Part 4

Para evitarlo, todos los sectores, el empresarial, el público, el sector obrero organizado y el campesino, deben coordinar su acción para que, sin beneficio indebido de ninguno de ellos, se encaucen y orienten las actividades hacia una mayor producción y eficiencia del trabajo, del capital y de la administración pública.

En épocas de reajuste, por favorables que sean las perspectivas, como en nuestro caso, la voluntad de cooperación debe llevarse al máximo posible y materializarse con el más alto grado de solidaridad social.

Es cierto que el país tiene aún que enfrentarse a difíciles situaciones, que subsisten graves contradicciones sociales y que no han desaparecido, ni desaparecerán fácilmente, las influencias que pretenden alterar nuestros objetivos.

Es indudable, sin embargo, que todos estos problemas se habrían agudizado de no tomar las decisiones que tomamos.

Si hubiéramos actuado con incertidumbre o timidez en vez de llevar adelante las previsiones de la planeación democrática que adoptamos, en estos momentos estaríamos importando una gran cantidad de alimentos y considerables volúmenes de hidrocarburos, seríamos incapaces de satisfacer nuestros requerimientos de electricidad, siderurgia y fertilizantes, se habrían ahondado los desequilibrios regionales y acentuando los rezagos sociales de educación, salud y vivienda y la escasez y la carestía habrían alcanzado los niveles críticos, de muchos otros puntos de la Tierra.

Después de haber logrado avances fundamentales en todos los órdenes y de haber superado las graves deficiencias estructurales que lastimaban el progreso nacional, derribamos una barrera más para transitar en el futuro con menos estrechez, con mayor seguridad en la búsqueda de los objetivos esenciales de nuestra democracia social.

Para llegar a este punto mantuvimos siempre una actividad resuelta y una confianza profunda en los destinos del país.

Nunca hubo titubeos para tomar una decisión que incrementara nuestras posibilidades de ir adelante o que consolidara los logros.

Hoy, con esa misma determinación, enfrentamos los nuevos obstáculos que se hallan en nuestro camino y tomamos con valentía las decisiones que las circunstancias demandas para que las conquistas de estos seis años produzcan, plenamente, los frutos a que el pueblo tiene derecho.

La economía no es una actividad que se agote en sí misma.

Forma parte de la compleja trama de las relaciones sociales, dentro del país y en el orden internacional.

En México, es un instrumento básico, pero, insisto, sólo un instrumento, entre otros, al servicio los altos fines políticos y sociales de la nación.

Nuestra comprobada capacidad de realización para consolidar y reactivar la economía del país permite observar el futuro con sereno optimismo, pues lo más importante de nuestras acciones en materia de planeación del desarrollo y política económica no puede medirse en cifras, ni sus resultados, con ser importantes en el corto plazo, podrán evaluarse en su verdadera dimensión sino a lo largo de los próximos años.

Al adoptar hoy esta importante medida de política económica que aumentará la competitividad de nuestras exportaciones y la producción de bienes y servicios, lo hago, porque ante la proximidad del cambio del Gobierno, este es el momento más oportuno.

Ello le permitirá reactivar la economía y de esta manera multiplicar empleos, alimentos, vivienda, vestido, educación, seguridad social y, en suma, promover mejores niveles de vida para las grandes mayorías nacionales.

El amplio respaldo popular que lo conduce a la Presidencia de la República, y su probada experiencia en el certero manejo de los asuntos económicos del país y, sobre todo su patriotismo, garantizan que el próximo, Presidente de la República, y con él la próxima administración sabrán aprovechar estas medidas para impulsar aún más el progreso del pueblo mexicano

POLITICA SOCIAL I

Es en la política social donde los gobiernos surgidos de una revolución ponen a prueba su legitimidad y su eficiencia.

Las conquistas populares no se traducen a la realidad por el sólo hecho de haber quedado plasmadas en la Carta Fundamental.

Su aplicación exige el impulso constante y organizado de las nuevas fuerzas sociales para avanzar en la destrucción de las estructuras del pasado y construir las del porvenir.

En 1970, los postulados esenciales de la Constitución que disponen el reparto equitativo de la riqueza y la justicia en las relaciones colectivas, habían sido sometidos a graves aplazamientos.

Con el abandono circunstancial de los principios y la desviación de los objetivos, se cultivó una mentalidad individualista a ultranza y fuimos de una penetración ideológica cuyo máximo signo de éxito es el enriquecimiento de una minoría a costa de la explotación del hombre y cuya concepción de la vida se reduce a un sentido de la competencia que desconoce los más altos valores humanos.

