Chapter 10

Desde que quedó ya unificada la Revolución por virtud del plan de Guadalupe, consideré necesario acudir al sistema de emisiones de papel moneda, las cuales, no obstante las desventajas que en lo futuro pudieran traer, presentaban sin embargo, como procedimiento revolucionario, la ventaja de ser la más justa distribución de préstamos entre los habitantes de las regiones ocupadas por los ejércitos revolucionarios, al mismo tiempo que nos permitían no estar atendidos en ningún caso a préstamos particulares, que habrían influido desfavorablemente en la marcha de la Revolución.

Fue siempre una política de la que nunca se apartó la Primera Jefatura, el rehusarse en todo caso a solicitar o admitir empréstitos de particulares para ayuda de la Revolución, pues comprendí desde un principio que estos préstamos, limitados naturalmente a pequeñas cantidades, no harían más que entorpecer el movimiento, poniendo la suerte de la Revolución a merced de los prestamistas.

Tal es el origen de las emisiones de papel moneda de que adelante se hablará y que constituyeron una de las fuentes de ingresos para hacer frente a los gastos de la Revolución.

Organización de Hacienda

Fuera de los fondos que se arbitraba la Revolución por medio de emisiones de papel moneda y conforme se extendía el territorio ocupado, podía comenzarse un principio de organización hacendaria que permitía obtener algunos ingresos, que en un principio consistieron casi exclusivamente en los productos de los derechos de importación y exportación de las aduanas que se encontraban en nuestro poder.

Durante el primero y segundo períodos del Gobierno Revolucionario, en muchos casos hubo necesidad de dejar enteramente las oficinas recaudadoras de Hacienda a disposición de los jefes militares, con el fin de que éstos pudieran proveerse inmediatamente de fondos, y en la mayor parte de los casos los Comandantes Militares asumían, obligados por la necesidad, facultades hacendarias que llegaban hasta imponer contribuciones especiales.

Más tarde y conforme fue regularizándose el Gobierno y venciéndose al enemigo, ha podido la Primera Jefatura ir recogiendo poco a poco todas las oficinas recaudadoras y poniéndolas bajo la dirección de la Secretaría de Hacienda.

Los detalles de la organización de las oficinas hacendarias serían sumamente extensos, y tienen mejor cabida en el informe general de la Secretaría de Hacienda que se encuentra en preparación, en el cual podrá hacerse referencia a la reorganización de la Tesorería y de la Dirección de Contabilidad y Glosa, restablecimiento de la Dirección General de Aduanas, creación de la Comisión Monetaria, nueva Legislación sobre bancos, etc., etc.

Respecto de esta materia baste decir que siendo la Hacienda un órgano de funcionamiento diario, la Revolución tuvo necesidad de continuar usando los procedimientos hacendarios ya establecidos para no carecer de dinero, al mismo tiempo que introducir las reformas en la organización de esa Secretaría, y la organización de la Secretaría de Hacienda se ha llevado a cabo sin dejar de atender diariamente a las necesidades de la campaña.

La tendencia principal que ha guiado a la Primera Jefatura en las reformas de organización hacendaria, ha sido hacer de la Secretaría de Hacienda, un órgano independiente, librándolo de la subordinación a determinadas instituciones de crédito, en que siempre se había encontrado en las administraciones anteriores.

Derechos al Comercio Interior

El Gobierno Constitucionalista, aun durante las épocas más difíciles de la campaña militar, no pudo limitarse exclusivamente a vivir del producto de sus emisiones del papel moneda, sino que procuró por todos los medios reorganizar sus ingresos, tanto los que se causaban en papel como los que se consideró necesario exigir en metálico para poder hacer frente a nuestras necesidades en oro, sobre todo a la provisión de armas, municiones, provisiones y equipo, que muchas veces había necesidad de comprar en el extranjero.

El Gobierno desde un principio siguió la costumbre de cobrar algunos de sus ingresos en metálico, y éstos eran principalmente los que recaían sobre el comercio exterior, mientras que la mayor parte de las contribuciones de carácter interior eran pagaderas en papel moneda.

En el principio de la campaña no fue posible tener otros ingresos en metálico que los que nos proporcionaban las exportaciones de ganado y metales, que se hacían por las aduanas que se encontraban en nuestro poder.

Más tarde, al tomar posesión de la región petrolífera del Estado de Tamaulipas y del de Veracruz, el Gobierno tuvo ya oportunidad de recaudar un nuevo impuesto en metálico, derivándolo del petróleo.

