Part 4

En defensa de nuestros bienes culturales establecimos los registros de monumentos arqueológicos y de zonas y monumentos históricos y creamos el Centro de Investigaciones Superiores del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Superar el coloniaje científico y técnico es un factor indispensable para lograr una cable independencia económica.

Desde el inicio de nuestro mandato se crearon y reestructuraron organismos para coordinar e impulsar la labor en este campo.

Como resultado de este apoyo, muchos centros de investigación han podido aumentar sustancialmente el volumen de recursos canalizado a estas actividades entre 1970 y 1973.

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología promovió la celebración en México de la Primera Reunión Continental sobre la Ciencia y el Hombre, que congregó a más de 5 mil destacados científicos, técnicos y estudiantes mexicanos y extranjeros.

Dentro de los programas para descentralizar la investigación, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en colaboración con otras Instituciones de Enseñanza Superior, desarrolla el Centro de Oceanografía Física e Instrumentos, en Ensenada; otro para Estudios de Química aplicada a productos de zona desérticas en Saltillo; y, uno más sobre Ecología Tropical en San Cristóbal de Las Casas.

Se proyecta asimismo crear un Centro de Biología Marina en La Paz Baja California.

La necesidad de adquirir una tecnología adecuada al desarrollo industrial de México, nos obliga a otorgar una gran importancia a la formación profesional de jóvenes científicos y técnicos.

Con tales propósitos, hemos firmado dos nuevos convenios de cooperación técnica y aprovechamos distintos recursos para que un número aproximado de 2 mil graduados mexicanos realice estudios de especialización en el extranjero.

Esta cifra duplica la del año anterior.

El presupuesto educativo fue de 15 mil 100 millones de pesos, superior en un 44 por ciento al del año pasado y en un 91 por ciento al de 1970.

A esto, señores, es lo que algunos llaman un presupuesto inflacionario.

Se trata de escuelas de todos los niveles para los hijos de los campesinos y los obreros de México.

A pesar del gran esfuerzo que llevamos a cabo, debemos señalar que para satisfacer las crecientes demandas educativas es necesario contar con la colaboración de todos los sectores nacionales.

El programa federal de construcción de escuelas cumple satisfactoriamente sus planes de expansión.

El presupuesto autorizado para tal efecto ascendió a 2 mil 302 millones de pesos, cifra que triplica la inversión realizada en 1971.

Como respuesta a las justas demandas del magisterio, el Gobierno de la República aprobó un aumento de salarios a los maestros de educación preescolar y primaria, con una erogación de 630 millones de pesos.

Para mejorar las remuneraciones se adoptó el criterio de considerar, no sólo los años de servicio, sino también los estudios efectuados para superar su capacidad profesional.

Fueron realizados programas de capacitación para 262 mil profesores de primaria y prosiguieron los cursos permanentes destinados al personal docente de las normales.

Para el próximo período escolar han sido contratados 14 mil 500 nuevos maestros.

Suman ya 37 mil 800 las plazas abiertas en el transcurso de la presente administración.

El proceso de reforma educativa quedará trunco si no se expide una legislación que permita cristalizar su esencia.

En pocos días enviaré a este Honorable Congreso un proyecto de Ley Federal de Educación que responde a las necesidades actuales del país y a la filosofía del artículo tercero constitucional, y un proyecto de Ley de Patentes y Ejercicio Profesional para el Distrito y Territorios Federales en el que se propone el reconocimiento legal de muchas nuevas profesiones.

La reforma educativa es resultado del estudio directo de nuestra realidad y del diálogo constante con toda la población, particularmente con los maestros, los padres de familia y los jóvenes.

La educación es una tarea política porque ineludiblemente conforma a un estilo de vida.

No se educa para un mundo abstracto, sino para actuar en el seno de una colectividad determinada.

Para consolidar el progreso nacional se requiere el concurso de una juventud comprometida con las necesidades y problemas de la sociedad, capaz de enjuiciar críticamente lo que acontece en el país y en el mundo, no sólo dispuesta a luchar contra la ignorancia y la injusticia, sino también a prepararse para vencerlas.

En la medida en que estos objetivos sean alcanzados, la educación pública estará cumpliendo su compromiso con México.

POLITICA SOCIAL

El desarrollo no es acumulación de bienes sino realización de aptitudes humanas.

Depende, primordialmente, del aprovechamiento racional y justo de la fuerza de trabajo.

