Chapter 8

El monto del gasto público destinado al campo aumentó de 6 mil millones de pesos en 1970 a poco más de 60 mil millones de pesos en 1976.

Es decir, se multiplicó por diez.

Además, los créditos canalizados al agro se elevan, sólo en el presente año a cerca de 25 mil millones de pesos, y en el sexenio, alcanzan un total cercano a los 90 mil millones, más del doble, a precios corrientes, que los otorgados de 1936 a 1970.

Para mejorar las condiciones de vida de las pequeñas comunidades rurales y asegurar un trato justo en los esquemas de intercambio, se configuró el Programa de Inversiones Públicas para el Desarrollo Rural, PIDER, que ha beneficiado con obras básicas por 7 mil millones de pesos a los más desprotegidos conglomerados del campo.

En 1972 iniciamos el Plan Benito Juárez, que a la fecha ha realizado construcciones por más de mil millones de pesos, en las que ahora es posible almacenar 277 millones de metros cúbicos de agua para consumo humano, abrevaderos de ganado y riego de auxilio.

Con el objetivo de liquidar los vestigios del colonialismo interno y como un factor indispensable para el desarrollo compartido, como ya lo mencionamos, fortalecimos una política permanente de elevación de los precios de garantía de la producción agrícola.

Al mismo tiempo promovimos la formación de asociaciones de productores en defensa de sus derechos a través de empresas mixtas y organismos estatales, como TABAMEX, el Instituto Mexicano del Café, Productos Químicos Vegetales Mexicanos, que reúne a los cultivadores del barbasco, además de las agrupaciones de productores y trabajadores del limón, caña de azúcar, henequén, ixtle y candelilla.

Se ha dado considerable impulso en esta sexenio a la transformación de las actividades productivas del campo y a la fecha se encuentran en operación 351 empresas agro - industriales en los sectores forestales, agropecuario, industrial de construcción, turístico y pesquero, las que con una inversión acumulada de 651 millones de pesos generan una producción anual con valor de mil 480 millones y dan ocupación a 20 mil 161 ejidatarios.

Una de las experiencias más alentadoras en este rubro, es la aparición de nuevas formas de organización productiva, surgidas del ingenio y del espíritu solidario de las propias comunidades.

Es el caso de las industrias del pueblo en las que se han creado fórmulas para vencer la marginación y el desempleo.

A fin de fomentar estas experiencias auténticas de integración colectiva y de anhelo de superación de nuestro pueblo, fue promulgada el 27 de mayo pasado, la Ley de Sociedades de Solidaridad Social.

El sistema cooperativo constituye un instrumento humanizador y altamente eficaz de la producción.

Reafirmar su vigencia para abatir los reductos materiales y mentales del feudalismo, ha sido una de las metas del actual Gobierno.

En estos años se ha logrado implementar un sistema económico rural, mediante la organización de productores y consumidores que, con inversiones reducidas, elaboran artículos de consumo popular, y crean empleos dignamente remunerados.

Con sólo 22 millones de pesos, 14 sociedades cooperativas cuentan ahora con 220 tiendas del pueblo que sirven a 22 mil familias.

Se han establecido, además 100 fábricas y talleres, 110 huertos frutícolas y 97 apiarios a través de otras 15 sociedades cooperativas.

Esto es sólo el principio de una nueva actitud constructiva y solidaria, para romper el círculo vicioso de la explotación física y de la sumisión a los gastados esquemas de un exacerbado individualismo.

Para cubrir los riesgos de la producción agropecuaria y proteger a los hombres del campo, la Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera, que en 1970 operó 2 mil 722 millones de pesos, ejerce en este año 16 mil 333 millones de pesos y asegura 6 millones de hectáreas de diferentes cultivos, más de 700 mil cabezas de ganado y cubre el seguro de vida de 712 mil campesinos.

El agua es un bien escaso en la mayor parte del territorio nacional.