De esta manera el Gobierno Revolucionario no solamente pudo arbitrarse fondos, sino que comenzó a resolver un problema que desde hacía mucho tiempo estaba pendiente, y que consistía en hacer contribuir a compañías petrolíferas que se consideraban exentas del pago de impuesto.

La política del Gobierno Constitucionalista en materia de exportaciones, fue la de hacer pagar impuestos a todos los pr9ductos que se enviaban al extranjero sin transformación alguna, en forma de materia prima, apartándose radicalmente de la política que se había seguido en el antiguo régimen, de exceptuar de impuestos las exportaciones, sin distinguir si esas exportaciones eran de productos manufacturados o de materias en bruto.

El Gobierno encontró también necesario y práctico levantar los derechos del timbre a los metales y minerales, y lo ha hecho hasta donde la natural protección a la minería se lo ha permitido.

El Gobierno continuó constantemente ensanchando la tarifa de exportación, para incluir en ella todas aquellas materias primas que se exportan sin dejar ningún provecho a la industria mexicana.

En este sentido impuso por primera vez, un derecho de exportación al henequén, que durante mucho tiempo había salido libre y que en la actualidad se paga ya sin dificultad, no obstante que en un principio este impuesto estuvo a punto de causar serios trastornos en nuestro país, y de hecho fue la causa del intento de sublevación en la península de Yucatán, en febrero de 1915.

Bienes Intervenidos

Una fuente de ingresos, más nominal que efectiva, consistió en la ocupación de bienes de enemigos.

Esta ocupación de bienes fue en un principio un movimiento de carácter enteramente espontáneo de parte de las fuerzas militares que ocupaban regiones enemigas y que, al tomar posesión de esas regiones, se incautaban de los bienes considerados de enemigos, tanto para evitar que sus productos pudieran ser utilizados contra la Revolución, cuanto para arbitrarse fondos.

En el fondo había también la idea de una responsabilidad contraída por los enemigos de la Revolución, por hechos ejecutados contra el régimen legal, y en muchos casos un principio de justicia que aconsejaba a los jefes militares deshacer usurpaciones notoriamente injustas, que habían existido durante el antiguo régimen.

La Primera Jefatura consideró que, ya sea por las razones de defensa militar, ya como fuente de ingresos, ya como medida de hacer efectivas responsabilidades, las incautaciones de bienes de enemigos podían subsistir, sujetas, sin embargo, a lo que más tarde el Gobierno Constitucional resolviera respecto de ellas.

Las ocupaciones de bienes intervenidos que se han hecho hasta ahora, han sido hechas casi siempre por las autoridades locales de los Estados, o por las autoridades militares y solamente cuando quedó restablecido en México el Gobierno Constitucionalista, en fines de 1915, la Primera Jefatura tuvo que dar alguna organización y dictar algunas reglas para el manejo de esos bienes, para hacer nuevas incautaciones, o para el levantamiento de incautaciones hechas.

Por lo que hace a los proyectos obtenidos de esos bienes, puede decirse que han sido muy pocos, debido al natural desorden en la Administración de propiedades cuya posesión era irregular.

La administración de los bienes intervenidos estuvo por algún tiempo en manos de los Comandantes Militares de los Estados, y durante esa administración se obtuvo algo más de productos, que en la mayor parte de los casos eran utilizados por los Gobiernos locales mismos.

Al restablecerse el Gobierno Constitucionalista en la ciudad de México, y durante el tercer periodo de la Revolución que propiamente fue ya período de organización, se ordenó que todos los bienes intervenidos fuesen administrados por la Secretaría de Hacienda.

Los jefes de Hacienda en los diversos Estados comenzaron a tomar posesión de ellos, y aun cuando en la actualidad todavía no podrá decirse que la Secretaría de Hacienda se encuentra en posesión de todos los bienes que se hayan intervenidos, sin embargo, existe ya una organización encargada de la administración de los bienes que aún quedan en poder del Gobierno.

La administración de los bienes intervenidos por la Secretaría de Hacienda ha producido ya mejores resultados, aun cuando naturalmente no todos los que sería de desearse.

La Primera Jefatura ha seguido en esta materia el criterio de devolver la mayor parte de las propiedades intervenidas a excepción de aquellas cuyos dueños pudieran ser responsables civilmente, como autores o como cómplices manifiestos, del derrocamiento del Gobierno Constitucional.

La Primera Jefatura ha preferido dejar a la resolución del Congreso, la suerte que deban correr esos bienes y la forma de dilucidar las responsabilidades civiles de los enemigos de la Revolución.

