Part 15

En estas operaciones, que en la frontera Tijuana-San Isidro, según las noticias, tienen un monto de más de 750 millones de pesos diarios. México está perdiendo en esta sola frontera un promedio de 200 millones de pesos diarios, o sea, su equivalente al precio oficial de tres millones de dólares por día. Nuestra preocupación es, ¿cuánto más se estará perdiendo en el contrabando acumulando divisas en las demás aduanas fronterizas con nuestro vecino país del norte?

Aunque parezca repetitivo también se podrían considerar como factores fundamentales para esta medida totalitaria de la estatización de la banca fuerzas internas y externas. Lo segundo, o sea, el aspecto externo, se pueden especificar algunas cuestiones de orden en donde el endeudamiento externo de 85 mil millones de dólares y la debilidad orgánica de nuestra moneda en la comparsa internacional, principalmente frente al dólar.

Nuestra carencia de cumplimiento de normas de control de calidad para poder exportar en este renglón de la exportación, debemos hacer mención que el Instituto Mexicano de Comercio Exterior, en coordinación con la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, puso a disposición del productor un paquete de estimulos fiscales.

Pero si se carece de lo elemental que la producción requiere, o sea, la competitividad en calidad y precio, de nada sirven esos paquetes fiscales.

En este renglón del Partido Demócrata Mexicano hace mención de la necesidad de devolver la confianza al Estado a los empresarios del país. En este renglón de desconfianza de parte de los empresarios hacia el Estado deseamos manifestar en esta tribuna parlamentaria que a la fecha varias factorías, entre una de ellas AGROMAC, como un ejemplo que funciona en la ciudad de Querétaro, únicamente trabaja tres días a la semana, de lunes a miércoles por falta de liquidez. Esta empresa exportaba a Brasil tractores; otro ejemplo, la suspensión o cancelación de órdenes de trabajo (pedidos) por parte de Pemex a la empresa Industria del Hierro, S.A. También en la ciudad de Querétaro, en esta misma empresa, la cancelación de pedidos de plataformas marítimas petroleras por parte de las Repúblicas de Venezuela y Panamá. Lo antes mencionado nos puede servir de reflexión en algunas causas externas e internas; en lo externo la desconfianza de los países en nuestro sistema de gobierno, y en lo interno la desconfianza, no nada más de los empresarios, sino de todas las clases populares, por que en este renglón los obreros y cientos y miles de familias de esos trabajadores viven en la incertidumbre por el temor de ser despedidos en cualquier momento.

Por lo anterior, no es por defender a los banqueros, que ellos se defienden solos, sino por evitar mayores males a México, a nuestra patria, que es de todos los partidos aquí representados, por el bien de nuestra colectividad, los diputados demócratas estamos en contra de la reforma del Artículo 28 constitucional, por que la empresa no nos satisface en manos de unos cuantos, como lo quiere el capitalismo liberal, ni creemos que la forma ideal para hacerla de utilidad social sea de ponerla en manos del Estado; sí, en cambio, consideramos camino viable la congestión y la coparticipación mediante el accionariado.

El régimen de economía por el que pugnamos estará lejos del egoísmo individualista, que va creando plutocracias, que presionan ante el poder en beneficio de sus intereses particulares.

Igualmente, nos oponemos al monopolio del Estado que ahoga toda iniciativa particular.

Nos declaramos por un sistema compartido; pero en el que la iniciativa de los particulares tenga siempre metas de beneficio colectivo. La ley sabiamente dictada y prudentemente ejercida, regulará estas labores para que no se caiga en las manos del más fuerte, ni la economía del país sirva de instrumento a unos cuantos.

Somos partidarios de la intervención estatal, subsidiaria, y en cuanto que se considere necesaria para superar la producción y para emprender tareas que, en suma, no pueda realizar algún particular.

Nos declaramos partidarios de la propiedad, entendiendo que el trabajo es el medio mejor para llegar a ella.

Pero deberá entenderse que la propiedad no tiene sólo una función individualista, sino que ha de cumplir a la vez con una función social.

En suma, en el Partido Demócrata Mexicano somos partidarios de un régimen de derecho, en donde la justicia se imparta equitativamente. Una comunidad con privilegios y desigualdades en este orden, tiende a la tiranía y a la constitución de castas que oprimen a los más débiles. Por lo anteriormente mencionado,

recalcamos los parlamentarios demócratas nuestra oposición al proyecto de decreto que nos ocupa. Muchas gracias".

El C. Presidente: Tiene la palabra en pro el ciudadano diputado Héctor Ramírez Cuéllar.