La utilización más eficiente de los recursos hidráulicos del país es un imperativo social y un elemento básico para activar la producción.

El Plan Nacional Hidráulico elaborado en el sexenio y pionero en su género en el mundo constituye un avance sin precedente que establece las premisas que deben regir el uso, conservación y aprovechamiento de nuestros recursos acuíferos en los próximos 25 años.

La inversión pública para obras de irrigación en la presente administración alcanzó la cifra de 41 mil 944 millones de pesos.

Esto ha permitido beneficiar un millón 111 mil 438 hectáreas, entre nuevas, mejoradas y rehabilitadas, con lo que superamos la meta del millón de hectáreas que nos propusimos al inicio de mi gestión.

De esta superficie fueron incorporadas por primera vez a la explotación agrícola de riego 665 mil 64 hectáreas, la mayor extensión alcanzada en un sexenio.

Las 149 presas de almacenamiento construidas durante 1970 - 1976, permiten aumentar la capacidad en 10 mil millones de metros cúbicos.

Quedan en construcción 31 presas más, que habrán de almacenar otros 10 mil 387 millones de metros cúbicos.

Cuando la agricultura en muchos países se ve restringida por la falta de elementos modernos, en México duplicamos la superficie fertilizada.

Hoy la mitad de los campos cultivados emplean este insumo.

Logramos que la provisión de fertilizantes haya pasado, en estos seis años, de un millón de toneladas a un millón 700 mil, a precios no sólo inferiores a los del mercado mundial, sino además 20 por ciento más bajos, en términos reales a los de hace 6 años.

La producción de semillas mejoradas se ha cuadruplicado a partir de 1970.

El Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas obtuvo 33 especies mejoradas de maíz, 13 variedades de frijol, y 15 de trigo, 7 de arroz, 7 de soya y 35 variedades de sorgo.

El último año se produjeron 133 mil toneladas de las diferentes variedades.

El resultado fundamental de estos esfuerzos puede resumirse a esta afirmación incuestionable: se ha recuperado la autosuficiencia en la producción de trigo, frijol, arroz y oleaginosas y este año volveremos a la autosuficiencia en el maíz.

Además, se han logrado acumular reservas de estos alimentos básicos.

Esto ha permitido mantener un saldo favorable en la balanza comercial agrícola de 4 mil millones de pesos en 1975.

En 1970 se cosecharon, en 14 millones 900 mil hectáreas, productos por valor de 33 mil millones de pesos; este año se cosecharán productos agrícolas con valor de 85 millones de pesos, en 16 millones 200 mil hectáreas.

La producción de café de 1970 fue superada en un millón de sacos al obtenerse, en 1976, 4 millones, con valor de 3 mil 800 millones de pesos.

Por concepto de exportación de este grano se obtuvieron 3 mil 500 millones de pesos, tres veces más que en 1970.

Estos beneficios fueron derramados entre cafeticultores.

De 7 pesos que se les pagaban en 1970 el precio subió a 17 pesos 40 centavos por kilo, lo que representa un incremento de 143 por ciento en el ingreso de campesinos.

La superficie dedicada a la fruticultura pasó, en estos últimos años seis años, de 511 mil a 660 mil hectáreas; la cosecha obtenida ha crecido de 5 a 7 millones de toneladas y su valor se ha duplicado al pasar de 30 mil millones de pesos a 68 mil millones.

La cosecha de cacao ha tenido un incremento anual del 7 por ciento durante el sexenio.

En el año en curso las 33 mil toneladas que se han obtenido superan las necesidades del mercado interno en un 67 por ciento, motivo por el que se aumentó la exportación de 104 millones de pesos en 1975 a 258 millones.

El tabaco producido este año tiene un valor de mil 71 millones de pesos.

Su venta en el exterior nos allegó divisas por más de 400 millones de pesos.

Todo ello ha permitido que los campesinos obtengan una utilidad de 455 millones de pesos.