Postular que el incremento de la riqueza es valor esencial de la comunidad equivale a someterse, de antemano, a quienes la poseen.

La rentabilidad económica fundada en la explotación de la mano de obra es sólo espejismo de progreso y encubre formas peligrosas de coloniaje.

Vincular nuestro futuro al mejoramiento y productividad de los recursos humanos representa, por el contrario, afirmación de dignidad y autonomía.

Durante las últimas décadas, México mantuvo un alto ritmo de crecimiento y logró avances considerables en el camino de la industrialización.

Sin embargo, se puso el énfasis en la capitalización física y ello dio origen a profundos desajustes.

Hemos acumulado enormes rezagos en el plano social.

Nuestro patrimonio más valioso, el trabajo humano, ha sido subutilizado y mal remunerado.

El artículo 123 constitucional es el principal fundamento de toda nuestra política social y sintetiza la filosofía mexicana del desarrollo.

Contiene no sólo las normas esenciales de protección al trabajo, sino también los instrumentos jurídicos para alcanzar el bienestar de la clase obrera, el equilibrio de los factores de la producción y la distribución más equitativa de sus resultados.

El deterioro de las condiciones de vida de los asalariados es una peligrosa desviación del mandato de los Constituyentes de 1917.

La decisión del legislador de consagrar en un solo cuerpo jurídico las normas laborales obedeció al propósito de garantizar a todos los trabajadores los mismos derechos.

Por lo tanto, la división de jurisdicciones para la aplicación de la norma, debe servir y no contrariar este propósito igualitario.

El Ejecutivo a mi cargo ofrece su colaboración a todas las entidades federativas para fortalecer la administración laboral.

Invitaremos a una primera reunión nacional de autoridades del trabajo y de instituciones de bienestar para procurar conjuntamente la exacta observancia del artículo 123 y de sus normas reglamentarias.

En el ámbito federal hemos iniciado la reforma y actualización de las estructuras en la administración pública del trabajo.

Al reforzar ampliamente sus funciones tradicionales se contribuye al mantenimiento de la paz social. No basta, sin embargo, conciliar los intereses en pugna.

Es necesario programar y dirigir una auténtica política laboral.

El Centro de Información y Estadística del Trabajo permitirá conocer a fondo los principales indicadores que sustentan esta política.

Se han ampliado las actividades del Instituto del Trabajo para convertirlo en un Centro de Investigaciones y de preparación, por concurso, de funcionarios laborales y administradores de personal.

Singular importancia se ha concedido a la medicina y seguridad del trabajo y se ha reforzado el cuerpo de inspectores con personal técnico.

Nuestro respeto al derecho de huelga es invariable.

También nuestra observancia del principio fundamental que nos ordena no intervenir en la vida interna de los sindicatos.

Como revolucionarios aspiramos, no obstante, al creciente perfeccionamiento y extensión del sindicalismo mexicano.

El movimiento obrero ha contribuido vigorosamente al crecimiento de la economía, a la nacionalización de nuestros recursos naturales y a los logros alcanzados en la justicia social.

Sin su acción combativa serían inexplicables las instituciones del México contemporáneo.

Queremos dar a conocer, particularmente a las nuevas generaciones, la trayectoria de las luchas y conquistas de la clase trabajadora.

Con este propósito hemos creado un Centro de Estudios Históricos del Movimiento Obrero.

Las autoridades federales participaron, conciliatoriamente, en la celebración y en la revisión de los más importantes contratos colectivos de trabajo.

Se celebraron 175 convenios, que implican un promedio del 14.5 por ciento en aumento de salarios y nuevas prestaciones para los trabajadores.

Por su significado para la economía nacional, destacan la revisión de los contratos colectivos de numerosas secciones del Sindicato Industrial de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, así como los relativos a los Ferrocarriles Nacionales, la Comisión Federal de Electricidad, diversas ramas de la Industria Cinematográfica y Petróleos Mexicanos.

Fueron revisados, también, los contratos ley de la Industria Azucarera, Alcoholera y Similares, el de la Industria Textil de la Rama de Lana y el de la Industria de Transformación de Hule en Productos Manufacturados, con indudables beneficios para sus trabajadores.

El contrato ley, al unificar y generalizar las condiciones de trabajo en una misma actividad económica, es un valioso mecanismo de mejoría social y de redistribución de la riqueza.

Permite, además, la creación de procesos reguladores de competencia y la planificación racional de la industria.