- El C. diputado Héctor Ramírez Cuéllar:

Señor Presidente; compañeros diputados:

La fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista desea en primer lugar expresar su inconformidad con la forma en que se han conducido los debates el día de hoy en que prácticamente nuestro reglamento no se ha aplicado. Nosotros somos partidarios de que en esta tribuna se permita la más amplia libertad de expresión, pero consideramos que ha habido una actitud excesivamente tolerante, excesivamente flexible, que hace que estemos trabajando con métodos parlamentarios anticuados, obsoletos y absurdos.

Hace unos minutos abortó una maniobra parlamentaria de la diputación del Partido Acción Nacional, al venir a plantear en un momento inoportuno, de acuerdo con nuestro Reglamento, la suspensión de un asunto que era en lo particular. Ocurrió un fenómeno sorprendente; la demagogia del fascismo llevada a su máxima expresión, es decir, todo el día de hoy escuchamos con infinita paciencia las prédicas acerca de la defensa de la propiedad privada, acerca de la propiedad de los banqueros, y de pronto aparecieron los diputados de la derecha enarbolando una bandera del movimiento obrero, las demandas de los trabajadores bancarios.

Desgraciadamente, y por el uso inadecuado del reglamento, algunos diputados progresistas se encontraron presionados y estuvieron a punto de hacerle el juego a esta maniobra de la derecha. Pero si estos métodos parlamentarios son anticuados y

absurdos debemos seguir hasta el final en este debate a estas alturas.

Nosotros no hemos impuesto las condiciones de trabajo parlamentario, pero las acatamos aun en contra del más elemental razonamiento político. Hemos escuchado las voces que vienen del pasado, del liberalismo clásico. Hemos escuchado voces que vienen de las etapas históricas ya superadas por el pueblo mexicano, las voces del más acentuado liberalismo e individualismo en materia económica. Debemos reconocer que en otras legislaturas hubo diputados de la derecha más avanzados, con mentalidad moderna que ya no manejaban las viejas tesis del Estado abstencionista, las viejas concepciones, superadas por la historia, de la intervención supletoria en la economía nacional.

Aquí, en la Cámara de Diputados, ha habido diputados de la derecha que han sido más conscientes, que han sido más inteligentes y que han aceptado y reconocido la superación del liberalismo económico, y que han aceptado distintos grados de intervención del Estado en la economía.

Por fortuna las leyes económicas no las puede detener el discurso de un parlamentario, ni siquiera un decreto de la Cámara de Diputados, las leyes económicas avanzan, progresan y muchas veces se imponen por encima de los intereses, de las inquietudes y de la voluntad de las personas, de los individuos que integran la sociedad.

Escuchábamos las voces del pasado y recordábamos a José María Luis Mora, a los liberales de la época de Juárez, cuyo pensamiento, justificado en aquel momento, hoy suena como un burdo anacronismo histórico que en ningún hombre inteligente puede sostener en la etapa moderna, ni siquiera Milton Friedman sostiene sus puntos de vista, ni siquiera la doctrina neoliberal de los mentaristas de hoy es capaz de defenderse abiertamente como aquí lo han echo algunos diputados que se quedaron anclados en el pasado económico y político de México. Por lo demás, la doctrina de Friedman no se aplica como él la plantea en ningún país capitalista; nosotros hemos examinado la reforma que el Presidente de la República propone al Artículo 28 de la Constitución y consideramos que aunque no nos satisface plenamente desde el punto de vista jurídico, sin embargo sí coincide con los planteamientos del Partido Popular Socialista.

El día 13 de septiembre nosotros presentamos a su consideración una Iniciativa para reformar el Artículo 27 constitucional, en la cual le otorgábamos al Estado la prestación exclusiva de los servicios crediticios y bancarios y otra reforma al Artículo 28, en la cual nosotros exceptuábamos de la caracterización de monopolio privado a la presentación de los servicios bancarios.

Vistas estas dos iniciativas, y comparadas con la del Presidente José López Portillo, llegamos a la conclusión de que hay una conclusión de esencia, de contenido, aunque desde nuestro punto de vista la reforma del Presidente tiene una ubicación constitucional más adecuada, no en el Artículo 28, sino en el Artículo 27.

