Chapter 1

Sexto Informe de Gobierno del presidente Miguel de la Madrid Hurtado. lo. de septiembre de 1988.

Discurso del Lic. Miguel de la Madrid Hurtado, al abrir el Congreso sus sesiones ordinarias, el 1 de septiembre de 1988. Honorable Congreso de la Unión;

Mexicanos:

Por sexta y última ocasión comparezco antes esta representación popular para cumplir con el mandato constitucional, en su artículo 69, de informar a la nación sobre el estado que guarda la administración pública.

El informe escrito que hoy presento se acompaña de un texto complementario, y de siete anexos en los que se detalla la actividad correspondiente a los programas específicos.

Dentro del presente mes, los secretarios y el jefe de Departamento del Distrito Federal dará cuenta al Congreso, del estado que guardan sus respectivos ramos, en los términos del artículo 93 constitucional.

Comparezco respetuoso ante esta sesión solemne del honorable Congreso de la Unión, consciente de que, al hacerlo en presencia de los invitados del honorable Poder Judicial Federal y los ciudadanos gobernadores de los estados, realizamos un acto de colaboración de Poderes y de unión federal de la más alta importancia en el protocolo de la República que constituye, además, el cumplimiento de un deber de información ante la nación.

Hoy inicia su primer período de sesiones la Quincuagésima Cuarta Legislatura; su composición, tanto por el número de diputados que la integración como por su naturaleza pluripartidista, hace evidente las significativas transformaciones que ha experimentado el país.

Como representantes del cambio libremente decidido por la ciudadanía, reciban ustedes mis más respetuosos parabienes.

México ha mostrado, a lo largo de su historia, la capacidad para reformar, por la vía legal, su vida social.

Hoy queda en sus manos, como legítimos representantes del pueblo, avanzar en este camino, que es más democrático, más abierto y de mayor equilibrio entre los poderes Ejecutivos y Legislativo.

México ha enfrentado en los pasados seis años los mayores retos de su historia contemporánea.

La crisis que hemos atravesado cimbró los cimientos mismos de nuestra estructura social.

Hoy podemos decir con orgullo que, gracias a la voluntad del pueblo y a la fortaleza de nuestra instituciones políticas, hemos superado dificultades que hubieran doblegado a otras sociedades.

Podemos felicitarnos, los mexicanos, porque nuestra vialidad como nación está reafirmada: salimos adelante.

Lo hemos hecho con respeto a las libertades y con paz social.

Lo hemos hecho con apego a la Constitución.

Unidos hicimos que fueran falsos los vaticinios de quienes, con desconocimiento de la fortaleza del pueblo de México, pronosticaban el derrumbe de las instituciones.

En la lucha contra la adversidad, nos hemos fortalecido como nación.

Durante los veinticinco años posteriores al fin de la Segunda Guerra Mundial, el mundo conoció un periodo de auge continuo.

Esta prosperidad hizo pensar que el crecimiento y la estabilidad constituían una tendencia inalterable.

México aprovechó esta circunstancia y con gran esfuerzo se fomentaron patrones de desarrollo que permitieron avances significativos en casi todos los campos de la vida nacional.

Sin embargo, desde principios de los setentas, fue notorio que estos logros fueron muy desiguales, lo que provocó serias distorsiones que, con el tiempo, llegaron a convertirse en profundos desequilibrios estructurales.

Las manifestaciones de estos desajustes se expresaron con el tiempo en la generación insuficiente de ahorro interno, desarrollo desigual del aparato productivo, incapacidad para enfrentar la competencia externa, disparidades en la productividad, incorporación de tecnologías inadecuadas, déficit crónico en la balanza comercial y en la cuenta corriente de la balanza de pagos, déficits crecientes en las finanzas gubernamentales y tendencias concentradoras en el desarrollo regional.

Esto se ha expresado con crudeza en el ámbito social: Un alto grado de concentración del ingreso y la riqueza, e incapacidad para satisfacer adecuadamente las necesidades básicas de la población al ritmo de su rápido crecimiento.

A principios de la década de los ochentas, a los desequilibrios internos se sumaba un desorden económico mundial caracterizado por altas tasas de interés, desplome de los precios de la materias primas, políticas proteccionistas y rigidez de los países industrializados ante la deuda externa.

Estos desajustes del sistema económico internacional no sólo agudizaron los problemas estructurales de nuestro país; también afectaron las economías de casi todos los países en vías de desarrollo.