Desde hace tiempo las agrupaciones obreras vienen demandando el establecimiento y la ampliación de los contratos ley.

En respuesta a sus peticiones, procederemos a hacer las convocatorias respectivas.

Ha sido convocada la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas.

Esta institución deberá hacer un balance de la experiencia acumulada y despojarse de mecanismos complejos que desvirtúan su fin esencial.

Conforme a la ley, deberá revisar el porcentaje justo que corresponda a los asalariados como productores de riqueza y permitir, al mismo tiempo, la obtención de ganancias legítimas para los empresarios.

Los derechos tutelares de los trabajadores y la mejoría de sus condiciones de vida no son fruto del altruismo sino de la lucha histórica del proletariado.

La semana laboral de cuarenta y ocho horas es uno de sus principales logros.

En México, fue consagrada como garantía social por la Constitución de 1917.

Es natural que la clase obrera pugne, en todas partes, por el establecimiento de jornadas contractuales de duración inferior al máximo legal.

En muchas empresas mexicanas, técnicas o socialmente avanzadas, los trabajadores han obtenido, desde hace tiempo, la fijación de jornadas más reducidas de labores.

La demanda de las organizaciones sindicales a fin de generalizar esta conquista, mediante el establecimiento de la semana de cuarenta horas en cinco días de trabajo, ha sido objeto de controversia y público debate.

En cuestiones trascendentales para el futuro de la Nación no debe haber equívocos, ni deben prolongarse incertidumbres.

Es indiscutible el derecho de los trabajadores a beneficiarse del avance tecnológico.

La experiencia internacional demuestra que el descanso semanal de dos días consecutivos contribuye favorablemente a transformar la existencia del individuo, la familia y la sociedad.

Constituye, además, un estímulo adicional para el mejoramiento de los métodos productivos y la ampliación de los sistemas de bienestar.

Con objeto de encontrar las fórmulas adecuadas para satisfacer, a nivel nacional, esta demanda de los trabajadores, se creó un Comité Mixto de Estudio.

El Gobierno acogerá con beneplácito las medidas que los sectores interesados le sugieran para compensar la reducción de la jornada con incrementos reales en la productividad, así como para aprovechar óptimamente el tiempo liberado.

Es preciso hacer compatible esta reivindicación social con las exigencias del desarrollo.

Las soluciones que se adopten deberán procurar que no se abata la producción, ni se acentúen las presiones inflacionarias o se reduzca la capacidad del país para competir en los mercados exteriores.

Será necesario determinar, en consecuencia, los procedimientos para disminuir la jornada de trabajo en forma gradual y por ramas de actividad económica.

En cada caso y una vez concluidos los estudios relativos, el Ejecutivo de la Unión podría promover las reformas legales que consagren, en definitiva, esta conquista obrera y establezcan los métodos más racionales para su implantación.

El salario mínimo es una garantía constitucional que, más allá de su valor monetario, busca asegurar al trabajador y a su familiar los satisfactores indispensables para una vida digna.

Diversos fenómenos económicos, tanto de orden externo como interno, han provocado durante los últimos meses, una sensible elevación de los precios.

La población de ingresos fijos sufre las consecuencias de esos desequilibrios, en tanto grupos minoritarios perciben ganancias excepcionales, aprovechando las condiciones del mercado.

El Ejecutivo a mi cargo considera urgente restablecer la capacidad adquisitiva del salario mínimo.

Ha enviado a este H. Congreso, por conducto de la Comisión Permanente, una Iniciativa de Decreto que faculte a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos para efectuar, a la mayor brevedad, un ajuste nivelatorio en los actualmente vigentes.

Con inigual propósito he dictado un Acuerdo que otorga aumentos extraordinarios en las percepciones de los servidores de los Poderes de la Unión.

Dichos incrementos se elevan desde un doce hasta un quince por ciento de los casos de los trabajadores de ingresos más bajos.

Quienes son sujetos de la Ley Federal de Trabajo, tienen abiertas las vías que ésta concede para demandar el incremento de los salarios superiores al mínimo y mantener, así, tanto el carácter remunerador de sus percepciones como el equilibrio de los factores de la producción.

Estoy cierto de que al ejercitar sus derechos, encontrarán una actitud responsable en los empresarios, en los empresarios responsables.

Este intento y todos los que promuevan una más justa remuneración al factor trabajo, serían a la postre vanos si los incrementos salariales simplemente se transfieren al precio final de los productos.