Como consecuencia directa de la caída del precio internacional, decidimos reducir la siembra de algodón.

Sin embargo, la producción actual de 860 mil pacas es suficiente para abastecer el mercado nacional y colocar algunos excedentes en el exterior.

Emprendimos la magna tarea de sanear la industria azucarera.

Elevamos el precio de azúcar -estabilizado durante 12 años-, en beneficio de los productores.

Consolidamos el crédito oficial al sector con la creación de la Financiera Nacional Azucarera, coordinamos la comercialización del producto y derivados a través de la Unión Nacional de Productores de Azúcar e integramos administrativamente estos organismos en la Comisión Nacional de la Industria Azucarera.

En octubre del año pasado expedimos una nueva legislación que favorece el incremento de la productividad en el campo y en los ingenios.

La producción de azúcar, en el presente año, alcanzará la cifra de 2 millones 543 mil toneladas.

El pago de la materia prima según el grado de contenido de azúcar, repercute favorablemente sobre su aprovechamiento industrial y sobre la economía de los cañeros, quienes recibieron, en la zafra 1975 - 76, 2 mil 645 millones de pesos por alcances equivalentes a 8 veces más que en el ciclo 1969 - 70.

Como apoyo a las actividades de estos trabajadores se constituyó un fideicomiso con mil millones de pesos que permite a los productores cañeros, ejidatarios, y pequeños propietarios, organizados para el trabajo colectivo, adquirir maquinaria y equipo de producción agrícola.

Para promover su bienestar social, se formó otro fideicomiso destinado a la construcción de casas - habitación para los trabajadores de los ingenios y uno más para obras sociales en beneficio de los cañeros de escasos recursos.

La estructura de la Operadora Nacional de Ingenios ha permitido que los 31 ingenios oficiales eleven su participación en la producción nacional azucarera del 24 por ciento en el período 1965 - 1970, al 55 por ciento en el período 1971 - 1976.

En este año la producción de azúcar en los ingenios de la Operadora alcanzará un millón 385 mil toneladas.

La política de la UNPASA para las exportaciones, permitió que el azúcar aportara divisas por 7 mil 815 millones de pesos en el actual sexenio, superando en 2 mil 220 millones, el valor de las exportaciones en el sexenio pasado.

Además, ingresó 2 mil 300 millones de pesos por la exportación de mieles, para hacer un gran total de 10 mil 115 millones en divisas en los seis años.

La reestructuración azucarera está en marcha.

Como en todo proceso de cambio aún existen desafíos que es necesario vencer.

Está en manos de los productores y de las instrucciones perfeccionar las fórmulas de trabajo y de retribución, tanto para elevar las condiciones de vida de los cañeros como para fortalecer esta industria fundamental.

El mercado del azúcar ha sido utilizado como arma de presión contra los países productores con miras a doblegar sus decisiones soberanas.

En la empresa de instrumentar los principios de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, convocamos al Primer Encuentro de Países Latinoamericanos y del Caribe Exportadores de Azúcar, que se realizó en Cozumel, en 1974, en el que disidimos, junto con otras 17 naciones, formar el Grupo de Países Latinoamericanos y del Caribe de Exportadores de Azúcar, que se constituyó el 12 de marzo de este año y del que ahora forman parte 22 Estados miembro.

Hemos impulsado nuestro desarrollo pecuario con el Plan Nacional Ganadero, proyecto integral aplicado a través de programas de incremento a la capacidad forrajera, al mejoramiento genético, la sanidad animal, y la incorporación de nuevas áreas a esta actividad, convencidos de que sólo a través de la mejoría y ampliación de las explotaciones ganaderas podremos lograr la satisfacción de las necesidades alimenticias de la población.