El Artículo 27, como todos sabemos, contiene entre otros aspectos, las facultades del Estado, las áreas de propieded de la nación, ahí, en el Artículo 27, se encuentra legitimada la expropiación petrolera, y se encuentra sancionada también la mexicanización de la industria eléctrica, por lo tanto, nosotros consideramos que es, en estricto sentido político e histórico, en el 27 en donde las reformas del Presidente deben tener el lugar más adecuado desde el punto de vista de nuestra Constitución, pero como nosotros no vamos ha hacer aquí un alegato de carácter formal, simplemente señalamos toda la importancia histórica que tiene el Artículo 27, que por supuesto no se compara con la trayectoria histórica y jurídica del Artículo 28.

Para nosotros el hecho de que hoy aprobemos en lo general y en lo particular que se eleve a rango constitucional la nacionalización de la banca privada representa la culminación de un proceso histórico y político en el cual hemos estado empeñados las fuerzas populares fundamentales de la nación mexicana.

Para nosotros elevar al mayor rango jurídico posible del decreto del 1o. de septiembre le da un carácter irreversible desde el punto de vista jurídico y sienta las bases para impedir que en el futuro o en el presente pueda retrocederse en ese campo, para impedir que otros jefes de Estado, que otros presidentes de la República, que autoridades menores, pudieran, mediante leyes secundarias, mediante decretos del Ejecutivo, o mediante reglamentos, que por su naturaleza no son competencia del Congreso de la Unión, pudieran en el futuro, en condiciones coyunturales que serían adversas para el pueblo y para la nación, retroceder en materia de los decretos que hoy hemos examinado.

Pero esto lo decimos no porque seamos partidarios del fetichismo de la Constitución, no porque consideremos que por el sólo hecho de que una conquista popular se eleva al rango constitucional, ya por sí mismo, es una conquista definitivamente lograda.

Como nosotros no somos abogados formalistas, no somos partidarios del fetichismo jurídico, ni siquiera del fetichismo en la Constitución general de la República.

Sin embargo, la experiencia del pueblo mexicano indica que cuando en el año de 1993 las

compañías petroleras expropiadas hicieron grandes esfuerzos por que el presidente Lázaro Cárdenas diera marcha atrás en materia de expropiación de sus bienes y trataron de aprovechar el hecho de que no tenía el decreto el rango jurídico superior, con el objeto de presionar al presidente Manuel Avila Camacho para que devolviera los bienes de las compañías petroleras.

Más relevante el gobierno de Miguel Alemán, tratando de no proceder, entregó a las compañías privadas los llamados contratos "riesgo", que fue una violación al decreto del presidente Lázaro Cárdenas. Sin embargo, tanto durante el gobierno de Avila Camacho como durante el gobierno de Miguel Alemán el movimiento obrero, dirigido en aquella época, me refiero a los años de Avila Camacho, por Vicente Lombardo Toledano, se opusieron, se opuso enérgicamente a cualquier acción que implicara la devolución de bienes expropiados o un retroceso en esa materia. Lo mismo se hizo durante el gobierno de Miguel Alemán.

Y la principal arma del movimiento obrero para detener las acciones de Avila Camacho y de Alemán fue precisamente el valor histórico y jurídico de la Constitución General de la República, porque un presidente de México, por más audaz que fuera desde el punto de vista de los intereses de la derecha, no podría plantear él la reforma del 27 para volver al pasado.

Así como el Partido Acción Nacional no se atreve a plantear la eliminación completa del Artículo 3º. de la Constitución, así el Artículo 27 es un formidable valladar, un obstáculo y un escudo en contra de acciones o de desviaciones hacia la derecha de parte del poder público.

Pero, además, nosotros consideramos que el echo de que hoy se discutan estas reformas tiene un significado y una repercusión política muy importante; por eso nos opusimos a la suspensión del debate como lo quería el PAN, por que para nosotros es muy importante que este debate termine cuando el presidente Miguel de la Madrid se entreviste en San Diego con el presidente Ronald Reagan.

Para nosotros es muy importante que Miguel de la Madrid pueda firmar con el gobierno norte americano y con el Fondo Monetario Internacional que los decretos del 1o. de septiembre ya no puedan ser abolidos por otro decreto del Poder Ejecutivo, ya no pueden ser abolidos por un reglamento de carácter secundario que emita una autoridad menor, sino que ahora forman parte de la ley suprema de la nación y en esa medida, en esa dimensión, las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y con el Presidente de los Estados Unidos le darán mayor fuerza, mayor consistencia jurídica a los decretos del 1o. de septiembre.

Pero no porque esos decretos no tengan suficiente fundamento histórico, jurídico y político, no porque esos decretos carezcan de base constitucional, sino porque reafirman y consolidan esos fundamentos.