Ejemplo de ello fue el hecho de que en 1982, por primera vez en 43 años, cayó el producto interno bruto de América Latina en su conjunto.

Frente a la inestabilidad e incertidumbre mundial, el país intentó cerrarse, y optó por no reconocer lo que pasaba en el exterior.

Esta actitud provocó, a su vez, mayores desequilibrios, nos hizo perder tiempo y ocasionó que cualquier cambio en el entorno interno o externo se convierte en un serio problema coyuntural.

Así, en 1982 se inició la crisis económica más grave de nuestra historia reciente.

El país tenía que afrontar la carga asfixiante de una deuda externa de 91 mil 552 millones de dólares, sin contar con los recursos necesarios para hacerlo y con una fuerte dolarización y fuga de capitales.

La magnitud del déficit público no tenía precedente y el resultado fue el crecimiento desbocado de la inflamación.

Existía temor de que se produjera una ola de quiebras con consecuencias gravísimas para el para el aparato productivo y el empleo.

Peor aún, se vivía un ambiente de resentimiento y desconfianza.

Las recriminaciones que se hacían entre sí los diversos sectores llegaron a sugerir la ruptura de los acuerdos básicos que nos conforman como nación.

Ante esta situación, me comprometí a actuar con decisión y firmeza para evitar que el país se nos deshiciera entre las manos.

Decidí atacar los problemas en su raíz.

Ofrecí enfrentar la crisis que vivía México, no para regresar al estado anterior a ella, sino para iniciar una nueva etapa de nuestra historia.

Me propuse erradicar las causas que la produjeron, efectuando los cambios cualitativos necesarios.

Me propuse también impulsar un cambio en las conductas, fomentando el sentido y el valor del trabajo, la disciplina, la perseverancia y la responsabilidad cívica.

Me propuse, en suma, llevar a cabo una transformación profunda de la nación, una auténtica renovación nacional.

Se trataba de dotar a nuestra sociedad de mecanismos acordes con las grandes transformaciones que están sucediendo a nivel nacional e internacional para sentar las bases de un crecimiento firme, duradero y más justo.

La renovación nacional requería democratizar integralmente; ensanchar representación y participación ciudadanas; establecer una gestión eficaz y honesta de los recursos públicos; lograr equilibrio presupuestal y saneamiento de las finanzas públicas; fortalecer la planeación democrática; impulsar al descentralización de la vida nacional avanzar en la reestructuración del aparato público para fortalecer la rectoría del Estado dentro del régimen de economía mixta; revisar los instrumentos de la política comercial y del proteccionismo industrial para hacer más competitiva a la economía mexicana y limitar los privilegios y aplicación de instrumentos de justicia social, y perfeccionar los sistemas de administración y procuración de justicia.

La renovación nacional ha sido compleja y profunda, ha actualizado la estructura y funcionamiento de los órganos de gobierno; ha sido labor de transformación, de actualización y depuración de principios y estructuras, de tareas y responsabilidades, en los ámbitos políticos, jurídico, económico y social.

No ha sido un cambio estridente ni retórico; hemos efectuado una renovación eficaz.

La renovación ha procedido bajo la guía de la razón.

Ha tenido presente la necesidad impostergable de llevar a cabo el proceso de cambio estructural, en todos los órdenes, con la convicción de que las transformaciones económicas, para ser efectivas, deben ser paralelas a la renovación política y de que construyen las dos facetas del proceso de renovación nacional.

Siete tesis políticas conformaron la acción y el pensamiento de esta administración.

Ellas recogen los valores y principios de la Revolución Mexicana, se sustentan en nuestra Constitución, retoman las demandas más sentidas de la sociedad e incorporan directrices fundamentales para que la nación enfrente los nuevos retos: nacionalismo revolucionario; democratización integral; sociedad igualitaria; renovación moral; descentralización de la vida nacional, desarrollo, empleo y combate a la inflación; así como la planeación democrática, constituyeron no una manera oferta política sino auténticos compromisos y directrices de mi gobierno.

Orientados por estas tesis, integramos el Plan Nacional de Desarrollo, reafirmamos objetivos y fijamos estrategias, realizamos reformas y emprendimos acciones que se han venido ejecutando con tenacidad y firmeza.

Desde un principio se estableció lo que se iba a hacer y en ello se ha perseverado.

Ha habido congruencia entre razones y obras, entre lo dicho y lo hecho.

La renovación se sustenta en una profunda reforma constitucional y legislativa, que adecuó nuestro marco jurídico e institucional a la nueva realidad del país.

