Chapter 4

En la Dirección de Puertos y Faros se han otorgado diversas concesiones para diversas obras, las cuales serán llevadas a cabo y explotadas por particulares o compañías; dichas concesiones sólo implican una reglamentación para ocupar zonas marítimas y fluviales, no siendo, por lo tanto, franquicias que pueden redundar en perjuicio de la igualdad constitucional.

La misma Dirección ha otorgado diversos permisos, reformas de contratos, traspasos de concesiones y prórrogas, tendientes a efectuar, impulsar obras de interés público en algunos puertos de la República; demostrando el número, siempre creciente, de solicitudes de particulares o compañías, para emprender obras materiales que demandan la inversión de fuertes sumas, el franco período de reorganización y reconstrucción en que ha entrado el país, la confianza que en el Gobierno se tiene.

La Secretaría ha proyectado, y dado comienzo en algunas partes, a diversos trabajos de mejoramiento en algunos puertos, tales como el de Mazatlán, San Juan Bautista, hoy Villahermosa, Acapulco, Frontera, Veracruz, Guaymas, Puerto México y Manzanillo, estando pendientes algunas de tales mejoras, para ser llevadas a la práctica, de la mejoría de las condiciones del Erario Nacional.

El propio Departamento tiene en estudio un nuevo Reglamento para muelles, cobertizos, varaderos, etc., teniéndose en consideración que el actual adolece de defectos tanto en la clasificación de categorías, como en la aplicación de las cuotas de inspección que les corresponden, así como en el orden de tramitación y datos necesarios para la misma.

Teniéndose en consideración el deterioro que han sufrido las señales marítimas en ambos litorales, se comisionó al Jefe del Departamento de Faros, para que pase una visita de inspección a todas ellas, dándole instrucciones precisas para proceder a las reparaciones de todas las obras que el aludido servicio abarca; igual que para el buen funcionamiento de las embarcaciones que aprovisionan y comunican las diversas instalaciones; haciendo saber, a la vez a los navegantes, las modificaciones que en el servicio se han realizado.

Teniendo en consideración que la mayoría de las señales marítimas de la República fueron construidas de madera, y siempre con carácter provisional, y que en la actualidad se encuentran en deplorable estado, se procede a rehacerlas, con materiales perdurables, clasificados rigurosamente, lo cual facilitará la conservación y redundará en economías para el Erario Nacional.

Con el fin de unificar los servicios marítimos .de la Nación, Marina Mercante Nacional y las dependencias de la misma, han pasado a depender de la Secretaría de Comunicaciones, por Decreto de 23 de abril próximo pasado.

En acatamiento al artículo 32 constitucional, el mando de nuestros buques mercantes pasó a manos de personal mexicano por nacimiento; y las Compañías, que al principio manifestaron poca confianza, están en la actualidad satisfechas, pues han notado que sus navegaciones resultan más precisas y más económicas.

Ha merecido especial atención el estudio legislativo de los servicios marítimos, y en breve se someterá a las Cámaras de la Unión el proyecto de Código de la Marina Mercante Nacional, el cual servirá de base para el futuro desarrollo de este ramo, el cual es de esperarse se efectúe de un modo amplio, por las tendencias que actualmente se siguen en la materia, y que consisten en la nacionalización del personal, el aumento, siempre creciente, de tonelaje, y el hecho de que el capital nacional constituya la base del aludido desarrollo.

Los servicios administrativos de la Dirección de Puertos y Faros se han continuado con toda regularidad, haciéndose los respectivos servicios de comunicación entre los últimos, por diversas embarcaciones que el Gobierno ha dedicado a ese exclusivo objeto. En el ramo de Correos se ha procurado concentrar la atención administrativa, por tratarse de tan importante servicio público, y los datos estadísticos relativos demuestran que el estado de las comunicaciones va mejorando notablemente.

