Part 5

A ellos les compete solucionar sus diferencias por la vía del diálogo y no por la violencia y la irracionalidad.

Hemos dicho que el nuestro es un país de trabajadores.

Para afianzar la independencia nacional es imprescindible la cohesión de las filas obreras.

Cualquier fisura será aprovechada por los enemigos de México.

Dividir el movimiento obrero, no importa el lenguaje o el señuelo que se use, es estrategia contrarrevolucionaria.

Instituimos un sistema de coordinación de carácter consultivo que permitiera armonizar los intereses legítimos de los trabajadores y los empresarios, sin menoscabo de los intereses superiores del país.

Ese fue el sentido que inspiró la creación de la Comisión Nacional Tripartita.

En su seno se adoptaron decisiones que revelan una clara definición del papel de la empresa en la colectividad y se propusieron mecanismos para hacer viables los postulados constitucionales de justicia social.

Hemos mantenido un espíritu abierto al diálogo entre los factores de la producción, que no significa ni la claudicación de los principios, ni la mínima atenuación de las luchas populares.

Nunca hemos pretendido acallar las reivindicaciones laborales, ni mucho menos limitarlas al ámbito exclusivo del mejoramiento material.

El peso político de los obreros organizados es indiscutible.

Lejos de inhibir su afán de participar en las grandes decisiones nacionales, reconocemos el papel que han representado para impulsar las causas patrióticas y revolucionario, y alentamos su proyección a las batallas presentes y futuras por la independencia y la justicia.

Por ello hemos sostenido que el sindicalismo no puede confiarse históricamente a la exclusiva defensa de los intereses económicos de sus agremiados.

Tiene la responsabilidad de insertar su acción en un contexto más amplio y de tomar la iniciativa en la lucha que libramos por la incorporación de millones de hombres y mujeres a la actividad productiva, a la organización política, a la educación, a la cultura y al bienestar.

C. Bienestar Social

Sin satisfacer su nivel razonable de nutrición el hombre no puede fincar su avance hacia más altos estadios de convivencia y de dignidad.

Hoy todavía, mientras en una cuantas sociedades opulentas se derrochaban los bienes a través de hábitos de consumo inmoderado, dos terceras partes de la humanidad padecen hambre, en virtud de un orden internacional injusto.

A establecer una nueva relación entre todos los pueblos de la Tierra para superar esta lacerante realidad, se han dirigido nuestros empeños en el ámbito internacional.

En México, por los esfuerzos que hemos realizado en materia de inversión, abastecimiento de insumos, crédito y construcción de obras de riego en el campo, hemos quedado a salvo de esta grave amenaza.

Pero todavía padecemos índices de desnutrición en las zonas marginadas, que no corresponden a nuestros postulados de justicia social.

El aumento en la producción de alimentos no asegura por sí mismo una mejor nutrición de la población.

Es indispensable que ese proceso vaya acompañado de una eficiente y justa distribución, que ponga tales bienes esenciales al alcance de las clases populares.

En ese sentido hemos tomado diversas medidas, que van desde el apoyo al autoconsumo familiar en las zonas marginadas, el fortalecimiento de los organismos públicos reguladores, la protección del consumidor y la vigilancia a los intermediarios, hasta la orientación a la población para mejorar sus hábitos alimenticios, al mismo tiempo que hemos impulsado la investigación científica con miras a obtener fórmulas más nutritivas y aprovechar los grandes recursos de proteínas aún inexplotados.

Pusimos en marcha un programa nacional de producción de carne y huevo para el consumo familiar de los campesinos más pobres, aprovechando los recursos naturales que los rodean.

Se trata de acudir en auxilio de los sitios marginados con la entrega de paquetes familiares pequeñas especies a precios sumamente bajos y mediante créditos blandos que pueden ser cubiertos con las crías que produzcan.

El sistema CONASUPO de distribución de productos básicos opera con 11 mil establecimientos, 10 veces más que en 1970.

En ellos realiza ventas por 60 millones de pesos diarios y contribuye a frenar la especulación con los artículos de primera necesidad, permite a grandes núcleos humanos consumir productos de buena calidad, en cantidad suficiente, a precios bajos, aumentando así el poder adquisitivo del presupuesto familiar.

Hay quienes desde algunas empresas privadas critican el subsidio al consumo popular.

Olvidan o pretenden pasar por alto que son ellos precisamente los que, a pesar de haber gozado en el pasado, de subsidios de todo orden, no han puesto los satisfactores fundamentales al alcance de las mayorías, ni han creado, con sus ganancias, los suficientes empleos para reducir la marginación social.

