Chapter 3

Los países en vía de desarrollo y de crecimiento cuantitativo y cualitativo, como el nuestro, vieron disminuidos los mercados de sus exportaciones y aumentados los precios de sus importaciones.

Las importaciones de mercancías y servicios de México se elevaron de 6 mil millones de dólares en 1973 a 9 mil 947 millones en 1975, en tanto que las exportaciones de bienes y servicios alcanzaron en esos años 4 mil 828 y 6 mil 303 millones de dólares respectivamente como consecuencia, el déficit de la balanza de pagos en cuenta corriente entre los años de 1973 y 1975 se elevó considerablemente, alcanzando para esos años la cifra de 1,175 millones y 3 mil 643 millones de dólares respectivamente.

La crisis económica estuvo acompañada de guerra entre naciones, imposición de los fuertes sobre los que buscan su libertad política y económica, hambrunas en vastas regiones, inflación y desempleo, dos devaluaciones del dólar estadounidense, flotación generalizada de los tipos de cambio, en suma, desconcierto, crisis internacional.

Ningún país ha podido aislarse totalmente de las perturbaciones externas.

Es por ello que la interpretación de los fenómenos económicos nacionales no se puede hacer en el vacío, en abstracción de lo que ocurre en la economía internacional.

La gran apertura de la economía mexicana, con garantías y libertades que van siendo raras en el mundo y con un comercio internacional que gracias a nuestra perseverancia ha adquirido ya una gran diversificación por países y por productos y ha alcanzado una importancia considerable por el volumen de transacciones que se realizan, es natural que se vea continuamente influida por las tendencias económicas prevalecientes y especialmente por la de nuestro vecino país del norte que constituye, sin duda, uno de los centros económicos gravitacionales más importantes del mundo.

Ante estas adversidades, no renunciamos a nuestros propósitos de reestructuración económica nacional y de protección a las clases menos favorecidas.

Luchamos simultáneamente en varios frentes: buscamos el fortalecimiento de nuestra estructura económica, mediante el rompimiento de "cuellos de botella" físicos y financieros; sostuvimos una tasa de crecimiento siempre superior a nuestro incremento demográfico; luchamos en contra de la inflación y, sobre todo, de sus repercusiones negativas en los sectores más débiles de la población; pero lo más valioso fue que pudimos conservar, ante la amarga coyuntura internacional y ante los obstáculos internos, un sistema social en plena marcha hacia niveles más elevados de democracia, de preservación de las libertades individuales políticas y espirituales, al mismo tiempo que fortalecimos la prioridad de los aspectos sociales de nuestro desarrollo.

De esta manera, el país estuvo en posibilidad de llegar al proceso electoral en condiciones de paz y orden, e hizo factible que la voluntad soberana de la nación, con una votación sin precedentes, constituyera la legitimidad de su próximo Gobierno.

Esta decisión de avanzar sustantivamente en la reestructuración de la economía nacional, en los campos vitales de infraestructura básica agropecuaria e industrial, tuvo que materializarse en momentos en que la economía mundial era afectada por graves problemas de carácter monetario y de inflación y recesión generalizadas.

No permitimos que esas situaciones aminoraran nuestro esfuerzo; preferimos, en bien de los mexicanos, cimentar nuestro futuro y no menguar nuestra acción reformadora, ni alterar la dirección de nuestros objetivos.

La obra de desarrollo integral ha recibido un impulso extraordinario.

Los esfuerzos por ahondar las tareas en favor del pueblo mexicano y por aumentar el ingreso fiscal con cargo a los sectores con mayor capacidad de pago, han superado a los de cualquier otro período anterior.

La mejoría del salario e ingreso real de la clase trabajadora, en las ciudades y en el campo, ha sido preocupación constante de esta administración.

Todo ello, ha permitido realizar el gran avance económico que queda como legado.

Sin embargo, existen problemas importantes que es necesario resolver.

Durante estos años nuestra estructura productiva se ha modificado favorablemente, pero es obvio que las circunstancias externas y los empeños nacionales han influido de manera determinante, en los precios y costos de producción, limitando el nivel de la actividad productiva del país y su capacidad de competir en el extranjero.

Debemos por ello, en un ejercicio de responsabilidad histórica, revisar la situación de nuestra economía frente al exterior, para asegurar que el avance logrado sea continuado en el futuro.

El déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos, que se incrementó fuertemente hasta 3,643 millones de dólares, en el año de 1975, continúa manteniendo niveles elevados; ello nos obliga a obtener financiamientos crecientes del exterior y a dedicar cuantiosos recursos públicos a la amortización y al pago de intereses.

Este déficit no proviene fundamentalmente de una insuficiencia de nuestra capacidad de producción de bienes y servicios.

Esta continúa mejorando pues disponemos de recursos humanos, equipo, maquinaria y recursos naturales susceptibles de utilización inmediata.

La demanda externa en la actualidad es favorable.

El problema se debe a que los precios externos muestran un aumento menor en épocas recientes, en tanto que los costos y precios internos y de nuestros bienes y servicios exportables, se han elevado en mayor grado y hemos perdido competitividad en los mercados internacionales.

Esta situación frena nuestras posibilidades de venta al exterior y desalienta el ingreso de turistas extranjeros al país.

También alienta la importación y el contrabando de productos que compiten con la industria nacional, e induce a los mexicanos a viajar y a gastar en el extranjero en forma desmesurada, reduciendo con ello el volumen de divisas propias que el país requiere para financiar su desarrollo.

De continuar tal situación, nuestros esfuerzos por dotar de empleos suficientes a la población trabajadora, resultarían cada vez menos efectivos y los requerimientos adicionales de financiamiento externo se elevarían a niveles ya no justificados.

Hemos adoptado durante esta administración, diversas medidas para enfrentar el creciente déficit de nuestra balanza comercial.

Se ha hecho ya el uso máximo posible de diversos instrumentos para alentar nuestras exportaciones.

Se les ha favorecido con un mecanismo de compensación de impuestos -CEDIS- y de sistemas especiales de financiamiento y de garantías.

Se ha hecho un esfuerzo institucional masivo de promoción de ventas en la mayor parte de los países del mundo.

Se ha aplicado también un estricto control a las importaciones; acentuando más aún, afectaría abastecimientos vitales de materias primas y de equipo y maquinaria que requieren las actividades productivas nacionales, disminuiría el número de trabajadores ocupados y afectaría nuestros afanes de desarrollo compartido.

Igual efecto tendría acentuar en demasía las limitaciones ya aplicadas al crédito bancario.

La adopción de las medidas mencionadas, aunque de gran utilidad para la economía nacional, no ha logrado restaurar en escala suficiente el dinamismo de nuestras exportaciones de mercancías, no obstante la recuperación de los mercados externos para nuestros productos, ni ha ajustado en el grado necesario el valor de las importaciones.

Nuestra balanza de servicios turísticos tampoco muestra ya una recuperación satisfactoria.

Por otra parte, no sería justificable, para corregir el deficiente de divisas, hacer una explotación exhaustiva e irresponsable de nuestra riqueza petrolera, derrochando así ese patrimonio que seguirá siendo fundamental para el avance independiente de México.

Por la observación del comportamiento de nuestro comercio exterior, por el movimiento de la relación de nuestro nivel de precios con los del extranjero, por la comprobación de la existencia de una creciente capacidad no utilizada de los factores productivos nacionales y la grave repercusión que esto tiene al frenar la generación de empleos que el país requiere con urgencia, hemos llegado a la conclusión de que el actual tipo de cambio del peso mexicano no es el adecuado para restaurar el equilibrio de la balanza de pagos.

El conocimiento de esta situación alienta la salida de capitales temerosos que con ello disminuyen el volumen de ahorros nacionales necesarios para financiar nuestro desarrollo.

Esto no debe continuar.

Es justificado obtener financiamientos externos para apoyar el aparato productivo nacional y mejorar nuestra eficiencia; es menos justificable obtener créditos externos para financiar en forma permanente deficientes de bienes de consumo o de materias primas; pero resulta absolutamente inaceptable permitir aumentos excesivos de la deuda pública externa o utilizar las reservas básicas de oro y divisas del Banco de México para financiar salidas especulativas de capital al exterior.

Ciertamente, podríamos seguir sosteniendo el tipo de cambio actual con nuevos financiamientos externos o contrayendo la actividad económica y el nivel de empleo en el país para reducir nuestras importaciones, pero en las actuales circunstancias esa política sería inadecuada e inaceptable para una administración con sentido social.

Sabemos qué hacer y sabemos cómo y cuándo hacerlo.

