Part 2

Este código establece un sistema de garantías y procedimientos para que las elecciones se desarrollen de manera confiable y abierta; ratifica que corresponde a la Comisión Federal Electoral organizar y conducir este proceso, con la vigilancia y corresponsabilidad de los ciudadanos y los partidos políticos; y crea el Tribunal de lo Contencioso Electoral como el órgano autónomo encargado de resolver las controversias, que es designado por la Cámara de Diputados.

Aspecto esencial de la renovación política fueron las elecciones de julio pasado.

Fue un proceso electoral de importancia histórica.

Se dio conforme a la Constitución y a las leyes electorales de la República.

Fue ordenado, pacífico y ampliamente vigilado.

Tal fue mi compromiso y el de todos los mexicanos.

Las campañas electorales resultaron competitivas y polémicas; con ellas se enriqueció en la práctica el pluralismo político y se produjo una recomposición de las fuerzas y de los partidos que las representan.

Esta importante renovación electoral marca el inicio de una nueva y mejor etapa de nuestro desarrollo político.

A la crisis hemos respondido con más libertad y más democracia.

Los resultados logrados son mérito y responsabilidad de todos los mexicanos y de los partidos políticos.

El pueblo fue el autor y el mejor testigo de los comicios.

Hemos elegido un nuevo perfil de pluripartidismo y decidido una nueva proporción entre los partidos representados en la Cámara de Diputados.

Hay senadores de oposición.

Exhorto a autoridades, partidos y ciudadanos a consolidar lo actuado y a seguir perfeccionando nuestra democracia en la paz y el derecho.

El camino a la democracia es proceso permanentemente inacabado; las recientes elecciones deben verse como un peldaño más hacia etapas superiores.

Con las recientes elecciones federales, fue electa la Asamblea de Representantes del Distrito Federal.

La integrarán 66 representantes, 40 de ellos electos por el principio de mayoría relativa y 26 por representación proporcional.

Este cuerpo permitirá una mayor participación ciudadana en la gestión de los asuntos del Distrito Federal, entre otros los relativos a educación, salud y servicios públicos básicos; analizará la información trimestral sobre la ejecución de los presupuestos y programas presentada por la autoridad administrativa de la ciudad capital; aprobará los nombramientos de magistrados del Tribunal Superior de Justicia; y podrá promover ante el Congreso de la Unión leyes y decretos en materias relativas al Distrito Federal.

Se reformó el marco legal de los cuerpos de inspección o apoyo que habían asumido funciones policiacas, sin que legalmente les correspondiera.

Fue implantado el Programa Nacional de Seguridad Pública para promover acciones de modernización, moralización y profesionalización de las policías del país.

En esta materia, queda aún mucho por hacer.

Las inercias del pasado han presentado serias resistencias al cambio; aún tenemos que lamentar fenómenos de corrupción e insuficiencia; el problema de la seguridad pública sigue siendo grave.

Empero, debemos reconocer también la encomiable labor de los policías leales y honestos que arriesgan y pierden sus vidas en defensa de la sociedad.

Propósito fundamental del actual régimen ha sido que la población participe en los beneficios del desarrollo económico y social, atendiendo a las características de su crecimiento, estructura, dinámica y distribución geográfica, tanto en las áreas rurales como en las urbanas.

Se implantó el Programa Nacional de Población y fue descentralizada su ejecución instalando en cada entidad federativa consejos estatales y, en algunos casos, municipales de población.

La tasa anual de crecimiento de la población se sitúa ahora en el 19%.

Se han acentuado las tendencias hacia una mejor distribución territorial del crecimiento poblacional.

Ha sido relevante la constitución del Sistema Nacional de Protección Civil, cuyo origen data de las trágicas experiencias de los sismos de 1985.

En el Sistema participan los tres niveles de gobierno, con el concurso de todos los sectores de la población.

1.2 Reforma jurídica y procuración de justicia

El primer día de mi mandato convoqué a una consulta nacional para renovar la administración y procuración de justicia, de donde surgió un derecho moderno en la materia.

Esta renovación jurídica abarcó reformas constitucionales, sustitución de varias leyes y promulgación de otras donde sólo había reglamentos.

La Procuraduría General de la República llevó adelante la mayor reforma orgánica de su historia reciente.

La administración central se redujo y la desconcentración tuvo avances trascendentales.