Para invertir esta situación y rescatar los principios solidarios de nuestra identidad nacional, el Gobierno acudió a su legítimo sustento: a la expresión democrática de las mayorías a la manifestación libre de sus demandas y aspiraciones diferidas, a la promoción de sus derechos por medio de una vasta movilización de las conciencias, a la rearticulación, desde la Ley, de las fuerzas que hicieron la Revolución.

El despertar de la conciencia crítica y de la participación popular resultaba indispensables para combatir en la base del cuerpo social, un modelo productivo que pretendía supeditar los supremos intereses de México a las exigencias de una clase social privilegiada.

Era imperativo mostrar al pueblo las contradicciones y las carencias del país, así como rechazar el camino fácil de una propaganda interesada en presentar la acumulación y el derroche como sinónimos de bonanza nacional.

Nos enfrentamos al conformismo y llamamos a los problemas por su nombre.

En ningún momento encubrimos ni disculpamos la explotación y la injusticia dentro o fuera de nuestras fronteras.

A través de la discusión y el análisis de las situaciones adversas, en sus causas y en sus efectos, establecimos prioridades acordes con las demandas y aspiraciones auténticas de la población.

Así con el concurso de todos, pero con la voluntad puesta a favor de los obreros y los campesinos reencontramos nuestro propio camino hacia la justicia dentro de la libertad.

A los campesinos y a los obreros debemos la creación de nuestras instituciones más avanzadas.

Fueron sus luchas las que nutrieron el movimiento revolucionario, ellos son los verdaderos autores del Derecho Social Mexicano, precursor en el mundo.

Con ellos y para ellos hemos actuado leal e infatigablemente.

Para ellos y por ellos construimos nuestra democracia social.

A. Política Agraria

La Revolución no se hizo para reemplazar la vieja estructura feudal en el campo, por nuevos sistemas de opresión.

Esta convicción ha presidido todos nuestros actos.

El campesino que reclama tierras, el ejidatario, el comunero, el colono y el auténtico pequeño propietario han tenido en el Gobierno un gestor incansable de sus derechos.

El reparto de tierras no constituye una meta a plazo fijo, porque siempre pueden surgir situaciones de irregularidad.

A partir de la modificación al párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución y de la Ley Federal de Reforma Agraria, de la Ley Federal de Aguas y de la Ley General de Crédito Rural, promulgadas durante esta administración, pudimos acelerar la regularización de la tenencia e iniciamos una nueva etapa de la Reforma Agraria, fincada en la organización campesina y en la programación de las actividades agropecuarias.

Para evitar que el hombre del campo distraiga su tiempo en complicaciones burocráticas, todavía es necesario dar mayor agilidad a los procedimientos y a los trámites agrarios.

Debemos combatir en nuestro orden jurídico las reminiscencias de un derecho de clase que frustra, en el procedimiento, el acceso del hombre agredido o despojado, a la justicia que le corresponde.

En el actual período de sesiones del honorable Congreso de la Unión, enviaré a esta soberanía una nueva iniciativa para transformar varios preceptos de la Ley Federal de la Reforma Agraria, con el objeto de abreviar los procesos en beneficio, tanto de los ejidatarios, como de los comuneros y de los parvifundistas.

Durante estos años hicimos frente, en forma decidida, a los numerosos vicios acumulados en materia de administración agraria.

Transformamos el antiguo Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización en la Secretaría de la Reforma Agraria, y se dotó de los elementos humanos y materiales adecuados, lo que permitió superar un enorme rezago en la solución de los conflictos, y desenmarañar una compleja red de ineptitudes y de intereses ilegítimos.

Sólo en materia de Derechos Agrarios se tenían 144 mil 640 instancias de campesinos sin respuesta, mientras 4 millones 201 mil 66 hectáreas se habían repartido, sólo en el papel.

Con los 12 millones 38 mil 362 que resolvimos distribuir en el sexenio, entregamos en total 16 millones 239 mil 428 hectáreas.

Se crearon 482 centros de población ejidal, se ampliaron 699 ejidos y se firmaron 939 resoluciones de dotación y 356 de restitución, confirmación y titulación de bienes comunales.

Dentro de este mismo empeño de rectificación, se dictaron 7 mil 896 resoluciones que privaron de sus derechos a individuos que no trabajaban la tierra, para adjudicar la superficie que detentaban, a campesinos auténticos.

Para regularizar las colonias agrícolas y propiciar su organización en unidades productivas, habremos expedido al final de la presente administración 12 mil 46 títulos de propiedad que amparan poco más de un millón de hectáreas ganadas para la producción y el beneficio de los campesinos.

