Part 2

Anteriormente, ya habían hecho otro tanto los Estados Unidos de América y el Reino Unido.

Con todos los países visitados, concertamos significativas operaciones financieras y comerciales, que se han traducido en un incremento tangible de las transacciones.

En Canadá, celebramos acuerdos de cooperación económica e intercambio científico, tecnológico y turístico. Con el Reino Unido y Bélgica establecidos mecanismos de colaboración técnica y suscribimos convenios a fin de equilibrar la balanza comercial.

El Gobierno de Francia expresó su interés por adquirir manufacturas nacionales y por establecer en nuestro territorio empresas mixtas de exportación.

México recibirá el tratamiento de la nación más favorecida, por virtud de los convenios comerciales que firmamos con la Unión Soviética y la República Popular China.

Se abren, así, grandes mercados a nuestras exportaciones y se favorece la adquisición de equipos industriales en ventajosas condiciones de crédito.

Iniciamos en Bruselas negociaciones tendientes a firmar un convenio con la Comunidad Económica Europea, integrada por países con los que mantenemos sólidas relaciones amistosas y comerciales.

Contamos, junto con las demás naciones del Tercer Mundo, con posibilidades de producción diversificada que, en un sistema internacional equitativo, permitirían elevar nuestro propio nivel de vida y satisfacer la demanda de las potencias industriales.

Los precios de muchos de nuestros artículos y materias primas se fijan en el extranjero.

Trasponer las fronteras para defender el producto de nuestro trabajo, es un compromiso con las presentes y futuras generaciones que hemos cumplido en este viaje.

Diversos fueron los temas abordados en las conversaciones que sostuve con los jefes de Estado y múltiples los resultados obtenidos.

En todo momento actué como representante de un país soberano y tuve presente las necesidades y demandas de nuestras mayorías insatisfechas.

Al hacer el balance de esta empresa, puedo afirmar, con certidumbre plena, que México fortaleció su prestigio e incrementó sus oportunidades de intercambio.

Nuestro país ha sido precursor de tesis internacional que ahora son comúnmente aceptadas.

Repetidas injerencias externas han reforzado una ininterrumpida tradición pacifista y antiintervencionista.

Nuestro pasado y nuestro presente nos inducen a sentirnos solidarios de aquellos países que, habiendo obtenido su independencia, hoy luchan por su autonomía económica.

Los principios seculares que rigieron en el pasado a la economía internacional, han demostrado su ineficacia.

No solamente es cada vez mayor la brecha que separa a los países ricos de los pueblos marginados, sino que los desajustes en el campo económico son muestra de su inoperancia.

Las contradicciones provocadas por la supervivencia de la política del poder es una de las causas principales del subdesarrollo.

Un largo pasado colonial, prolongado hasta nuestros días por formas más o menos evidentes de imperialismo, impide una transformación radical de las estructuras de injusticia que prevalecen.

El desequilibrio, la inequidad y la coerción, son incompatibles con un sano desenvolvimiento de las relaciones económicas.

La Declaración Universal de los Derechos del Hombre debe complementarse con un documento normativo que haga posible la convivencia económica y el progreso de todas las naciones.

Por eso consideramos cada vez más necesaria la adopción de una Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, que pondrá de manifiesto la voluntad colectiva para preservar la estabilidad y la paz universales.

La comunidad de naciones ha apoyado esta propuesta.

El Grupo de Trabajo de 40 países encargados de redactar el proyecto de la Carta, concluyó recientemente en Ginebra la primera fase de su mandato.

Las posiciones de países y grupos de países respecto de los temas que podría incluir, han sido formuladas en un documento preliminar.

No dudamos del loable esfuerzo de este grupo ni de sus rectas intenciones.

Sin embargo, convencido de la urgencia de acelerar estos trabajos dirigí en días pasados, un mensaje al Secretario General de las Naciones Unidas, señor Kurt Waldheim, a fin de que sean modificados los mecanismos para acelerar la aprobación de la Carta.

Tenemos la certidumbre del valor de este instrumento para instaurar un régimen de respeto y cooperación económica a que obliga el interés general.

Lo que acontece en el exterior condiciona nuestra propia evolución.

No podemos permanecer al margen de los cambios en un mundo que modifica radicalmente su estructura.

La creación de nuevas formas de interdependencia representa la respuesta más adecuada a las modalidades de la época en que vivimos.

Quienes viven a la zaga de la historia y aceptan las servidumbres impuestas por la dócil imitación de otros esquemas valorativos, han objetado nuestro derecho a estrechar relaciones con países que, independientemente de su sistema social, nos ofrecen amistad y la ocasión de ampliar intercambios de interés recíproco.