Del 19 de mayo al 31 de junio último han funcionado, con toda regularidad, 2,062 Agencias, entre las cuales circularon cerca de 10.000,000 de piezas postales, registrando una existencia máxima en el Almacén de timbres y formas de franqueo, los destinados a la venta en metálico, de $ 5.932,217.74.

El movimiento de giros postales, de continuar tomando el incremento que hasta la fecha se observa, hace esperar que en el transcurso del año fiscal, alcance la respetable suma de $ 20.000,000.00, y de igual manera, se espera que el total de los productos del Ramo, aportado por los diversos servicios, dé por resultado efectivo para el Erario, una entrada de $ 4.000,000.00.

Tratándose del servicio extranjero, se han hecho gestiones empeñosas para restablecer el servicio de giros con los Estados Unidos, así como para mantener la comunicación con los Imperios Centrales; la cual, hasta últimas fechas, fue suspendida, por la interrupción del servicio de vapores correos noruegos, los que, por mediación de vapores españoles, la efectuaban.

El Gobierno Mexicano ha demostrado los buenos deseos que lo animan para liquidar cuentas pendientes con países extranjeros, desde el momento en que el Correo ha cubierto adeudos anteriores a la Revolución, por una suma mayor de $ 200,000.00.

Por lo que atañe al Ramo de Telégrafos, se han continuado los trabajos de mejoramiento y conservación de la red, habiéndose aumentado en 248 kilómetros, y reparado 22,538, que se encontraban en mal estado.

Se han clausurado, por innecesarias, 9 oficinas, y, en cambio, se han establecido otras 4, que resultaban necesarias.

A las 18 estaciones radiotelegráficas que se hallaban en servicio, pronto habrá que anotar las de Chihuahua, Guadalajara, Tampico y el Puerto de Lobos; cuya construcción se ha iniciado, así como la reinstalación de las de Torreón, Coah., y Tuxpan, Ver.

Fueron terminadas las plantas para acumuladores y conmutadores en Aguascalientes, Guadalajara, Monterrey, San Luis y Veracruz, así como el tendido del cable aéreo en Veracruz, desde la oficina hasta la salida de la ciudad; se revalidaron, en forma equitativa, algunas de las concesiones otorgadas por los anteriores gobiernos ilegítimos, y se les concedió tarifa de prensa interior a 55 periódicos del país.

En la Escuela Nacional de Telegrafía se efectuaron los exámenes correspondientes a los cursos 19 y 29, habiéndose obtenido un promedio de aprovechamiento de 82 por 100.

Compráronse efectos en Estados Unidos para el servicio telegráfico, por valor de 16,415.28 dólares; y para el radiotelegráfico, por el de 2,669.81 dólares, habiéndose obtenido en el país materiales, maquinaria y herramienta, por valor de $ 14,639.47.

El movimiento general de mensajes habido en las oficinas de la Red, durante el período de que se trata, fue de 4.948,873 telegramas, con 90.448,589 palabras; y el número de radiotelegramas cruzados por conducto de las Estaciones Inalámbricas ascendió a 34,105.

La recaudación por productos del telégrafo, fue de $1.149,021.99.

El movimiento de giros ascendió a $ 1.888,372.01, obteniéndose, por situación y mensajes, un producto de $ 91,088.08.

El movimiento por servicio internacional fue de $ 130,816.12, y el movimiento general de fondos ascendió a $ 7.135,921.49, los cuales corresponden $ 1.759,217.01 a papel de la emisión infalsificable y $ 5.376,704.48 a oro nacional.

FOMENTO

Las labores que correspondieron a la Secretaría de Fomento, según el decreto relativo, quedaron repartidas entre la Oficialía, Mayor y las Direcciones Agraria, de Agricultura, de Aguas, de Bosques, de Estudios Geográficos y Climatológicos, de Estudios Biológicos, de Estadística y de Estudios Arqueológicos y Etnográficos.