Mi gobierno concibió a la renovación política como fin en sí misma y como condición para enfrentar la crisis; ésta ha significado realizar acciones en los siguientes frentes de la política del Estado mexicano: renovar la moral social; promover reformas jurídicas en materia de procuración e impartición de justicia; democratizar, descentralizar y redistribuir atribuciones entre los distintos niveles de gobierno; fortalecer la división de Poderes; y enriquecer la participación ciudadana y perfeccionar los procedimientos electorales.

Renovar ha sido apoyarse en el estado de derecho, en la democracia, en el diálogo, en el consejo y en la concertación.

En materia política, las reformas constitucionales buscan el fortalecimiento y avance de las instituciones democráticas, así como vigorizar las áreas esenciales del proyecto nacional.

De manera destacada se ha fortalecido el pacto federal impulsado el desarrollo de los gobiernos estatales y municipales.

Con este propósito modificamos el artículo 115 de la Ley Fundamental.

Todas las legislaturas estatales reformaron sus constituciones para adecuarlas a este nuevo marco jurídico.

La Federación transfirió competencias, facultades y recursos, para llevar los procesos de toma de decisiones hasta el ciudadano, apoyando así la autonomía de las comunidades.

Estamos logrando una democracia territorialmente más extendida y enraizada.

Mi gobierno es defensor del derecho; ha impulsado y garantizado sin restricciones el ejercicio pleno de los derechos individuales, de libre expresión de ideas, creencias, manifestación, imprenta, tránsito, domicilio, propiedad y trabajo.

El ejercicio del derecho de manifestación no tiene precedentes.

La libertad de prensa se prueba con la prensa misma.

En el ámbito de la administración, procuración e impartición de justicia y seguridad pública, se promovió la más amplia reforma jurídica que abarcó preceptos constitucionales, leyes códigos y reglamentos en esta materia.

Con ellos se buscó agilizar el proceso de impartición de justicia para hacerla más pronta y expedita y permitir al ciudadano defenderse ante los actos excesivos de autoridad.

Reconocemos, empero, que aún subsiste importantes problemas de seguridad pública que se han agravado por la situación económica y el intenso proceso de urbanización, y que tanto los procesos de prevención e investigación policiaca, como los de impartición de justicia y los judiciales, todavía no son todo lo ágiles que se quisiera y subsisten fenómenos de deslealtad y corrupción.

El Poder Judicial Federal se vigorizó mediante la reforma que devuelve a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, su original, de intérprete definitivo de la Constitución.

Se aumentó el número de tribunales que velan por el control de la legalidad.

La independencia del Poder Judicial de las entidades federativas se fortaleció al hacer inamovibles a los magistrados de los tribunales de justicia.

En el marco de la renovación nacional, promovimos un nuevo título cuarto a la Constitución para hacer de la gestión pública un proceso ágil, eficaz y honesto, así como para prevenir y sancionar conductas irregulares de los servidores públicos.

Esta renovación moral ha permitido generar actitudes de eficiencia y honestidad en el manejo de los recursos que la nación nos confirió.

En estos seis años, hemos promovido el autocontrol del gobierno federal y sus entidades más como un medio de carácter preventivo que punitivo.

Cuando hemos detectado irregularidades, se ha aplicado la ley.

La rectoría del Estado sobre el desarrollo nacional y la consolidación de un sistema de planeación democrática, con pleno respeto a las libertades económicas y procurando el equilibrio de los sectores públicos, social y privado, se apoyan en las reformas a los artículos 25, 26, 27 y 28 de nuestra Carta Magna.

La estrategia de renovación económica reconoce que, sin una economía estructuralmente saneada y fortalecida, no puede haber crecimiento sostenido y progreso social efectivo.

Sabemos de la gran necesidad que tenemos del crecimiento económico; sin embargo, mientras éste no tenga las condiciones y características adecuadas, no será suficiente para promover el desarrollo social que mejore sustancialmente el bienestar de los mexicanos.

Ya conocemos los perniciosos resultados del crecimiento inflacionario, generación de empleo de escasa productividad e ineficiencia productiva y comercial.

La crisis nos ha obligado a buscar de nuevo el crecimiento productivo, con estabilidad de precios y la ampliación del bienestar social.

Debemos recuperarlo en el contexto de un mundo ampliamente intercomunicado y mucho más competitivo.

Debemos dar a las generaciones jóvenes, la posibilidad de un desarrollo más promisorio.

El Plan Nacional de Desarrollo definió como sus estrategias fundamentales, la reordenación económica y el cambio estructural.

