Part 1

El C. Presidente: Está a discusión el dictamen.

Se ruega a la Asamblea tome en cuenta el aviso de la Comisión para la discusión en lo general. Se abre el registro de oradores.

El C. Felipe Gutiérrez Zorrilla: Pido la palabra para referirme a este cambio.

El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Felipe Gutiérrez Zorrilla, que forma parte de la Comisión.

El C. Felipe Gutiérrez Zorrilla: señor Presidente; señores diputados:

No es esta intervención para entrar a la discusión de fondo de estas modificaciones Constitucionales, sino para que el procedimiento a seguir en un acto tan importante como es modificar la Ley Fundamental no se venga a distorsionar. El dictamen de la Comisión fue leído por primera vez la semana pasada. Se lee por segunda vez en esta ocasión; pero se le hace una modificación. Textualmente y usando los términos del diputado Maximiliano Silerio, y esa modificación es trascendental. Es una modificación que ya no habla de una excepción, sino que se señala que en tanto se establecen por la Ley Reglamentaria del párrafo V del Artículo 28 constitucional las modalidades a que se sujetarán, mantienen su actual situación jurídica los bancos que antes se llamaban "de excepción".

Además aquí hay una grave omisión, la banca mixta, que consta de aproximadamente de 50 instituciones y que no se mencionan ni en el proyecto del Ejecutivo ni en el dictamen de la Comisión.

Pero esta modificación al Artículo segundo transitorio, señores, es de primera lectura, no es de segunda lectura. Es de primera lectura y, por tanto, la Comisión que dictaminó debe sujetarse al reglamento. Y esta primera lectura, simple y llanamente es eso, no se puede someter a discusión lo que no se ha sujetado a trámites reglamentarios, menos en una modificación tan sustancial y tan importante como es cambiar la ley fundamental, la ley suprema de nuesto país. Muchas gracias."

El C. Presidente: Tiene la palabra por la Comisión el diputado Maximiliano Silerio Esparza.

El C. diputado Maximiliano Silerio Esparza: Señor Presidente; honorable asamblea: A nombre de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales hemos presentado ante esta Asamblea un documento que contiene el cambio de redacción del Artículo segundo transitorio de la iniciativa que envió el Ejecutivo.

Hemos estado analizando la importancia de esta iniciativa, todos estamos conscientes que es una reforma constitucional revolucionaria e histórica. A nombre de las mismas comisiones, y para no entrar en un debate bizantino, vengo a solicitar a esta Presidencia la dispensa de trámites de la segunda lectura, y una vez que esto suceda se entre a la discusión en lo general y en lo particular. Gracias.

El C. Presidente: Consulte la secretaría a la Asamblea.

El C. Secretario Everardo Gámiz Fernández: Se consulta a la Asamblea, en votación económica, si está de acuerdo con la proposición del diputado Maximiliano Silerio con base en el Artículo 59 del Reglamento. Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Se concede la dispensa.

El C. Presidente: Está a discusión en lo general el dictamen.

Se abre el registro de oradores.

Se han inscrito en contra del Dictamen los ciudadanos diputados: Bernardo Bátiz, Vital Jauregui, Gerardo Medina, Francisco Alvarez de la Fuente, Felipe Gutiérrez Zorrilla, José González Torres y Carlos Chavira Becerra.

Se han inscrito en pro por la Comisión los ciudadanos diputados: Juan José Osorio Palacios, Salvador Castañeda O'Connor, Ricardo Govela, Heriberto Batres Francisco Ortiz Mendoza, Manuel Osante López, Arnaldo Córdova, Manuel Solares Mendiola, Salvador Rocha Díaz, Mariano Piña Olaya, Rolando Cordera, José Luis Lamadrid, Miguel Ángel Morado Garrido y Raúl López.

Tiene la palabra en contra el diputado Bernardo Bátiz.

- El C. diputado Bernardo Bátiz Vázquez:

Honorable Asamblea:

Con el pragmatismo ajeno a toda ética que caracterizó a su época, Maquiavelo el florentino decía que el primer deber de los gobernantes es gobernar, quería significar que los príncipes del Renacimiento a quienes dedicaba sus enseñanzas de política cínica, tenían que conservar el poder a toda costa, lo mismo sacrificando el fin a los medios que usando y abusando de cualquier medio para conseguir un fin, el gobernante, según este pensamiento, debe mantenerse en el poder y con todo el poder a como dé lugar.