Como resultado de las investigaciones para determinar las tierras patrimonio de la Nación, fueron emitidas 128 declaratorias de terrenos nacionales que abarcan 4 millones 138 mil, 347 hectáreas, hoy destinadas a la creación de núcleos ejidales.

Se expidieron 22 mil 556 certificados de inafectabilidad, en sus diferentes modalidades, en favor de quienes comprobaron ser legítimos pequeños propietarios.

La construcción de obras que el interés nacional reclamaba, hizo necesario expedir 779 decretos de expropiación que afectaron una superficie de 107 mil 985 hectáreas, por las que se entregaron mil 438 millones de pesos a los campesinos, como indemnización.

El crecimiento de las ciudades ha dado lugar a diversas irregularidades en perjuicio de los ejidos que los rodean.

La Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra -CORETT- creada por el actual Gobierno para proteger los derechos tanto de quienes han adquirido de buena fe predios para construir sus moradas, como de los campesinos, ha hecho posible que el término de mi mandato queden normalizadas estas situaciones a través de 160 decretos de expropiación que afectan una superficie de 23 mil 12 hectáreas, por las cuales se habrán entregado a los campesinos mil 930 millones de pesos, y se habrán beneficiado con la seguridad jurídica de sus predios 3 millones 511 mil personas.

La alta tecnificación importada no es el único camino para el progreso rural.

Estamos encontrando fórmulas para modernizar nuestra agricultura y elevar sus rendimientos sin sacrificar nuestras metas de justicia social.

A través del impulso a la colectivización se abrieron cauces para el ejercicio de la conciencia solidaria del campesino y se amplió el ámbito de su actividad para hacerlo partícipe pleno en las tareas de administrar mejor sus empresas, así como de industrializar y distribuir sus productos.

El Plan Nacional de Organización y Capacitación Campesina incluye ahora 8 mil 130 ejidos que se preparan para sumar el esfuerzo individual y multiplicar los beneficios; 884 de ellos están en plena fase de consolidación colectiva y se han integrado 194 Uniones que agrupan a 3 mil 574 ejidos que ya participan en diversos aspectos de la planificación, producción industrialización y venta de sus propios productos.

El Estado acudió en defensa de los precios de los productos agrícolas, que constituyen el salario de los campesinos.

De 1970 a 1976 el precio de garantía del maíz pasó de 940 a 2 mil pesos la tonelada, lo que significa un incremento de 113 por ciento; el del frijol, de mil 750 a 6 mil pesos, el 243 por ciento; el del trigo de 800 a mil a 750 pesos, el 119 por ciento; el de arroz de mil 200 a 3 mil pesos, un 150 por ciento; el del sorgo, de 575 a mil 600 pesos, un 178 por ciento; el del cártamo de mil 500 a 3 mil 200, un 113 por ciento; y el del ajonjolí, de 2 mil 500 a 6 mil, un 140 por ciento.

Además, se fijó un precio de garantía de 3 mil 500 pesos, a la soya, producto que no estaba comprendido en esta política.

En la vieja estructura de precios del producto agrícola se originaban en gran parte los agudos desequilibrios regionales.

No era posible ni por razones de equidad social, ni por imperativos de funcionalidad económica, seguir permitiendo que el crecimiento industrial y urbano pesara sobre la miseria de los campesinos.

Estas acciones, aunadas a las que se realizaron en el marco de la nueva planeación del sector agropecuario, nos permitieron recuperar la autosuficiencia en la producción de alimentos.

El Pacto de Ocampo, celebrado hace casi dos años, constituye el acuerdo básico que reagrupa a las principales organizaciones campesinas para la defensa de los derechos de sus miembros.

Unidos por su conciencia solidaria, los campesinos están superando la disgregación de sus esfuerzos, para llevar adelante la Reforma Agraria.

Hemos sostenido que en México todo problema, todo conflicto entre intereses legítimos tiene solución a través de la Ley así como del diálogo civilizado.

Con esa disposición el mes de diciembre último comenzó a funcionar la Comisión Tripartita Agraria, como un foro para que los pequeños propietarios, los ejidatarios, los comuneros y las autoridades estatales y federales, resuelvan las controversias y alejen la posibilidad de explosiones de violencia que sólo benefician a quienes se oponen al progreso del país.

Sin embargo, en los últimos meses se ha hecho ostensible una campaña de confusión patrocinada por quienes a sabiendas de haber violado los derechos de los campesinos, contaban ilusoriamente con que la Revolución Mexicana había olvidado para siempre sus obligaciones y sus objetivos básicos.