Actualizamos la estructura de regulación de precios para proteger el poder de compra de los sectores populares, sin afectar el dinamismo de la economía.

En 1974 expedimos un decreto que establece el control rígido sobre los precios de 29 artículos de consumo básico que incluyen alimentos y medicinas, y regula la venta de otros bienes, cuyos precios podrán aumentar en la medida en que se eleven los costos, pero exclusivamente en esa medida.

Con ello se han evitado incrementos que hubieran significado, en un conjunto, cerca de 5 mil millones de pesos, en perjuicio del consumidor.

En la defensa de la economía popular, hemos creado instituciones en las que participan activamente las organizaciones sociales.

De los estudios del Comité Nacional Mixto de Protección al Salario, creado en este sexenio, acogimos la idea de iniciar la Ley Federal de Protección al Consumidor, que entró en vigor el 5 de febrero del presente año, y que instituyó la Procuraduría Federal de Defensa del Consumidor, que a la fecha opera en 20 localidades del país.

No podemos permitir que la baja capacidad adquisitiva de grandes sectores populares se reduzca aún más por la acción de algunos comerciantes que utilizan prácticas engañosas y violan la Ley.

El Instituto Nacional para el Consumidor, también creado en este período, realiza una intensa labor de orientación al público con el objeto de liberarlo de los efectos de una publicidad perniciosa puesta al servicio del derroche o la generación de falsas necesidades.

Creamos el Fondo Nacional de Fomento y Garantía para el consumo de los Trabajadores FONACOT, a fin de rescatar a cientos de miles de familias obreras de los onerosos e inmorales sistemas de crédito que suelen aplicar algunas casas comerciales.

Este organismo constituye además un instrumento dinamizador de la economía que al racionalizar y promover la adquisición de satisfactores de consumo duradero, promueve, al mismo tiempo, la producción masiva de artículos, estimulado la oferta, generando empleos y ocupando capacidades industriales antes ociosas.

El FONACOT ha beneficiado, en menos de dos años de existencia, a 430 mil familias obreras y otorgado créditos por 3 mil millones de pesos.

Afrontamos con decisión el gran desafío que constituye satisfacer la demanda de morada digna de una población en constante aumento.

Había que abandonar en el campo de las conquistas sindicales viejas ideas individualistas.

No bastaba por ello conformarse con el cumplimiento de esta obligación constitucional por parte de las empresas de gran capital, sino había que asegurar también que los trabajadores de negociaciones medianas y pequeñas, los campesinos y los grupos marginados tuvieran la posibilidad de contar con hogares decorosos.

Iniciamos las reformas al artículo 123 constitucional y a la Ley Federal de Trabajo, que culminaron con la creación del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, el INFONAVIT.

El INFONAVIT, organismo tripartita, ha comenzado apenas ha trabajar.

Su eficacia todavía es parcial, como ocurrió inicialmente con el Seguro Social.

El Congreso del Trabajo ha mostrado inquietudes muy dignas de tomarse en cuenta, a efecto de que el INFONAVIT sea reformado y así pueda incrementar el número de casas que, de ahora en adelante, pueda construir para los trabajadores.

Nosotros estamos de acuerdo.

Esperamos que la representación obrera en ambas Cámaras, previo estudio de la demanda del Congreso del Trabajo, presente a discusión las reformas que sean necesarias para mejorar el INFONAVIT, que pertenece a los trabajadores.

De diversos sectores han emergido críticas en los últimos dos años.

Yo estimo que las críticas son justificadas.

Pero la actitud creadora requiere que se profundice en el estudio y que se dé dimensión constructiva a las inquietudes que han motivado estas críticas.

Se necesita que muchos de los técnicos, ingenieros, arquitectos, economistas que pertenecen a los sindicatos, a las centrales que integran el Congreso del Trabajo., den una cooperación profesional eficaz; que los propios obreros les abran las puertas de la Institución, que analicen a fondo su actual estructura, para lograr que sus recursos financieros sean más fecundos.

Después de recorrer en muchas ocasiones toda la República, y considerando la necesidad de impulsar la descentralización industrial del Valle de México, de Guadalajara, de Monterrey, de Querétaro y de otras poblaciones, el día primero de mayo hice ver a los obreros y a los empresarios, así como a los representantes del Ejecutivo Federal en el Instituto , que en mi opinión se hace indispensable aprovechar la vieja infraestructura de muchas poblaciones de México en donde existen servicios de todo género, precisamente para el desarrollo de nuevas zonas industriales y, al mismo tiempo, de zonas habitacionales del INFONAVIT.