Nuestras decisiones en materia de política exterior, exigen una madura conciencia ciudadana que no se guíe por los aspectos superficiales de la diplomacia, sino que entienda su profunda significación política.

Las naciones que visitamos representan un compendio de la experiencia política y económica contemporánea.

No tenemos perjuicios ni temor de supuestas influencias.

Aceptamos el pluralismo ideológico como característica evidente de esta etapa histórica.

Sobre el fondo de una más amplia perspectiva, reafirmamos la confianza en nosotros mismos y en la ruta que hemos elegido.

En el primer semestre de 1974, México recibirá las aguas del Río Colorado en el volumen y calidad que hemos reclamado desde hace 12 años.

El Acta 242 de la Comisión Internacional de Aguas y Límites, firmada hace dos días el 30 de agosto con el Gobierno de los Estados Unidos, asegura una solución permanente y definitiva al problema de la salinidad en el Valle de Mexicali.

Para hacer vigente este acuerdo, se prolongará el canal que desvía las aguas salinas hasta el límite entre Arizona y Sonora, y luego continuará por territorio mexicano hasta el Golfo de California.

Esta parte mexicana será construida, operada y mantenida por México y pagada por los Estados Unidos.

Desde el año pasado tomamos la determinación de rechazar las aguas procedentes del Canal Wellton Mohawk.

Así se ha hecho y esta condición se mantendrá hasta la conclusión de las obras mencionadas.

El feliz término de las negociaciones que hemos llevado a cabo, constituye un triunfo de la razón y del derecho, una justa compensación al tenaz esfuerzo realizado por nuestra diplomacia y un signo promisorio en nuestras relaciones con los Estados Unidos.

México reitera su confianza en el valor de las normas jurídicas como sustento de la vida internacional y su política exterior tiene el rumbo que señala el bienestar de la República.

POLITICA DE DESARROLLO

Las grandes tareas que impone el desarrollo nacional exigen la participación coordinada de todas las dependencias que integran el Gobierno Federal.

La industria, la disponibilidad de energéticos, las comunicaciones de todo género, la producción agrícola, pecuaria, forestal y pesquera, la agilización de los mecanismos de distribución, las políticas de empleo, el crédito en todas sus formas, la extensión de la red hidráulica, la elaboración de planes agropecuarios y la seguridad en la tenencia de la tierra son, entre otras cosas, cuestiones que no pueden ser analizadas en forma separada.

Todas se complementan y convergen dentro de una actividad de conjunto que debe atenderse con criterio integral.

El crecimiento económico del país ha descansado, fundamentalmente, en los hombres del campo.

El reconocimiento de este hecho, ha determinado nuestra decisión de no aplazar más el pago de esta deuda hace mucho tiempo contraída.

Por ello, reiteramos, desde esta tribuna, nuestra activa solidaridad con los campesinos, que se traduce en la atención más expedita de los problemas agrarios y en el aumento substancial de recursos para fomentar la producción agropecuaria.

En este período expedí 305 resoluciones agrarias que amparan una superficie de dos millones 14 mil 105 hectáreas y benefician a 45 mil 431 familias.

Entregamos 216 mil 291 certificados de derechos agrarios e indemnizamos a 764 ejidatarios con 109 millones de pesos por concepto de expropiaciones para fines de utilidad pública.

Se formularon, además, 21 declaratorias de terrenos nacionales sobre una superficie de 2 millones de hectáreas, donde se podrán instalar 43 mil familias.

Asimismo, otorgamos 6 mil 18 certificados de inafectibidad agrícola y 285 de inafectabilidad ganadera.

Es y será respetado del derecho de comuneros, ejidatarios y pequeños propietarios.

Se atienden las demandas de los campesinos desposeídos pero sin lesionar ningún interés legítimamente adquirido.

En la ciudad y en el campo, sólo pueden sentir y propalar incertidumbre quienes tienen títulos posesorios espúreos o realizan actividades prohibidas por la ley.

La reforma que realizamos rechaza la falsa disyuntiva entre justicia y eficacia.

No deseamos que la fragmentación excesiva de la tierra desquicie la productividad agrícola pero estamos decididos a no permitir que, en su nombre, se instaure un nuevo latifundismo.

Hemos intensificado los programas de capacitación técnica y de organización campesina.

Con base en la nueva ley agraria, ha sido roto el perjuicio de que el ejidatario sólo podía dedicarse a la agricultura y a la ganadería.