Para evitar las grandes dificultades que experimentaba tanto el público como la Secretaría, para la tramitación de los negocios correspondientes a los Estados más lejanos de la Unión, y atento lo dispuesto por las leyes en los ramos de Tierras y Aguas y en el de Explotación de Bosques, el Ejecutivo juzgó conveniente que se concentrasen en una sola oficina las Agencias e Inspecciones que las leyes autorizan para cada ramo; formando Agencias Generales con facultades para conocer de cualquier negocio y tramitarlo hasta ponerlo en estado de resolución definitiva, la cual tendrá que ser dictada por la Secretaría de Fomento.

De esta manera se facilitará notablemente, tanto a la Secretaría como al público, la tramitación de los negocios, haciendo que la misma Secretaría pueda ejercer una vigilancia más efectiva sobre las riquezas naturales y las propiedades de la Nación que tiene a su cargo.

Con este motivo, se procedió, por medio de un acuerdo, a la creación y organización de las Agencias Generales, habiéndose ya expedido el Reglamento respectivo.

Por ahora se juzgó conveniente limitar sólo a siete el número de Agencias, que son las de Sonora, Sinaloa y Nayarit, unidas; las de Tabasco, Yucatán y Campeche; la de Chiapas y las de los Territorios de la Baja California y Quintana Roo. Han comenzado sus labores con buenos resultados.

En mi informe anterior indiqué que la política seguida en la cuestión agraria se había limitado por ahora a la reivindicación de los terrenos de la nación que el Gobierno actual encontró acaparados por un reducido número de favoritos; y a la dotación de terrenos a las agrupaciones de labradores que forman los pueblos.

Como las condiciones económicas y políticas de la Nación no han permitido todavía abarcar en toda su amplitud la resolución del Problema Agrario, el Gobierno por ahora únicamente ha podido continuar la política anterior y me es satisfactorio manifestar que en este último lapso de tiempo ha vuelto al dominio de la Nación una superficie de 6.185,000 hectáreas, en virtud de las declaraciones de caducidad de los contratos de Flores Hale y Cía., Adolfo Bulle y Pablo Macedo, en la Baja California, del de Martínez del Río en el Estado de Sonora, de los antiguos contratos de Faustino Martínez en el Territorio de Quintana Roo, y los de Rafael Dorantes y Policarpo Valenzuela en los Estados de Tabasco y Chiapas, superficie que unida a las 7,095.000 hectáreas de que di cuenta en el informe anterior, hacen mi total de 13,280.000 hectáreas que la Nación ha reivindicado solamente de nueve propietarios que las habían acaparado, quedando disponible esta enorme extensión para que en el porvenir pueda ser adquirida por millares de ciudadanos.

Los fundamentos que el Ejecutivo ha tenido para declarar la nulidad o caducidad de los contratos anteriores han sido enteramente legales, pues se ha basado en la falta de cumplimiento de parte de los concesionarios a sus contratos y en la falta de observancia, por Gobiernos anteriores, de las prescripciones de las leyes vigentes.

Todos estos contratos fueron celebrados con fundamento en la Ley de Colonización de 15 de diciembre de 1883, que prescribe de una manera clara y terminante que las tierras que fueron objeto de ellos no podrían tener otro destino que el de la colonización, quedando los concesionarios obligados a venderlas en lotes no mayores de 2,500 hectáreas, bajo la pena de perder sus derechos si faltaban a esta obligación.

Y aunque es cierto que después, al darse la Ley de baldíos de 26 de marzo de 1894, la influencia personal de los mismos interesados hizo que se deslizara en esta ley un artículo de carácter retroactivo por el cual no procedía invalidar los títulos de las compañías deslindadoras por el solo hecho de haberse enajenado fracciones que midieran más de 2,500 hectáreas, en cambio, la misma ley estableció que cuando esos terrenos se enajenaran con objeto de colonización, los contratos respectivos se sujetarán a lo que establecen las leyes especiales sobre la materia, es decir, a los preceptos de la Ley de 15 de diciembre de 1883.