Esto, después de hacer estudios sociológicos a fondo, después de consultar a la base de los trabajadores, podría demostrar las conveniencias de adquirir terrenos más grandes, con casas más pequeñas que puedan crecer paulatinamente, como crece la familia, y resolver así un problema que no puede atenderse, que insoluble en las unidades habitacionales que construimos en las ciudades.

De esta manera los familiares, las mujeres de los obreros sindicalizados podrían tener, además, espacio para sembrar hortalizas y establecer apiarios, pequeños establos o pequeñas industrias.

Nuestras mujeres y sus hijos tienen atrás el sentido campesino de la vida.

En los suburbios de nuestras grandes ciudades vemos cómo hay sobrevivencia, aunque en forma muy pequeña -a veces simbólicas-, como una nostalgia del campo de estas pequeñas actividades agropecuarias que contribuyen a la alimentación popular.

Yo reitero aquí mi indicación a los representantes gubernamentales ante el INFONAVIT, y exhorto a los obreros y a los empresarios -sobre todo a los obreros- para que le den un sentido social más extenso al Instituto, a fin de que pueda favorecer a mayor número de beneficios de los créditos; pero también un sentido social más profundo, al fomentar y encauzar la capacidad creadora de los familiares de los obreros sindicalizados, a efecto de que en terrenos más amplios, con mayor cercanía a la naturaleza, fuera de la contaminación de las ciudades, evitando las grandes distancias que tienen que recorrer frecuentemente los trabajadores -a veces representa recorridos de dos o tres horas desde antes del amanecer- lo cual es lo más contrario a la productividad, y se promueven los estudios y reformas para abrir paso a un nuevo sentido de la habitación obrera y, al mismo tiempo, de la descentralización industrial.

Si vamos a fabricar los grandes equipos para evitar en los años futuros las enormes importaciones que ahora requieren las industrias del petróleo, la electricidad y la siderurgia, es necesario también robustecer nuestra propia concepción del desarrollo, y seguir llevando las fabricas, los caminos y las casas fuera de las actuales ciudades y zonas industriales superurbanizadas y contaminadas.

Es necesario volver los ojos al campo.

A mí me parece que es de estricta justicia social no destruir la salud de los obreros, no desperdiciar su capacidad creadora con esa pérdida de tiempo, simplemente al transportarse.

No afectar su salario -que como hemos visto en un 50 por ciento se limita al salario mínimo- con el gasto del transporte.

Por su parte los empresarios deben desembarazarse de indiferencias y criterios tradicionales, de la comodidad de las grandes ciudades, para salir a las nuevas zonas industriales e ir a vivir allá: más cerca de los obreros y más cerca de la naturaleza.

Así como en los próximos años se resolverán muchos problemas.

Se reestructuró el Instituto Nacional para el Desarrollo de la Comunidad Rural y de la Vivienda Popular y se establecieron otros organismos como el Fondo para la Vivienda de los Trabajadores del estado y el Fondo de la vivienda para los miembros del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada.

La acción de estas Instituciones, unida a la realizada por los organismos existentes, hizo posible la construcción de más 300 mil unidades en el sexenio, más del doble que las edificadas en los 20 años anteriores.

El INFONAVIT afilia a cuatro millones de trabajadores de 232 mil empresas, y al término de la presente administración habrá asignado 135 mil créditos, concluido 110 mil viviendas y programando otras 120 mil en 121 localidades del país.

Este es sólo el arranque de un organismo que en el futuro deberá ir perfeccionando sus sistemas con la participación de sus integrantes, fundamentalmente de sus beneficiarios, los trabajadores.

El Fondo para la Vivienda de los Trabajadores al Servicio del Estado ha edificado 26 mil 910 viviendas en beneficio de 130 mil derechohabientes y en fecha próxima entregará otras 6 mil 300.

El Instituto Nacional para el Desarrollo de la Comunidad Rural y de la Vivienda Popular, ha integrado y ejecutado el Programa Candelillero; el Plan Nacional Ixtlero; el Nacional Cañero, el Programa de Hogares Ferrocarrileros y el de Unidades Habitacionales, a través de los cuales ha edificado o remodelado hasta la fecha, un total de 55 mil casas que albergan más de 312 mil personas de escasos recursos.

El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos ha financiado la construcción de 23 mil 483 viviendas y la realización de diversos proyectos de desarrollo urbano con 19 mil 257 unidades que alojan a 250 mil personas.