El establecimiento de empresas agroindustriales ha demostrado su plena capacidad para explotar, en beneficio propio, los recursos de que dispone y para integrarse a modernos procesos productivos.

Las pequeñas unidades de explotación agrícola no siempre son compatibles con la dinámica de la economía contemporánea.

Es conveniente en tales casos, promover su agrupamiento, cabe destacar que existen dentro de la ley posibilidades para la asociación entre ejidatarios y pequeños propietarios, en condiciones mutuamente ventajosas.

Recientemente, señores miembros del Congreso, he celebrado distintas juntas con los directivos de las agrupaciones campesinas nacionales, quienes me han comunicado su decisión de organizar en forma colectiva la explotación ejidal de la tierra.

La Revolución Mexicana ha sido un complejo proceso histórico: hay quienes todavía opinan que los iniciales propósitos cívicos se debieron quedar en una mera reforma política, y que lo que vino después representó una mera tendencia constructiva.

Afloraron, ciertamente, con las reivindicaciones constitucionalistas y con la Carta de Querétaro, las grandes demandas de los campesinos y de los obreros; pero no podía detenerse -como pasa normalmente en la vida social- , una gran transformación general del país, a meros marcos intelectuales o teóricos que supuestamente hubieran previsto una reordenación planificada de México.

La Reforma Agraria fue la reconquista de la patria, inclusive, muchas veces sin programa, para los campesinos.

Tenemos la convicción de que estamos arribando a la conclusión de la primera etapa apenas, de esa Reforma, y que ahora nos esperan las grandes tareas reorganizativas que no dependerán - obvio es decirlo- de meros propósitos legales o administrativos, de la sola intención de las organizaciones campesinas, sino que deberá partir de la profunda conciencia de solidaridad, de la supeditación de los intereses individuales a los colectivos en el seno mismo de las comunidades, de los ejidos e inclusive de muchas pequeñas propiedades cuyos titulares desean agruparse para explotar mejor la tierra y usar mejor los fertilizantes, los insecticidas; defenderse de los intermediarios y acaparadores, que son una verdadera plaga nacional; formar cooperativas de consumo y de venta; planear, en general, mejor sus cultivos.

Cuando desde un punto de vista teórico, algunas personas muy ilustradas, muy estudiosas, en sus apartados gabinetes nos preguntan si no es contradictorio definir una política así para el futuro, con el impulso a una clase empresarial que necesitamos llena de patriotismo y de nacionalismo, les respondemos, que dentro del mosaico que es México: necesitamos estas formas de organización en el campo con un sentido social más avanzado y, al mismo tiempo, necesitamos una clase empresarial; pero moderna, nacionalista, sin mentalidad colonial, que no quiera estar formada por empleados del extranjero, sino que sienta que también debe contribuir con su iniciativa, que debe ser verdaderamente creadora, a la construcción de una patria.

Les afirmamos a estos estudiosos de las diversas teorías que necesitamos, sí, ciertamente, empresarios que industrialicen al país y que nos ayuden a no quedar en manos de las exportaciones extranjeras hacia México; a producir lo que el país consume y que tiene que exportar; a empresarios que quieran ser dueños de su propio destino, que no limiten y no detengan sus inversiones hasta que vengan las inversiones del extranjero; que no propalen rumores de desconfianza; ésos que comenzaron cuando, juntos, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo iniciaron los estudios de legislación sobre tecnología y sobre inversiones extranjeras.

Hemos dicho que los capitales deben de manejarse con espíritu de solidaridad para ayudar a la soberanía y al progreso de México con un sano nacionalismo.

Por eso, ratificamos nuestra tesis de que así como necesitamos encontrar las bases seguras y ciertas, desde las formas de organización oficial o en esos organismos de resistencia, que son las organizaciones campesinas, necesitamos impulsar una eficaz iniciativa privada, nacionalista, moderna y con sentido social.

Todo es compatible cuando se cree en México y en el futuro de México.

Las obras de irrigación ejecutadas en los últimos 12 meses beneficiaron, en conjunto, una extensión de 183 mil hectáreas, de las cuales 53 mil se incorporaron por primera vez al riego.

Con la presa Melchor Ocampo se terminaron las obras del Distrito de Riego del Bajo Río Lerma, que benefician a 33 mil 200 hectáreas de los Estados de Guanajuato, Jalisco y Michoacán.

En febrero iniciamos, con una inversión de 250 millones de pesos, la segunda etapa del Plan Benito Juárez con la entrega de cincuenta equipos de maquinaria pesada para intensificar la construcción de pequeñas obras de riego en veintidós estados de la República, de las que hasta el momento se han terminado 188 con capacidad de almacenamiento de 55 millones de metros cúbicos.