En ejercicio pleno de nuestra soberanía, eliminamos ahora los factores limitantes que establece el actual tipo de cambio para que la política de reestructuración económica nacional y de generación de empleos, que debe apoyarse en el aumento de las exportaciones de bienes y servicios y en un aumento general de la actividad productiva, pueda alcanzar el éxito que deseamos.

El tipo de cambio actual ya no es conciliable, en estos momentos, como lo fue en el pasado, con nuestras metas.

El actual tipo de cambio fijo no es un fin, ha sido sólo un instrumento para alcanzar objetivos trascendentes de política económica.

Su nivel, ya no refleja la relación de nuestros costos de producción con los costos internacionales; su inflexibilidad, en las condiciones actuales de movimientos masivos y erráticos de capital, no permite hacerles frente en forma adecuada.

No es conveniente establecer de inmediato un nuevo tipo de cambio fijo.

Continúan las graves distorsiones en los tipos de cambio de las monedas más importantes.

Las tendencias inflacionarias del mundo perduran y los precios de los productos alimenticios y de las materias primas que requerimos todavía están sujetas a graves fluctuaciones, no obstante la recuperación ya iniciada en la economía mundial.

Los movimientos internacionales de capital, que afectan a muchas divisas, al dólar estadounidense y al peso mexicano entre ellas, no presentan signos de abatimiento.

Varias importantes monedas europeas están actualmente sujetas a fuertes presiones cambiarias.

Tampoco se juzga conveniente establecer el control de cambios.

El control, por sí mismo, no restablecería la competitividad ni el dinamismo de nuestras exportaciones.

Más aún, la muy alta proporción de ingresos no controlables como turismo, transacciones fronterizas, remesas de trabajadores migrantes e ingresos de capital privado, determina que las divisas susceptibles de ser controladas serían muy inferiores a las requeridas para la importación de materias primas, equipo y maquinaria indispensable para nuestra agricultura e industria.

En caso de establecerse el control de cambios, aparecería inmediatamente el mercado negro de divisas con la consecuente corrupción que esta clase de mercados genera; surgirían nuevas actitudes especulativas, tipos de cambio irreales y altamente inflacionarios y se agravaría la incapacidad del sistema para retener el ahorro interno.

El nuevo tipo de cambio debe ser determinado, en condiciones de libre convertibilidad, atendiendo fundamentalmente a las fuerzas económicas reales del mercado conformadas por la actual situación nacional e internacional.

Debe ser flexible durante algún tiempo, tanto para encontrar el mejor nivel que permita corregir la situación deficitaria de balanza de pagos, como para enfrentar, sin sacrificio inútil de la reserva de oro, plata y divisas del país, las salidas especulativas de capital.

Ese nuevo nivel, para ser correcto, debe cumplir con varios objetivos fundamentales de la política económica nacional: alentar el dinamismo de la exportación de productos agrícolas, ganaderos, pesqueros y mineros, de bienes manufacturados y de servicios turísticos, aprovechando la amplia capacidad que actualmente tiene México para ello; desalentar el gasto en importaciones de bienes que compiten con la industria nacional, inclusive el contrabando, y el de los mexicanos en el exterior, para que se oriente en mayor medida a la creación de empleos dentro del país; disminuir el excesivo financiamiento externo, disipar las suspicacias que alientan las fugas de capital y no propiciar un aumento excesivo de precios internos.

A fin de encontrar un nuevo tipo de cambio estable y evitar que las fuerzas especulativas, para beneficiarse, lo ubiquen en un nivel que presione demasiado al alza los precios internos, deberá actuarse de manera flexible.

Esta flexibilidad del tipo de cambio estará determinada por las fuerzas reales del mercado.

Por ello será regulada por el Banco de México, con el propósito de evitar fluctuaciones excesivas y erráticas, no representativas de la verdadera posición económica de nuestro país respecto al exterior, durante el tiempo necesario para encontrar el nivel al que deba establecerse el nuevo tipo de cambio fijo.

Para manejar esta flotación regulada del tipo de cambio dentro de márgenes razonables, el Banco de México cuenta con un nivel de reservas brutas ampliamente suficientes de oro, plata y divisas por 1,381 millones de dólares.

Cuenta además con la integridad de sus derechos de giro en el Fondo Monetario Internacional, y en la tesorería de los Estados Unidos de América por 1,046 millones de dólares.

En adición, y en previsión de mayores necesidades eventuales de liquidez, se iniciaran de inmediato gestiones ante dichas entidades para aumentar los recursos disponibles que dan la holgura suficiente a la ejecución del programa de consolidación económica y financiera que el gobierno mexicano ha decidido adoptar.