Esto obligó necesariamente al saneamiento y reorganización del sector público, a su reconversión industrial, a la racionalización de la protección comercial y a la promoción de un crecimiento económico con bases firmes y permanentes.

La situación no ofrecía alternativa.

No existían los márgenes de maniobra necesarios para continuar con una política de intervencionismo estatal creciente e indiscriminado que buscaba resolver todo por la vía del gasto público o de la reglamentación excesiva; ni había fondos para financiarla ni era aconsejable seguir congestionando el aparato estatal y complicando la actividad de los particulares.

Por eso, mi gobierno depuró su esquema de financiamiento y la reforma fiscal revirtió la tendencia decreciente de la recaudación.

Por su parte, la política de ingreso del sector paraestatal permitió aumentar el ahorro de las empresas públicas y racionalizar los subsidios.

El gasto público constituyó un instrumento fundamental de la estrategia del plan, al adecuar su magnitud, estructura, ejecución y destino a las necesidades de la reordenación económica y el cambio estructural.

La política de gasto mantuvo como propósitos invariables:

Promover el desarrollo social, inducir un comportamiento adecuado de la demanda interna, fortalecer la capacidad del aparato productivo y distributivo, y asegurar eficiencia, honradez, control y disciplina en el ejercicio del presupuesto.

En los seis años de mi administración, las finanzas públicas han experimentado un saneamiento considerable.

Como resultado de este proceso, el balance fiscal ha mostrado, antes del pago de intereses, un superávit sin precedente.

La deuda ha sido uno de los problemas económicos más apremiantes.

Es un compromiso que ha lastrado el crecimiento económico.

A pesar de ello, elegimos una tónica de negociación firme y enérgica, negándonos a cualquier compromiso que lesionara la soberanía nacional o a confrontaciones retóricas y estériles que habrían agravado la situación en el corto plazo y perjudicado el crédito futuro del país.

De haber seguido el camino del conflicto, se habría impedido el acceso de nuestras exportaciones a los mercados externos, se nos habrían cerrado los mercado financieros internacionales públicos y privados, tendríamos dificultades para aportar los bienes y servicios necesarios para el adecuado funcionamiento de nuestro aparato productivo y nuestros complementos de alimentos básicos.

En un clima de confrontación el turismo internacional que viene a México no hubiera crecido de 3 a 6 millones de turistas.

México está a la vanguardia de las negociaciones con los acreedores internacionales.

En los últimos años hemos insistido en el principio de corresponsabilidad entre deudores y acreedores y en la adecuación del servicio de la deuda a la capacidad real de pago de los países.

Mucho es lo que hemos obtenido en las renegociaciones, pero aún es insuficiente.

Para que la renovación nacional perdure, se ha buscado que descanse en medidas estructurales de naturaleza permanente, que reflejen las nuevas condiciones de desarrollo del país.

Así, avanzamos en el proceso de transformación y adecuación la administración pública a las necesidades del desarrollo.

Con este propósito establecimos una política de racionalización de la estructura del gobierno federal y de desincorporación de entidades paraestatales que no responden a los criterios de prioridad ni sentido estratégico que definen la Constitución y las leyes, impulsando, en cambio, el fortalecimiento y reconversión de las entidades que tienen este carácter.

Pusimos en práctica también un amplio programa de simplificación regulatoria y administrativa.

Parte fundamental de la renovación económica es el intenso proceso de racionalización de la protección comercial.

Ya no era sostenible una planta productiva incapaz de competir en el exterior.

Por ello, nos propusimos inducir mayor eficiencia en la industria nacional y hacer más competitivas sus exportaciones.

Este proceso fue reforzado con medidas de política financiera, cambiaria y fiscal.

El desarrollo social constituye uno de los pilares fundamentales de la estrategia general de renovación.

Se elevaron a rango constitucional los objetivos de justicia social sentidos por la población y se promovieron reformas y adiciones legales para garantizar la vigencia de los derechos sociales en materia de salud, vivienda, educación, ecología y protección al salario.

La divisa de la política social ha sido hacer más con menos y mitigar el deterioro en el nivel de vida de la población ocasionado por la crisis.

En estos seis años, a pesar de la notable reducción del gasto público y del aumento de la demanda, derivado del aumento de población, se logró no sólo continuar la operación de los servicios sociales básico que presta el Estado, sino aun incrementar su cobertura.

No todo lo que propusimos y ofrecimos se ha logrado pero, irrevocablemente, la nación ya se orienta a ello.