Su mensaje era dirigido a todos los monarcas de su tiempo, pero se ha abierto paso a través de las edades y llega a los gobernantes absolutos de nuestros días, que no tienen empacho en seguir el consejo maquiavélico, hayan o no leído a Maquiavelo, Para los gobernantes que aceptan que su primer deber es gobernar nada les interesa ni nada respetan ni ante nada se detienen si con ello conservan en sus manos las riendas del poder, representan un extremo de las posibilidades de gobierno.

Creen equivocadamente que el acto de autoridad se basta así mismo independientemente de su contenido social, sacrifican los fines con tal de conservar el instrumento.

Acción Nacional ha abrazado otra filosofía política diferente: Cree, y así, lo sostiene en sus principios de doctrina, que el poder sólo se justifica si es ejercido rectamente en la búsqueda del bien común y sólo puede provenir de la voluntad del pueblo, quien es su único titular. Creemos en la democracia como el mejor gobierno posible y pensamos que nada suple en el ejercicio democrático del poder a la voluntad de los ciudadanos, expresada en sufragios.

Y es con estos dos parámetros que juzgamos el proyecto de reformas Constitucionales enviado a esta Cámara por el presidente López Portillo. Es cierto que entre el extremo del poder por el poder mismo y el extremo de la decisión pensada en bien de todos puede haber, y de hecho hay, una gran variedad de matices y posibilidades, y eso hace más difícil un juicio sobre un caso específico. En abstracto y teoría no es difícil ponerse del lado del bien común y en contra de los actos de poder, pero es en la práctica y en la realidad de un caso concreto materializado en el tiempo en donde se ponen a prueba con su cotejo con la realidad los principios y las doctrinas.

Una ley, un precepto constitucional, un proyecto de reformas a la constitución debe de tener un fin, un objetivo, una motivación clara y expresa, y esa motivación será la piedra de toque que a nosotros, diputados de oposición, y a ustedes, diputados de la mayoría, a todos, nos debe de dar el fiel criterio para votar en contra o a favor de la propuesta. Si el proyecto que se nos envía busca el bien común, si pretende poner al alcance de todos un valor social, se justifica y el voto se impone favorable.

Si por el contrario el proyecto de ley tiende a una finalidad distinta, si es tan sólo un acto de autoridad que persigue mantener en el poder a un hombre o a un grupo, el voto no puede ser sino en contra.

Al analizar una propuesta como la que se nos pone hoy a discusión no hay otra opción que esa. O la reforma es socialmente válida o no lo es; o persigue algún fin específico digno de ser defendido como el orden, la justicia o la seguridad o es tan sólo el capricho de un gobernante que quiere hacer patente su autoridad y su fuerza.

Esa es la disyuntiva, y frente a ella, responsable y lealmente, tomamos posición, votaremos en contra porque no encontramos que las modificaciones a los Artículos 28, 73 y 123 de la Constitución se justifiquen con un contenido socialmente valioso, pensamos que son un acto inconexo con la realidad que le precedió y que sus motivos reales no son los que se expresan en los argumentos que pretenden sostenerlos.

Dentro de este esquema tenemos frente al proyecto objeciones basadas en principios doctrinarios y Constitucionales y objeciones prácticas.

La primera objeción, que de algún modo se conecta y es causa de todas las demás, se refiere precisamente a motivación de la ley; pensamos que el proyecto que se nos envía no tiene ni antecedentes ni fundamentos jurídicos ni económicos y que es tan sólo una maniobra de política partidista para desviar la atención del pueblo de dos hechos incontrovertibles: La quiebra económica del país y el descrédito creciente del régimen y de su partido.

El país está en quiebra fundamentalmente por dos causas: La primera es el déficit presupuestal cada año superior al anterior y financiado con créditos tomados sin medida y sin prudencia. La segunda es que esos créditos, en buena parte, volvían al extranjero o se diluían en el país en altísimas comisiones a intermediarios, en compras y viajes de grandes comitivas, en corrupción, en gastos suntuarios, en proyectos inconclusos. (Aplausos.)

No es cierto, por tanto, que la causa de nuestra crisis sea tan sólo la carencia de solidaridad de quienes exportaron recursos al extranjero; esa puede ser una de tantas causas que convergió al fenómeno final y que bien analizada tiene dos vertientes: La de los funcionarios públicos o sus allegados que supieron a tiempo de las devaluaciones y que especularon con inmensas fortunas propias o ajenas; y la de los mexicanos, que ante la desconfianza que el mismo gobierno generó por su incierta política económica y por sus errores administrativos, pusieron a salvo sus ahorros para asegurar el fruto de su trabajo, o la educación de sus hijos o simplemente su tranquila vejez, ambas actitudes son egoístas, pero indudablemente más culpable es quién sacó lo ajeno o mal habido y aprovechó un aviso a tiempo, que sacó lo propio y no precisamente a la vista de una devaluación inminente.

