen de la ley. Es necesario, pues, que esta Legislatura se avoque al estudio, con carácter de urgente, de las facultades extraordinarias que en materia económica se le han conferido al Ejecutivo, contempladas en la Ley sobre Atribuciones del Ejecutivo Federal en Materia Económica, la cual encuentra su antecedente justificado en las leyes generales de emergencia, que dieron facultades extraordinarias al C. general Manuel Ávila Camacho; justificadas en las circunstancias de la Segunda Guerra Mundial, totalmente superadas en nuestros días.

Debemos, señores, replantear las atribuciones que en asuntos económicos tiene el Poder Ejecutivo. No es posible que a 40 años de que se inició la Segunda Guerra Mundial esas atribuciones extraordinarias y transitorias sigan teniendo vigencia en nuestros días en la referida ley que se le aprobó a Miguel Alemán en 1950. Creo que, para beneficio y para la salud de la República, debemos de replantear este problema cuanto antes en esta LII Legislatura. No debemos caer, pues, en el error de uno de los parlamentos de más tradición, de más alta jerarquía como el francés, cuando abdicó de su naturaleza, de su función esencial, invistiendo de facultades extraordinarias al Presidente De Gaulle; qué pena, qué lástima que esto haya sucedido en el Poder Legislativo de un pueblo de gran cultura y politización tan avanzadas, como son, ciertamente, las del pueblo francés.

El Partido Demócrata Mexicano lucha y se esfuerza por el advenimiento de cambios rápidos y radicales, de lo malo a lo bueno y de lo bueno a lo mejor. Porque creemos en esto no podemos ni debemos aprobar reformas antidemocráticas y antirrevolucionarias, como sería el caso de restarle facultades a un Congreso ya de por sí minado. Gracias a las voces débiles, al grupo mayoritario, monolítico, que esto ha sucedido, a quienes se les obliga a observar una disciplina reñida en muchos casos con la razón y la justicia.

Confiamos en que, por lo menos esta vez, la razón sea atendida; confiamos en que la LII Legislatura no pase tristemente a la historia como una Legislatura que consolidó al Congreso como el patio trasero del Poder Ejecutivo. Gracias.

(Aplausos.)

El C. Presidente: Tiene la palabra, por la Comisión, el C. diputado Genaro Borrego Estrada.

El C. Genaro Borrego Estrada: Señor Presidente; honorable Asamblea: Solicité el uso de la palabra para apoyar el dictamen elaborado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de esta Cámara, respecto a la iniciativa enviada a esta soberanía por el Ejecutivo Federal, para reformar y adicionar los artículos 28, 73 y 123 de la Constitución General de la República. Mi intervención es en pro del dictamen, por la Comisión, referido, dentro del debate en lo particular, acerca del Artículo 73, fracción XVIII, es decir, acerca del Artículo 3º. del proyecto de Decreto que la Comisión somete a la consideración de esta Asamblea.

Parte de la argumentación de que me ocuparé se apoya en los antecedentes constitucionales de dicho artículo, particularmente al debate sustentado sobre el mismo en el seno del Congreso Constituyente de 1916-1917, por lo que en primer término me referiré a ello de manera sintetizada.

El constituyente de 1916-1917 aprobó el mismo texto que el de la Constitución de 1857; sólo podemos destacar que en el debate el diputado Silva Herrera propuso se agregara en esta fracción el establecer en la República un banco único de emisión que controlara el gobierno federal. Dijo en esa misma ocasión: "en el sentir de toda la Asamblea está la conveniencia del monopolio de la emisión de billetes en favor de un solo banco que controle el gobierno federal". Esta última proposición no fue aceptada por considerar que quedaba mejor incorporada en la fracción X ya discutida, tal como aconteció.

La fracción 18 del Artículo 73 constitucional en vigor dice, al referirse a las facultades del congreso: "Tiene facultades el Congreso para establecer casas de moneda, fijar las condiciones que ésta debe tener, determinar el valor de la extranjera y adoptar un sistema general de pesos y medidas", El texto del Artículo 3º. del proyecto de Decreto que se discute dice: "Se modifica la fracción 18 del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como sigue: 18 para establecer casas de moneda, fijar las condiciones que ésta debe tener, dictar las reglas para determinar el valor relativo de la moneda extranjera y adoptar un sistema general de pesos y medidas." Es decir, la modificación consiste fundamentalmente en cambiar la facultad del Congreso de determinar el valor de la moneda extranjera por la de dictar las reglas para hacerlo. El criterio jurídico lo está señalando ya la propia Constitución cuando se refiere a la deuda pública, criterio que ya desde el constituyente de 1857 se precisó cuando en el debate el diputado constituyente Prieto propuso: "En vista de que es imposible que un Congreso contrate empréstitos propongo que el artículo se reforme diciendo que la facultad legislativa consiste en autorizar al gobierno para contratarlo".

