Chapter 11

El problema monetario continúa, sin embargo sin resolverse, pues no existiendo billetes de banco, ni otras formas de crédito que substituyan la circulación metálica, ésta ha tenido que hacerse casi enteramente sobre la base de circulación de monedas de oro, plata y cobre.

Al restablecerse la circulación metálica una complicación se presentó, y fue el alto valor de la plata en los mercados extranjeros, que ha hecho que nuestro peso se encuentre por encima de la calidad legal, y que, por tanto; se haya retirado de la circulación últimamente.

El Gobierno está acudiendo a la acuñación constante de tostones, y que por su ley más baja se han conservado en circulación hasta la fecha, aunque es de temerse que si continúa ascendiendo el valor de la plata, la eliminación de estas especies pondrá otra vez la circulación metálica en peligro.

Una comparación entre el régimen del papel moneda y el régimen de circulación metálica, resulta desfavorable a esta por lo que hace a las necesidades de las clases consumidoras, pues el precio de los artículos de primera necesidad, sobre todo los de producción nacional, aparentemente mucho más elevado en papel moneda, era sin embargo considerablemente más bajo que el precio de los mismos artículos bajo el régimen de la circulación metálica.

El Gobierno tiene la conciencia de haber hecho todo lo posible por sostener el papel infalsificable como moneda circulante, pero desgraciadamente hubo un gran número de factores, y entre ellos muchos intencionales, que contribuyeron también a hacerlo descender y obligaron al Gobierno a volver al régimen de circulación metálica.

Recientemente se ha decretado un recargo a los impuestos que gravan el comercio exterior, pagadero en papel infalsificable, para ver de comenzar a recoger esta emisión en la forma menos gravosa para el Gobierno y para sus tenedores.

Presupuestos

Teniendo en cuenta la organización precipitada de una revolución, no debe extrañar que no haya sido posible calcular egresos para. la campaña del Ejército Constitucionalista durante los dos primeros períodos de la lucha.

Cada vez que ha sido posible, sin embargo, se ha procurado ajustar los desembolsos a algún presupuesto, y especialmente por lo que hace a sueldos, constantemente se ha tomado el de 191213, último que puede considerarse legalmente existente, como guía para organización de oficinas y para calcular sueldos de empleados.

Es natural, sin embargo, que la organización que ha tenido que darse a las diversas Secretarías de la Primera Jefatura no corresponda con la organización del Gobierno Constitucional de 1912, y a eso se debe que de hecho haya sido imposible la aplicación del presupuesto de 191213.

Al instalarse nuevamente el Gobierno en la Mesa Central se hicieron constantes esfuerzos, tanto en México como en Querétaro, para someter a presupuesto los gastos de los diversos Departamentos del Gobierno Constitucionalista.

Pudieron aun calcularse con aproximación los presupuestos de los empleados civiles de las diversas Secretarías, pero nada de extraño tiene que aun cuando pudieran hacerse cálculos aproximados en las diversas ramas, fuera sin embargo totalmente imposible calcular egresos en el ramo de Guerra, dada la natura incertidumbre de las necesidades de la campaña.

Gastos de la Revolución

Al principio de la Revolución, los gastos que la campaña exigía se hacían casi siempre por los jefes militares, procurándose al mismo tiempo los fondos de donde podían hallarlos, y las contingencias de la lucha y algunas veces la ignorancia o el natural desorden, hacían imposible que pudiera llevarse una cuenta aproximada de lo que se gastaba.

Al concluir el primer período de la revolución, es decir, cuando el Gobierno Constitucionalista tomó posesión de la ciudad de México, fue cuando realmente se pudo comenzar a llevar una contabilidad ordenada de los desembolsos hechos.

No puede sin embargo decirse que existan cuentas exactas de egresos, sino de las cantidades que han salido directamente de la Tesorería General de la Nación o de las oficinas dependientes de ella.