No aceptamos, por tanto, como válido el antecedente expuesto en el proyecto de reformas; tampoco aceptamos el razonamiento que le sigue; sostiene el señor Presidente que "si el Estado tiene la responsabilidad constitucional de regular y fomentar las actividades económicas debe de dotársele de todos los instrumentos para orientar y corregir la marcha de los fenómenos económicos".

Es cierto que el gobierno; en representación del pueblo y del Estado, es el rector de la economía, pero para regirla y orientarla, no necesariamente debe ser dueño de los bienes de producción y de crédito. Ella. El gobierno tenía en el caso de la banca que ahora toma en sus manos, todos los instrumentos para controlarla y dirigirla, para encausar sus actividades y aun para cancelarle sus concesiones si fuera necesario.

No es, por tanto, válido que ahora se diga que para orientar y corregir debe crecer el poder económico estatal. El sistema jurídico bajo el que funcionaba la banca mexicana dotaba al Estado, a través del Banco de México, de la Secretaría de Hacienda y de la Comisión Nacional Bancaria, de todos los mecanismos para tomar decisiones y manejar, orientar y dirigir la economía financiera del país, sin necesidad de monopolizar la actividad bancaria como ahora se pretende; los bancos y los banqueros privados hicieron lo que se les autorizó y lo que se les ordenó, al igual que la banca mixta y la oficial.

Con el criterio expresado en el proyecto de reformas, por razones de congruencia, el Estado sería el único dueño de todos los instrumentos de producción, y eso va en contra de los principios políticos fundamentales aceptados por el pueblo mexicano.

El gobierno, sin ser dueño de los instrumentos de producción y sin ser dueño y monopolista de las instituciones financieras, con la ley y con los organismos gubernamentales tuvo y tiene el poder de proyectar y apoyar el proceso de desarrollo; si no lo ha hecho ha sido porque no ha querido o por que no ha sabido usar adecuadamente los instrumentos legales que tuvo en sus manos.

Esa incongruencia en la fundamentación hace que el proyecto sea contrario al modelo económico creado en la Constitución de 17 y contrario también al espíritu de la parte dogmática de la misma; que establece las garantías individuales. No se justifica que se atente en contra del derecho constitucional de dedicarse a la ocupación o profesión que se desee siendo lícita, tan solo porque en un caso concreto y en una época determinada quienes se dedicaron a la ocupación de banqueros no actuaron como lo esperaba el Presidente en turno. (Aplausos.) No creemos que los causantes de la fuga de capitales sean tan sólo los banqueros privados, muchos otros sectores participan de esa culpa y quizá en primer término los funcionarios públicos que cometieron la indiscreción de avisar a sus allegados de una devaluación, cercana. (Aplausos.) Pero aun suponiendo que los banqueros hubieran sido los únicos responsables de nuestra crisis económica, no es legítimo legislar para un caso concreto, sancionar sin oír, confundiendo culpables e inocentes y, lo peor de todo, no es legítimo cambiar toda la estructura económica de un país y cerrar para siempre un renglón de la actividad humana a todos los mexicanos del presente y del futuro por la causa real o supuesta de que un grupo muy concreto, atentó contra México; (aplausos) hacer de un caso concreto un principio general de derecho y volverlo irreversible nos parece un exceso y un abuso.

Se ha dicho también que no es el momento de buscar culpables, sino de unirnos todos para salvar al país. Es cierto en parte lo que se dice, pero no podemos quedarnos con los brazos cruzados y apoyar en su política aparentemente salvadora a quienes provocaron la crisis, a quienes la aceleran y la disfrutan en provecho propio. No es tiempo en efecto, de señalar culpables, pero si quienes son culpables, si quienes enfermaron al enfermo se quieren ahora arrogar la facultad de poner el remedio al mal que provocaron tenemos derecho de señalarlos como culpables y de impedir que sea su receta la que se tome el paciente. Quienes fueron causa principal de los males económicos del país no tienen autoridad moral para señalar remedios y mucho menos cuando esos remedios se deciden en secreto, de espaldas al pueblo y sin conocimiento siquiera de sus representantes. (Aplausos.)