Resultarían, incluso, contraproducentes si son tomados como pretexto para desencadenar elevaciones indebidas en el costo de la vida.

El Gobierno de la República se mantiene atento a estos fenómenos.

Anticipa, desde luego, su decisión de fortalecer, en caso necesario, los mecanismos legales e institucionales que permitan mantener la capacidad adquisitiva del salario y evitar conductas económicas antisociales, de agio o especulación.

Hemos dispuesto, desde ahora, la creación de ciertos instrumentos destinados a la protección del salario.

Las condiciones del mercado al que los trabajadores acuden, en su carácter de consumidores, los ha mantenido aislados y desprovistos de apoyo para exigir un trato equitativo en las transacciones comerciales.

Las adquisiciones que requieren para proveer a su subsistencia e incrementar el patrimonio familiar, se efectúan a través de un aparato distributivo frecuentemente oneroso y en términos de financiamiento notoriamente injustos, que suelen duplicar las tasas legales de interés.

Así se contrarresta la lucha social y se prolonga la explotación del trabajador.

Acordamos la creación de un Fondo Nacional de Fomento y Garantía al Consumo de los Trabajadores, que les otorgará su aval, a fin de hacerlos sujetos regulares de crédito, para la adquisición de bienes de consumo duradero y la obtención de servicios esenciales.

El Fondo financiará, asimismo, el establecimiento de tiendas sindicales, previstas por la Ley Federal del Trabajo y de Centros de oferta y consumo que reduzcan los precios.

Esta institución es complemento indispensable de aquellas que proporcionan a los trabajadores una morada digna.

Se propone democratizar el acceso al crédito, fomentar el ahorro desde la base popular, corregir la estructura del consumo, disminuir la intermediación y propiciar una mejor distribución del gasto familiar.

Hemos girado instrucciones a las autoridades financieras para que determinen la cuantía de los recursos necesarios para este Fondo, a fin de que empiece sus operaciones antes de que el año concluya.

Si el salario del trabajador debe ser protegido en el ámbito del consumo, su incremento real depende, en último análisis, de los niveles de eficiencia que alcancen la mano de obra, la empresa y la comunidad.

Los obreros, y con ellos nuestro régimen político, rechazan, sin embargo, toda noción de productividad desvinculada de la idea de justicia.

El incremento en los rendimientos laborales por el simple aumento de las cargas de trabajo, no es productividad.

La mejoría de los procesos técnicos no basta, tampoco, para asegurar mayores niveles de eficacia.

Requerimos ante todo, para enaltecer el esfuerzo humano, un cambio substancial del ambiente y del medio social en que el trabajo se desempeñe.

La creación de comités técnicos de empresa responsables de proyectos específicos de productividad, la racionalización de transferencia de tecnología; el levantamiento del inventario nacional de instituciones y recursos para la capacitación de la mano de obra; la preparación de un proyecto de ley sobre el adiestramiento de la fuerza de trabajo; la operación de un sistema nacional de orientación profesional sobre requerimientos y disponibilidades de recursos humanos calificados y la coordinación de los diversos programas de productividad que ya operan en el ámbito público y el privado, son elementos fundamentales de este programa.

El Seguro Social es una conquista obrera que el Estado tiene la obligación de fortalecer.

En respuesta a las demandas populares para extender los beneficios del sistema, sometimos a la consideración de las Cámaras Legislativas un proyecto de nueva Ley del Seguro Social que mereció su aprobación.

En ella reafirmamos el propósito de lograr un régimen de seguridad social integral, en el doble sentido que implica ampliar la protección correspondiente a cada trabajador y extenderla a grupos humanos aún no beneficiados.

Se mejoraron las prestaciones existentes y se introdujeron otras nuevas; se abrió la posibilidad de incorporarse voluntariamente a sus beneficios y, de acuerdo con el respeto que nos merecen los derechos de la lucha obrera, se estableció la obligación de otorgar servicios médicos a los trabajadores y a sus familiares en casos de huelga.

Destacan por su importancia la creación del ramo de guarderías para atender a los hijos de las madres trabajadoras y la implantación del sistema de solidaridad social, que tiene por objeto proteger a los grupos marginados.

Han quedado ya incorporados 40 mil voceadores del Distrito Federal y 535 mil habitantes de la zona ixtlera.

Con la inclusión de diversos grupos de henequeneros, tabacaleros, mineros y otros, la población general amparada por el Instituto creció en un millón 500 mil derechohabientes, que equivale a un incremento de 14 por ciento.