Con base en el Programa de Habitación Popular realizado por el Departamento del Distrito Federal, al concluir la presente administración se habrán terminado 14 unidades habitacionales y 4 conjuntos urbanos, integrados por 36 mil 505 viviendas, así como el equipamiento de 8 fraccionamientos populares que constan de 8 mil predios.

Este programa beneficiará a 250 mil habitantes, permitiendo el reacomodo de 90 mil personas que habitan en 170 ciudades perdidas.

En la prevención de las enfermedades y la atención médica, no debe haber sector de la sociedad apartado de la solidaridad nacional.

Actualizamos la legislación en este campo, en consonancia a los requerimientos de la época, a través de un nuevo Código Sanitario que abre el camino a los programas de planeación familiar y paternidad responsable, al trasplante de órganos y tejidos y a una más adecuada reglamentación del ejercicio de la medicina.

El Plan Nacional de Salud, adoptado en 1973 y proyectado para una década, nos ha conducido hacia objetivos más acordes con nuestras ingentes necesidades de justicia. Un solo dato puede ilustrar los resultados de esta labor.

La mortalidad infantil decreció en estos 6 años en un 40 por ciento, al pasar de 69 a 38 por mil nacidos.

La mortalidad general se redujo del 9.9 en 1970 a 7 mil habitantes en 1976.

Estas cifras nos aproximan a los índices de sociedades más prósperas y nos sitúan por encima de países en semejante situación económica.

Ello tiene un significado mayor.

Nosotros lo hemos hecho con nuestros modestos recursos, sólo que destinados no al armamentismo ni al consumo dispendioso, sino al bienestar compartido.

Dentro de los programas de prevención de las enfermedades, se han aplicado un total de 217 millones de vacunas, producidas todas ellas en los laboratorios de la Secretaría de Salubridad y Asistencia.

Con ello hemos logrado erradicar, casi en su totalidad, los males que tradicionalmente habían afectado a grandes núcleos de población.

Durante el presente sexenio se construyeron mil 846 unidades de salud, elevándose el número de camas disponibles a 65 mil.

La creación de 242 unidades médicas para el sector rural, 60 clínicas - hospital y cerca de dos mil casas de salud, atendidas mediante el programa de médicos comunitarios, es una muestra más de la atención que hemos dado a este sector.

El primer día del actual Gobierno ofrecimos extender los beneficios de la seguridad social al mayor número de mexicanos.

Hoy puedo informar que en conjunto, las instituciones de seguridad social han aumentado la población derechohabiente de 11 millones 119 mil a 25 millones 20 mil personas, lo que representa más de 100 por ciento de incremento.

La nueva Ley del Seguro Social modificó esquemas tradicionales e hizo posible que comenzaran a llegar hasta los lugares más aislados del país la asistencia y la protección social.

A través de los programas de solidaridad hemos acudido en auxilio de lo grupos más desprotegidos, sin importar su capacidad contributiva.

Los habitantes de la zona ixtlera, los tabacaleros de Nayarit, los henequeneros de Yucatán , los tejedores de fibra de Región Mixteca de Oaxaca, Puebla y Guerrero, los ejidatarios del Plan Chontalpa y de la Comarca Lagunera, los productores cafetaleros, los candelilleros, los apicultores, los cacaoteros, los copreros, los trabajadores forestales, los resineros, los mineros, los tejedores de palma y los campesinos de las zonas áridas y temporaleras reciben ahora, al igual que sus familias, la atención del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Esto significa que actualmente el número de campesinos protegidos representa más del 400 por ciento de los atendidos en 1970.

En total, la población amparada por el Instituto asciende a 21 millones 195 mil personas.

Se promovieron modificaciones al marco jurídico que rige las actividades del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del estado, a efecto de incluir a los trabajadores a la lista de raya y mejorar los servicios médicos y asistenciales en beneficio de los servidores públicos.

En este periodo el ISSSTE elevó su población derechohabiente en un 183 por ciento, al pasar de 1 millón 347 mil en 1970 a 3 millones 825 mil en 1976.

Atender la conservación y el mejoramiento del medio ambiente como elemento básico de salud y aún de sobrevivencia en nuestros días, ha sido otra tarea que inició el actual Gobierno.

En marzo de 1971 entró en vigor la Ley para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental, que ha hecho posible, hasta ahora, registrar 58 mil fuentes fijas contaminantes, de las cuales 42 mil se encuentran controladas.

En la atención a la niñez se sobrepasaron significativamente las metas y los objetivos programados.