La inversión y el crédito son dos piezas fundamentales del desarrollo agrícola.

El Gobierno Federal ha realizado un consistente esfuerzo para llevar recursos financieros al campo y ha creado un sistema de estímulos para que la banca privada haga otro tanto.

El Gobierno destinó al desarrollo del campo 8 mil 300 millones de pesos.

Durante este ejercicio, las principales instituciones oficiales proporcionaron créditos por 11 mil 149 millones de pesos a 525 mil ejidatarios y pequeños propietarios.

Esta cantidad representa un aumento del 41 por ciento sobre los financiamientos del año anterior.

Muchos ejidatarios y pequeños propietarios del país estaban imposibilitados para obtener crédito por la existencia de antiguos adeudos, cuyos intereses superaban, en ocasiones, el monto del crédito original.

El ejecutivo decidió liberar a los campesinos de este problema mediante la absorción de los pasivos de acuerdo con las modalidades operativas de cada banco oficial.

Para corregir las desigualdades entre el desenvolvimiento de las zonas urbanas y las rurales llevamos adelante un programa de industrialización por conducto del Fondo Nacional de Fomento Ejidal.

En la actualidad, con una inversión total de 325 millones de pesos, se han puesto en operación 124 industrias que ocupan a más de 10 mil jefes de familia y benefician a 64 mil ejidatarios dueños de las empresas.

Otras 88 industrias que requieren una inversión de 202 millones de pesos se encuentran en proceso de integración y hemos aprobado 84 proyectos más que implican una inversión de 270 millones de pesos.

La prioridad que el Gobierno ha dado al sector agropecuario, determinó la creación del Programa de Inversiones Públicas de Desarrollo Rural para ser aplicado en las regiones marginadas del país.

El propósito consiste en crear fuentes permanentes de trabajo que retengan a los campesinos en sus lugares de origen y realizar obras de infraestructura y servicios.

A través de este programa se han invertido 2 mil 500 millones de pesos.

El 54 por ciento de esta suma está destinada a pequeñas obras de infraestructura y el 46 por ciento restante se utiliza para obras de carácter social.

En todos los trabajos se ha utilizado la mano de obra de 300 mil campesinos, preferentemente en las épocas en que no tienen actividades agrícolas.

El aprovechamiento de los recursos naturales y de la fuerza de trabajo local en la construcción de caminos, bordos, obras de riego, escuelas y plantas agroindustriales, constituyen una respuesta realista al problema del empleo y una afirmación del poder creativo de las pequeñas comunidades.

Recibieron un estímulo substancial los programas nacionales de forrajes, de pastizales y de inseminación artificial, y pusimos en marcha el Programa Nacional de Desmontes, por medio del cual se incorporaron a la explotación agrícola y ganadera grandes extensiones hasta hoy improductivas.

Se han realizado trabajos en 170 mil hectáreas localizadas en 13 entidades del país, con una inversión de 202 millones de pesos.

Las superficies desmontadas están siendo gradualmente entregadas a los campesinos, sin cargo alguno por los trabajos realizados.

A pesar de las graves inundaciones y sequías el valor total de la producción agrícola, ganadera y forestal fue del orden de 68 mil millones de pesos.

El volumen de exportación de los principales bienes agrícolas en 1973, se incrementó en un 52 por ciento con respecto al año anterior.

Las exportaciones de carne y de ganado en pie se restringieron temporalmente para atender la demanda interna.

En la zafra 1972- 1973, se obtuvo la mayor producción en la historia azucarera con 2 millones 600 mil toneladas de azúcar; 230 mil más que en el ciclo anterior y que equivale a un incremento neto del 10 por ciento.

En este ciclo se cubrieron a los campesinos los precios de liquidación más altos por concepto de azúcar, mieles y alcoholes.

En los tres años en que han operado los nuevos sistemas y bases de liquidación, los cañeros han recibido directamente beneficios adicionales sobre la anterior estructura de mil 326 millones.

El desorden que prevalecía en la producción tabacalera como resultado de una injusta distribución de las utilidades entre agricultores y empresarios, se resolvió con la compra de la compañía extranjera que controlaba la mayor parte de la producción y distribución del tabaco.

Al fundar Tabamex establecimos un nuevo equilibrio entre estos sectores, con el resultado de que el ingreso de los campesinos se incrementó en un 184 por ciento en relación con el período anterior.

Asimismo, en beneficio de los campesinos talladores de lechuguilla, autorizamos un nuevo aumento en el precio de garantía de esta fibra que, junto con el concedido hace 2 años, lo eleva en un 100 por ciento.

Miles de familias indígenas se dedican como actividad complementaria, al tejido de sombreros de palma en la zona mixteca de los Estados de Oaxaca, Guerrero y Puebla.

Con el objeto de mejorar sus condiciones de vida, elevar su productividad y diversificar sus actividades, se constituyó un fideicomiso por 25 millones de pesos, que ha empezado a beneficiar a 10 mil familias mediante el aumento de un 60 por ciento de sus ingresos.

La Comisión Coordinadora para el Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec continuó promoviendo la creación de nuevos centros de trabajo.

Se han iniciado en el presente año nuevas industrias con una inversión cercana a los 800 millones de pesos.

Además, se pusieron en marcha 3 programas de desarrollo rural con una inversión total de 174 millones de pesos.

En el mes de abril expedimos un decreto que establece estímulos fiscales y otro tipo de facilidades a favor de las empresas industriales, pesqueras, forestales y turísticas que coadyuven al desarrollo económico de la región.

La utilidad de los trabajos de la Comisión de Tehuantepec nos animó a crear un organismo similar para la península de Baja California a fin de promover y coordinar, oportunamente, el desarrollo de las actividades fundamentales de esa región que, con la próxima terminación de la carretera transpeninsular, recibirán un gran estímulo.

Para preservar y mejorar las condiciones naturales de las aguas de propiedad nacional, expedimos dos decretos por los que se establecen los distritos de Acuacultura Tabasco y Cuenca del Papaloapan.

La política de fomento pesquero tiene por objetivos primordiales abatir los costos de captura e incrementar el empleo de los litorales.

Realizamos importantes inversiones para mejorar las instalaciones portuarias y su capacidad operativa.

Suscribimos contratos para adquirir 500 barcos y perfeccionamos los medios de comercialización.

Las primeras cooperativas pesqueras ejidales fundadas en Sonora, señalan el inicio de la incorporación de los campesinos a estas actividades

México ocupa en la actualidad, el segundo lugar continental en la pesca de atún.

En poco más de dos años la flota dedicada a la captura de esta especie aumentó en un 238 por ciento.

Cumple la Compañía Nacional de Subsistencias Populares una función cada vez más importante a fin de proteger al pequeño agricultor y a los consumidores de bajos ingresos.

Son diez los millones de mexicanos que viven del cultivo de maíz y frijol.

Durante una década, a partir del último aumento en el precio de garantía, han visto mermar su poder de compra mientras se elevaban los salarios y el ingreso general de la población.

Como respuesta a la urgente demanda de todos los campesinos del país y para lograr la autosuficiencia nacional de granos, hemos ordenado que, a partir de la próxima cosecha, sean aumentados los precios de garantía del maíz de 940 pesos la tonelada hasta mil 200 pesos y el del frijol de mil 750 pesos a 2 mil y a 2 mil 300 pesos, de acuerdo con su especie y calidad.

No bastan, sin embargo, los nuevos precios de garantía para que el campesino pueda transformar sus condiciones productivas y sociales.

Es necesario, además, ayudarlo a liberarse del acaparador y del agiotista.

Para evitar la intermediación especulativa, funcionan mil 600 centros de compra y se amplía constantemente el sistema de bodegas y de tiendas rurales.

Debemos impedir que intereses particulares lesionen el débil equilibrio de la economía popular.

La acción de la CONASUPO es una forma racional y justa de transferir ingresos a los grupos de menor poder adquisitivo y de fortalecer la alianza entre el régimen revolucionario y las mayorías nacionales.

Alcanzar un auténtico desarrollo supone una adecuada integración nacional.

Los esfuerzos que en esta materia realiza el gobierno, no se limitan a enlazar entre sí a las grandes ciudades y a los centros de producción y de consumo.

Se busca también vincular el progreso general del país, a muchas comunidades que durante siglos vivieron en el aislamiento.

Los caminos, las vías férreas, los puertos, los servicios postales y los modernos medios de telecomunicación tienen, además de su utilidad social y económica evidentes, la función política de fortalecer la conciencia de unidad nacional que requerimos, hoy más que nunca, para alcanzar nuestros objetivos.

Por la importancia que concedemos a los caminos como impulsores del desarrollo, dedicamos una gran atención al programa de construcción y mantenimiento de carreteras.

Se invirtieron en este renglón un total de 2 mil 702 millones de pesos.