La fracción 8 del Artículo 73 de nuestra Constitución comienza diciendo: "El Congreso tiene facultad; 8a. para dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de la nación..." y así continúa. La facultad legislativa consiste, entonces, en dar bases y fijar reglas y posteriormente controlar, no decidir en aspectos que son típicamente responsabilidad del Ejecutivo.

Creo percibir en la intención de la oradora en contra el deseo de que en aspectos tan trascendentes del desarrollo económico el Poder Legislativo controle al Ejecutivo, de acuerdo con los principios de la división de poderes inscritos en nuestra Constitución. Eso es válido, pero considero que ya nuestra legislación lo establece claramente refiriéndose específicamente a las facultades que la Constitución le señala a la Cámara de Diputados respecto al control de presupuesto de egresos de la Federación y al programa de sus ingresos anuales, lo cual es un importantísimo aspecto que en esta Legislatura debemos de empeñarnos para profundizar y avanzar real y efectivamente en nuestra función de control del Ejecutivo. Enfoquémonos a ello y no abrir otros frentes inoperantes, con mayor razón si al política monetaria está indefectiblemente comprendida dentro de los supuestos y variables tanto de la Ley de Ingresos como del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Debemos estar en principio todos de acuerdo que el Presupuesto de Egresos de la Federación es el detonante fundamental de todo el proceso económico general del país, la actividad de todos los sectores se ve influida por él debido a su alcance, monto, estructura, prioridades, financiamiento y destino: si debemos tener y tenemos control del Presupuesto y de la Ley de Ingresos, también evidentemente lo tenemos y lo deberemos tener acerca de la política monetaria.

Y aquí quisiera referirme a lo señalado por el orador en contra, para precisar que la política económica del presente régimen se apoya en toda una filosofía política, se apoya en una realidad de nuestra patria, en un México en el que hay desigualdad, en el que hay rezago social, y los principios fundamentales que orientaron la estrategia económica de este régimen fueron precisamente avanzar en una medida importante en el empleo y para eso era necesario crecer, y en aquellos momentos, en aquellas circunstancias, teníamos una palanca extraordinaria como era el petróleo, para que nos sirviera para alcanzar, avanzar en una política de crecimiento con empleo, porque este régimen en dos vertientes fundamentales encauzó su decisión, la reforma política y precisamente una política agresiva de empleo y de crecimiento; en suma, una política de democracia y de justicia social.

Los supuestos, el escenario que se veía entonces se modificó; entró en recesión el mundo internacional, se modificó el mercado petrolero, se elevaron las tasas de interés, pero todo ello no significa que en el fondo de una política económica estaba una decisión política una decisión ética, congruente con nuestra filosofía política de avanzar de manera decisiva en los rezagos sociales.

También quisiera solicitar, señor presidente, que la propuesta hecha por la oradora en contra Ofelia Ramírez, que propuso alguna modificación en la fracción que nos ocupa, sea rechazada porque queda mucho más completa la que está apuntada en el dictamen elaborado por la comisión.

La iniciativa enviada a esta Legislatura por el Ejecutivo, en su parte relativa a la fracción 18 del Artículo 73, considero que es así, que es de aprobarse por parte de esta honorable Asamblea. De lo dicho pudimos resumir los razonamientos en que apoyo mi consideración.

No corresponde al Poder Legislativo conforme a la teoría constitucional de la división de poderes, realizar actos que corresponden por su propia naturaleza al Poder Ejecutivo. El constituyente precisó su criterio al respecto al referirse a la deuda pública en la fracción VIII de este mismo artículo, al señalar para dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos, etcétera. La determinación del valor relativo de la moneda extranjera no puede determinarse por un mero acto de

voluntad, ello depende de un sinnúmero de elementos cambiantes cotidianamente, cuya evaluación queda fuera del alcance del Congreso, entre otras cosas porque no se encuentra permanentemente reunido.

La discreción previa al anuncio de variantes en el valor relativo de la moneda extranjera es imprescindible y ésta no se garantizaría al tratarse y discutirse en el Congreso. El solo anuncio de la posibilidad de cambios en este aspecto, genera reacciones inmanejables, que afectan aún más las causas que motivan la adopción de estas medidas, creando distorsiones imprevisibles.

La facultad que se propone de dictar reglas para determinar el valor relativo de la moderna extranjera es acorde con la facultad general del Poder Legislativo y resulta imprescindible hacerlo.

La iniciativa -y esto es muy importante- forma parte del conjunto de medidas tomadas respecto a la nacionalización de la banca y el control generalizado de cambios, que han recibido un definitivo respaldo popular como testimonio indiscutible de la voluntad soberana del pueblo. Y aquí, tanto en el debate en lo general como en lo particular del Artículo 28, ha quedado suficientemente argumentada la validez de estas medidas.

Para finalizar, quiero referirme con la venia del señor presidente y de la Asamblea, a algunos párrafos que considero fundamentales de los considerandos del proyecto de decreto que la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de esta honorable Cámara, somete a la consideración de la honorable Asamblea.

Transcribo: