Part 17

Esta medida que nacionaliza la banca requiere ser fortalecida con acciones de carácter democrático, tanto en el terreno de la lucha política como en el aspecto jurídico. Es un acierto el que se eleve a rango constitucional la nacionalización de la banca, acierto que avalamos y apoyamos en la práctica política la fracción parlamentaria obrera del Partido Socialista de los Trabajadores.

El contenido jurídico que adiciona el Artículo 28 constitucional norma el carácter con el que deberá regirse el Estado mexicano para regular los servicios de la banca y crédito. La adición al Artículo 28 constitucional expresa con claridad el hecho de que el servicio de

banca y crédito ser prestado exclusivamente por el Estado a través de instituciones que serán establecidas por la correspondiente ley reglamentaria, para que este importante servicio público no sea objeto de concesión a particulares.

Esta adición al Artículo 28 constitucional la apoyamos y defenderemos porque acumula elementos jurídicos y políticos que coadyuvan a fortalecer un proyecto de nación soberana, libre y feliz, desde la óptica de la clase obrera y del pueblo.

La adición al Artículo 28 constitucional que estamos discutiendo, y que se aprobará en los términos antes mencionados, ya ha sido sancionada afirmativamente por amplias masas populares, las cuales se han manifestado solidaria y combativamente en la capital del país y estados federativos.

Quienes en los hechos, intenciones y palabras, se seguían por la ideología contrarrevolucionaria que amamanta el imperialismo norteamericano, y la gran burguesía interna, saben que cuando las conquistas democráticas y revolucionarias prenden en el pueblo organizado, éstas adquieren el carácter de irreversibles. Por ello juegan sus cartas en una legalidad que cuando ya no les sirve, tienden a destruirla con procedimientos típicamente fascistas.

La legalidad constitucional se ha fortalecido. Ahora dependerá de la forma en que las fuerzas nacionales y populares procedan para aislar, debilitar y derrotar las agresiones de dentro y fuera del país.

Asimismo dependerá de la congruencia de lo más lúcido del nacionalismo revolucionario y del movimiento obrero organizado que tiene aquí, diputados que lo representan. Muchas gracias."

- EL C. Presidente: Tiene la palabra para hablar en pro, el C. diputado Edmundo Jardón Arzate.

El C. Edmundo Jardón Arzate: Señor Presidente; señoras y señores diputados:

Ciertamente, como señalaba el diputado Lamadrid, las causas por las que atraviesa nuestro país y sus consecuencias no son exclusivamente de orden interno; pesan en esta crisis factores de orden internacional que todos conocemos. La despiadada competencia de las potencias imperiales, no sólo entre sí, sino al unísono en contra de los países en desarrollo como el nuestro.

La baja en los precios de nuestros productos de exportación, básicamente materias primas, productos agrícolas y el alza en los precios de los artículos de importación.

La lucha llevada al terreno del monetarismo con el propósito de hacer más competitiva la colocación de mercancías en el mercado internacional.

Todos estos factores, y yo aquí sintetizo, han influido en el deterioro de la economía de nuestro país y nosotros los tenemos muy en cuenta, los sondeamos y consideramos cuál es su fuerza y su importancia. Y también juzgamos que contra los efectos negativos de estos factores externos, tenemos y debemos de luchar.

Pero junto con ellos, no hay duda, hay factores internos, que en el curso de esta discusión y en discusiones anteriores, se han esbozado o se han tratado de analizar a fondo. Se ha dicho que el gobierno o los gobiernos son los culpables, los responsables de la situación crítica que hay en la economía mexicana.

Esto parcialmente es cierto, nosotros hemos criticado desde hace mucho tiempo, lo que se dio en llamar la política del desarrollo con estabilidad y quizá en otra ocasión habrá oportunidad de analizar con más detenimiento los remotos orígenes de la situación en que nos encontramos ahora. Pero imputar sólo al gobierno la culpa de lo que sucede sería parcializar las cosas.

Yo digo, por ejemplo, a quienes diciendo no defender a los banqueros, en la práctica están haciendo la defensa del sistema bancario privado, no a un banquero en particular. Dónde estuvo la actitud de quienes hoy defienden esta posición de crítica a esa política equivocada de los gobiernos, de crítica y de oposición real, efectiva, todos los días y en todos los ámbitos de la vida nacional. Mientras esta política favoreció a intereses de una minoría, quienes hoy defienden a la banca privada callaron; no hicieron objeciones de ninguna naturaleza a lo que estaba sucediendo en el país y mal se puede venir a censurar ahora una medida como la que se ha tomado el 1o. de septiembre de este año. Es cierto, yo estoy de acuerdo en que no son sólo los banqueros los que han causado esta crisis, que entre otros aspectos tiene el de una crisis financiera. No son sólo los banqueros privados los culpables de la pérdida de las divisas de que disponía el país; todos sabemos que hay otros culpables. Sabemos por ahí de un habilitado embajador de rancia familia porfiriana, que incluso trató de conseguir que se establecieran aquí en México casas de juego, a semejanza de las que hay en Las Vegas. Sabemos que este señor embajador, aficionado a los juegos de azar, debe haber gastado bastantes dólares en Las Vegas, a lo mejor los sigue gastando.

Sabemos de un cierto comentarista de televisión que tiene esta misma debilidad y que a lo mejor ahora, a la chita callando, está rumiendo su coraje porque no puede seguir yendo a jugar a Las Vegas, como lo hacía cada fin de semana. Sabemos de un cierto dirigente

sindical que tenía o tiene esta misma costumbre, disfrutando de los gajes del auge petrolero, apoyado por cierto como candidato a senador, por cierto socialista.

Son ejemplo nada más, pero son ejemplos menores, porque yo digo que para hacer una sangría de recursos financieros, como aquellos de los que disponía el gobierno hasta el año pasado, se necesita algo más que ser un empedernido jugador de juegos de azar; se necesita de toda una estructura y de toda una organización. Y esto es precisamente lo que hizo la banca privada. Esta fue la estructura, esta fue la organización.

A través de la banca privada fue que nuestro país sufrió esta pérdida considerable de recursos, que agudizaron la crisis que ya teníamos. Que el gobierno no hizo lo que debió haber hecho en su momento oportuno, de acuerdo.

Fuimos nosotros, desde mucho tiempo atrás, los que venimos insistiendo en que debía haberse hecho; que quizá esta medida no va resolver todos los problemas que tenemos en el país es cierto también, depende de cómo se empleen los recursos que se han rescatado de este monopolio privado y qué destino se les dé, y qué manejo se haga de ellos, y que aun así va a ser difícil que podamos resolver los problemas de esta crisis que afrontamos es evidente. Tenemos ante nosotros tiempos difíciles, tiempos en los que sin duda la merma del poder adquisitivo de los trabajadores se agudizará, en los que sin duda aumentará la desocupación, en los que sin duda habrá cierre de empresas. Todo esto va a ocurrir, va a ocurrir porque ha habido una política económica equivocada, pero sus efectos pueden comenzar a corregirse, y yo digo han empezado a corregirse desde el momento mismo en que por fin el gobierno se decida a dar un paso en el que, a mi juicio, a mi entender, no hay nada que transgreda preceptos legales, y en cambio sí aparta y origina un reacomodo en la composición social de nuestro país.

En Sicilia, en el siglo pasado, hubo un hombre, Mazzini, que fundó una organización cuyo propósito original era combatir los atropellos de los grandes terratenientes de esa parte de Italia. Esta organización vino en proceso de degeneración y, finalmente, por circunstancias económicas, cuando la emigración italiana se acentuó hacia los Estados Unidos, esa organización sentó sus reales en el vecino país. Hoy la conocemos todos con el nombre de la mafia. La mafia en los Estados Unidos durante mucho tiempo fue el hampa organizada, pero organizada fuera de la ley, realizando actos todos ilícitos. Con el tiempo los dirigentes de la mafia, los capos, se dieron cuenta de que los ingresos que obtenían con sus actividades ilícitas podían destinarlos a actividades lícitas y empezaron a penetrar en las organizaciones sindicales, en el comercio, en la banca, en la industria de los Estados Unidos. Y hoy la mafia convive en este democrático país que tanto admiran muchos, convive con otra mafia, con la legal, con la que siempre ha hecho del robo y del latrocinio actos que están permitidos en este tipo de democracia.

En México -valga la comparación- nuestra mafia no tuvo que seguir este camino; entró directamente por las vías legales a la comisión de actos ilegales, ilegales desde el punto de vista de la justicia, no de la legalidad. Ejemplos puedo dar. Qué fue William Jenkins. Fue un delincuente, respetable señor del Banco de Comercio, creador de la Fundación Jenkins, hombre honorable, sí; contrabandista de alcoholes en sus inicios, cónsul de los Estados Unidos que se autosecuestra tratando de crear problemas al gobierno de Venustiano Carranza con el gobierno de los Estados Unidos, acumula dinero, se hace del ingenio de Atencingo y va creando un imperio, un imperio primero local en Puebla, que se va extendiendo, incursiona en las salas cinematográficas, después en la producción cinematográfica y finalmente en la banca, y como dueño del ingenio de Atencingo manda asesinar a Porfirio Jaramillo, hermano de Rubén Jaramillo, por que estaba organizando a los trabajadores de ese ingenio. Y no es ajeno a él como persona, no es ajeno este Jenkins, aunque el instrumentador material del crimen fue Gabriel Alarcón; no es ajeno a este asesinato, al asesinato de Alfonso Mascarúa, que trataba de organizar a los trabajadores cinematografistas. Y si nos fuéramos hacia atrás podríamos recordar a uno de los precursores de lo que hoy se llama Grupo Monterrey y precursor también de la banca en México, a Patricio Milmo, el apellido tal vez les resulte familiar; tiene relación con las cosas de la televisión y del cine; este Patricio Milmo natural de Irlanda, llegó a nuestro país en el siglo pasado y se radicó en Monterrey, y allí en plena guerra de secesión en los Estados Unidos vio la oportunidad de hacer negocio y lo hizo, a través de Bagdad y de Matamoros introducía armas inglesas para venderlas a los esclavistas sureños y compraba algodón a los esclavistas sureños y se los vendía a los mercaderes ingleses; gracias a esto y a que casó con la hija de Santiago Vidaurri y a que cada vez que el gobierno de Juárez pretendió meterle mano se amparaba en este parentesco político; Patricio Milmo se convirtió en uno de los precursores, hoy santo de la veneración de la iniciativa privada, de nuestra banca y de eso que hoy se llama Grupo Monterrey.

La banca privada en México, señoras y señores diputados, es eso, es delincuencia. Aquí se ha dicho que cualquier mexicano puede ser banquero, y, con perdón de quien lo haya

dicho, yo digo que no, no sólo porque como también se dijo hay que tener derechos para hacerlo; no, para ser banquero hay que, en primer lugar, no tener escrúpulos de ninguna naturaleza.

Hay que ser conscientes, si se quiere ser banquero, de que va uno a encajar el puñal en la espalda del semejante sin ninguna piedad; no hay que tener escrúpulos, y así si se puede ser banquero, banquero privado.

Nuestros banqueros han sido eso, hombres sin escrúpulos.

Yo aquí encuentro, tal vez esté equivocado, pero no sé, no sé que en la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional haya como hubo en otros tiempos un doctor Fausto, un Aquiles Elorduy; supongo que todos son creyentes sinceros y los respeto, pero encuentro una contradicción en su actitud: cómo defender el robo si el Decálogo lo prohibe: "No robarás"; cómo olvidarse de la frase de Jesucristo: "Más fácil es que pase el camello por el ojo de la aguja que el rico entre al reino de los cielos". Y ¿qué no fue Jesucristo el que expulsó a los mercaderes del templo? Tal incongruencia entre la defensa de quien roba e incluso asesina o manda asesinar, y lo que se tiene como convicción íntima de carácter moral.

Sonará extraño que en este materialista hablar de esta manera. Pero yo les digo a todos ustedes, señores diputados, que la moral de nosotros los comunistas es real. No es de palabra. Corresponde exactamente a nuestra conducta y a nuestros actos. No somos hipócritas. Y se los digo como ateo.

Porque termino aquí y por eso creo que el rescate, por parte del Estado, de los recursos en poder de la banca privada constituyen un acto de salud pública, porque, repito, Honorato de Balzac, en alguna de sus novelas, de la Comedia humana, hace decir a uno de sus personajes las siguientes palabras: "Detrás de toda gran fortuna, hay siempre un gran crimen".

Vean ustedes, señores diputados, y piensen si detrás de las fortunas amasadas por estos banqueros privados, que hoy claman justicia y se llaman a despojo, hay o no, ha habido o no, grandes crímenes que han dañado no a una persona, no a un grupo de personas, no a un sector social, sino a toda nación.

El C. Presidente: Tiene la palabra por la Comisión el C. diputado José Carreño Carlón.

El C. diputado José Carreño Carlón: Con permiso, señor Presidente. Esta honorable Asamblea y todo el pueblo de México conocen bien las circunstancias que determinaron la expropiación de los bienes de las instituciones de crédito privado y el proceso constitucional de nacionalización de la banca, de la que en la fase actual se ocupa esta soberanía.

Pero los cauces que ha tomado este debate obliga a dar respuestas concisas a algunas afirmaciones y a establecer, con la mayor objetividad, hechos y derechos. Empecemos muy brevemente al azar, con algunas absurdas y algunas negativas reiteradas.

No, otra vez no, la adición al Artículo 28 con el párrafo quinto no impide que alguien se dedique a la profesión que quiera. El de la banca y el crédito es un servicio público y, como tal, se había venido concesionario por parte del Ejecutivo Federal, a través de contratos administrativos, en persona morales constituidas en forma de sociedades anónimas, con el objeto de que colaboraran en la atención del servicio. Ahora toda persona física, con vocación de banquero, puede aspirar a tener derecho a seguir a la banca nacional. No se puede ahora sí que por antojo perpetuar una banca al gusto de los ex banqueros y de sus defensores. La concesión, por su propia naturaleza, es temporal, y en todo tiempo el Estado se puede hacer cargo del servicio.

Otro no, la situación de la banca no era ninguna garantía para la libre competencia. Los empresarios privados concesionarios abusaron de la concesión, de la intermediación financiera y se involucraron en procesos de expansión monopólica con el dinero del público. Atentaron contra el principio de libre competencia que decían defender, desplazando por la vía de la prestación selectiva y discriminatoria del crédito a otros empresarios de diversas ramas de la actividad económica. Se desentendieron de los criterios de interés general en que se debe sustentar todo servicio público y concentraron sus beneficios en las capas más favorecidas de la sociedad. La banca privada tampoco obedecía a lineamientos nacionales. La banca privada probó palmariamente su falta de solidaridad por los intereses del país y de su aparato productivo, pospuso el interés nacional y fomentó, propició, incluso mecanizó la especulación y la fuga de capitales. Ante estas situaciones no hay más que parafrasear al Presidente Lázaro Cárdenas en 1938 a propósito de otros hechos. Cualesquiera de estas circunstancias hubiera bastado por sí sola, y con mayor razón la concurrencia de todas ellas, para que el gobierno se encontrara en la imperiosa necesidad de decretar la expropiación con la premura que el caso demandaba e iniciar el proceso de nacionalización. Los ex banqueros y sus defensores en esta tribuna insisten en que el gobierno tenía los instrumentos para controlar la banca privada, y que así lo declaraban con frecuencia los funcionarios públicos. La autocrítica del presidente López Portillo no deja lugar a dudas; confesó que así lo creía su gobierno en el VI Informe, pero que no fue así, que una dolorosa historia así nos lo demostró a todos. A

los sostenedores de dogmas y de verdades inmanentes para enmascarar la inmovilidad y la perpetuidad de los intereses les puede extrañar, pero los revolucionarios saben que toda medida revolucionaria parte de una autocrítica radical. La idea de la libertad que aquí han manejado los defensores de los ex banqueros había permeado, hay que reconocerlo, importantes enclaves de la decisión pública, era y es una idea colonizada de la libertad, la libertad de un grupo minoritario para poner de rodillas a la nación y la negación de la libertad para defender al país y los intereses de la mayoría.

Roto el tabú, como lo reconoció el Presidente de la República, la Revolución se libera de temores y la nación está en mejor aptitud para su autodefensa. Sólo desde el más irresponsable simplismo o desde la mala conciencia proyectada en los demás se puede seguir atribuyendo a la supuesta necesidad de ocultar errores o desviaciones, una medida de la trascendencia y del valor histórico de la nacionalización de la banca.

Para quienes evitar la ruina del país no acredita la utilidad pública, allá, con su idea del país y del interés general. Pero otra vez, hoy como en 1938, podemos repetir el concepto acuñado por el presidente Cárdenas: La expropiación se efectuó en un estado de necesidad pública que requería la urgente intervención del gobierno.

Expropiados los bienes de las empresas, cuya actitud de tan grandes peligros entrañaba para la seguridad de la nación, el estado quedaba obligado, por las mismas causas de utilidad pública en que se basó la expropiación, a asumir directamente la prestación de los servicios, como lo hizo desde luego, con sustento en la ley y en el apoyo de la inmensa mayoría de nuestro pueblo.

La expropiación de los bienes de la banca y su proceso de nacionalización era ya una urgencia. No se puede insistir en la necesidad de que se trató de una medida inconsulta, secreta o caprichosa. Como ya se ha señalado en esta tribuna, desde los albores de nuestra vida constitucional y más tarde, desde la creación de las primeras instituciones nacionales de crédito en los años treinta, la conciencia crítica de amplios sectores de nuestro pueblo, así lo subraya el dictamen, empezó a manifestarse en favor de recuperar un servicio de manos de quienes no podían y no querían acudir con el ahorro social al desarrollo integral y armónico de la propia sociedad.

Sólo desde un ánimo dilatorio en favor de los intereses concretos de los ex banqueros privados se puede seguir insistiendo en la necesidad de audiencias públicas para culminar el proceso de nacionalización. Sólo desde la más absoluta sordera, desde el aislamiento total de las voces populares, se pueden ignorar las demandas contenidas a lo largo de más de medio siglo de la nacionalización de la banca. No hay que perderse en truculencias ni fantasías. La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, como aquí lo señalaba el diputado Mariano Piña Olaya, da cuenta de las dificultades que antes aplazaron y hoy propiciaron esta medida, cuando establece que un acto de nacionalización no se da en el vacío histórico, ni por capricho, ni por mero acto de poder. Es, por el contrario, la respuesta a una serie de condicionamientos políticos, sociales y económicos que se van gestando en el curso del tiempo, y que en el complejo juego de las fuerzas sociales obtienen la madurez suficiente, la gravedad y el apremio de la urgencia que justifican su determinación y conjuran los peligros sociales que lo aconsejaron.

Hoy, en esta jornada, todavía se insiste en nuevas mociones dilatorias, pero en contraste con la prudencia que supone dicta tan deseada morosidad, los más resignados de los defensores de los ex banqueros privados emplazan ahora, de la prensa sobre todo, apresurar la definición de las indemnizaciones a partir del derecho de amparo; proponen la devolución inmediata a los intereses del mercado del servicio bancario y de crédito, como si esa no fuera vía segura para una nueva concentración, o ya por lo menos demandan acelerar la restitución a los particulares de los bienes expropiados que se habían acumulado en el proceso monopólico privado.

Deben saber estos señores que en México los derechos de la colectividad, preservados por la expropiación, deben prevalecer sobre los derechos particulares, y que no se puede subordinar la aplicación de la ley a las posibilidades del pago inmediato de las indemnizaciones.

La cuestión del derecho de propiedad como un derecho natural inmanente, anterior a la sociedad organizada en Estado, y simplemente reconocido por él, como aquí se ha señalado, puede ser un tópico de salón o un tema de filosofía idealista, pero carece de interés en un Estado de derecho, aparte del principio nacional, racional, laico, de que la Constitución es la fuente de todo derecho, y particularmente del de propiedad que originariamente lo conserva la nación.

Aquí no caben, como lo pretende el diputado del PDM Juan López Martínez, situaciones supuestamente derivadas de la naturaleza por más que las matice con imágenes zoológicas.

A partir de estos criterios, señores, tan arraigados como la movilización histórica de un pueblo entero que se dio la Constitución vigente y que sigue actualizándola conforme a los reclamos de los nuevos tiempos se actuará en el campo de los bienes expropiados. Pero en la nacionalización del servicio de banca y crédito no habrá ni un paso atrás.

Sólo la ingenuidad o una desinformada interpretación de la votación del 4 de julio o el montaje de una descarada intriga política con la vana pretensión de dividir las filas del nacionalismo revolucionario puede conducir a la insinuación de que este paso constituye una imposición para el próximo gobierno. El pueblo mexicano votó mayoritariamente el 4 de julio por el programa de la Revolución Mexicana, que incluye la expropiación por causa de interés público.

Pero, por si alguna duda quedara, leo textual la expresión del licenciado Miguel de la Madrid en este campo: "Reforzaremos -ha dicho- la facultad de rectoría económica del Estado concentrando recursos e instrumentos en las actividades que, además de contribuir al bienestar de las mayorías, consoliden nuestra independencia económica". El pensamiento expresado por Miguel de la Madrid parte de los mismos supuestos críticos que condujeron al presidente López Portillo a las medidas del 1o. de septiembre.

"Será indispensable -dijo- un mayor esfuerzo para aumentar el ahorro del sector privado y mantenerlo en México. El sistema financiero -ha concretado el propio De la Madrid- debe ser un verdadero promotor del desarrollo y no mero prestamista."

Al insistir en que el servicio bancario se debería orientar al financiamiento del desarrollo, bajo los dictados del Estado, advirtió apenas el 8 de mayo pasado:"... no olvidemos que es un servicio público concesionado". Pero la advertencia fue ese mismo día más lejos: "... quienes ante la dificultad se retraigan tendrán que ceder sus posiciones" -recalcó Miguel de la Madrid. Esto es para que sepan a qué atenerse los ingenuos, los mal informados o los intrigantes, el pensamiento de Miguel de la Madrid, el pensamiento del próximo Presidente nacionalista y revolucionario de México. Pero para que no pasen del falso entusiasmo al falso temor, reiteramos con el presidente López Portillo que el Estado mexicano nunca ha expropiado por expropiar, sino por utilidad pública.