Part 18

La nacionalización que sigue a la expropiación de los bienes de la banca tiende a liberar a los mexicanos de la camisa de fuerza de un sistema parasitario, por eso es que contra la fulminante desautorización del trabajo legislativo que hace Acción Nacional con los diputados con que discrepa, los representantes de cuatro partidos en el seno de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, convinimos en atender la iniciativa presidencial de reformar la Constitución para reservar al Estado en forma exclusiva la prestación de los servicios de banca y crédito; y también contra esa desautorización pueril que quiere ver servilismo o seguidismo donde hay convicción, en la adición del párrafo quinto del Artículo 28 constitucional que nos ocupa, la Comisión determinó también agregar, para destacar el carácter irreversible y definitivo de esta determinación histórica, la disposición expresa de que el servicio público de banca y crédito no será objeto de concesión a particulares.

Ante la proposición hecha en la misma Comisión por el Partido Popular Socialista de que el contenido de esta decisión pasara a formar parte del cuerpo del Artículo 27 constitucional, la Comisión consideró que ese artículo fundamental quedara reservado para conservar el sustento básico de las reivindicaciones de la nación, como fuente originaria de la propiedad, con su facultad de imponerle las modalidades que dicte el interés público, mientras que el Artículo 28 constitucional se consideró que es el instrumento indicado para establecer las reglas de nuestra economía mixta bajo la rectoría del Estado. Este artículo, que en los términos de una propuesta que ya fue leída por el diputado Arnaldo Córdova, propuesta del PSUM, se ha propuesto que sea objeto de diversas reformas para hacerlo congruente con las nuevas realidades y es un tema que seguramente habremos de estudiar próximamente.

Por la adición que ahora se discute, nos proponemos superar una situación que se había agravado por la falta de control directo del sistema crediticio, lo que propició la ruptura de la armonía de las fuerzas de la producción, que venía lesionando los intereses de la comunidad en virtud de las tendencias monopólicas de la banca privada.

En su aspecto prospectivo, la reforma constitucional tiende a asegurar el desarrollo firme y sostenido que requiere el país, y que se debe basar en la planeación nacional democrática y participativa. Ello requiere que el financiamiento del desarrollo sea servido por el Estado, por ser de interés social y de orden público, para que se maneje en una estrategia de asignación y orientación de los recursos productivos del país, a favor de la justicia de las grandes mayorías.

Estamos de acuerdo ciertamente con el presidente López Portillo en que con la nacionalización de la banca privada, implicada en esta reforma esencial, se programará mejor lo que el trabajo y el ahorro de los mexicanos, las exportaciones y el financiamiento nos significa. Con esta medida se podrá combatir la especulación abierta y hasta institucionalizada, se le quitarán a la inflación los abundantes impactos especulativos que hemos venido padeciendo tan sólo, dijo López Portillo, porque los márgenes de intermediación bancaria trastocaron nuestra economía.

A partir de esta reforma todavía quizá se pueda lograr que ni los trabajadores ni las empresas productivas del país sean

Sacrificadas en mayor medida en este proceso de ajuste.

Tenemos que luchar por que el sentido de esta medida sea la de apoyarnos en estos difíciles momentos y salvar así nuestro esquema de justicia y nuestra estructura productiva.

En lo político, como se ha expresado en este debate, parece que al reivindicarse el papel equilibrador del poder económico por parte del diputado David Orozco, se estaría lamentando que el Estado deje de estar acorralado cada seis años por el grupo de presión que condicionaba las decisiones del poder legítimo con el disparador de la fuga de divisas, y subordinaba al resto de la economía con la concentración y la distribución selectiva del crédito, y cuidado, desde la más limpia preocupación semántica en el caso del diputado David Orozco, estoy seguro; en los demás no sé, no los conozco. Parece hacerse eco en esta Cámara a la voz sucia, paranoica, del diputado estadounidense Larry Mac Donald, que antier incitó al gobierno de Washington a no permanecer pasivo ante la nacionalización de la banca en México, bajo la acusación que en Estados Unidos es cavernaria, inquisitorial, de que ese acto soberano es socialista o totalitario.

Es la misma voz del diputado Mac Donald, conocido miembro del Ku - Kux - Klan, aficionado a escribir cartas contra México y otros países libres del continente, y defensor en el Capitolio de las desapariciones masivas en Argentina, considerándolas necesarias por mantener lo que él ha llamado la paz interna de ese país castigado por el fascismo. Pero no tenemos mucho de qué preocuparnos. También allá en Estados Unidos el diputado Mac Donald y sus 36 confirmantes son infinita, ridículamente minoritarios.

