Chapter 2

El Gobierno de mi cargo, a raíz de la ocupación de esta ciudad por el Ejército Constitucionalista, quiso enderezar su marcha hacia el objetivo de la reconstrucción nacional; y, deseando cimentarla sobre bases sólidas y con la aquiescencia del Ejército Constitucionalista para evitar divergencias perjudiciales que debilitarían todo esfuerzo, haciéndolo si no infructuoso sí poco eficaz, convocó por disposición de 5 de septiembre de 1914 a una junta de todos los Gobernadores y generales que tuvieran mando de fuerza, convención que debía reunirse en esta ciudad y en este mismo recinto, el día 19 de octubre del citado año.

El objeto de esa asamblea no era ni podía ser otro, dados su origen, los elementos que la componían y el objeto con que expresamente era convocada, que dar al Encargado del Poder Ejecutivo de la Unión un programa de Gobierno para procurar pronta y cumplida satisfacción a todas las necesidades públicas concretadas en el ideal revolucionario, el que si no había sido reducido a fórmula escrita, sí estaba bien delineado en la conciencia y en los anhelos del pueblo, y, sobre todo, en la conciencia y anhelos de los ciudadanos que se habían armado para salvar la República.

Desgraciadamente el objeto de la asamblea a que me vengo refiriendo, fue desde luego vivamente contrariado, de un lado, por la resistencia que los principales jefes de la División del Norte opusieron para concurrir a ella, bajo el pretexto de que en esta ciudad no gozaban de las garantías bastantes para externar sus opiniones con absoluta libertad, y, de otro, por la mala inteligencia, que de la mejor buena fe, sin duda, dieron algunos jefes de otras divisiones a la misión que se les había encomendado.

Los jefes que concurrieron a la asamblea que se reunió en esta ciudad el día 19 de octubre de 1914, queriendo evitar la. división que con toda claridad se apuntaba ya en las filas del Ejército Constitucionalista, convinieron, después de un intercambio de ideas con los que se mostraban disidentes, en que dicha asamblea tuviese verificativo en la ciudad de Aguascalientes y que allí reanudasen sus trabajos el 10 del mismo mes del citado año de 1914.

Desde el primer momento la asamblea de Aguascalientes dio a conocer sus tendencias y los propósitos que animaban a una gran parte de sus miembros, formada casi exclusivamente por los jefes de la División del Norte, todo lo que vino a demostrar que los jefes que concurrieron a la asamblea reunida en esta ciudad, habían sido sorprendidos y engallados, y que por dar garantías a los zapatistas a quienes arteramente se hizo llamar con el pretexto de procurar una conciliación imposible, se habían ellos mismos entregado casi indefensos en manos de sus enemigos.

La Asamblea o Convención de Aguascalientes, como se le ha llamado, comenzó, permítaseme la frase, con un nuevo cuartelazo por el estilo del de Huerta, pues por sí y ante sí asumió la representación nacional, declarándose soberana y con absolutas facultades para nombrar Presidente de la República y legislar sobre todos los ramos de la administración pública.

Como se ve, Huerta usurpó el Poder Ejecutivo de la Nación; la Convención de Aguascalientes usurpó el Poder Legislativo y se dio facultades que éste no tenía para nombrar al primer mandatario.

Como habéis visto, la Convención de Aguascalientes desnaturalizó por completo el objeto de la junta a que el Gobierno de cargo convocó, a fin de que se diera un programa para preparar la vuelta del país al orden constitucional; y fue hasta entonces cuando los jefes que con las mejores intenciones habían concurrido a ella, vinieron a adquirir el convencimiento de que su buena fe había sido sorprendida, y que de lo que se trataba era sencillamente de separarme del alto puesto en que me habían colocado el carácter de Gobernador de Coahuila y el Plan de Guadalupe de 26 de marzo de 1913.