Es por lo tanto vidente que el Gobierno nunca ha estado facultado por la Ley para eximir a las Compañías acaparadoras de los terrenos nacionales, de la obligación de colonizar y, por lo mismo, los arreglos que estas compañías han logrado con los Gobiernos anteriores para que se les exima de esa obligación a cambio del pago de una multa insignificante, no tiene valor alguno y, por lo tanto, las tierras no pueden permanecer en favor de las Compañías concesionarias cuando se aclare que no han cumplido con sus compromisos.

La necesidad cada día creciente de tierras para el pequeño agricultor se ha hecho sentir en estos últimos tiempos con más intensidad, por lo que el Gobierno ha iniciado ya algunos tratos para adquirir tierras apropiadas para la fundación de colonias.

Las islas marítimas, hasta ahora sin población mexicana y sin las menores comunicaciones con el resto del país, han sido objeto de un estudio especial y ya se han firmado contratos para la explotación de sus riquezas, tomando como base fundamental la obligación, de parte del concesionario, de establecer poblaciones y colonias agrícolas permanentes.

Las islas contratadas hasta ahora han sido las de Guadalupe, Socorro, Cedros, y los islotes Coronados.

Esta falta de población se nota también en algunas regiones del Territorio Nacional, especialmente en Quintana Roo, donde para atraer población estable se acordó, conforme a la Ley vigente, la cesión de los terrenos nacionales necesarios para formar los fundos legales de los pueblos de Payo Obispo, Bacalar y Vigía Chico, encargando a las autoridades municipales su fraccionamiento y reparto, y la creación de una pequeña Estación Agrícola Experimental en Payo Obispo, que impulse el cultivo de las tierras, casi desconocido en esas comarcas.

Con el objeto de que la Nación defina exactamente sus derechos a las tierras de la Laguna de Texcoco, se ha acordado que se proceda a un deslinde general de los terrenos del lago.

Igualmente, se ha acordado la creación de una Estación Agrícola dedicada exclusivamente a propagar plantas apropiadas para la fijación y bonificación de las tierras.

Atendiendo a que la nueva Constitución Federal ha cambiado radicalmente el régimen de la propiedad, se creyó conveniente suspender en absoluto todas las operaciones relativas a composición de demasías, excedencias e inscripciones de fincas en el Gran Registro de la Propiedad, hasta que se dicten las leyes reglamentarias.

Los negocios relativos a la reconstrucción de los ejidos de los pueblos, de acuerdo con la Ley de 6 de enero de 1915, han entrado en su más amplio desarrollo.

Las labores de la Comisión Nacional Agraria son de dos especies: las de un Cuerpo Consultivo General que establece la nueva Jurisprudencia que debe fijar la interpretación de la Ley, y las de estudios y revisión de los expedientes que envían los Estados para presentar a mi consideración la resolución definitiva que debe darse a cada asunto.

La Ley de 6 de enero, cuyos preceptos enteramente revolucionarios se alejan de la jurisprudencia normal, hubiera tenido que ser reglamentada para su aplicación, pero precisamente lo radicales que son sus fines y preceptos y la novedad que trae su implantación hizo que se juzgara más conveniente y más práctico esperar la presentación de cada caso concreto, de cada dificultad que tuviera en su aplicación práctica, para estudiarlo y resolverlo y sentar por medio de circulares las bases reglamentarias a las cuales se deberán sujetar los pueblos y las autoridades encargadas de su aplicación.

Entre otras medidas reglamentarias se ha dictado una circular para prevenir la tendencia de los terratenientes, de eludir el cumplimiento de la Ley, procediendo rápidamente al fraccionamiento de los terrenos inmediatos a los pueblos, con el objeto de que al ser solicitados se encontraran poseídos, aun cuando fuera aparentemente por pequeños propietarios.