Establecimos plantas de alimentos balanceados para uso animal en las diversas regiones del país centros regionales de fomento y desarrollo pecuario, expedimos la Ley de Sanidad Fitopecuaria, creamos el Centro Nacional de Sanidad Animal, la Productora Nacional de Biológicos Veterinarios y toda una red nacional de laboratorios de diagnóstico de patología animal; pusimos en marcha un programa de aprovechamiento forrajero e incorporamos a la ganadería, a través del Programa Nacional de Desmontes, 417 mil 520 hectáreas de pastizales.

Con la vacunación de 14 millones de equinos se controló la encefalitis equina venezolana, con lo que México se colocó como el único país latinoamericano que controla esta epizootia.

El valor de la producción pecuaria ha aumentado en un 19 por ciento al pasar de 26 mil millones de pesos en 1971 a 31 mil millones en 1976.

En esos mismos años el valor de la ganadería se incrementó casi en un 100 por ciento, con lo que llegó este año a 191 mil 669 millones de pesos.

Hemos promovido el aprovechamiento de los recursos forestales con criterios que evitan caer en el dispendio o en la subutilización.

En 1970, la producción forestal maderable era de 6 millones de metros cúbicos, en 1976, se obtendrán 7 millones.

El valor de estos productos pasó de mil 356 millones a 3 mil 575 millones de pesos, en esos mismos años.

En 1970 el grado de avance del Inventario Nacional Forestal era de 34 por ciento.

De 1971 a la fecha se concluyeron los levantamientos en 12 Estados más lo que representa un avance total del 90 por ciento.

La participación del sector público en el aprovechamiento racional de los bosques se ha extendido notablemente, a través de 8 empresas en las que se ha asociado con los ejidatarios, a quienes ha liberado de la explotación de los antiguos detentadores de esta riqueza nacional.

La inversión de 64 millones de pesos que se canalizó a esta actividad entre 1964 y 1970 se incrementó 33 veces, al llegar a mil 146 millones en la presente administración.

La producción pesquera constituyó por muchos años una actividad inexplicablemente rezagada en un país como el nuestro, que cuenta con amplios recursos explotables.

En estos seis años hemos invertido en este sector 2 mil 550 millones de pesos, cantidad superior a la inversión acumulada en los 40 años anteriores.

Entre 1971 y 1975 la flota pesquera de altura aumentó en mil 160 embarcaciones y en el presente año se incorporan 574 más.

Cumplimos la meta que nos fijamos de construir 500 embarcaciones camarones.

Al finalizar el sexenio, se contará con un total de 3 mil 293 barcos, más del doble de los que integraban nuestra flota en 1970.

Para fortalecer la pesca ribereña y continental pusimos en marcha un plan de dotación de embarcaciones menores, y al término de nuestra administración los equipos entregados a través de este programa ascenderán a 6 mil.

Hemos actualizado los dos principales ordenamientos que rigen la actividad; concentramos, bajo la denominación Productos Pesqueros Mexicanos, las diferentes empresas públicas que intervienen en el sector; creamos un sistema de educación y capacitación a lo largo de nuestros litorales y establecimos el Fideicomiso para el Desarrollo de la Fauna Acuática y el Instituto Nacional de la Pesca.

Todo ello, en concordancia con nuestra decisión soberana de crear la Zona Económica Exclusiva en nuestros mares.

Estas nuevas condiciones han permitido duplicar la producción pesquera, al pasar de 254 mil toneladas que obteníamos en 1970, a 475 mil durante este año.

Es cierto que aún estamos lejos de lograr un aprovechamiento cabal de nuestros recursos pesqueros.

Pero se ha creado la conciencia y se han dado los primeros pasos para obtener cada vez mejores rendimientos de esta importante reserva alimenticia de nuestro pueblo.

Entre las distorsiones que impuso el desarrollismo a nuestro proyecto social revolucionario, hay que señalar específicamente los efectos perniciosos de un crecimiento imitativo, con la vista en los modelos metropolitanos y dirigido a un consumo suntuario y por lo mismo altamente estratificado.