Para unos pocos que tienen cuantiosos recursos para pagar su propaganda a través de todos los medios, hay inseguridad en la tenencia de la tierra.

Para otros, la gran mayoría de los hombres del campo, los que no pueden promover una costosa publicidad porque sólo tienen un pedazo de tierra o la esperanza de alcanzar una vida digna, la acción del Estado es la única que puede ofrecerles la garantía de que sus derechos serán respetados.

A éstos el Gobierno no los abandonará.

Hoy reiteramos: no se han alterado las reglas de la convivencia en el campo.

Lo que sucede realmente es que ahora existe la clara disposición de aplicarlas hasta sus últimas consecuencias.

La seguridad en el campo tiene que fincarse en el respeto a la Ley.

La otra seguridad, esa seguridad a la que apelan unos cuantos empresarios agrícolas, siempre será falsa por estar basada en la violación de la Constitución y en la burla a los campesinos que la inspiraron, con su fuerza revolucionaria, en las primeras décadas del siglo.

Hemos respetado y hacemos respetar la seguridad jurídica en el medio rural. Hay seguridad para invertir y producir, pero no para explotar a los campesinos.

En México hace más de 100 años quedaron suprimidos los fueros.

Nadie podría justificar ahora el establecimiento de una nueva forma de privilegio contra la Ley, mediante una concepción malentendida de la productividad.

Estamos extirpando ese interesado prejuicio de que la eficiencia en el agro mexicano exige la represión de las demandas campesinas.

No hay sociedad más ineficiente que aquella que condena a la miseria a las grandes mayorías, porque está sembrando las semillas de su propia destrucción.

Tampoco justificamos la ineficiencia de ningún grupo; lo que da sustento a la posición del Gobierno, es su lucha al lado de los más desprotegidos para crear las condiciones de una verdadera igualdad, material y cultural, que haga posible el desenvolvimiento de la capacidad plena de todos los mexicanos.

Esa es la verdadera eficiencia y la verdadera productividad, las que se fincan en la justicia y en el equilibrio, las que distribuyen con equidad las cargas y los beneficios del desarrollo.

Los auténticos pequeños propietarios entienden claramente que sus intereses están vinculados a los del ejidatarios, su verdadero compañero de clase, y no los del latifundista, que ha pretendido arrastrarlos a una causa que no es la suya y que en cambio desvirtúa la defensa de sus derechos.

Hay un costo que escapa a los libros de contabilidad de algunos impugnadores de la Reforma Agraria, el costo de la verdadera paz en el campo, que es la paz social del país.

No una paz aparente, que podría quebrarse en cualquier momento por el estallido de la justificada desesperación de millones de compatriotas, sino la paz cimentada en el respeto al derecho de los campesinos y al de los auténticos pequeños propietarios.

B. Política Laboral

La estrategia del desarrollo compartido se ha orientado a corregir las graves distorsiones de una planta productiva que se mostró incapaz de absorber la oferta creciente de mano de obra, y cuyos beneficiarios, durante décadas de inmovilismo, se habían habituado a diferir sistemáticamente las demandas laborales.

Pensaron, seguramente, que el vigor creativo de la Revolución estaba liquidado.

Hoy deben saber que la mayoría aquí representadas no descansarán hasta destruir la urdimbre de intereses que hizo posible a los emisarios del pasado suplantar la voluntad del pueblo.

El Gobierno actuó en dos direcciones básicas.

Por una parte, estimuló la inversión productiva y participó directamente en la creación de nuevas fuentes de empleo.

Por otra, creó nuevos mecanismos y perfeccionó los existentes para dar respuesta inmediata a las demandas obreras.

Todos los instrumentos de la política económica, los programas de inversión, el fomento de las exportaciones, el crédito público y las medidas antiinflacionarias fueron orientadas al objetivo central de crear fuentes de ocupación que permitieran elevar las condiciones de vida de millones de compatriotas.

Para contribuir a dar respuesta a este desafío, se creó el Servicio Público del Empleo, como un mecanismo para vincular la oferta y la demanda de mano de obra, apoyado por el Centro Nacional de Información y Estadísticas del Trabajo, que ha permitido contar con datos confiables para programar soluciones a mediano y largo plazo.

Elevar la productividad social implicó redoblar los esfuerzos de capacitación destinados, tanto a quienes ahora tienen empleo, como a los que falta de preparación no tiene aún acceso a las fuentes laborales.