La insidia y la maldad de los que rodeaban al general en jefe de la División del Norte, habían despertado en éste la ambición de imponerse él como Presidente Provisional de la República, y a este fin encaminaron todos sus esfuerzos.

Yo habría esquivado de la mejor buena voluntad entrar en una nueva campaña en la que de seguro se iba a derramar mucha sangre y a destruir grandemente la riqueza de la Nación, arrojando sobre ella cargas enormes; pero los hechos demostraron, aún a los espíritus más preocupados, que nada favorable para el país podrían ofrecer los hombres de la División del Norte y que, de entregarles la República, la habrían llevado incuestionablemente al desastre más escandaloso.

Tuve, pues, muy a mi pesar, que resolverme a comenzar una nueva lucha con las fuerzas que habían quedado fieles a mi Gobierno, y para organizarlas me trasladé al puerto de Veracruz, donde contaba, como en efecto conté, con el apoyo y ayuda de un pueblo liberal y patriota, que me recibió con febril entusiasmo y que no escatimó ningún elemento que pudiera conducir a la victoria.

Con tal objeto, con fecha 20 de noviembre de 1914, expedí en Córdoba un decreto en el que se dispuso que la Primera Jefatura del Ejército Constitucionalista y del Poder Ejecutivo de la Unión, con las Secretarías de Estado de su dependencia, residiría fuera de la ciudad de México en los lugares donde lo requiriesen las necesidades de la campaña.

Establecida la residencia de la Primera Jefatura en el. puerto de Veracruz, fue mi primer cuidado formular en términos categóricos y precisos el programa que el Gobierno de mi cargo tenía que desarrollar en el nuevo período de lucha que iba a iniciarse, cosa que era de absoluta necesidad, desde el momento en que aquella tenía un carácter del todo diverso de la que se llevó a cabo contra Huerta, y en que, por tratarse de una fracción del Ejército Constitucionalista insubordinada contra la Suprema Jefatura, se hacía indispensable demostrar a la Nación y al mundo entero, que en el nuevo conflicto no se buscaba de mi parte y de la de los jefes y oficiales que habían permanecido fieles al Plan de Guadalupe, satisfacer meras ambiciones personales, sino acabar de una vez para siempre con los vicios del pasado que tan hondas raíces tenían en las costumbres del pueblo mexicano, y que en más de un siglo han perturbado su marcha política, económica y social, impidiendo su progreso, oponiéndose a su bienestar y determinando un estado de perturbación constante, causa principal de todas las opresiones que ha sufrido y a que lo han sujetado la falta de equilibrio y debida ponderación en todas las relaciones que son de vital importancia para la existencia de un Estado soberano y libre.

Fue, por tanto, mi primer cuidado formular ese programa, y así lo efectué en las adiciones que se hicieron al Plan de Guadalupe por decreto de 12 de diciembre de 1914, adiciones en las que, aunque a grandes rasgos, pero en términos bien expresivos, se plantearon todas las reformas que el pueblo mexicano necesitaba en sus instituciones para poder emprender seria y útilmente la obra de su regeneración, obra sin la que no podría, jamás dar un paso en la senda de su perfeccionamiento, ni aspirar a ser gobernado por sí mismo, sino que quedaría, como había estado, víctima de todas las ambiciones de los más audaces y sujeto a los caprichos de los más fuertes.

La aceptación que esas adiciones tuvieron en el concepto público y el entusiasmo que despertaron en el Ejército Constitucionalista, son las mejores pruebas de que ellas fueron la expresión del sentimiento nacional, y así se explica que por sí solas hayan constituido el arma más terrible que esgrimirse pudiera contra rebeldes que no tenían otro ideal que enriquecerse y otros medios para realizarlo, que robar y cometer toda clase de atentados. Una revolución que no está motivada por una necesidad cuya satisfacción no admite aplazamientos, y que no aspira a dar vida real a un ideal de moralidad y de justicia, no pasa de ser un crimen contra la existencia de un pueblo.