Ello fue producto de una actitud empresarial que en muchos casos no supo responder a los estímulos del crédito, a la protección fiscal y arancelaria, al abastecimiento por muchos años subsidiado de los energéticos, a la formación de cuadros preparados a través del sistema educativo, a la ampliación de la infraestructura y aún el aplazamiento de las demandas salariales que caracterizó a los decenios anteriores.

Era necesario rectificar las tendencias de un modelo industrial que estaba propiciando sus propios estrangulamientos no solamente a través del desempleo y el subempleo de su propia capacidad instalada y de su propio capital.

¡Y a esto pretenden llamar racionalidad algunos voceros de la regresión!

Fortalecer la industria y racionalizar su crecimiento conforme a las necesidades de nuestra realidad, exigió cambiar el énfasis hacia actividades que habían permanecido rezagadas fundamentalmente las industrias básicas y las empresas medianas y pequeñas.

No podíamos seguir obedeciendo pautas indiscriminadas de sustitución de importaciones, en los términos impuestos por las coyunturas mundiales.

Debíamos constituir cimientos más sólidos para nuestro progreso, a partir de la expansión del mercado interno, la integración de las actividades productivas, la exportación de manufacturas y el desplazamiento selectivo de importaciones.

Ante aquellos que critican y condenan la participación del Estado en la economía, respondemos que en un país donde la población y las necesidades crecen en forma acelerada, que padece además graves desequilibrios sectoriales y regionales, así como una injusta distribución del ingreso, no es posible señalar límites a la gestión económica del Estado.

Ahí donde la improvisación nos hacía más vulnerables a las tendencias a la concentración y a los planes desnacionalizadores, pusimos el énfasis en la previsión programática y en la fijación de nuestros propios términos de racionalidad.

No aceptamos la alternativa artificial que se ha querido imponer al país entre el estancamiento y el desequilibrio.

Esta falta alternativa constituiría por sí misma un callejón sin salida porque en ambos casos la mayor carga gravitaría sobre los grupos más desprotegidos y constituiría un condicionamiento inaceptable a la acción de las legítimas instituciones nacionales.

Los agentes de la subordinación deben escucharlo bien:

El pueblo de México no está dispuesto a la abdicación, ni acepta que otros determinen sus decisiones soberanas.

La crisis de un mundo amenazado por la inestabilidad y la irracionalidad del poder monopólico, no hacen sino reafirmarnos en el imperativo de seguir reforzando nuestra propia capacidad de sobrevivencia y de progreso económico y social.

Ese es el camino para dinamizar la economía, al servicio de los grandes objetivos de nuestra vida de relación.

Rechazamos por lo tanto la falacia, la miopía, y la parcialidad de las fórmulas y los modelos economistas con los que se ha pretendido someter los más altos fines de la sociedad, y menoscabar el ejercicio auténtico de la soberanía nacional.

Durante el periodo que termina, la gestión económica del Estado, lejos de limitarse a la mera reacción defensiva ante la presión externa y la abstención interna, asumió la iniciativa de fortalecer un desarrollo independiente y en beneficio de la mayor parte de la población.

No se constriñó sólo a enfrentar las situaciones inmediatas, sino que fundó las bases para hacer viable el proyecto nacional y abrir el paso a las generaciones venideras.

Nacional Financiera ha recuperado su papel de primer banco de fomento al desarrollo industrial.

El financiamiento total autorizado en este período ascendió a casi 128 mil millones de pesos, cantidad que equivale a más de la mitad del total autorizado desde su fundación hace 42 años.

Entre 1971 y 1976, Nacional Financiera invirtió 8 mil 107 millones de pesos en el capital de 89 empresas industriales, cifra sin precedentes que refleja la magnitud del apoyo otorgado para consolidar la estructura financiera de diversas empresas y para programas de ampliación de plantas existentes.