A este empeño obedece el establecimiento, durante el actual régimen, del Centro de Estudios Históricos del Movimiento Obrero, el Consejo Nacional para promover la Cultura y Recreación de los Trabajadores, y la Editorial Popular para los Trabajadores.

Ante la crisis económica mundial que generó una escalada inflacionaria sin precedentes, agudizada por los desajustes internos, adoptamos la decisión de que no serían los trabajadores los que soportaran las cargas de un deterioro económico que en nada contribuyeron a propiciar.

No titubeamos a la hora de la crisis.

No cedimos ante las presiones del poder económico. Invariablemente dimos la razón al trabajador cuando vio afectada su economía por el crecimiento de los precios.

Juntos, los factores de la producción decidieron aumentos sucesivos mayores del 20 por ciento a partir de 1973.

El lapso de dos años para revisar los salarios mínimos y contractuales era demasiado largo para ser soportado por el presupuesto familiar del obrero.

Para evitar esta injusticia, resultante de las fluctuaciones económicas, decidimos no contener las reivindicaciones laborales en los estrechos márgenes de negociación prevalecientes y promovimos reformas a la Legislación Laboral para revisar los salarios cada año.

El crecimiento acelerado de diversas ramas industriales que por la dimensión de sus operaciones rebasan los límites de la administración estatal, hizo imprescindible la incorporación a la jurisdicción federal de las industrias dedicadas a la fabricación y ensamble de vehículos automotrices, productos farmacéuticos y medicamentos, celulosa y papel, aceites y grasas vegetales, enlatado de alimentos, y embotelladoras de refrescos y agua, a través de las correspondientes reformas a la Constitución de la República y a la Ley Federal del Trabajo.

Más de 60 por ciento de la población económicamente activa, alrededor de 6 millones de personas, está constituido por asalariados, de los cuales el 50 por ciento se rige por el salario mínimo.

Era imperioso asegurar que no se atentara contra el interés de estos mexicanos cuyos ingresos alcanzan a cubrir sólo las necesidades elementales.

Es un crimen social reducir más sus condiciones de vida abusando de situaciones de pobreza de ignorancia.

Por ello iniciamos la reforma legal que tipificó como delito federal el incumplimiento del pago de los salarios mínimos.

A efecto de acatar cabalmente los lineamientos constitucionales que señalan el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades, fueron ajustadas las disposiciones que reglamentan el sistema y se fijó en un 8 por ciento el reparto de las ganancias netas obtenidas por las empresas, antes de deducir el pago del impuesto sobre la renta.

Perfeccionar la administración de la justicia laboral fue objeto de nuestra más cuidadosa atención.

Creamos el Instituto Nacional de Estudios del Trabajo a fin de mejorar la preparación de los funcionarios laborales de toda la República y se dotó a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo de una estructura acorde con la complejidad creciente de las relaciones obrero - patronales.

Durante el periodo que comprende este Informe se atendieron las demandas presentadas por más de 22 mil trabajadores.

La función conciliatoria permitió resolver este año 2 mil 838 asuntos antes de llegar a la suspensión de labores, se encuentran en trámite o en estado de prórroga otros 2 mil casos y confiamos en su pronta solución por la vía de la Ley.

A lo largo del sexenio, en forma invariable y con auténtica convicción, actuamos con profundo respeto al derecho de huelga.

Al mismo tiempo desplegamos todos los esfuerzos para mantener la armonía y evitar confrontaciones que detuvieran la producción y hubieran puesto en peligro las fuentes mismas de trabajo.

Ahora más que nunca están abiertos todos los cauces administrativos y judiciales para dar paso a las demandas laborales.

Por tanto, nada justifica el planteamiento de situaciones de hecho, al margen del la ley, que obstaculizan nuestra marcha hacia una relación pacífica y equitativa entre todos los que participan en el progreso del país.

Con genuina satisfacción los mexicanos hemos constatado que los trabajadores incrementaron su fuerza de negociación de 1970 a la fecha.

Con el registro de 435 nuevos sindicatos, aumentó en 80 mil 835 el número de obreros que han engrosado las filas del movimiento laboral organizado.

Respetamos la vida interna de los sindicatos.

Pero no puedo dejar de expresar que los renovados empeños para asegurar la participación de las bases en las decisiones gremiales reafirman nuestra esperanza en el avance revolucionario.

Esto, sin duda, habrá de fortalecer cada vez más la eficacia de sus luchas.

La disgregación de la lucha no puede ser objetivo progresista.

Corresponde a los propios trabajadores perfeccionar la democracia sindical.