La dificultad principal no consiste en conocer las cantidades que han salido de la Tesorería para ser empleadas en las diversas atenciones del Gobierno, sino en justificar la inversión de los gastos hechos, de parte de los pagadores y agentes encargados de su distribución.

En materia de Guerra, sobre todo, ha sido enteramente imposible obtener los datos necesarios para justificar las inversiones hechas.

En muchos casos las cantidades proporcionadas para las atenciones de campaña se hacían en forma global, entregándolas a los jefes militares o a los pagadores habilitados que los acompañaban, y muchas veces no existe otro dato respecto de dichos egresos que la entrega hecha.

La Dirección de Contabilidad y Glosa de la Secretaría de Hacienda continúa sin embargo haciendo la concentración de todos los gastos de que se tenga conocimiento y es muy posible que antes de comenzar el nuevo año fiscal pueda saberse, de una manera aproximada, a cuanto montan los ingresos y egresos de la Revolución.

Los datos que arrojan los trabajos de concentración y glosa de la Dirección General de Contabilidad y Glosa, no pueden ser sin embargo exactos respecto de los egresos, supuesto que ha habido un gran número de gastos que se han hecho y de los cuales no se tiene conocimiento.

Las cifras que arroja la Tesorería General de la Nación son necesariamente incompletas, debido a las dificultades de concentración de datos que aún no se concluye.

Para que se tenga, sin embargo, una idea del movimiento de caudales de la Revolución sobre el cual ha podido llevarse cuenta, debo manifestar que los ingresos totales por impuestos que acusa la Tesorería General de la Nación, son en oro $ 75.000,000.00 y en papel $ 236.000,000.00.

Los egresos de la Revolución, hasta donde han podido ser concentrados por la Dirección de Contabilidad y Glosa, acusan un total de $96.000,000.00 oro y $855.000,000.00 papel.

La mejor comparación que puede hacerse entre los ingresos y los egresos de la Revolución tiene que obtenerse por medios indirectos, calculando el déficit de la Revolución, o sea la deuda pública imputable al período revolucionario.

Los egresos que acusan los libros de la Tesorería General, por cada uno de los Departamentos del Gobierno, son los siguientes:

Oro Nacional Papel

Primera Jefatura $ 230,565.00 $ 7.726,583.00

Congreso Constituyente 271,203.00 10,156.00

Secretaría de Relaciones 1.268,577.00 3.088,188.00

Secretaría de Gobernación 5.754,302.00 43.220,765.00

Secretaría de Justicia 192,826.00 2.927,916.00

Secretaría de Instrucción Pública 1.131,853.00 20.787,246.00

Secretaría de Fomento 345,144.00 4.606,880.00

Secretaría de Comunicaciones 2.586,049.00 43.942,951.00

Secretaría de Hacienda 13.082,748.00 72.699,276.00

Secretaría de Guerra 61.554,096.00 656.800,958.00

Los egresos anteriores hacen un total de $95.417,400.00 en oro nacional y $ 855.818,900.00 en papel.

Déficit

Es natural suponer que ha existido constantemente y existe en la actualidad un considerable déficit entre los ingresos y egresos de la Revolución.

Durante mucho tiempo ese déficit no pudo conocerse, ni mucho menos preverse; pero en la actualidad en que ha comenzado a pagarse todo a base metálica desde el principio del corriente año, puede ya decirse que durante los cuatro primeros meses que van transcurridos, el déficit no baja de cinco millones mensuales por término medio, lo cual dará para un año sesenta millones de déficit.

Este déficit de sesenta millones anuales no es sin embargo tan considerable como pudiera creerse, si se tiene en cuenta que el presupuesto de 191213, calculado para tiempos comparativamente normales ascendía ya a la cantidad de ciento veinte millones de pesos al año.

Mientras el déficit de nuestros gastos pudo cubrirse en papel no se hacía sentir tan considerablemente; pero al restablecerse el régimen de circulación metálica, el Gobierno se encontró en situación de tener que vivir enteramente de sus ingresos en metálico.