La primera condición para la existencia del Estado es el orden, y el orden no puede existir allí donde no hay ley o donde es constante e impunemente violada; porque es la ley la que, determinando las relaciones de los miembros de la Nación entre sí y las que median entre aquellos y ésta, fija la esfera en que la libre acción de los particulares debe ejercitarse y los límites en que los órganos del poder público deben contenerse para que las funciones sociales no encuentren obstáculos en sus múltiples y legítimas manifestaciones.

Allí donde un hombre por el sólo hecho de sentirse fuerte por estar armado, se cree capaz de imponer a los demás su voluntad; donde no hay respeto a la vida, a la libertad y a la propiedad de los demás miembros del cuerpo social, no puede haber derecho ni moralidad, que son los elementos primordiales del orden.

Allí donde cualquier agente de la autoridad se considera capacitado para obrar a capricho, que no tiene freno que lo contenga en sus arranques de ira, ni sentimiento que lo impulse a ver en los demás hombres, seres que merecen respeto, y que es precisamente para hacer guardar éste a los reacios, a los refractarios a toda idea de derecho, para lo que la autoridad pública es necesaria, allí, repito, no puede haber más que anarquía que es la tiranía desordenada de muchos, o despotismo, que es la tiranía de uno solo.

Las facciones que, después de la derrota del huertismo, han combatido al Gobierno Constitucionalista, se han distinguido, a la vez que por su falta de orden, o lo que es lo mismo, por la ausencia completa de ley, por la carencia de toda clase de respeto al derecho ajeno.

Ellas guerrean por matar, luchan por el botín, su norma única es el capricho de cada uno en la medida que puede satisfacerlo; la justicia es la venganza; el móvil de un ataque al derecho de otro es la antipatía personal, cuando no el simple deseo de hacer daño.

Se pega, se hiere, se asesina, se destruye únicamente para mostrarse fuerte; es la fiera que pone en acción su fuerza bruta; son los instintos del salvaje que siente sed de sangre y que imperiosamente se ve arrastrado a destruir para ocupación de su vida errante.

De acuerdo con el programa a que me lie referido, condensado en las "Adiciones al Plan de Guadalupe", lo primero que se hizo fue declarar la disolubilidad del matrimonio para asentar la familia sobre una base a la vez que más racional, más humana; después se estableció la libertad del Municipio como condición primordial insustituible del Gobierno libre, y se ordenó la inmediata restitución de los terrenos a los pueblos que habían sido desposeídos de ellos por la rapacidad de los favorecidos de las dictaduras últimas, y la dotación de tierras a los pueblos que carecían hasta de los elementos más precisos para la vida.

El Gobierno de mi cargo dedicó preferente atención al estudio de las reformas que debían hacerse a la Constitución de 1857, lo mismo que estudió con particular cuidado las cuestiones agraria y obrera para solucionarlas de la manera más conveniente; pero respecto de la primera encontró que de hacerse por la Primera Jefatura, ellas darían pretexto tanto a las facciones armadas como a las vencidas que fueron parte de los regímenes anteriores para seguir alterando el orden, y esto motivó, como bien lo sabéis, que se convocase un Congreso Constituyente que ha llevado a feliz término una de las labores más brillantes y que será de más trascendencia en la historia del pueblo mexicano.

Publicada la nueva Constitución el 5 de febrero del corriente año, en uso de las facultades que me concedió el Congreso Constituyente expedí el 6 del mismo mes la convocatoria para elecciones extraordinarias de Presidente de la República, diputados y senadores, adición a la Ley electoral conforme a la que aquellas debían efectuarse.

Dichas elecciones se verificaron felizmente en el segundo domingo de marzo, siendo de notarse el entusiasmo con que los ciudadanos ejercitaron el derecho y el deber del voto, demostrando de esta manera el pueblo sus aptitudes democráticas.