Además de sus tareas tradicionales, el Ministerio Público Federal emprendió actividades que marcan nuevos rumbos en la procuración de justicia.

Entre ellas figuran la orientación legal, el sistema de participación social y su comparecencia ante la comunidad a la que sirven, en compañía de la Policía Judicial Federal, para atender quejas y sugerencias.

México sigue cumpliendo su parte en la lucha contra el narcotráfico y esperamos que todos cumplan la que les corresponde.

Debemos actuar con más energía sobre las causas del narcotráfico; sin embargo, debe señalarse que nuestra contribución es insuficiente si no se combate la demanda en los grandes centros de consumo y las actividades ilícitas que trae consigo, como el tráfico de armas y la corrupción.

El narcotráfico es un grave problema de carácter internacional.

Para combatirlo se requiere, por ello, un vigoroso esfuerzo de alcance mundial.

El narcotráfico es cuestión de Estado y de seguridad nacional.

Para afrontarlo se ha renovado la legislación en la materia.

En su combate participan heroicamente el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México, la Procuraduría General de la República y los gobiernos estatales.

Muchos mexicanos han perdido la vida en esta tenaz lucha.

Este es un hecho que merece el reconocimiento de todos.

El Programa de Atención a la Farmacodependencia es un instrumento básico para prevenir y erradicar la drogadicción en nuestro territorio.

Con la participación de la sociedad, sobre todo de padres de familia y maestros, se integraron más de 12 mil comités y subcomités.

Expreso mi solidaridad y aprecio a quienes han concurrido en esa noble tarea por México.

Renuevo la exhortación a los grupos sociales para combatir las causas y consecuencias de la drogadicción.

En la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal se han realizado perseverantes esfuerzos en el perfeccionamiento del sistema de procuración de justicia, así como en la profesionalización y depuración de sus cuadros y la modernización de sus laboratorios y equipos de investigación.

Se ha premiado el desempeño eficiente y se han sancionado los casos de deshonestidad.

Se reformó el reglamento interior de esta procuraduría, que subordina a la Policía Judicial y al Ministerio Público.

1.3 Renovación moral y control de la gestión pública

La renovación moral de la sociedad ha sido compromiso y norma de conducta permanente de mi gobierno.

Ofrecí inducir esta gran cruzada mediante el ejemplo del gobierno.

La guía fundamental de esta renovación ha sido el derecho, síntesis de la moral social de la República.

Destacan el nuevo título cuarto de la Constitución, la Ley de Responsabilidades de Servicios Públicos y la nueva Ley de Entidades Paraestatales.

Los gobiernos estatales modificaron su legislación para adecuarla al marco federal vigente en la materia.

Como resultado de las reformas jurídicas y administrativas, se diseño el Sistema de Control y Evaluación Gubernamental, se cuenta con recursos legales para atender las quejas, denuncias e inconformidades de los particulares; se verifica la correcta operación de las empresas del sector paraestatal; se sujetan a concurso y licitación las obras públicas y las adquisiciones; se definieron con los gobiernos estatales procedimientos permanentes de evaluación de la obra pública federal coordinada, y se emprendió la vasta y compleja tarea de simplificación administrativa.

Con la política de austeridad presupuestal se ha agilizado la administración de sueldos y prestaciones para los servicios públicos.

Asimismo, se mejoró la asignación de plazas, dando atención especial a los sectores prioritarios de salud, educación, procuración y administración de justicia y seguridad nacional, sin que ello significara un aumento equivalente del número de plazas a nivel total.

El perfeccionamiento de los sistemas de administración de los recursos públicos ha sido objetivo destacado de mi gobierno.

Se cuenta con un programa de adquisiciones de la administración pública que racionaliza las compras y orienta la demanda hacia el mercado interno.

Por su parte, las reformas a la Ley de Obras Públicas han permitido la simplificación en los trámites y procedimientos; alcanzar grados mayores de productividad y eficiencia; así como agilizar la administración en la construcción de la obra pública a la cual sujetamos al procedimiento de concurso o licitación en 70%.

Estamos conscientes de que la vigilancia y el control en el manejo de los recursos públicos es una tarea de carácter permanente.

En este último año hemos reforzado particularmente la disciplina y el control financiero.

Adicionalmente a las auditorías de 1987 que ya se efectuaron a las entidades del sector paraestatal, di instrucciones para que auditores externos revisen los estados financieros del primer semestre de este año.