Un gran número de impuestos que se habían venido pagando en papel moneda, no fue posible desde luego convertirlos a metálico y exigir inmediatamente a los causantes su pago en esa especie sin provocar grandes trastornos.

El Gobierno tenía necesariamente que vivir a pesar de lo que desearan sus enemigos, y obligado por la necesidad se vio en el caso de tomar dinero de las reservas metálicas de los bancos para continuar subsistiendo.

Las cantidades hasta ahora tomadas de los bancos, ascienden aproximadamente a veinte millones de pesos.

El Gobierno ha procurado llevar a cabo una política de estricta economía, intentando considerables reducciones en el número 'de sus empleados, y al restablecerse la circulación monetaria se vio en el caso de no poder pagar más que un cincuenta por ciento de los sueldos nominales de sus empleados civiles, reservando con el carácter de deuda flotante el saldo de los sueldos.

En muchos casos, sin embargo, y sobre todo en el ramo militar, no le había sido posible obtener servicios eficientes si hubiera tenido que pagar únicamente la mitad de los sueldos. Se ha visto por lo tanto en el caso de tener que pagar a la tropa por haberes íntegros y a muchos de sus empleados, el 75% o el total de sus sueldos.

En otros muchos casos ha habido necesidad de conceder, discrecionalmente, gratificaciones o ayudas pecuniarias a los empleados, para que puedan subsistir.

Esto por lo que hace a los gastos que ha demandado la campaña militar en el interior, que es donde el Gobierno ha tenido un constante déficit, que sumado durante los últimos cuatro años puede decirse que constituye la deuda pública interior de la Revolución.

Por lo que hace a los crecidos gastos que la Revolución ha tenido que hacer en el extranjero, todos se han cubierto con escrupulosidad, y a ese respecto me cabe la satisfacción de anunciar que México ha cubierto sus servicios consulares y diplomáticos con regularidad, y ha pagado hasta la última de las facturas de municiones, pertrechos de guerra, provisiones y equipos que ha tenido que comprar fuera del país, y que, por consiguiente, no se debe nada en el extranjero por causa de la Revolución.

Bancos

Desde el Gobierno del general Díaz, el sistema de bancos existente en México a base de concesión, implicaba un sistema de privilegios cuyos inconvenientes se habían hecho notar desde hacía mucho tiempo.

Los bancos de emisión de México prestaron al Gobierno de Huerta, para que luchara contra la Revolución Constitucionalista, aproximadamente la cantidad de cuarenta y seis millones y medio de pesos.

El Gobierno de Huerta autorizó en cambio el régimen de circulación forzosa de sus billetes, que el Gobierno Constitucionalista encontró a su llegada.

El Gobierno Constitucionalista, ocupado en otras atenciones de la campaña, no pudo desde luego atender la materia bancaria, por más que los bancos de hecho constituían poderosos enemigos financieros de la Revolución.

Los propios bancos, por otra parte, se encontraban en condiciones de no poder restablecer la circulación voluntaria de su papel, pues aun cuando algunos pudieron tener casi completas sus reservas, si se les hubiera obligado a pagar sus billetes a la par, habrían tenido que ponerse en liquidación.

No deseando por otra parte el Gobierno, que el acervo metálico acumulado en los bancos desapareciese, prefirió tomar medidas para evitar que se dispusiera de dicho acervo.

Dictó, al efecto, disposiciones para obligar a las instituciones de crédito a completar sus reservas, y no habiéndose logrado ese objeto, hubo necesidad de decretar la incautación de los bancos, medida que se llevó a cabo, prácticamente, sin necesidad de tomar posesión de los bancos mismos, sino pasando la administración de éstos a manos de un consejo de incautación.