La última de las objeciones doctrinales que hacemos a la medida es que es antidemocrática, antes y a tiempo Acción Nacional solicitó las listas de los sacadólares; el ingeniero Pablo Emilio Madero, candidato de Acción Nacional a la Presidencia de la República, durante su campaña presidencial, en varias ocasiones denunció, y fue quien primero lo hizo, que muchos, se aprovecharon del secreto que se coló y especularon con dólares días antes de la devaluación. Esos sí fueron malos mexicanos, quienes adelantaron el aviso de la devaluación y quienes se aprovecharon de él. El gobierno estaba entonces en campaña y puso oídos sordos a esas denuncias ahora y a nuestra solicitud.

Medida drástica de hacer constitucional la monopolización de la banca cuando se presenta ésta, solicitamos audiencias públicas para abrir un debate nacional sobre el tema y se nos respondió por medio del dictamen que una amplia respuesta favorable le da base popular franca a la decisión y que los respaldos satisfacen con exceso los fines democráticos de nuestra solicitud de audiencias.

No podemos tragar esa rueda de molino, ni nosotros ni ustedes, ni los medios de información ni el pueblo cree esa mentira, (aplausos) los respaldos populares son ficticios, los acarreos, las presiones, las amenazas de perder el empleo o el sueldo son reales y crean una apariencia de apoyo que no existe, no ha existido tampoco un por qué ha habido consigna. No hay libertad de discusión en donde una opinión cuenta con 15 minutos en la televisión, en un horario de segunda y la otra opinión cuenta con todo el tiempo que desee en todos los canales y a todas horas. No hay debate cuando se crean organizaciones profesionales de la noche a la mañana para manifestar apoyos y no hay respaldo cuando sin consultar a los interesados se descuentan partes de su sueldo a los nuevos causantes cautivos de un

impuesto que no está en la ley, sino que se deriva del deseo de los líderes de quedar bien con el señor Presidente. (Aplausos.) Yo los desafío a que no descuenten a los trabajadores de su sueldo en la nómina y en la quincena el donativo, y que dejen a su libre arbitrio el apoyo con donativos a la medida, y ya veremos si existe ese apoyo o no existe. (Aplausos.)

Todo el poder de la propaganda masiva se descarga sobre el poco informado pueblo mexicano y eso no es válido, no prueba nada y acerca al régimen a los sistemas totalitarios que basaron todo su poder en el engaño publicitario.

Pero no es eso todo ni lo mas grave; no podemos apoyar con nuestro voto, como representantes del pueblo, una medida que con su voto nuestros representados desecharon en las pasadas elecciones. El partido oficial, carente de ideología definida, tuvo que pedirla prestada a su membrete más insignificante y que menos votos consiguió el último 4 de julio. El fundamento teórico de la medida que se nos presenta de discusión.

El pueblo de México no votó a favor del monopolio de la banca y del crédito, no se puede fabricar a posteriori un respaldo que supla a voluntad expresada en los comicios; en donde el voto es secreto gracias a la persistencia del pueblo y de los partidos independientes el ciudadano no votó por la estatización de las instituciones financieras; el secreto del voto garantiza la libertad del que lo emite. Y precisa si hay o no apoyos populares.

Pero en los acarreos y en los descuentos por lista de nómina no hay libertad, hay coacción, imposición y forzamiento; no suplen la voluntad popular las manifestaciones conseguidas por la fuerza ni la apariencia sustituye a la verdad.

En cuanto a las razones prácticas enunciamos algunas que todos conocen y aceptan: El gobierno mexicano ha demostrado ser un organismo administrador, y en épocas cercanas ha manejado como nunca recursos cuantiosos y riquezas que bien administradas habrían podido sacar al país del subdesarrollo, pero no ha podido dar buenas cuentas de sus manejos. ¿Por qué habíamos de esperar que maneje bien los bancos? El gobierno usa todo su poder para controlar a los ciudadanos y para encuadrarlos en su partido, pensamos que el poderío que ahora le da el control de la banca pretenderá usarlo también para aumentar el número de sus afiliados forzosos a su instituto político. Cuando el sistema se democratice, cuando acepte y reconozca derrotas electorales y busque un apoyo popular verdadero y no ficticio, será posible entonces considerar un crecimiento razonable en el ámbito de la economía estatal. Entretanto, mientras robe votos y defraude elecciones, no podemos confiarle los bienes del pueblo.