Sobre estas consejas sabe la mayoría de los mexicanos que la nacionalización de la banca constituye una decisión histórica que tiene su raíz en nuestro movimiento revolucionario y en la Constitución de 1917, y que esta reforma constitucional participa de las decisiones políticas para vigorizar nuestro proyecto nacional.

El desplazamiento del monopolio privado de la banca por la autoridad legítima, y ahora a través de los procesos constitucionales, no atenta contra el derecho ni contra la libertad. Formamos parte de un constituyente permanente en el que se han expresado con entera libertad todas las corrientes nacionales. Y la recuperación del servicio público de la banca y el crédito no cancela la libertad económica, libera la economía de quienes la asfixiaban en lo interno y propiciaban su saqueo al exterior.

Los problemas en la frontera norte siempre estuvieron expresamente previstos y creo que debemos ayudar todos a tratar de solucionarlos, en lugar de regodearnos con los quebrantos que sufren nuestros hermanos en esta época de transición y ajustes. No hay que hacer cuentas precipitadas ni se vulgarice a Maquiavelo para tener los efectos que este nuevo impulso nacionalizador tendrá en la relación del Estado revolucionario con las mayorías de la nación.

En México el poder se finca en el consenso popular, el Estado mantiene viva y activa la credibilidad del pueblo y vigoriza su capacidad para renovar ese consenso, fundado en la memoria de la Revolución, ante todo peligro y frente a cada nuevo paso hacia adelante, las mayorías cierran filas con el Estado de la Revolución. No hay que buscar ni segundas ni terceras intenciones en la intención fundamental de esta reivindicación histórica.

Como el régimen y el partido en el poder, a diferencia de lo que aquí se ha dicho, se desacredita sólo cuando adormece su impulso popular y nacional no cuando avanza en ese sentido. Como lo ha expresado don Jesús Reyes Heroles, el Estado mexicano es fuerte, por su legitimidad constitucional y sustento popular. Es un Estado fuerte que dirige, coordina y rige, y no un Estado corcho, que flota entre corrientes contradictorias y que acepta pasivamente las presiones disgregadoras.

Sabemos a dónde podemos ir y por dónde podemos ir. Podemos delinear una meta que conjuga libertad y justicia, democracia e independencia, y seguimos un camino que obliga a no emplear medios que vayan contra estos fines, un camino democrático de libertad, justicia social e independencia. Nadie oculta la persistencia de la crisis y sus asedios, sólo que no nos andamos por las ramas y nos reducimos a la satanización del gobierno o del gasto público. Establecemos fenómenos y corregimos tendencias en reformas legales con actos legítimos, con salidas solidarias.

No caemos en el maniqueísmo de que algún sector monopolice la ineficiencia y la corrupción, aunque planteamos que es la tendencia a la privatización de las decisiones públicas por los grupos de presión; la que propicia en mayor medida la colusión de particulares y funcionarios y los mayores grados de corrupción.

La reforma bancaria tiene más posibilidades de combatir ese vicio que de acrecentarlo, porque recupera los objetivos esenciales del servicio, y al volver al sector público aumentan las perspectivas de vigilancia de la sociedad. Además las conocidas instituciones de crédito que el sector público había salvado de la quiebra privada, acreditan que la administración pública cuenta con los elementos y experiencias suficientes para hacerse cargo de la prestación integral del servicio público de la banca y el crédito considerando que los fondos provienen del pueblo mexicano, inversionista y ahorrador a quien es preciso facilitar el acceso al crédito. Parece que el llamado de atención del diputado José Luis Lamadrid resultó

contraproducente, observó que no había referencias generales en el debate general y logró que las referencias generales pasaran al debate en lo particular. Ni modo, muy brevemente habrá que referirse a la generalización sobre la situación de las empresas públicas. En general pasa al revés, que, como nos decía el diputado David Orozco, cuando estas empresas no tienen utilidades es porque subsidian a otros sectores de la sociedad, y en cuanto a la situación mundial que nos planteaba el diputado Lamadrid como denominador común de la crisis que afecta a otros países en su contexto nacional, quizá pueda acreditarse con la situación de países con tan diferentes políticas económicas, como Alemania, Polonia, Brasil, que acompañan a México entre los de más elevada deuda externa.