El problema bancario se encuentra pendiente de resolución, pues habiendo decretado el Congreso Constituyente que debe haber un banco único de emisión, no ha podido resolverse la situación definitiva de los bancos hasta tanto no pueda procederse a fundar el banco único que deba substituir a las instituciones bancarias actuales.

El Gobierno Constitucionalista, apremiado por las circunstancias, ha tenido necesidad de tomar para las atenciones del Gobierno, de todos los bancos, muy cerca de veinte millones de pesos.

Esto constituye una deuda del Gobierno para las instituciones bancarias, que este reconoce como un préstamo a corto plazo y para el cual está dispuesto a proporcionar garantías suficientes.

Deseo llamar la atención del Congreso sobre que el Gobierno Constitucionalista no acudió a tomar dinero de las reservas de los bancos sino cuando el papel moneda había sido enteramente vencido.

Debe hacerse notar, sin embargo, que solamente entre el Banco Nacional y el Banco de Londres prestaron al Gobierno de la usurpación veinte millones de pesos.

Deuda Pública

Desde el principio de la Revolución el Gobierno Constitucionalista resolvió desconocer los empréstitos que pudiera contraer Huerta en el extranjero, y al efecto hizo pública su determinación de no reconocer fuerza legal a cualquier préstamo que a este se le hiciera. Más tarde han quedado legalmente desconocidos todos los actos emanados de la administración huertista.

El Gobierno Constitucionalista, sin embargo, nunca se ha negado a reconocer las obligaciones legítimas anteriores a la Revolución, y por consiguiente considera vivas las deudas que fueron cubiertas por la administración de Huerta con bonos o fondos obtenidos por virtud de préstamos ilegales.

A pesar de su buena voluntad el Gobierno Revolucionario no podía hacer frente a los servicios de réditos y amortización de la deuda pública vencidos desde 1913; pero en lugar de procurar aplazamientos constantes que hubieran sido origen de repetidas dificultades, prefirió aplazar indefinidamente el servicio de su deuda pública.

La cantidad que importaba la deuda pública en principios de 1913 era aproximadamente de cuatrocientos veintisiete millones de pesos, y los réditos caídos y pendientes de pago desde esa fecha hasta ahora, importarán aproximadamente setenta y cinco millones de pesos al vencerse el presente semestre.

Ferrocarriles

La Compañía de los Ferrocarriles Nacionales de México adeuda por vencimientos de capital e intereses, hasta el primero de julio del corriente año, la cantidad de $ 71,388,794.26.

El Gobierno Mexicano es responsable por parte de esa suma que es la formada por los intereses causados sobre los bonos garantizados de hipoteca general del 4% emitidos por la Compañía de los Ferrocarriles Nacionales de México, conforme al plan de organización de la citada compañía y al decreto de 6 de julio de 1907, y que debe ascender a la cantidad de 6.089,829.00 de dólares hasta el citado día primero de julio del corriente ario.

Esa obligación tiene su origen de la imposibilidad en que se encuentra la citada compañía de hacer frente a tal compromiso por virtud de la incautación de las líneas, efectuada conforme a las prescripciones de la Ley de Ferrocarriles y se deriva legalmente de las obligaciones asumidas por el Gobierno Mexicano ante los fideicomisarios de los tenedores de los bonos, de la referida hipoteca general.

Deuda de la Revolución

Descartando las cantidades adeudadas por la Nación por virtud de compromisos anteriores al movimiento revolucionario, puede decirse que el monto de las cantidades nuevamente adeudadas, apenas llegará a la cantidad de ciento veinticinco millones de pesos oro nacional, que es la suma que el país queda a deber después de cuatro años de lucha y que constituye el resultado de la gestión hacendaria de la Primera Jefatura.