Fueron puestas en servicio 63 unidades médicas y 74 más están en proceso de construcción.

Cabe señalar que el número de camas aumentó en un 65 por ciento y el de consultorios en 37.5 con respecto al año anterior.

Hace sólo unos días, el Seguro Social acordó incorporar a los campesinos de las zonas temporaleras al régimen de solidaridad social.

Tal medida permitirá la prestación de asistencia médica a 5 millones de personas en 22 Estados de la República.

Cuando los beneficiarios de estos servicios no tengan posibilidad de hacer aportaciones en efectivo, podrán compensar su contribución mediante trabajos personales realizados en sus respectivas comunidades, en su propio beneficio.

El propósito de esta disposición es ayudar a nuestros campesinos a elevar su nivel de vida para que posteriormente puedan ser sujetos de aseguramiento pleno.

Para la prestación adecuada de la asistencia médica expresará necesario el establecimiento de varias clínicas hospital y de pequeñas unidades de consulta externa, que servirán de fuerte apoyo a la consolidación de los micropolos de desarrollo que son los centros de recepción y venta de maíz.

Por su parte, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, extendió sus beneficios a 10 nuevos e importantes conjuntos de trabajadores y continuó celebrando contratos con las autoridades de varias entidades federativas para atender a los empleados estatales.

De esta manera se elevó a 2 millones el número de asegurados, cifra que representa un incremento del 45 por ciento sobre la registrada al iniciarse la presente administración.

Las instituciones de protección y asistencia a la niñez, encaminan sus actividades al cuidado integral de los menores, al fortalecimiento del núcleo familiar y al desarrollo de la comunidad.

En el Distrito Federal están funcionando tres centros dedicados al desarrollo de la comunidad y en pocos días 14 más comenzarán a prestar sus servicios.

Esta programa se ampliará a toda la República, en coordinación con los institutos regionales.

Se puso en marcha el programa campesino de orientación familiar en materia nutricional y de higiene, con objeto de mejorar los hábitos alimenticios y de sanidad del pueblo.

Desde hace casi un año se contribuyen en el Valle del Mezquital desayunos infantiles que alcanzan ya 31 mil raciones diarias.

A partir del día de mañana la población menor de esa región verá aumentada su dotación a 50 mil desayunos cotidianos.

El Instituto Nacional de Protección a la Infancia y la Institución Mexicana de Asistencia a la Niñez cumplen así, cada vez con mayor eficacia, su delicada misión.

Para contribuir al desarrollo integral de la Juventud se ha multiplicado la construcción de instalaciones deportivas.

Esta actividad no beneficia exclusivamente a los jóvenes de las ciudades, sino que atiende también a la preparación física de los campesinos.

Con este objeto se construye un total de 29 mil campos deportivos en todos los ejidos de la República.

Nuestra legislación laboral establecía que la habitación para el obrero era una garantía social a cargo de empresas con más de cien trabajadores.

Las razones económicas que limitaron el alcance de esta disposición también fueron causa de que se dificultar a su observancia.

Se hizo cada vez más evidente la necesidad de substituir la fórmula original, por otra que respondiera mejor a la realidad económica y social del país.

Es conveniente destacar que son ya 3 millones los trabajadores inscritos en el INFONAVIT y que el 97 por ciento de las empresas que hacen aportaciones tienen menos de 100 trabajadores.

A menos de año y medio de su instalación, el Instituto maneja recursos equivalentes al 9 por ciento de la inversión pública total.

Con una erogación de 3 mil 540 millones de pesos, construye 54 mil 725 viviendas en 45 poblaciones del país.

También ha otorgado 44 mil créditos individuales cuyo monto alcanza los 2 mil 200 millones de pesos.

Desde que inició sus tareas, con base en un 5% del salario -porcentaje otorgado por las empresas en forma adicional a los trabajadores- manifestaron los sectores obrero, empresarial y oficial, que no se trataba de una panacea; que resolvería paulatinamente el problema de la habitación de los trabajadores asalariados y que su meta sería lograr, en poco tiempo, la construcción anual de cien mil casas.

Para allá vamos a pasos acelerados.

Pero los obreros, los empresarios y los funcionarios oficiales discutieron sobre el mecanismo equitativo para seleccionar a los trabajadores que paulatinamente fueran obteniendo sus casas habitación, o el crédito, para ellos obtenerlas.