Señor Presidente, porque la redacción del párrafo 5o. que se propone adicionar al Artículo 28 constitucional, responde fielmente a los objetivos de defensa social y nacional que reclaman las nuevas realidades, porque su actual presentación, con que se propone culminar el proceso iniciado el 1o. de septiembre, se ajusta plenamente a las normas del derecho administrativo y constitucional, porque la nacionalización de la banca constituye una salida revolucionaria de la crisis, porque además de sus implicaciones económicas y sociales constituye una respuesta política, democrática, que desarma a los grupos de presión y propicia la convergencia y la movilización de todas las fuerzas democráticas de la nación, porque la recuperación de nuestro nacionalismo histórico constituye el mejor baluarte para defender nuestra identidad y nuestra integridad a la hora de la concentración monopólica interna y transnacional, le pido, señor Presidente, con todo respeto, que ponga a la consideración de la Asamblea si el tema de la adición al Artículo 28 constitucional está suficientemente discutido para someterlo a la votación de esta honorable Asamblea.

El C. Presidente: Consulte la secretaría a la Asamblea si el Artículo primero se encuentra suficientemente discutido.

El C. secretario Everardo Gámiz Fernández: En votación económica se pregunta si está suficientemente discutido el Artículo primero del proyecto de Decreto.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo.

Suficientemente discutido, señor Presidente.

Se va a proceder a recoger la votación nominal del Artículo 1º. del proyecto de decreto, en sus términos.

Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el Artículo 161 del Reglamento Interior.

(VOTACIÓN.)

- EL C. secretario Cantón Zetina Oscar: Señor Presidente:

Se emitieron 301 votos en pro y 48 en contra.

El C. Presidente: Aprobado el Artículo 1º. por 301 votos en favor, en sus términos.

Se abre el registro de oradores para la discusión del Artículo 2º.

Oradores en contra, no hay. En pro, no hay.

En virtud de no haber oradores en contra ni en pro se declara aprobado el Artículo 2º., en sus términos, con los artículos no impugnados.

Se abre el registro de oradores para la discusión del Artículo 3º.

En contra la diputada Ofelia Ramírez y el diputado León Ozuna.

Oradores en pro, Genaro Borrego Estrada, Manlio Fabio Beltrones, Heriberto Batres García, por la Comisión, y el diputado Viterbo Cortés Lobato.

Tiene la palabra la diputada Ofelia Ramírez.

- La C. Ofelia Ramírez Sánchez:

Señor Presidente;

Señores diputados:

En relación con el dictamen que se presenta a consideración de esta honorable Asamblea no debemos de perder de vista que tiene como causa una iniciativa del Poder Ejecutivo, que expone algunas proposiciones que se hacen para modificar nuestra Constitución.

Entre otros aspectos que es conveniente señalar, se encuentra el relativo a la reforma de la fracción XVIII del artículo 73 constitucional, en virtud de la cual el titular del Ejecutivo pretende que el Congreso de la Unión renuncie a determinadas facultades que han sido propias del mismo desde siempre, y en todos los antecedentes para pasarlas ahora al Ejecutivo.

Debemos recordar que lo que distingue a la República del cesarismo o del absolutismo es el hecho de que en la República los poderes distintos al Ejecutivo sí ejercitan las facultades que le son propias, y que en el cesarismo se renuncian estas facultades permanentemente y sin justificación para ello.

Se nos propone el cambio de la citada fracción XVIII para que en lugar de que sea el Legislativo el que fije y determine el valor de la moneda extranjera, sólo pueda dictar reglas para que sea el Ejecutivo el que determine dicho valor, renunciando así el Legislativo a una de sus facultades conquistadas y ya consagradas textual y específicamente.

Ya desde la Constitución Política de la monarquía española, promulgada en Cádiz el 19 de marzo de 1812, y que contiene el primer

antecedente de nuestro artículo 3º., se establece en la fracción XIX la facultad de las cortes para determinar el valor, ley y tipo de nominación de las monedas. Y el Artículo 116 del Decreto constitucional para la libertad de la América Latina, sancionada en Apatzingán el 22 de octubre de 1914, concede esta misma facultad, la cual se mantiene en todos los demás antecedentes, como el Artículo 50, fracción XV, de la Constitución de 1824. En el Artículo 76, fracción XIII, de las Bases Orgánicas de la República de 1842.