Efectivamente, sólo los abogados que han vendido su conciencia a la iniciativa privada se atreven a decir que no hay bases jurídicas, que no hay antecedentes políticos, que no hay justificación económica para los decretos expropiatorios. Quisiera, simplemente, señalar que en base al Artículo 27, en México la propiedad no es un fenómeno absoluto, sino que es una concesión que el Estado otorga a los particuares, y el Estado está facultado para imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público.

Además, en el caso de la banca privada es mucho más obvio este razonamiento, ya que la banca privada operaba, como todos sabemos, en base al sistema de concesiones administrativas, concesiones que se otorgan y se retiran a los particulares discrecionalmente por parte del Estado. Es decir, la banca privada no maneja ningún bien absoluto, sino operaba una simple concesión de carácter administrativo.

Por otro lado, en la Ley de Atribuciones del Estado en materia económica se faculta el Estado para intervenir en actividades de evidente utilidad pública.

Ya hay por ahí un diputado que se atrevió a decir que la banca no era un servicio de utilidad pública; se atrevió a comparar este servicio con los salones de belleza o con las peluquerías. La banca, tanto por el monto de recursos que manejaba como por la repercusión de sus acciones en la economía nacional, era una actividad de indiscutible, de evidente utilidad pública, manejar tres billones de pesos, convertirse en el instrumento financiero de la industria y el comercio, era y son causas de muy clara utilidad pública.

El Artículo 28 de la Constitución prohíbe la formación de monopolios económicos privados, aunque estamos conscientes de que el citado artículo, por sí mismo, no impide el proceso de concentración que se da en la sociedad capitalista; sin embargo, queda en ese precepto la prohibición expresa para que en México existan monopolios económicos privados, y la banca privada operaba no como un oligopolio, sino como un auténtico monopolio, en virtud de que los cuatro principales bancos controlaban el 75% de los activos totales de la banca privada. Es decir, había un acelerado proceso de concentración bancaria, y ese proceso está prohibido en el Artículo 28 de la Constitución.

Por otro lado, la propia Constitución señala que el Estado podrá expropiar, mediante indemnización, y hasta hoy, que nosotros sepamos, el gobierno federal no se ha negado a

pagar una cierta indemnización a los banqueros afectados. Otra cosa es nuestra opinión sobre la indemnización como partido de la clase obrera, otra cosa es nuestra concepción acerca de si debe pagarse o no indemnización a los banqueros, pero en la Constitución se establece el pago de la indemnización por causa de expropiación.

Por otro lado, y esto está en el amparo presentado por los banqueros, hasta hoy mienten por que no están siendo juzgados por ningún tribunal de excepción ni por ninguna ley de carácter privativo. Además, no hay ningún banquero detenido a causa de los decretos del 1o. de septiembre.

Pero lo fundamental no es el fondo legal del amparo de los banqueros, que ya el doctor Ignacio Burgoa ha condenado al fracaso -y efectivamente así es-, no porque el Poder Judicial dependa o esté subordinado al Poder Ejecutivo, no porque no tengan autonomía los magistrados y los jueces, sino porque, visto en términos generales, el amparo de los banqueros, presentado por cierto entre otros abogados por dos distinguidos miembros del PAN, el fondo de amparo es inconsistente e infundado desde el punto de vista de la legislación actual y lo será más a partir de que dentro de unos minutos aprobemos la elevación a rango constitucional de los decretos ya señalados.

La otra oportunidad es precisamente lo que esconde en el fondo de un recurso jurídico ya perdido, un recurso que está destinado a no prosperar es el hecho de que se están ejerciendo presiones con el objeto de que las empresas expropiadas por el decreto sean devueltas a los dueños anteriores al 1o. de septiembre y de que eventualmente se pague la indemnización más alta posible.

Por esta razón algunos bancos, con una visión más objetiva de la batalla que han perdido, se han retirado del recurso del amparo y han destinado sus fuerzas o esfuerzos hacia la negociación con el Estado sobre la indemnización eventual o sobre la propiedad de las empresas industriales y comerciales. Sin embargo, debemos reconocer un hecho preocupante; a un mes de haberse decretado las medidas históricas que apoyamos, la estructura administrativa de la banca continúa, en términos generales, inalterable; a un mes de distancia sólo se han cambiado a los altos ejecutivos de la banca ahora nacionalizada, pero los gerentes divisionales, otros ejecutivos de alto rango bancario y los gerentes de sucursales continúan siendo exactamente los mismos que en el pasado; esto ha provocado que en algunos bancos algunos gerentes intervengan descaradamente en la formación de los sindicatos y que incluso hayan despedido a algunos empleados por que no están de acuerdo con ellos en su injerencia como patrones en un asunto que sólo incumbe a los trabajadores.