Emisiones de Papel Moneda

La primera emisión de papel moneda fue ordenada por decreto de 26 de abril de 1913 únicamente por la suma de cinco millones de pesos, pues al principio de la Revolución no se tenía idea de las necesidades efectivas de la campaña, ni podría preverse la duración de la guerra ni se tenía experiencia respecto del valor efectivo que pudiera llegar a alcanzar el papel.

Por virtud de esta autorización, se imprimieron cinco millones de pesos que más tarde fueron conocidos con el nombre de Emisión de Monclova.

En diciembre de 1913 se mandó ampliar esa emisión hasta la cantidad de veinte millones de pesos y en febrero de 1914 hilo necesidad de aumentarla a treinta millones.

Las emisiones que se efectuaron para completar esta cifra y que importaron la suma de veinticinco millones de pesos, es lo que se conoce con el nombre de Emisión del Ejército Constitucionalista,

Habiendo llegado el Ejército Constitucionalista a la ciudad de México, en agosto de 1914, se sintió desde luego la necesidad de hacer una conversión de las emisiones anteriores, al mismo tiempo que de ampliar considerablemente su monto para atender a las múltiples necesidades que se presentaron desde luego al ocupar la parte sur del país.

Al efecto, en 19 de noviembre de 1914, se creó una deuda interior por ciento treinta millones de pesos para amortizar los billetes conocidos con el nombre de Emisión de Monclova y Ejército Constitucionalista y hacer frente a los gastos que siguiera requiriendo la Revolución, pues en esa época ya había comenzado la lucha contra el villismo.

La impresión de los billetes correspondientes a esta emisión, se comenzó en la ciudad de México en donde se imprimieron cerca de cuarenta y tres millones de pesos que fueron los que más tarde se conocieron con el nombre de Emisión del Gobierno Provisional de México.

La impresión de billetes se continuó en Veracruz ampliándose la emisión a otros setenta millones de pesos hasta hacer un total de autorización de doscientos millones. Más tarde fue necesario ampliar esta emisión a doscientos cincuenta millones.

La emisión de billetes hecha en Veracruz en virtud de estas autorizaciones, es la que más tarde se conoció con el nombre de Papel de Veracruz.

La cifra efectiva emitida de papel de Veracruz, excedió considerablemente de lo que acusaban las autorizaciones por haberse tenido que comenzar a recoger los billetes de la Emisión de México cuya circulación se hizo difícil a consecuencia de la falsificación hecha en México por el Gobierno de la Convención, y que se conoce con el nombre de Revalidados.

El total de las emisiones hechas por el Gobierno Constitucionalista durante el primero y segundo períodos de la Revolución, es el siguiente:

Papel de Monclova $ 5.000,000.00

Ejército Constitucionalista 25.000,000.00

Gobierno Provisional de México 42.625,000.00

Gobierno Provisional de Veracruz 599.329,221.00

Total $ 671.954,221.00

Como puede verse el monto de la emisión de Veracruz excedió con mucho al fijado en las autorizaciones.

Esto se debió a las apremiantes necesidades de la campaña militar, pero no puede perjudicar el buen nombre del Gobierno Constitucionalista, porque las emisiones estaban estrictamente vigiladas y en todo caso el papel moneda impreso ingresaba a la Tesorería para su distribución, y se llevó cuenta exacta de su aplicación.

El papel moneda del Gobierno Constitucionalista nunca fue vendido para arbitrarse fondos en el extranjero.

Emisiones de Jefes Militares

El alejamiento y la independencia con que obraban muchas veces los jefes militares, sobre todo al principio de la Revolución, hacía imposible que estos pudieran ser provistos de fondos por la Primera Jefatura.

A esto se debió la necesidad en que me vi en un principio de autorizar a varios jefes militares para que hicieran emisiones de carácter local para arbitrarse fondos para la campaña.

Los principales jefes autorizados para hacer esas emisiones fueron naturalmente los que tenían mayor cantidad de fuerzas a su mando, entre ellos el general Villa, el general Obregón y el general González.

Más tarde, en el segundo período de la campa.fia militar, hubo necesidad de dar autorización a otros jefes para arbitrarse fondos emitiendo papel transitorio mientras no recibían el que pudiera proporcionarles la Primera Jefatura.

Tal fue el origen de otras autorizaciones, como por ejemplo, las dadas a Arrieta, Diéguez, Caballero, Murguía y Morales y Molina.

No hay datos suficientes para poder decir el monto exacto de las emisiones hechas por virtud de autorizaciones a jefes militares.

En algunos casos el monto de las autorizaciones estaba determinado, y en otros el jefe militar quedaba autorizado para obrar conforme a las necesidades de la campaña.

La mayor parte de los jefes militares se sujetaron a sus instrucciones, pero en otros casos se excedieron a las autorizaciones.