En todos estos y otros antecedentes se faculta al Congreso a determinar el valor de la moneda, y es la Constitución de 1857 en que el Artículo 72, fracción XXIII, precisa que el Congreso tiene facultad "... para establecer casas de moneda, fijar las condiciones que ésta deba tener, determinar el valor de la extranjera y adoptar un sistema general de pesas y medidas". Esta misma redacción textual fue trasladada al Artículo 73 en su fracción XVIII de la Constitución de 1917.

Ahora el Ejecutivo propone que el Congreso de la Unión renuncie a esta facultad, dando así un paso más en la reducción de las facultades de este Congreso y, por otra parte, en la ampliación de las facultades al Ejecutivo, es decir, al Presidente.

No valen aquí los argumentos que puedan hacerse en el sentido de la dificultad técnica que implica el ejercicio de tal facultad por parte del Legislativo, ya que se tienen los elementos técnicos para ello y, además, para algo deben servir las comisiones que prevé la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

Por otra parte, si hasta ahora en forma reiterada el Ejecutivo ha venido fijando el valor de la moneda extranjera sin protesta alguna del Congreso, esto no justifica que por una violación permanente de la Constitución tenga el legislativo que avenirse a tales actos y traspasar al Ejecutivo la facultad que siendo del Congreso la ha estado ejercitando otro poder sin ningún fundamento legal.

La iniciativa de reformas incluye además otro término que no se contiene en la actual redacción, y es el valor relativo de la moneda extranjera, pero en la exposición de motivos no se aclara el alcance de tal término, considerando por mi parte que puede referirse al valor de la moneda extranjera en relación con la nacional, en cuyo caso aceptaría la inclusión de tal concepto.

Es por ello que he apartado el Artículo tercero del dictamen, proponiendo a esta honorable Asamblea la modificación al mismo, a efecto de que el Congreso no renuncie a la facultad que le ha concedido la Constitución en forma expresa desde la de 1857 y ratificada en la de 1917, por lo que propongo la siguiente redacción a la fracción XVIII del Artículo 73 constitucional, a nombre del Partido Demócrata Mexicano:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad, fracción 18, para establecer casas de moneda, fijar las condiciones que éstas deban tener, determinar el valor del activo de la extranjera y adoptar un sistema general de pesas y medidas.

Muchas gracias.

El C. Presidente: Tiene la palabra en pro el ciudadano diputado Viterbo Cortés:

- El C. Viterbo Cortés:

Señor Presidente;

Señoras y señores diputados:

El tema concreto que nos ocupa ahora se refiere a la fracción XVIII del Artículo 73 constitucional, que está tan ligado a todo el contexto de la iniciativa presidencial, que habrá necesidad de responder a algunas expresiones que se han dado desde esta tribuna con motivo del debate general cuando se hizo alusión, por parte del Partido Acción Nacional y del Partido Demócrata Mexicano, a este caso particular.

Por principio de cuentas, el Partido Popular Socialista declara: debe ser motivo de aprobación la modificación de la fracción XVIII del Artículo 73 constitucional a fin de que el Congreso tenga facultades, entre otras, para dictar reglas que determinen el valor relativo de la moneda extranjera.

Originalmente decía: determinar el valor de la moneda.

Sin entrar en cuestiones jurídicas -yo no soy abogado-, lo principal a nuestro juicio, son los objetivos que se buscan.

¿Cuáles son, pues, las razones por las cuales el Partido Popular Socialista ha decidido su voto a favor de esta iniciativa? En primer lugar, para el Partido Popular Socialista las iniciativas que respondan a las demandas más sentidas de nuestro pueblo deben ser motivo de aprobación franca y decidida, sin sectarismos y con decisión inquebrantable, no importa quién las formule, venga de donde vengan.

De la misma manera aquellas iniciativas que no correspondan y que no sean factor de avance social, económico, cultural y político del pueblo, deben ser motivo de rechazo, vengan de donde vengan, no importa quién las formule.

Estamos de acuerdo en dotar al Estado con los instrumentos legales para fortalecerlos. Tal es el caso de fracción XVIII del Artículo 73 constitucional, tal como lo presenta el dictamen, dándole facultades al Congreso de manera exprofesa. Porque así se fortalece el sector estatal de la economía. Y fortalecer al sector estatal de la economía y ampliarlo sistemáticamente es la tarea más importante de todos los mexicanos que aman entrañablemente a su país; es tarea de todos los partidos políticos

democráticos, revolucionarios y antiimperialistas que luchan por la independencia económica del exterior; que luchan por mejorar el nivel de vida de las mayorías que laboran y que luchan por hacer de México una nación no sólo soberana, sino también un factor de decisión en el escenario internacional para defender el derecho que tienen todos los pueblos de darse el gobierno que sólo a ellos compete.