Esa información será de gran utilidad para hacer una entrega de la administración ordenada, transparente y apegada a la ley.

Estamos preparados para presentar cuentas claras a la nación; legaremos una administración pública más honesta y eficiente.

Mi compromiso ha sido y sigue siendo el manejo transparente y honrado de los recursos que el pueblo nos confió.

1.4 Fuerzas armadas.

Las fuerzas armadas han cumplido los compromisos adquiridos con el pueblo de México.

A través de los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y la directiva que expedí al principiar la administración, así como su programa conjunto de acción, la modernización del Ejército y la Fuerza Aérea se ha realizado con la actualización de la planeación estratégica, el reajuste de la división territorial y del dispositivo estratégico, la creación y reubicación de unidades e instalaciones, y el desarrollo de nuevos sistemas de comunicación y transporte.

En el último año, mediante la presencia permanente de unidades navales de superficie y aéreas en el mar territorial y en la zona económica exclusiva, la Armada de México cubrió la vigilancia del 72% de las áreas estratégicas de los mares nacionales, lo que representó un incremento de 41% respecto a lo realizado en el año de 1982.

Las industrias militar y naval militar incrementaron la producción y abasto de material, armamento, municiones, vestuario y equipo de tierra y aire, así como de unidades navales de superficie y aeronavales, permitiendo la sustitución de importaciones y la disminución de la dependencia del extranjero.

Atención especial revisten las actividades que en forma permanente y solidaria realizan las fuerzas armadas, destinadas a cooperar con las autoridades civiles en campañas de beneficio social.

Quiero destacar la lucha que tenaz y decididamente realizan los miembros del Ejército, Fuerza Aérea y Armada mexicanos en contra del narcotráfico, la cual ha obligado a realizar adecuaciones en su organización y procedimientos.

Nuestros soldados y marinos, con riesgo de sus propias vidas, se han entregado a esta tarea con dedicación no igualada por organismos similares de otros países, que también se ven afectados por estas actividades ilícitas.

Las fuerzas armadas han reiterado constantemente su lealtad inquebrantable a las instituciones de la República, su respeto a las libertades y a la democracia, su ejemplar patriotismo.

Dejo testimonio expreso de mi reconocimiento personal a su ejemplar tarea en estos seis años.

1.5 Política exterior

Al iniciar mi mandato me comprometí a continuar la acción internacional de México apegado a una política de principios, basada en la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de las controversias, la igualdad jurídica de los estados y cooperación internacional para el desarrollo.

Estos principios fueron elevados a rango constitucional, mediante la reforma al artículo 89 de nuestra Carta Magna.

Con Guatemala y Belice se impulsó una relación particularmente estrecha y equitativa.

En varias ocasiones me reuní con los mandatarios de ambos países, suscribimos numerosos acuerdos de cooperación económica, técnica y cultural, y se establecieron comisiones interparlamentarias que contribuyen a reafirmar la comunicación política y el sentido de cooperación.

La ayuda que préstamos a los refugiados guatemaltecos que se encuentran en territorio nacional, ha sido preocupación constante de mi gobierno.

Con Estados Unidos de América pocas naciones como México tienen el cúmulo de intercambios de personas, bienes y servicios, y asuntos políticos de interés común.

Seis veces me reuní con el Presidente de ese país.

Siempre insistimos en la necesidad, para ambos gobiernos, de una relación digna y respetuosa, cordial y de beneficio recíproco y equitativo.

Rechazamos con firmeza el uso de las presiones, las medidas unilaterales y los juicios e informaciones que no corresponden a la realidad.

Al final de estos seis años, nuestra actitud constructiva ha rendido beneficios ; los momentos de dificultad e incomprensión se han ido superando y hemos confirmado nuestra voluntad de entendimiento y colaboración.

Mi gobierno ha mantenido un esfuerzo sostenido de cooperación bilateral con países de todas las regiones del mundo, de diverso grado de desarrollo y de distintas estructuras políticas y económicas.

Especial empeño se ha puesto en estrechar las relaciones con países a los que nos unen mayores afinidades políticas y con aquellos que ofrecen mayores oportunidades de cooperación.

Con este fin, realicé visitas de Estado a 21 países del continente americano, Europa Occidental y Asia.