En los Estados prevalece igual interés para la designación de sus respectivos mandatarios; y con el propósito de metodizar la elección de los Gobernadores, expedí el decreto de 22 de marzo último que reforma el artículo 79 del Plan de Guadalupe y que establece que los próximos congresos locales tendrán el carácter de Constituyentes para introducir en las respectivas constituciones las reformas necesarias para ponerlas de acuerdo con la Carta Magna.

Se ha autorizado ya a varios Gobernadores para convocar a elecciones, no habiéndolo hecho todavía respecto de algunos Estados en que por trastornos locales, las elecciones no podrán verificarse con toda la libertad debida.

Vosotros sois los primeros ungidos por la voluntad del pueblo para venir a representarlo en la nueva vida que hoy comienza, y al felicitar a la Nación por la restauración del orden constitucional, paso a haceros una ligera reseña, como antes indiqué, del estado que guardan los diversos ramos de la Administración Pública.

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES.

Desconocida la usurpación huertista por el Gobierno y la Legislatura de Coahuila, y organizada la campaña contra aquella de acuerdo con lo establecido en el Plan de Guadalupe, fue el principal cuidado de la Primera Jefatura, por lo referente a las relaciones exteriores, ponerse en contacto con el Gobierno de los Estados Unidos, único con quien podía hacerlo, desde el momento que los Gobiernos de las principales naciones europeas se apresuraron a reconocer, como si fuera legítimo, al Gobierno de Huerta sin dar importancia a la serie de crímenes sobre los que se había establecido.

No obstante que el Presidente de los Estados Unidos del Norte en diversas ocasiones expresó el concepto de que el gobierno de Huerta era completamente ilegítimo, y que, por tanto, no podía ser reconocido, es lo cierto que no se prestó tampoco a reconocer el Gobierno de Coahuila y, todavía más, a quitarle toda traba para que fácilmente pudiera proveerse del material de guerra indispensable para la lucha.

Con este motivo, los primeros esfuerzos de mi parte se encaminaron a gestionar ante el gobierno de los Estados Unidos que levantase el embargo que tenía decretado sobre toda clase de pertrechos de guerra, haciéndole ver que con semejante prohibición no se conseguía otra cosa que ayudar a Huerta de una manera muy eficaz, supuesto que el Gobierno Constitucionalista, no habiendo podido hacer una preparación suficiente, no estaba en posibilidad de fabricar las municiones y las armas que su ejército necesitaba imperiosamente, y, además, carecía de puertos por donde introducirlas, mientras que Huerta podía proporcionárselas sin la menor dificultad de las fábricas de armas y municiones de Europa y podía también traerlas sin el menor obstáculo, teniendo, como tenía en su poder todos los puertos de altura.

El Gobierno de los Estados Unidos, en vista de que la situación creada por su prohibición de exportar pertrechos de guerra favorecía la usurpación, tuvo al fin que derogarla, un año después de empezada la lacha contra Huerta; y de esta manera ya me fue fácil atender a una de las necesidades más imperiosas de la campaña.

En atención a esta actitud del Gobierno de los Estados Unidos, actitud que no era ni fue en realidad más que la consecuencia lógica del concepto que con toda exactitud y justicia se había formado de la conducta criminal de Huerta, éste y sus secuaces la interpretaron como un apoyo que aquel prestaba a la Revolución, y desde ese momento empezó su campaña en suscitar dificultades entre los Estados Unidos y esta Primera Jefatura, empeño que secundaron después y en el que han continuado hasta la fecha los partidarios del antiguo régimen y enemigos del Gobierno Constitucionalista.

La primera dificultad vino con motivo de la muerte del súbdito inglés William Benton, acaecida en Ciudad Juárez el 16 de febrero de 1914.