El general Villa, por ejemplo, fue autorizado a emitir diez millones de pesos para las necesidades de su campaña en el Estado de Chihuahua, y sin embargo, desde antes de su infidencia había ya comenzado a excederse en sus emisiones en cantidades considerables, pudiendo decirse que las emisiones de papel del Estado de Chihuahua montan a varios cientos de millones de pesos y se confunden con las emisiones de papel falso y de enemigos.

Puede, sin embargo, decirse que el monto total de las emisiones hechas por los jefes militares con autorización de la Primera Jefatura, no excedió de treinta millones de pesos.

Estas emisiones fueron retiradas más tarde, algunas canjeadas y en la actualidad no quedan más que cerca de dos millones de pesos depositados en la comisión monetaria, pendientes de conversión.

Papel Moneda de los Enemigos

Cada uno de los enemigos de la Revolución procuró hacer emisiones de papel en la misma forma que lo había hecho el Gobierno Constitucionalista, ya sea de propia autoridad, ya sea tratando de hacer pasar su papel como salido del Gobierno Constitucionalista mismo.

Villa hizo dos emisiones, ambas en cantidad considerable: las conocidas con el nombre de Dos Caras y de Sábanas.

Al desocupar la ciudad de México el Gobierno Constitucionalista en noviembre de 1914, el llamado Gobierno de la Convención encontró en la imprenta del gobierno elementos tipográficos que le permitieron continuar la impresión de billetes hecha por el Gobierno Constitucionalista en la ciudad de México, solamente que alegando un sello de revalidación, con el fin de hacer creer al público que se trataba del papel mismo de la Primera Jefatura.

Este fue el papel que se llamó Revalidado.

El Gobierno Constitucionalista no se dio cuenta oportuna de esta falsificación de sus emisiones lanzada por sus propios enemigos sino hasta la ocupación de la ciudad de México en febrero de 1915, que fue cuando se aclaró que se trataba de una emisión falsa que por fortuna pudo identificarse, pero que obligó sin embargo al Gobierno Constitucionalista a retirar la emisión del Gobierno Provisional de México.

En iguales condiciones otros enemigos de la Revolución hicieron emisiones de papel, como las de Yucatán y Sonora.

El Gobierno Constitucionalista, sin vacilación, obrando en justicia, y como por medida política y militar, desconoció el papel emitido por los enemigos y prohibió su circulación en cada lugar que ocupábamos.

Esto causó algunos trastornos a las clases menesterosas, que procuraron atenuarse ayudándolas con provisiones en los grandes centros de población, pero en cambio debilitó considerablemente a los enemigos, cuya moneda cayó rápidamente.

Vino por último a perturbar seriamente la circulación de nuestra moneda fiduciaria, el gran número de falsificaciones efectuadas tanto para lucrar como con propósitos políticos.

Infalsificable

La expresada circunstancia de las falsificaciones, las emisiones espurias del papel del Gobierno Provisional hechas por la Convención y conocidas con el nombre de Revalidados y las naturales perturbaciones en la situación monetaria causadas por la existencia de diversas clases de papel moneda, hicieron necesario pensar en la conversión de toda aquella deuda a un solo papel que al mismo tiempo que presentara la ventaja de la unidad, tuviera la de hacer imposible la falsificación.

El propósito de esta emisión fue substituir el papel viejo por un papel infalsificable; limitar la cantidad de papel circulante a la suma de quinientos millones de pesos y dar a esta emisión un valor fijo por medio de una garantía en metálico, sin emitir más que las cantidades que pudieran garantizarse.

La impresión de este papel infalsificable se hizo en Estados Unidos por una de las casas grabadoras de más reputación y montó a la suma de cuatrocientos cincuenta millones de pesos.

Hubo sin embargo necesidad de imprimir en México moneda fiduciaria de dos pesos, 1171 peso, cinco, diez y veinte centavos con todo lo cual llegó la emisión a cerca de quinientos cuarenta millones de pesos, que no llegaron todos a lanzarse a la circulación.

Se encuentran actualmente en poder del Gobierno como ciento cuarenta millones de pesos, quedando por lo tanto en poder del público como cuatrocientos millones que sin atender al valor comercial, si se computaran a veinte centavos por peso representarían una deuda de ochenta millones de pesos.

Para manejar y garantizar este papel se creó una comisión monetaria que debiera encargarse del manejo del fondo de garantía.