En abril de este año se instaló la Comisión Nacional de la Cuenca del Pacífico para vincularnos de manera más estrecha y eficaz con esa zona del mundo, en la que tiene lugar la mayor parte de los intercambios comerciales y un vertiginoso desarrollo científico y tecnológico.

La política exterior de México ha impulsado nuevas formas de concertación, especialmente con América Latina.

Ante la gravedad del conflicto centroamericano, se creó el Grupo Contadora, reforzado por su grupo de apoyo, con el objeto de propiciar, mediante la negociación diplomática, la pacificación del área y la cooperación para su desarrollo; se estableció el Consenso de Cartagena, para atender el problema de la deuda externa; y, finalmente, se constituyó el mecanismo permanente de consulta y concertación política para estrechar la comunicación y promover la integración de América Latina.

Con la primera reunión de ocho presidentes se inauguró una nueva etapa para la unidad y la integración regionales.

En la segunda reunión de presidentes en Punta del Este se constatará la consolidación de este mecanismo.

El propósito de apuntalar la seguridad internacional nos llevó a promover, junto con los jefes de Estado de Argentina, Grecia, India, Suecia y Tanzania, la Iniciativa de Paz y Desarme.

Esta labor contribuyó a propiciar la celebración de las negociaciones entre las grandes potencias, que por vez primera han acordado eliminar uno de los sistemas de armamento nuclear; ello podría iniciar el cambio hacia una reducción más amplia, o incluso la prohibición total de las armas estratégicas y a negociaciones que limiten el armamento convencional.

Los nuevos mecanismos de concertación política no actúan en menoscabo de los organismos internacionales establecidos.

Por el contrario, uno de sus propósitos es apoyarlos con iniciativas y estímulos políticos conjuntos.

Sólo mediante el desempeño eficaz de sus funciones será posible asegurar una coexistencia mundial pacífica y una cooperación entre estados que se traduzca en estabilidad y progreso económico y social para todos.

Por ello, México ha seguido apoyando decididamente a la Organización de las Naciones Unidas y se ha esforzado, junto con los demás países latinoamericanos, en actualizar la Organización de los Estados Americanos.

Somos fervientes partidarios del derecho internacional y sus instituciones.

2. Política Económica

2.1 Situación económica interna

Al inicio de mi administración las condiciones económicas imperantes eran particularmente desfavorables.

La inflación crecía, el desempleo aumentaba y la actividad se había estancado.

La economía estaba al borde del colapso.

Había desconfianza generalizada en el sistema financiero del país.

Habíamos perdido el control de los mercados cambiarios.

La incertidumbre, el desánimo, la especulación y el miedo nos habían paralizado.

En estas circunstancias, era imposible avanzar en la superación de los graves problemas que nos afligían.

Era necesario definir, con base en un análisis realista y sereno, una estrategia que nos señalara el rumbo a seguir.

Lo urgente era restablecer la calma y el orden.

Por ello, definí un programa destinado a controlar los aspectos más negativos de la crisis.

El Programa Inmediato de Reordenación Económica hizo posible restablecer las condiciones mínimas necesarias para la operación del aparato productivo.

Mediante la definición de pautas claras y realistas en el manejo de la política económica, se restableció la certidumbre en la viabilidad económica del país.

La recuperación de la confianza y la consolidación de la nacionalización bancaria permitió que volvieran a operar con eficacia las instituciones financieras.

Los mercados cambiarios funcionaron nuevamente con reglas claras y estables.

La mayor certidumbre sentó las bases para avanzar en la solución de nuestros problemas.

Las medidas que se adoptaron no fueron fáciles.

Destruida la ilusión, compartida por propios y extraños, de que el petróleo sería un recurso suficiente para superar nuestros atrasos, tuvimos que enfrentar y aceptar el hecho de vivir con una austeridad acorde con nuestros medios, los que se vieron reducidos por el endeudamiento externo, la baja en los precios del petróleo y los efectos destructivos de la inflación.

El sector público puso la muestra.

De un déficit primario de las finanzas públicas, es decir, de una situación en la que los gastos, excluyendo el servicio de la deuda pública, superaban a los ingresos gubernamentales en 7.3% del Producto Interno Bruto, se pasó a un superávit primario de 4.2% en 1983.

Durante los seis años de mi administración, a diferencia de los años anteriores, en que año con año el saldo primario fue siempre deficitario, las finanzas públicas han arrojado un superávit primario, que en 1987 alcanzó 4.7% del producto.