Como el Gobierno de Inglaterra había reconocido a Huerta, y por lo mismo, no tenía representante cerca de la Primera Jefatura, ocurrió al Gobierno de los Estados Unidos, que sí lo tenía, para exigir que se permitiese a una comisión compuesta de extranjeros, de la que formaba parte un cónsul inglés, pasara a territorio mexicano a examinar y reconocer el cadáver de Benton, así como que se diese curso a la reclamación que con este motivo hacía el Gobierno de la Gran Bretaña en la forma indicada.

La Primera Jefatura con el deseo de poner en claro lo ocurrido para hacer debida justicia, ordenó en el acto practicar una averiguación escrupulosa y nombró para este objeto una comisión respetable compuesta de mexicanos honorables; pero para evitar el sistema que se trataba de establecer de que las naciones que habían reconocido a Huerta, reclamasen por la mediación de los Estados Unidos sin que el Gobierno de aquellas asumieran tal carácter, en los asuntos relacionados con las personas o bienes de sus nacionales, manifestó al Gobierno de esa Nación que atendería como ya lo había hecho en diversas ocasiones, con toda diligencia y eficacia las quejas o reclamaciones, hechas en favor de sus ciudadanos, pero que por la dignidad de la República y por respeto a la personalidad misma del Jefe Supremo del Ejército Constitucionalista, no admitiría su intervención respecto de súbditos de otras naciones, si ésta no se significaba conforme a los usos diplomáticos, y toda vez que ellas no tenían el menor obstáculo en acreditar un representante para gestion.ar todo cuanto les correspondiese.

Fracasados sus torpes intentos en este asunto, los reaccionarios y enemigos del constitucionalismo redoblaron sus esfuerzos en sus criminales propósitos de provocar conflictos.

Uno de los incidentes más graves fue el que se originó en Tampico.

El 9 de abril de 1914 algunos marineros y un oficial uniformados, pertenecientes al buque americano "Dolphin", en una lancha del mismo, llegaron hasta un almacén cerca del puente "Iturbide", con el objeto de proveerse de gasolina, y el jefe de las fuerzas huertistas en ese puente, ordenó que fueran detenidos y conducidos a su presencia entre filas.

El Gobierno americano exigió satisfacción por estos hechos, y si el asunto se hubiera conducido con recto espíritu de justicia, sin duda que se hubiera llegado sin gran dificultad a una solución conveniente; pero la administración huertista dio lugar a que las cosas tomaran mayores proporciones, y al fin fuerzas americanas ocuparon la Aduana y se posesionaron del puerto de Veracruz, no sin que hubiera habido derramamiento de sangre por ambas partes, por la resistencia que espontáneamente ofrecieron los alumnos de la Escuela Naval y los vecinos de dicho puerto, pues el jefe huertista lo desalojó violentamente con sus tropas.

Hecho censurable que demuestra los tortuosos planes del huertismo.

El Gobierno usurpador hizo, en efecto, de este asunto, una maniobra política, en su afán de contrarrestar su creciente desprestigio comprometiendo la suerte del país y atendiendo a sus fines ambiciosos.

Con falsos alardes procuró explotar en su favor el patriotismo de los mexicanos e intentó sembrar el desconcierto en el Ejército Constitucionalista, pretendiendo que éste se le uniera bajo el especioso pretexto de acudir en masa a la defensa nacional, pero en realidad para almiar los triunfos de la Revolución.

El Ejército Constitucionales, por conducto de sus dignos jefes, aunque pronto a cumplir con sus patrióticos deberes, negose a tan pérfidas insinuaciones.

Al tener conocimiento de estos hechos con motivo de un despacho telegráfico en que el Cónsul americano en Torreón trató de explicarles, por instrucciones del Secretario de Estado norte americano, el Gobierno Constitucionalista dirigió al de los Estados Unidos del Norte la nota de 22 de abril de 1914, asumiendo sin vacilación una actitud bien definida.