Nosotros consideramos que si bien es cierto que la depuración de la estructura bancaria no podrá lograrse por arte de magia, súbitamente, de un día para otro, sí es necesario el desplazamiento, la depuración de los otros niveles de la estructura bancaria, a efecto de eliminar de los cargos decisorios a los elementos ligados a los partidos de la derecha que durante muchos años han ocupado cargos directamente en la banca o en empresas ligadas a ella; es decir, debemos expulsar de la estructura bancaria a todos aquellos elementos que continúan preconizando la misma filosofía capitalista del pasado, que fue derrotada en los decretos del 1o. de septiembre.

Nosotros consideramos también que es necesario más que someter a la crítica condicionada, porque a veces algunos diputados del sector democrático elaboran tantas críticas a la banca nacionalizada, que no sabemos si están a favor de las medidas del primero de septiembre o, están en contra de esas medidas, porque, efectivamente, los decretos del primero de septiembre no resuelven súbita o instantaneamente los problemas económicos del país y tan no los resuelven que continuamos experimentando una escala espiral incontenible en lo que se refiere a la carestía de la vida, porque todavía la banca nacionalizada no tiene su reflejo en el sistema productivo del país. A un mes de los decretos tadavía no observamos los resultados concretos, los frutos que en materia productiva tendrá la banca nacionalizada.

Sin embargo, ya advertimos dos progresos muy importantes: el estímulo a los pequeños ahorradores y la disminución de las tasas de interés bancario, con el objeto de bajar esas tasas para dar créditos baratos a los industriales y a los comerciantes.

Se afirma también que el Estado controlaba la banca, y con la mirada escrutadora dijo un diputado del Banco de México que la banca privada pudo actuar en todo tiempo.

Efectivamente, si nosotros vemos las facultades del Banco de México en materia bancaria, cualquiera que viera el fenómeno en forma superficial diría: el Estado en México controla la banca privada. Sin embargo, señoras y señores diputados, era falso que el Estado controlara la banca privada de una manera real y efectiva. En los últimos años, especialmente después de la transformación a banca múltiple, la función del Banco de México fue más formal que real; fue más simbólica que verdadera.

Y debemos poner dos ejemplos de esto. Se dice que el Estado controlaba el encaje legal, que llegaba ya al 75% y que esto ya era un nivel confiscatorio inadmisible. Sin embargo, la banca privada podía girar capitales en contra del encaje legal. Y en los últimos años el encaje

legal fue más que todo un mero control estrictamente monetario y no económico ni real.

En cuanto a las líneas de crédito, también el Banco de México ordenaba a la banca invertir, canalizar recursos, pero las líneas de crédito fueron selectivamente acaparadas y concentradas por un breve grupo de bancos, o bien, los bancos creaban las empresas a las cuales querían agregar sus capitales.

Es decir, el Estado hacía como que controlaba la banca y los banqueros hacían como que los controlaba el Banco de México. Pero en realidad no existía un control verdadero de parte del Banco de México.

-La C. diputada María Teresa Ortuño Gurza (desde su curul): Señor Presidente, ya es mucho tiempo, que se aplique el Reglamento.

El C. Presidente: Se notifica al orador que ha terminado su tiempo reglamentario. Le suplicamos terminar su exposición. Tiene dos minutos.

El C. diputado Héctor Ramírez Cuéllar: Por estas consideraciones, compañeros diputados aunque aquí en la tribuna han hablado más de una hora, sin embargo, aceptamos.

Por estas consideraciones, nosotros respaldamos la incorporación a rango constitucional del decreto del 1o. de septiembre, y al mismo tiempo, una vez más, dejamos sentada nuestra inconformidad con la forma como se manejan los debates en que a un diputado le dan hasta una hora, y a otro le quitan su tiempo.

El C. Presidente: Tiene la palabra en contra el ciudadano diputado David Orozco Romo.

El C. diputado David Orozco Romo: Honorable Asamblea:

Estamos discutiendo un tema muy importante, trascendente, y sí nos ha llevado tiempo, tiempo bien llevado, para dilucidar todas las cuestiones. Aquí se han provocado cuestiones semánticas, que no deben provocar nuestro desprecio, porque semántico quiere decir el significado de las cosas y está relacionado de alguna manera con el otro paso lógico, que es la verdad.