Con los argumentos anteriores, tendríamos suficiente para votar nosotros, en contra del dictamen, pero tenemos la obligación de presentar otro más para dar a la mayoría de esta Cámara la opción de que también vote en contra del dictamen.

Se ha dicho que la llamada nacionalización de la banca reactivó a la revolución, que era un principio "Revolucionario" que estaba ahí latente en la Constitución de 1917 y que se ha actualizado con el proyecto que se nos envía y esto no es verdad. La idea de socializar la banca, mediante un monopolio de Estado, ha formado parte de la ideología de los partidos marxistas y no se encuentra dentro de los programas que manejó en la campaña electoral el partido en el poder. La tradición de los gobiernos llamados revolucionarios, tanto de los iniciales surgidos efectivamente de la Revolución como de los posteriores que han seguido usando el nombre de revolucionarios, ha sido partidaria de un sistema mixto de banca privada y banca oficial.

En el Constituyente de Querétaro se planteó el debate acerca de un banco central "controlado" por el gobierno, encargado único de la emisión de billetes y constituido como una sociedad anónima en la que el gobierno sería socio mayoritario y accionistas otros bancos y particulares. Uno de los constituyentes más radicales, así lo aceptó expresamente, y consta en el Diario de los Debates del día 12 de enero de 1917, el general Francisco Mújica, sostuvo en la discusión que suscitó que el banco central debería de ser una sociedad anónima en la que el gobierno tendría el control y la facultad de designar al consejo por ser el accionista con la mitad más una de las acciones, no el absoluto dueño del banco.

Posteriormente, esta concepción de una banca en que concurren Estado y particulares se plasmó en leyes de excelente factura técnica y avanzadas en cuanto que confirieron al gobierno instrumentos eficaces de control; fue precisamente bajo los gobiernos de Calles y de Cárdenas que se desenvolvió la legislación bancaria de México y fue precisamente Lázaro Cárdenas el creador del estatuto especial para los trabajadores de la banca, lo que indica su intención de mantener en ese ámbito de sistema de economía mixta a las instituciones de crédito. En épocas posteriores encontramos siempre un apoyo decidido de los altos funcionarios públicos a los bancos privados y un constante reconocimiento a su labor.

Que no se nos vaya a decir ahora que Acción Nacional defiende a los banqueros; muchas veces señalamos que los banqueros fueron acarreados de primera en las comitivas oficiales, y banqueros hubo que reconocieron ser miembros de la CNOP. Y los más

representativos y dueños de los bancos más poderosos fueron siempre amigos, compañeros y socios de políticos destacados del sistema.

Acción Nacional no defiende banqueros, sino un principio de libertad y democracia.

La actitud de complacencia del gobierno con los banqueros, que descalifica ahora las razones aducidas en favor del proyecto que discutimos se puede confirmar con citas innumerables. Daré tan sólo unas cuantas muestras: En 1976 el señor Ernesto Fernández Hurtado, en la obra editada por el Banco de México y el Fondo de Cultura Económico 50 años de banca central, reconoce que el Banco de México tiene todos los instrumentos jurídicos y económicos para dirigir y controlar a la banca privada; y más adelante, al hablar de la orientación del crédito dice lo siguiente: "La información crediticia demuestra que la banca - la banca privada - ha respondido a esta política al observar las proporciones de canalización de su crédito; la experiencia nos dice - continúa Fernández Hurtado - que participa crecientemente con su propio esfuerzo para que la canalización sea más eficaz."

En la misma obra otro economista oficial y destacado funcionario público, Gustavo Petricholi, reconoce también la participación de la banca privada en la política oficial de orientación selectiva del crédito.

Otra voz autorizada es sin duda la del señor David Ibarra Muñoz, quien siendo Secretario de Hacienda del presente gobierno y en un discurso pronunciado con motivo de la celebración de los primeros y posiblemente últimos 50 años de la Asociación de Banqueros, anunció una iniciativa del Ejecutivo para democratizar la banca mediante la participación mayor de medianos y pequeños inversionistas y aprovechó para decir que en tal campo ya han tomado la iniciativa importantes instituciones financieras privadas.

En el mismo discurso Ibarra Muñoz señala lo siguiente: "No parece de valor incuestionable fortalecer la iniciativa bancaria para alentar la formación de capital... con la Constitución Política de 1917 México adopto un modelo organizativo para su vida institucional. A su amparo hemos sabido crecer y superar obstáculos - dijo a los banqueros - dentro de un esquema de economía mista en el que se respetan y armonizan todas las libertades." Hasta aquí Ibarra Muñoz.