La flotación regulada del peso mexicano es una medida que la actual técnica monetaria aconseja. Ha sido debidamente meditada y evaluada.

Muchas naciones iniciaron la flotación de sus monedas obligadas por circunstancias externas, intempestivas, al aparecer en forma eslabonada, a partir de 1971, la crisis monetaria mundial, la del petróleo, y la de inflación con recesión.

Nosotros lo hacemos cuando mejor conviene al interés nacional.

Esta administración inicia la flotación de la moneda para encontrar un nuevo nivel más adecuado, cuando la política nacional de generación de empleos y de apoyo a una creciente capacidad productiva lo requieran, una vez que hemos logrado avances fundamentales mediante grandes inversiones en renglones estratégicos, que no de haberse realizado, imposibilitarían ahora el progreso nacional.

La flotación regulada será acompañada con el sostenimiento, sin limitación alguna, de la tradicional libre convertibilidad del peso mexicano a cualquier otra moneda, y de la libre transferencia de dinero y capitales.

La retención permanente del ahorro nacional se logra, no mediante medidas de control a sus movimientos -control que siempre sería evadible- sino por el convencimiento de que nuestra política económica y social, en un clima de libertades garantizadas por la ley, hace de nuestro país el lugar que deseamos para que nuestro esfuerzo y nuestros recursos contribuyan a engrandecerlo.

La flotación regulada y temporal del tipo de cambio, se acompañara de una estrategia económica y financiera, contenida en programas a corto y largo plazos, que aseguren maximicen los efectos benéficos que se persiguen y disminuyan al mínimo posible sus consecuencias desfavorables, especialmente en cuanto afectan a los sectores más pobres de la población.

Esta estrategia se integra con las decisiones básicas siguientes:

1. Recuperar y preservar la capacidad competitiva de nuestras exportaciones de bienes y servicios.

Para ello deberá asegurarse que la elevación de los precios y costos internos sea sustancialmente menor que el ajuste en el tipo de cambio.

Con este propósito, se adoptan las siguientes medidas específicas:

Un impuesto a la exportación con una sobretasa que afecte parcialmente el beneficio cambiario e las exportaciones a fin de evitar que ventajas excesivas derivadas de las ventas al extranjero desabastezcan el mercado interno y presionen sobre el nivel de precios.

Supresión, por innecesario, del sistema de Certificados de Devolución de impuestos a las exportaciones, dado el estímulo que a ellas implica el ajuste cambiario.

Se mantendrán los apoyos a consorcios de exportación, en la forma que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determine.

Eliminación de controles innecesarios y reducción de aranceles sobre la importación de materias primas, partes de ensamble de bienes necesarios y equipo y maquinaria indispensables, con el objeto de reducir presiones sobre los costos internos de producción y sobre los precios.

2. Proteger el poder adquisitivo de las clases populares.

A pesar de las medidas que se adoptarán para aminorar su efecto inflacionario, los ajustes cambiarios pueden tener ciertas consecuencias sobre los precios de bienes y servicios de consumo popular; que es necesario evitar, mitigar y compensar.

Con este objeto, se ejecutarán las siguientes acciones:

Con efectos a partir de esta fecha, se ajustarán el próximo 30 de septiembre los salarios de los trabajadores al servicio de Estado y de los miembros de las Fuerzas Armadas para que se restituya su poder adquisitivo en la medida que se haya demeritado, desde su última revisión, y en la proporción que resulte afectado por el aumento de nivel de precios.

El mismo ajuste se aplicará a los pensionados de las instituciones públicas.

El Ejecutivo Federal a mi cargo promoverá, de acuerdo con los factores de la producción, medidas encaminadas a que esta compensación salarial se aplique, a la brevedad posible, a las demás trabajadoras y se efectuarán los ajustes necesarios para evitar deterioros en los salarios mínimos y en los de los trabajadores de ingreso bajo y medio.

Se mantendrá estrictamente, y en su caso se extenderá el control de precios internos sobre los artículos de consumo necesario y materias primas, modificándolos únicamente en función del aumento acreditado en los costos.

Durante el tiempo que sea necesario, no se modificarán los precios en venta de los alimentos que maneja CONASUPO, sin perjuicio de ajustar los precios de garantía de los productos que compra, por el equivalente del aumento en sus costos para mantener el ritmo de la producción agrícola y apoyar el ingreso campesino.