El Partido Popular Socialista ha reiterado, en infinidad de ocasiones, que nacionalizar significa descolonizar. Y la fracción XVIII del Artículo 73, tal como lo presenta el dictamen, fortalece esta decisión. Porque en un país como el nuestro, descapitalizado por la acción de las empresas transnacionales y por los malos mexicanos que exportaron capitales al exterior, el papel decisivo para multiplicar las fuerzas productivas, el desarrollo de la industria básica con independencia del extranjero, el desarrollo de una producción agropecuaria con los avances de la ciencia y la técnica, y la prestación de los servicios adecuados, no pueden quedar en manos de los particulares, porque esto, y no es una cuestión de moral, es una ley objetiva de la producción capitalista, persigue siempre y en todas las circunstancias, las máximas ganancias.

Sólo los insensatos, ciegos inconscientes, guiados por ciegos conscientes o cínicos y descarados agentes del imperialismo extranjero, persisten en demandar al Estado para que se entreguen a los particulares las palancas de la economía de nuestro país, funesta, bárbara, criminal idea, que esconde el verdadero deseo de abrir las puertas al capital extranjero y que México quede desarmado para siempre bajo los dictados de las empresas transnacionales, para enriquecer sólo a unos cuantos en detrimento de la soberanía de la nación, puesto que al fin y al cabo el capital no tiene patria.

Luchar contra todo tipo de ideas reaccionarias es un deber y una obligación de los mexicanos progresistas y patriotas, porque cuando un país depende de fuerzas económicas extranjeras la clase trabajadora queda a merced de intereses extraños y su nivel de vida depende de quien controla su vida material.

Y siempre su nivel de vida se deteriora, como ha ocurrido cada vez que la moneda se devalúa. Han sido las masas trabajadoras las que han sufrido las consecuencias de este fenómeno económico, su poder de compra bajó de manera dramática, mientras que una breve minoría ha aprovechado la circunstancia para aumentar su fortuna de una manera escandalosa e insultante.

En buena hora que el Estado haya decidido la nacionalización de la banca y la legislación correspondiente para hacer irreversible tal medida. Para que los ahorros del pueblo sirvan para impulsar la producción y los servicios fundamentales, terminando con la especulación mercantil y con el agio, que en gran medida ha sido la forma más despiadada de explotación del trabajo social en nuestro país. En buena hora que con estas medidas se intente disminuir el desnivel tremendo que aún existe entre una breve minoría opulenta, feroz, prepotente, agresiva, cada vez más rica de una inmensa mayoría que carece de lo indispensable y cada vez se hace más pobre. Los que no ven al futuro y se aferran al pasado, los que se han beneficiado con la pobreza del pueblo, se rompen las cuerdas vocales cuando proclaman con gritos histéricos que la nacionalización de la banca y la legislación correlativa que hoy nos ocupa es una medida socialista que conduce a un Estado totalitario que conculca la libertad, el tesoro más preciado del ser humano. Otros ven la mano del comunismo internacional porque ahora se le atribuye a éste todo lo que de alguna manera limite los privilegios indebidos y busque el bienestar de las mayorías. Pero mientras a sabiendas, porque es falso de toda falsedad, que estas medidas sean socialistas porque éstas se dan dentro del marco de la propiedad privada de los instrumentos de la producción económica. Son, podría ser, si acaso una medida avanzada, progresista, patriótica, pero no medidas socialistas porque no cambian la esencia de las relaciones de producción existentes.

El hombre en nuestro país, durante algún tiempo, seguirá viviendo en el reino de la necesidad, a pesar de estas medidas progresistas; reino de la necesidad, el sistema donde el hombre sigue siendo ajeno a sí mismo como resultado de las relaciones de producción entre los hombres, dentro de un proceso histórico, división social del trabajo y propiedad privada de los instrumentos de la producción económica.

Pasar del reino de la necesidad al reino de la libertad, que si es socialismo será un proceso muy largo, pero que no está aún a la orden del día. Quien no entienda esto se engaña a sí mismo. Las medidas constitucionales que aquí se proponen no conducen a un Estado totalitario que conculque la libertad. En todo caso son un peldaño para una sociedad mejor.