En ella se hizo presente que la Nación Mexicana, el verdadero pueblo de México, no había reconocido como a su mandatario al usurpador que pretendía ahogar en sangre sus libres instituciones; que los actos de ese usurpador y de sus cómplices no podían ser tomados como actos legítimos de la Soberanía Nacional, ni representaban tampoco los sentimientos de la Nación Mexicana, que son de confraternidad hacia el pueblo norteamericano ; que esta falta de legitimidad del Gobierno de Huerta se corroboraba con el hecho de no haber sido reconocido por los gobiernos de Estados Unidos, de la Argentina, Chile, Brasil y Cuba; que el usurpador era un delincuente que caía bajo la jurisdicción del Gobierno Constitucionalista, único que representaba la Soberanía Nacional, de acuerdo con el espíritu del artículo 128 de la Constitución Política Mexicana; que los actos de ese usurpador nunca podrían ser suficientes para envolver al pueblo mexicano en una guerra desastrosa con Estados Unidos, porque no existía solidaridad entre ese Gobierno usurpador y la Nación Mexicana por no ser el órgano legítimo de la Soberanía Nacional.

Se manifestó con toda claridad y energía que esto no obstante, la invasión de nuestro territorio, la permanencia de fuerzas americanas en el puerto de Veracruz o la violación de nuestros derechos que forman nuestra existencia como Estado soberano, libre e independiente, sí nos arrastrarían a una guerra desigual, pero digna; que yo quería evitar por todos los medios honorables, antes que dos pueblos honrados llegaran a romper las relaciones pacíficas que los unían.

Con estos fundamentos, y en vista de las declaraciones del Senado Americano expresadas en el sentido de que los Estados Unidos del Norte no asumían ninguna actitud contra el pueblo mexicano, ni tenían el propósito de hacerle la guerra, y considerando igualmente que los actos de hostilidad excedían ya a lo que la equidad exigía para el fin perseguido y no siendo por otra parte el usurpador de México a quien competería otorgar una reparación, se concluía por invitar solemnemente al Gobierno Americano a suspender esa hostilidad ya enunciada, ordenando a sus fuerzas la desocupación de los lugares que se hallaban en su poder en el puerto de Veracruz, y a formular ante el Gobierno Constitucionalista, representado por mí como gobernador constitucional del Estado de Coahuila y jefe del Ejército Constitucionalista, la demanda correspondiente por los sucesos acaecidos en el puerto de Tampico, en la seguridad de que esa demanda sería considerada con un espíritu elevado de justicia y de conciliación.

Siempre en esta actitud, los sucesos se desarrollaron como sabéis por ser de pública notoriedad. Cayó el usurpador Huerta; la Convención tornose en foco de rebeldía y vino la infidencia de Villa a completar la situación, embarazando la marcha triunfante del Ejército Constitucionalista en los momentos en que se llegaba al éxito final, dominando en casi todo el país y habiendo ocupado ya la metrópoli el Gobierno de mi cargo, la cual tuvo que abandonar como medida estratégica.

En el curso de estos acontecimientos y aún en medio de las situaciones más difíciles, el Gobierno Constitucionalista insistió constantemente en la desocupación del puerto de Veracruz por las fuerzas invasoras, hecho plausible que tuvo lugar el 23 de noviembre del mismo año de 1914, fecha en que ondeó de nuevo nuestro pabellón nacional en esa heroica ciudad, que desde entonces quedó en poder de las fuerzas constitucionalistas, siendo de notar que se llegó a este resultado sin mengua del decoro y del honor de la República y sin aceptar intervención ninguna en nuestros asuntos interiores; pues por espontánea petición de la Cámara de Comercio y de los negociantes propietarios y vecinos de dicho puerto por una parte, y por otra, en vista de que todos los que habían servido puestos públicos durante la ocupación de las fuerzas americanas se sometieron a la decisión del Gobierno Constitucionalista, éste expidió dos decretos: uno ordenando que no se pagaran de nuevo los impuestos que se habían satisfecho por los primeramente mencionados, y el otro concediendo indulto a los segundos.