Dicha deuda es como sigue:

Por papel infalsificable en circulación si llegare a redimirse a razón de $ 0.20 oro $ 80.000,000.00

Por papel de Veracruz 5.000,000.00

Préstamos de los bancos 20.000,000.00

Diversos adeudos pendientes y adeudos a los empleados aproximadamente hasta el 30 de abril 20.000,000.00

Suma $ 125.000,000.00

Debe considerarse como una deuda que tarde o temprano surgirá contra la Revolución, el monto de las indemnizaciones por perjuicios causados durante la guerra.

Entre esos perjuicios deben considerarse las sumas destinadas a la reparación de las líneas ferrocarrileras del sistema de las Líneas Nacionales y las indemnizaciones que deben pagarse a la empresa incautada conforme a la Ley de Ferrocarriles.

Aunque la Primera Jefatura por decreto de 10 de mayo de 1913, reconoció desde un principio las deudas por indemnizaciones y dio las bases generales para la formación de las comisiones que deberían conocer de reclamaciones, por perjuicios, hasta la fecha, sin embargo, no ha sido ni posible ni conveniente proceder a formar estas comisiones sabiendo de antemano que el Gobierno no se encuentra en situación de poder cubrir estos adeudos.

Para concluir la parte relativa a la gestión hacendaria, de la Revolución, puedo decir como resumen, que la Revolución se ha hecho con elementos exclusivamente nacionales, que no obstante la considerable reducción de los ingresos, hemos podido luchar contra el régimen de Huerta, triunfar de él, vencer en seguida la infidencia villista, triunfar de ella y comenzar la reorganización del Gobierno sin que hasta la fecha haya costado el movimiento revolucionario más que la cantidad de ciento veinticinco millones de pesos, que pueden considerarse como la deuda pública imputable a esta Revolución que México ha ejecutado sin necesidad de tomar en el extranjero un solo centavo.

SECRETARÍA DE GUERRA Y MARINA

Por virtud del decreto número 10 expedido en Nogales, Sonora, el 17 de octubre de 1913, creando las Secretarías de Estado que servirían para el despacho de los negocios en los diversos ramos de la Administración Pública, se organizó la Secretaría de Guerra y Marina, pero fue la Primera Jefatura la que atendió personal y directamente todos los servicios de organización de fuerzas, aprovisionamiento de las mismas y formación de los Cuerpos de Ejército y de las divisiones que operaban en el Territorio Nacional, combatiendo contra el Ejército Federal que apoyaba al Gobierno de la usurpación.

Se encomendó el mando del Cuerpo de Ejército del Noroeste al C. general Álvaro Obregón, quien en una serie de brillantes campañas avanzó desde Sonora hasta la capital de la República, por todo el litoral del Pacífico ; y se encargó el mando del Cuerpo de Ejército del Noroeste, al C. general Pablo González, quien operó en los Estados del norte, avanzando por las costas del Golfo hasta ocupar el puerto de Tampico, moviéndose después hacia el centro del país para llegar también en unión de la Primera Jefatura a la ciudad de México, habiéndose ocupado ésta por las fuerzas del general Obregón el 15 de agosto de 1914, después de haber exigido por instrucciones de la Primera Jefatura, la rendición incondicional de los restos del Ejército Federal, según quedó convenido en las estipulaciones firmadas en Teoloyucan.

Ocupada la capital de la República, la Primera Jefatura de mi cargo, nombró Oficial Mayor Interino de la Secretaría de Guerra y Marina al C. general Eduardo Hay, procediendo desde entonces a la organización de la expresada Secretaría.

El C. general Hay renunció y provisionalmente despachó durante algunos días los asuntos del ramo de Guerra el general Jacinto B. Treviño, habiéndolo substituido con el carácter de Subsecretario Encargado del Despacho, el C. general Ignacio L. Pesqueira.