La tasa de interés que perciben los pequeños ahorradores será aumentada sin que ello implique mayores costos financieros a los pequeños sujetos de Crédito.

Se combatirán con la mayor energía, en el ejercicio de todas las facultades legales con que cuenta el Estado, los ocultamientos y cualquier maniobra especulativa o de acaparamiento, relacionada con artículos de consumo necesario o con materias primas esenciales.

3. Evitar lucros indebidos.

No es justo ni conveniente que sector de la población obtenga beneficio alguno indebidos atribuibles a los efectos que el ajuste cambiario tenga sobre los precios.

Por ello el Ejecutivo Federal someterá próximamente al honorable Congreso de la Unión una iniciativa para el establecimiento de un impuesto especial que grave las utilidades extraordinarias o excedentes cuyo origen sea cambiario o provenga de una elevación excesiva en los precios de los bienes y los servicios.

4. Proteger la salud financiera de las empresas.

Es necesario conservar la capacidad financiera en nuestras empresas tanto públicas como privadas, para que continúen contribuyendo a la generación de empleos.

Para este fin, el Gobierno Federal otorgará tratamientos fiscales especiales a las empresas privadas y apoyos patrimoniales a las empresas públicas en los casos en que su situación se vea seriamente afectada por razones cambiarias.

5. Controlar el Déficit Público.

El sector público tendrá que reducir, en la medida necesaria, el déficit actual entre sus ingresos y sus egresos, sin disminuir el nivel de inversiones públicas de infraestructura, en actividades productivas y en asistencia social.

Para ello, observará una todavía más estricta programación y disciplina en el gasto público que la muy cuidadosa hasta hoy realizada y limitará el aumento en el gasto corriente del sector público federal al estrictamente necesario para el desarrollo eficaz de sus actividades.

La indispensable disciplina, sin la cual los programas económicos y financieros del gobierno no serían posibles, deberá aplicarse estrictamente, a efecto de alcanzar los objetivos anuales cuantitativos de ingreso y gasto de acuerdo con los programas que se establecerán para reducir el déficit a niveles adecuados, ajustándolo estrictamente a sus límites no inflacionarios y propiciando que el financiamiento bancario e institucional contribuya, en la proporción adecuada, a las necesidades económicas del sector privado.

6. Regular el crecimiento del Crédito.

La política crediticia, dentro de los nuevos programas, requería manejarse con instrumentos más precisos, tendientes a adecuarlos mejor a las necesidades del país a las actividades prioritarias y a los pequeños y medianos usuarios de crédito.

El crédito al sector privado, se manejará por el Banco de México, mediante el establecimiento de un sistema de crecimiento regulado, que tome en cuenta el movimiento estacional y anual de las actividades económicas respectivas, de sus necesidades de expansión y el movimiento conveniente en los niveles de precios del país.

Las medidas de programación económica y financiera y las de carácter administrativo que se establezcan para apoyarlas, serán complementadas mediante un sistema de regulación del crédito del Banco de México al sector público, con aplicación de cuotas trimestrales de financiamiento, relacionadas estrictamente con el ejercicio del presupuesto autorizado y con la mecánica de financiamiento del mismo, establecido por las autoridades hacendarias.

Los mismos criterios se aplicarán en el manejo de la deuda pública externa, con lo cual nuestro país seguirá contando con el buen crédito internacional de que ahora goza.

La nueva política cambiaría; las medidas de defensa de los precios, de los ingresos de los asalariados y de los sectores populares y campesinos, la protección a la situación financiera de las empresas públicas y privadas y el esfuerzo coordinado de pueblo y Gobierno permitirán alcanzar las metas del reajuste económico y financiero dentro de una política de generación de empleos y de progreso para todos los mexicanos, que son los objetivos permanentes que han nutrido a nuestras acciones.

En un régimen de flotación monetaria temporal la estabilidad de precios y del tipo de cambio se logra mediante la aplicación de políticas económicas y financieras sanas y congruentes, aplicadas con el apoyo y la colaboración solidaria de todos los sectores.

Sería incompatible con los propósitos que se persiguen que el sector empresarial, el sector obrero o las dependencias del propio sector público, aprovechando las circunstancias, tratarán de mejorar su participación en el producto social, ejerciendo presión para un aumento excesivo de las utilidades de los salarios o del ingreso y gasto fiscal.

El país y los sectores no asalariados y de ingresos fijos resultarían gravemente perjudicados.