Según los datos que ha recibido la Comisión Nacional Agraria, se han presentado a la consideración de los Gobiernos de los Estados 1,393 solicitudes de tierras para los pueblos.

La mayoría de estas solicitudes está todavía en poder de las Locales, pues sólo ha recibido la Comisión Nacional Agraria, de mayo a la fecha, 48 expedientes concluidos, de los cuales han sido resueltos en definitiva, por el Ejecutivo de mi cargo, 21 asuntos, habiendo recibido los pueblos beneficiados, 19,128 hectáreas por dotación y sólo 76 por restitución.

Las tierras del pueblo de Santa Fe, D. F., habían sido declaradas nacionales en épocas pasadas a pesar de los títulos antiquísimos que amparaban los derechos de los habitantes.

Como medida de estricta justicia, se ordenó que les fueran devueltas las tierras, conservando la Nación únicamente las porciones que no habían sido poseídas individualmente.

Las condiciones del país han impedido dar a la agricultura nacional todo el impulso que necesita; sin embargo, se ha procedido a implantar la enseñanza y propaganda sobre bases eminentemente prácticas, enseñando las industrias agrícolas en los cursos prácticos que han continuado dándose en la Dirección de Agricultura y los procedimientos nuevos de cultivo por medio de conferencias o por la exhibición de las maquinarias agrícolas modernas.

Ha dado especial importancia el Gobierno a los tractores de gasolina, de los cuales algunos se exhiben en la República, con el objeto de que, conocidos por los agricultores, puedan suplir la falta de animales de trabajo que se experimenta en todas partes. La plaga de gusano rosado, que por desgracia acaba de invadir toda la Comarca Lagunera, está siendo combatida con eficacia, no habiéndose podido dictar desde luego las medidas apropiadas para su extinción, por ser plaga desconocida en las regiones algodoneras de México y de los Estados Unidos.

Se tiene hecho un pedido de estufas de desinfección y se estudian las medidas que deben dictarse para combatir esa plaga, por un personal competente enviado a la región.

Igualmente la plaga de chapulín ha invadido los Estados del Sur que lindan con el Pacífico, desde Colima hasta Chiapas.

La campaña contra esta plaga se ha iniciado ya con toda actividad.

Las Estaciones Agrícolas han continuado sus trabajos, habiéndose obtenido un verdadero éxito en la aclimatación y propagación del guayule en el Vivero de Tehuacán.

En estos últimos días han salido agricultores competentes, para elegir los terrenos en que deberán instalarse las otras estaciones Agrícolas que tiene el Gobierno en proyecto.

El ramo de aguas ha tenido un aumento en sus negocios muy halagador para la reconstrucción nacional.

Durante los cuatro meses a que se contrae este informe, se recibieron 858 asuntos correspondientes a aguas de jurisdicción federal, habiéndose celebrado seis contratos para diversos aprovechamientos y formulado las bases para nueve más.

Para impedir el monopolio de las aguas federales por algunos capitalistas que no emprendían ningunas obras para su aprovechamiento, sino que valiéndose de su influencia, conservan las concesiones por medio de prórrogas casi indefinidas, han sido declarados caducos varios contratos que se encontraban en estas condiciones y muchos otros se tienen en estudio con el mismo objeto.

Con el fin de facilitar la tramitación de los negocios del ramo de aguas en los Estados en que no existen las Agencias Generales, se han establecido divisiones de ingenieros recientes en las zonas hidrográficas que se ha juzgado conveniente, divisiones que tienen al mismo tiempo el carácter de inspectoras y de Agencias para tramitación de los negocios.