Lo que hemos realizado ha sido fruto del vigor, del talento, de la capacidad de adaptación y de la vocación de renovación de la sociedad.

Para mí, ha sido un inmenso orgullo presidir los esfuerzos del gran pueblo de México.

La crisis ha provocado un elevado costo social.

No lo niego.

Sin embargo, no haber actuado, habernos dejado llevar por la inercia y haber intentado mantener un crecimiento artificialmente sostenido era una irresponsabilidad que hubiera acarreado peores consecuencias.

El costo de haber hecho esto hubiera sido, en el corto plazo, una inflación más elevada, problemas de desempleo mayores y costos de financiamiento inmanejables, así como conflictos sociales muy graves.

En el mediano plazo, nos hubiera significado un grave retraso en un mundo cuya interacción, querámoslo o no, es cada vez mayor.

Necesitábamos ratificar principios, renovar instituciones y, en suma, trazar el camino por el que México se incorporará eficazmente al siglo XXI, como país soberano plenamente viable.

El sacrificio de estos años de austeridad no ha sido en balde.

Hoy tenemos una perspectiva distinta:

Las bases políticas y económicas han sido renovadas.

Están fortalecidas las instituciones.

Frenamos las tendencias de deterioro de nuestra economía y de nuestra sociedad.

Dejemos sentadas bases más sólidas y firmes para una nueva etapa de crecimiento sostenido, eficiente y más equitativo.

Llevamos a cabo el proceso de renovación en un marco de paz social.

Los mexicanos tenemos fe en el destino nacional, pero sabemos que para forjarlo sólidamente se requiere esfuerzo continuo y disciplina en el trabajo.

Muchas de las transformaciones estructurales llevadas a cabo en estos años han tenido ya resultados concretos.

Otras, en contraste, se harán evidentes en el futuro.

El costo del cambio, lo hemos reconocido, ha sido muy alto para la mayoría de la población.

En muchas ocasiones, el pueblo mexicano, con entendible desesperación, ha demandado alivio inmediato a su situación.

Sin embargo, ha comprendido con madurez que para alcanzar un bienestar duradero, era necesario el saneamiento real de país.

Esto es lo que se propuso la renovación nacional.

No hay evoluciones lineales.

Todo avance supone la superación de inevitables tropiezos.

Hay que aprender de las circunstancias adversas.

En estos años, los mexicanos no sólo aprendimos a vivir y sobrevivir en la crisis, sino que logramos modificar nuestras conductas.

Partimos de la necesidad de ser realistas y de la aceptación de que sólo con trabajo y esfuerzo podríamos superar nuestros problemas.

Sin embargo, hay que reconocerlo, desconocíamos al principio la profundidad y el enraizamiento de la crisis.

Las circunstancias nos obligaron a mantenernos cada vez más alertas y a agilizar nuestra capacidad de respuesta.

Fue como si hubiésemos atravesado por un rápido de la historia.

La agitación fue considerable, pero también fue mucho lo que avanzamos como nación.

1. Política del Estado Mexicano

1.1 Política interior

Nuestras acciones políticas se orientaron al mantenimiento del orden constitucional, la protección de las garantías individuales, el respeto a la división de Poderes y al fortalecimiento del sistema federal y del municipio.

Convocamos a la consulta popular para analizar el estado que guardaba la reforma política, perfeccionar el sistema electoral, revisar la forma de integración del Senado de la República y promover una más amplia participación ciudadana en el gobierno del Distrito Federal.

Para dotar al Estado mexicano de nuevas capacidades, promovimos reformas constitucionales que fundamentaron la renovación nacional en el campo político.

Ampliar la vida democrática del país reclamaba revisar las normas y procedimientos que regulan la participación ciudadana en la vida política y la integración de la representación nacional.

Como resultado de la consulta popular, surgió la demanda de fortalecer la división de poderes.

Con respecto al Poder Legislativo, se promovieron la instauración de dos periodos ordinarios de sesiones, la ampliación de la Comisión Permanente y la modificación del calendario electoral.

Ahora se renovará cada tres años la mitad del Senado.

La integración de la Cámara de Diputados se realiza con una representación más plural y una mejor proporcionalidad.

A partir de la próxima administración, se abrevia el plazo entre las elecciones federales y el cambio de poderes y se modifica la fecha del informe presidencial.

El sistema político mexicano cuenta con un nuevo Código Federal Electoral, que regula y norma ordenada y claramente todas las fases del proceso.