Cuando se produjo la defección de una parte del Ejército Constitucionalista en la llamada Convención de Aguascalientes, la Secretaría de Guerra se trasladó con la Primera Jefatura al puerto de Veracruz, en donde fue fijada la capital provisional de la República, el 25 de noviembre de 1914, habiendo permanecido en dicho puerto hasta el 11 de octubre de 1915, en que habiendo sido ocupada nuevamente la ciudad de México por fuerzas al mando del C. general de división Pablo González, y después de haber sido aniquilado el ejército de la reacción que mandaba el general Francisco Villa, por el Ejército de Operaciones del que fue jefe el general de división Álvaro Obregón, volvió la Secretaría de Guerra a instalarse en esta ciudad, para seguir despachando los asuntos encomendados a ese ramo.

En el puerto de Veracruz, la Primera Jefatura de mi cargo acordó la creación del Cuerpo de Ejército del Sureste, encomendando la jefatura del mismo al general de división Salvador Alvarado, quien se dirigió a la península de Yucatán, cuando se rebeló contra el Gobierno Constitucionalista el coronel Abel Ortiz Argumedo, habiendo sofocado dicho movimiento.

El general de división Pablo González fue designado para asumir la jefatura del Cuerpo de Ejército de Oriente, que hubo de crearse para la campaña contra los zapatistas y quedó al frente del Cuerpo de Ejército del Noreste el general Jacinto B. Treviño.

Batidas por completo en diversos combates las fuerzas de la reacción, y quedando únicamente restos dispersos del villismo en el Estado de Chihuahua, y del zapatismo en los Estados de Morelos, Puebla y Guerrero, la Primera Jefatura consideró conveniente disolver los Cuerpos de Ejército del Noroeste, del Noroeste y de Oriente, y se ha procedido a un nuevo plan de campaña.

En el Estado de Chiapas, por la situación especial de aquella región que limita con la República de Guatemala, ha sido necesario sostener una activa campaña contra los elementos reaccionarios que se organizan fuera del Territorio Nacional, y que constantemente hacen incursiones al referido Estado; pero hasta hoy han sido destruidos los núcleos que han invadido a Chiapas, y es de esperarse que avance la pacificación tan pronto como el Gobierno Constitucional esté en aptitud de concentrar mayores elementos para concluir con la reacción en aquella parte del país.

El 13 de marzo de 1916, la Primera Jefatura de mi cargo, nombró Secretario de Estado y del Despacho de Guerra y Marina al C. general de división Álvaro Obregón, procediendo desde entonces a la reorganización definitiva de los departamentos que dependen de la Secretaría, con el personal necesario para atender al despacho de los negocios sujetos a las decisiones de la misma.

Hecha esta breve explicación, paso a informar a este Honorable Congreso, de las labores desarrolladas por la Secretaría de Estado a que vengo haciendo referencia.

Se ha procedido a la organización del Detall General del Ejército, que tan difícil problema presentaba por las circunstancias anormales que atravesamos, y casi toca a su fin, haciéndose todos los esfuerzos posibles por recabar de los jefes con mando de fuerza el mayor acopio de datos para su mejor funcionamiento.

El Ejército se compone: de 11 generales de división, 58 generales de brigada, 138 generales brigadieres, 2,638 jefes, 18,452 oficiales y 125,823 individuos de tropa.

Se encuentra repartido en toda la República moviéndose las unidades por diversos lugares, según las exigencias del servicio.

Ya se estudia la definitiva organización que habrá de dársele y la división territorial militar que haya de practicarse en el país.

Del total de fuerza que integra el Ejército, corresponden a la arma de Artillería: 133 jefes, 966 oficiales y 5,890 de tropa; de Caballería: 1,128 jefes, 6,020 oficiales y 50,125 de tropa; a Infantería: 1,200 jefes, 8,500 oficiales y 58,424 de tropa; a los Servicios Especiales: 177 jefes, 2,066 oficiales y 11,384 de tropa.

A fin de perfeccionar la organización y la administración interior de las diferentes corporaciones que forman el Ejército, se han nombrado hasta la fecha 10 Comisiones Inspectoras, que con toda actividad proceden a llenar su cometido.

Se han girado, además, con el mismo objeto, 111 circulares.