No olvidaremos la mirada y la presencia de los niños del campo y de los que habitan los barrios pobres de la ciudad, los que pisan descalzos nuestra tierra para ir a la escuela, lo que no han tenido padres responsables, los que han sufrido hambre, lo que no hablan español y tienen que enfrentar un medio hostil, así como todos lo que ayudan en labores desproporcionadas para su edad.

A elevar sus condiciones de vida y preparar para ellos un futuro más justo y más libre se han dirigido los esfuerzos más nobles de estos años.

El Instituto Nacional de Protección a la Infancia fue transformado en el Instituto Mexicano para la infancia y la Familia, y la Institución Mexicana de Asistencia a la Niñez, IMAN, inició la ampliación de sus servicios al medio rural y a la provincia.

Sus resultados son el fruto de una nueva teoría y una nueva práctica de la solidaridad social.

A través de ella se han liberado importantes fuerzas de transformación, sobre todo femeninas, que hasta hace unos años se frustraban en los perjuicios y en pasatiempos frívolos.

Sólo en el medio rural un millón de mujeres campesinas se comprometen, voluntariamente, en el mejoramiento de sus comunidades, y miles de mujeres de las ciudades acuden en su apoyo a través de un Plan Nacional Coordinado que cubre 30 mil centros de población en cuatro quintas partes del país.

Quince mil parteras empíricas se han incorporado al sistema nacional de salud; se han promovido un millón 80 mil huertos familiares; se han distribuido 612 millones 507 mil raciones alimenticias para lactantes, madres gestantes y niños, y se han establecido centros vacacionales para niños campesinos en Nayarit, Veracruz, Quintana Roo, Guerrero, Sinaloa y Aguascalientes.

Todavía falta un largo trecho por recorrer pero este despertar de la iniciativa, el ingenio y la voluntad solidaria de la mujer mexicana augura una marcha más acelerada para acabar con todo este vestigio de opresión.

Esta obra me obliga a romper una tradición y a ofrecer público reconocimiento a quien ha sido mi compañera en el sentido pleno de la palabra, a quien no ha abandonado un solo día su espíritu de participación y se ha comprometido con humildad en el aprendizaje de la sabiduría del pueblo, a quien lucha denodadamente al lado de los campesinos y de los pobres de la ciudad, a una intérprete fiel de la política social de la Revolución Mexicana y promotora incasable de una nueva moral revolucionaria.

A ella y a todas las promotoras sociales voluntarias, a todas las mujeres que han ofrecido su trabajo solidario y patriótico en beneficio de nuestro pueblo, expreso hoy mi reconocimiento más emocionado y más sincero.

Hemos observado, señores senadores y diputados, en relación con lo anterior, situaciones muy significativas: en todas las zonas militares hemos constatado, casi desde el principio de esta administración, que la señoras esposas de los generales, jefes y oficiales han dedicado su imaginación y grandes esfuerzos, desinteresados, para establecer centros de preparación de trabajo y estudio, tendientes a mejorar la vida de las familias de los elementos de base de nuestro ejército.

Las señoras esposas de los comandantes de zona han encabezado, en verdad, importantes tareas sociales cuyos frutos hemos podido apreciar objetivamente. a ellas, en múltiples ocasiones, le hemos dicho que esto se los agradecemos profundamente; que nuestro ejército ahora suma a su capacidad profesional y académica del más elevado rango, que se incrementará con la Universidad del Ejército y la Fuerza Aérea, con un hondo sentido social que, sin duda, ha llevado grandes beneficios a nuestros esforzados soldados y sus familiares.

Nosotros comprendemos lo que significa para las esposas y los demás familiares de los integrantes de nuestras fuerzas armadas cada cambio de adscripción.

Lo que significa esperar en el antiguo sitio de residencia a que los hijos concluyan su año escolar e inscribirlos después en otras escuelas con niños que antes no conocían.

Lo que significa levantar la casa, salvar algunos muebles y sufrir su deterioro al ser enviados al lugar de nueva adscripción de sus esposos.

Y esta lealtad tiene su origen histórico en las compañeras de nuestros soldados revolucionarios.

Con gran esfuerzo, decoro y dignidad ahora, desde esta Administración, han comenzado a desarrollar un renovado sentido de la solidaridad hacia los miembros más modestos de nuestras Fuerzas Armadas y, sin duda, en los años próximos se ampliará en beneficio de ese sector tan importante de nuestro pueblo, que defiende nuestras instituciones y que mantiene y acrecienta su lealtad a la democracia.

Aquí les repito mi agradecimiento, señoras

De dos millones de niños que nacen al año, todavía uno nace sin servicios médicos profesionales.