Para dar a este importante ramo todo el impulso que necesita, fue estudiado por la Secretaría de Fomento, en unión de la de Hacienda, un nuevo impuesto que en forma indirecta proporcionará los fondos necesarios para sostener las inspecciones y para poder emprender las grandes obras de irrigación que se tienen proyectadas, expidiéndose una Ley para gravar el uso de las aguas federales, lo que se encontró enteramente justo y equitativo, desde el momento que la Nación, propietaria de las aguas, debe percibir una compensación, en cambio del aumento de producción y del valor que tienen los usuarios en sus fincas.

Por ahora se ha limitado solamente la Secretaría de Fomento a estudiar los proyectos de irrigación que por su importancia pueden beneficiar a una comarca, habiéndose terminado los trabajos de campo para el aprovechamiento de las aguas del Río Braen su aplicación práctica, para estudiarlo y yo, que en virtud de los tratados con Estados Unidos, corresponden a México; del almacenamiento de la presa Elephant Butte, y los correspondientes para presa de almacenamiento Proyectada en el río de San Juan del Río, que debe irrigar una de las partes más ricas del Estado de Querétaro.

Los trabajos de campo continúan para el aprovechamiento de las aguas del río de Candela, en Coahuila, y del Lago de Chapala y río de Santiago, en Jalisco.

La región Norte de la Baja California a la que tan brillante porvenir espera por la fertilidad de sus tierras y por el enorme caudal de aguas del río Colorado, había sido abandonada por completo y entregada de hecho a Compañías americanas que habían construido canales de irrigación y fraccionado terrenos casi sin conocimiento y sin autorización del Gobierno.

Para evitar este grave mal, y para encausar una corriente de emigración mexicana que colonice la región, se han nombrado comisiones que estudien la forma en que deben aprovecharse las aguas del río Colorado y deslinden las tierras de que la Nación pueda disponer para este objeto.

Después de maduros estudios se ha encontrado una solución satisfactoria para los intereses de la Nación y de los propietarios ribereños en el asunto del Lago de Chapala, que tantas dificultades había presentado hasta ahora.

El proyecto estudiado ha sido aceptado con beneplácito por la mayor parte de los propietarios, y sólo se espera la contestación de algunos otros para llevar a la práctica la terminación de las obras que había iniciado la Compañía Agrícola de Chapala.

Se han comenzado los estudios preliminares para la reglamentación del río Aguanaval que tanta importancia tiene en la Comarca Lagunera.

En el ramo forestal se han proseguido los trabajos con todo empeño y sin ninguna interrupción.

Las estaciones forestales han distribuido en estos últimos cuatro meses entre particulares y autoridades que lo han solicitado, 37,000 árboles frutales y forestales. Además, por cuenta del Gobierno, se han plantado en las márgenes del Gran Canal del Desagüe, y en algunos de los terrenos desecados del Lago de Texcoco, 30,200 arbolillos, para formar cortinas que rompan los vientos y eviten la invasión del polvo a la ciudad de México.

Las Estaciones Forestales de Veracruz y de Querétaro, que fueron fundadas por el Gobierno Constitucionalista, han continuado su trabajo de instalación, estando en construcción edificios económicos para oficinas y habitaciones.

Especialmente se ha preocupado el Ejecutivo por la conservación de los bosques que rodean la capital, vigilando con todo empeño que no sean explotados en una forma inmoderada, como estaba aconteciendo.

Como la explotación de bosques requiere la inversión de fuertes capitales que no podrán obtener la utilidad correspondiente si contaran al hacer la explotación con un año, que era la forma que adoptó el Gobierno preconstitucional al conceder los permisos, y como además se había observado que con esta clase de permisos anuales era muy difícil evitar los fraudes y los contrabandos, se juzgó conveniente volver a dar las concesiones para la explotación de los bosques por el plazo máximo de diez años que marca la Ley, en la forma de arrendamiento de los terrenos, pagando el concesionario las cantidades que la misma Ley prescribe y con derecho a explotar una tonelada de chicle por cada mil hectáreas, conservándose un lote considerable de terreno para seguir concediendo permisos anuales a los concesionarios de pequeño capital.