El programa de mayor prioridad en términos de promoción de nuevas industrias ha sido el de bienes de capital, en este aspecto, en los últimos 2 años se constituyeron, con apoyo de la institución, 8 empresas productoras de este tipo de bienes.

Se cuenta, además, con los planes y negociaciones adelantadas para establecer otras

15 empresas de la misma rama y se están estudiando 21 nuevos proyectos, que junto con los anteriores, producirán tornos, fresadoras, tractores de oruga, ejes y frenos automotrices, maquinaria textil, cigüeñales, motores, transformadores y aisladores eléctricos, y centrífugas para la industria azucarera, entre otros.

Durante la presente administración Sociedad Mexicana de Crédito Industrial (SOMEX) se ha constituido en la segunda financiera de fomento industrial del Gobierno Federal, desarrollando industrias básicas, fomentando la exportación de manufacturas, mexicanizando empresas de interés nacional y proveyendo de recursos crediticios a empresas y organismos del Sector Público, a sus empresas filiales y a la pequeña y mediana industria y al turismo.

Para cumplir con los objetivos anteriores, SOMEX, ha aumentado la captación de fondos provenientes del ahorro interno en 6 mil millones, duplicando los niveles de 1970.

Sus activos totales alcanzan ya los 13 mil 700 millones.

Controla 40 empresas filiales industriales, 16 de las cuales se promovieron en los últimos cinco años, proporcionando ingreso a 17 mil familias.

Durante la presente administración, sus empresas aumentaron en 24 veces el valor de sus exportaciones y sus ventas pasaron de mil 800 millones en 1971 a 6 mil en 1976.

En cuanto a la eficiencia de las empresas industriales de SOMEX, se consolidó su posición financiera y se logró racionalizar su rentabilidad, en tal forma que entre 1971 y 1976 sus utilidades aumentaron de 48 millones a 200 millones y, lo que es más significativo, actualmente el 95 por ciento de ellas operan con utilidad.

Se fortaleció la capacidad productiva del sector Paraestatal, mediante la ejecución de importantes planes de creación y expansión de empresas, principalmente en los campos estratégicos de los energéticos, la siderurgia, la petroquímica, los fertilizantes y la minería.

Las realizaciones alcanzadas se apoyan en una sólida base de planeación y coordinación de las Empresas del Estado.

Para fortalecer esta tarea se crearon la Comisión Coordinadora de la Política Industrial del Sector Público, la Comisión Nacional Coordinadora para el Desarrollo Industrial, la Comisión Nacional de Energéticos, la Comisión Nacional Coordinadora para el Desarrollo de la Industria Siderúrgica y la Comisión Coordinadora para el Desarrollo de la Industria de Maquinaria y Equipo, en las que se ha cimentado la programación de este sector.

De los 86 organismos públicos registrados en 1970 cuyos activos totales ascendían a 123 mil millones de pesos, se pasó a ejercer el control sobre 740 entidades públicas, cuyos recursos alcanzan más de 462 mil millones.

El volumen de las adquisiciones sujetas a vigilancia pasó de 21 mil millones de pesos, en 1970, a 90 mil millones en 1976 y se lograron ahorros por más de 2 mil millones de pesos, gracias a la acción coordinada de las compras del sector público.

El avance en el control ha traído consigo una mayor eficiencia en la capacidad productiva y administrativa, lo que se traduce en que el 70 por ciento de las empresas del Estado arrojan resultados positivos, a pesar de que su funcionamiento obedece a un marcado interés social.

En manos de la Nación, el petróleo y la electricidad se han convertido en un poderoso instrumento para fortalecer nuestra soberanía.

El dinamismo y la vitalidad del México contemporáneo tienen su más firme expresión en estas industrias básicas.

A la fecha, la producción de hidrocarburos es de más de un millón de barriles diarios, cifra que significa un incremento del 100 por ciento con relación a la que se obtenía al iniciarse el sexenio.

Este es un esfuerzo apoyado en nuestra propia capacidad.