Retiro del Papel Antiguo

El programa que el gobierno se propuso seguir para retirar el papel antiguo y poner en circulación el nuevo, consistía en admitir el papel de Veracruz y Ejército Constitucionalista en pago de la mayor parte de los impuestos tanto de la Federación como de los Estados, en pago de fletes y pasajes ferrocarrileros, portes de correos, telegramas y en general en pago de todas las obligaciones para con el Gobierno que no fueran de naturaleza especialmente metálica.

En cambio el Gobierno se proponía cubrir sus presupuestos, tanto los federales como los locales, con papel infalsificable a partir del primero de mayo de 1916, emitiéndolo a medida que tuviera metálico para garantizar veinte centavos oro por cada peso papel.

Al ponerse en circulación el papel infalsificable en esa fecha, se hizo sentir naturalmente una baja en el valor del papel de Veracruz, lo cual obligó al Gobierno a acelerar su retiro de la circulación para evitar los perjuicios a que daba lugar la coexistencia de dos papeles de distinto valor..

A ese efecto, a partir del cinco de junio quedaron retirados de la circulación los billetes de veinte, cincuenta y cien pesos del Ejército Constitucionalista, y el 30 de junio quedaron retirados los billetes de diez, cinco, dos y un pesos y la moneda fiduciaria.

Se dispuso que el papel moneda de Veracruz y Ejército Constitucionalista que no quisieran o que no pudieran sus tenedores utilizar en pago de impuestos, fuese depositado en las oficinas del Gobierno y de la Comisión Monetaria, para que en su oportunidad se canjeara a razón de diez centavos oro o un peso papel, por certificados en oro nacional, pagaderos en cinco anualidades.

El papel de Veracruz se retiró de la circulación como se había proyectado, recibiéndolo en impuestos y aceptándolo en pago de fletes y pasajes, pero además se hizo necesario en los momentos de la mayor depreciación de ese papel, comprar grandes cantidades, y por último, se vio el Gobierno obligado a canjear a las clases menesterosas el papel de Veracruz que quedaba en sus manos.

De esta manera se recogieron aproximadamente quinientos millones de pesos en papel de Veracruz.

En cuanto a los depósitos de este papel para su canje por certificados oro, solamente ascendieron a cincuenta millones de pesos que es lo que aproximadamente ha recibido la Comisión Monetaria para canjear por certificados oro.

Estos cincuenta millones al tipo de diez centavos oro nacional, significan una deuda de cinco millones de pesos oro como saldo vivo de las emisiones de Veracruz y Ejército Constitucionalista.

Las diversas emisiones de papel hechas por jefes militares, fueron igualmente retiradas, algunas en forma de canje como se hizo en Sinaloa, Tepic y Jalisco, y algunas en forma de depósito.

De éstas solamente hay depositadas en poder de la Comisión Monetaria; cerca de dos millones de pesos papel.

Circulación Metálica

Al comenzar la circulación del papel infalsificable, el Gobierno se propuso garantizar un valor de veinte centavos oro nacional por cada Peso.

No tuvo sin embargo el Gobierno suficientes reservas de oro ni suficientes ingresos en metálico, para poder sostener el precio de este papel cambiándolo libremente al precio de garantía.

Los egreses del Gobierno en metálico continuaron cada vez más apremiantes y la elevación de los precios de los materiales; municiones; equipos y provisiones de fuerzas, que el Gobierno tenía que adquirir en metálico, lo hacían disponer constantemente de sus ingresos en oro.

El Gobierno hizo lo posible por sostener el papel infalsificable, pero paulatinamente y por razón natural, el valor del papel continuó descendiendo.

En los momentos de lucha intestina, la circulación del papel moneda estaba enteramente indicada, pero aún concluida la revolución, las condiciones del resto del mundo aconsejaban continuar transitoriamente un régimen de papel moneda, y el gobierno lo habría continuado si hubiese podido conseguir fondos suficientes para garantizar su circulación.

Los bancos fueron un factor eficaz para procurar la caída del papel, y muchas personas, aun de las que podrían suponerse amigas de la Revolución, no sólo no ayudaban al Gobierno a sostener el papel, sino que aceleraron su caída.

El comercio de las principales ciudades del país elevó considerablemente sus precios en papel moneda, y de allí que las clases trabajadoras, después de agotar sus esfuerzos para obtener la baja del precio de las mercancías, se vieran obligadas a exigir el pago de sus salarios en metálico, contribuyendo con esto a la mayor depreciación del papel moneda y forzando en cierto modo la circulación metálica.

En noviembre del año de 1916, el precio del papel infalsificable era tan bajo, que fue ya imposible utilizarlo como moneda y la Primera Jefatura se vio obligada a dictar la disposición reasumiendo la circulación metálica, que se encuentra ya restablecida desde el primero de diciembre del año pasado.