En el Plan Nacional de Desarrollo se establecieron dos líneas de estrategia:

La reordenación económica y el cambio estructural.

Es decir, al tiempo que se ajustaba la economía se tomarían, simultáneamente, acciones para recuperar, a mediano plazo, el crecimiento de la actividad económica sobre bases más permanentes y más justas que en el pasado.

Con esta estrategia fue posible disminuir la inflación de 117% sobre la base anual, en abril de 1983, a menos de la mitad en junio de 1985.

Al mismo tiempo, se logró recuperar un crecimiento modesto de la actividad económica, que pasó de tasas negativas de 0.6 y 4.2% en 1982 y 1983, a un crecimiento positivo de 3.5 y 2.5% en 1984 y 1985.

La inflación empezó a repuntar a mediados de 1985, recrudeciéndose después, como consecuencia de los efectos de los sismos de septiembre de ese año y, sobre todo, del derrumbe de los precios de exportación del petróleo.

El choque externo en 1986 fue de magnitud muy considerable.

La pérdida de ingresos por exportaciones petroleras fue equivalente a la pérdida de la producción total de alimentos del país.

Durante ese mismo año no recibimos crédito neto del exterior.

Mediante una política económica adecuada, que incluyó ajustes fiscales adicionales, el manejo realista del tipo de cambio y una política monetaria y crediticia restrictiva, pudimos hacer frente con eficacia al rudo golpe económico procedente del exterior.

A pesar de que la disminución de los ingresos alcanzó el 7% del producto, el superávit primario de las finanzas públicas fue positivo: 1.6% del producto, y se logró una acumulación de reservas internacionales en el Banco de México por casi mil millones de dólares.

Sin embargo, no fue posible evitar que la inflación alcanzara 105% y el producto decreciera 4%.

Estos resultados deben evaluarse a la luz del choque externo sufrido.

Como proporción del producto, su impacto fue superior al pago por reparaciones de guerra que sumió a varios países europeos en las peores hiperinflaciones de la historia en el período de entreguerras.

Hacia mediados de 1987, la economía nacional parecía haber superado lo más grave de la crisis de 1986.

Se había recuperado un crecimiento moderado de la actividad económica y habíamos efectuado otra renegociación de la deuda externa obteniendo un importante financiamiento adicional para la recuperación y el crecimiento.

El producto interno bruto creció alrededor de 3.4 en el segundo semestre de 1987, en comparación con el mismo período de 1986.

Este crecimiento se registró de manera natural; es decir, no fue forzado por una inyección artificial de la demanda.

En 1987 se alcanzó uno de los superávits primarios de las finanzas públicas más altos de nuestra historia.

Las exportaciones no petroleras crecieron 24% por encima de los altos niveles alcanzados en 1986, año en que crecieron 41%, respecto de 1985, y se acumularon reservas internacionales por casi 7 mil millones de dólares.

Asimismo, cabe destacar que la situación financiera de la mayoría de las empresas mejoró substancialmente.

Esta visión acerca del desenvolvimiento de la economía fue compartida por la mayoría de los sectores.

Las perspectivas eran halagüeñas.

Hubo repatriación sustancial de capitales.

Sin embargo, hacia finales del año las expectativas se revirtieron.

El problema surgió porque la inflación no había sido suficientemente controlada.

Cuando los aumentos de precios son elevados, la evolución de los mercados financieros se caracteriza por una gran incertidumbre, y la economía se vuelve sumamente vulnerable ante eventos desfavorables, aun cuando la situación general de la economía sea sana.

La incertidumbre proveniente de elevadas tasas de inflación es terreno fértil para que cualquier acontecimiento inesperado propicie la especulación.

El acontecimiento que desencadenó el deterioro de las condiciones prevalecientes en la última parte de 1987 fue el derrumbe de las cotizaciones en los mercados bursátiles del mundo.

En el caso de la Bolsa Mexicana de Valores, el efecto se vio magnificado por las condiciones prevalecientes de sobrevaluación de las acciones.

Se desató así la especulación contra el peso en los mercados cambiarios, a pesar de la fortaleza de la balanza de pagos del país y de la acumulación de reservas internacionales.

Estas condiciones especulativas contagiaron rápidamente al resto de la economía, propiciando una aceleración de la inflación, que amenazaba con volverse hiperinflación descontrolada.

Para evitarlo era necesario hacer frente a la coyuntura de manera decidida.