Part 2

A estas medidas se aúna la creación de la empresa Promoción y Desarrollo Industrial, PRODINSA, que tiene como objeto vender los productos que se elaboran en los penales y, con ello, proveer a los internos de fuentes honestas de ingresos.

Para el cumplimiento cabal de la reforma penitenciaria es indispensable contar con recursos humanos debidamente capacitados.

A ello obedeció la creación del Instituto Nacional de Ciencias Penales que inició sus labores este año.

En la ciudad de México se ha puesto fin a la oscura tradición que desde la época de la dictadura representó el viejo penal de Lecumberri.

Con su clausura hemos puesto fin a una larga secuela de injusticias y vejaciones a la dignidad humana.

Este sitio será destinado a un Centro de Desarrollo de la Comunidad del IMPI y estará rodeado de una amplia zona verde que contrastará con el ambiente de opresión que nos propusimos dejar atrás, en todos los órdenes, en la vida de México.

Los internos de la Cárcel Preventiva fueron trasladados a los nuevos reclusorios Norte y Oriente de la ciudad de México, que cuentan con las instalaciones más avanzadas para rehabilitarlos a través de la educación y el trabajo.

Perder la libertad es una de las mayores penas que puede sufrir un ser humano.

Ver aumentada su angustia, despojado de la dignidad y reducido a la impotencia ante crueles agresores, ocultos en falsos guardianes de la ley, es ser víctima de una violencia que el Estado reprueba y condena.

Se ha procedido con energía a remover y consignar al personal que incurrió en actos delictivos en el ejercicio de sus cargos y se designaron, en su lugar, calificados especialistas en la materia y ciudadanos de comprobada rectitud.

El hecho de reconocer públicamente las fallas y vicios de funcionamiento de la tarea gubernamental, con la clara determinación de superarlos, no debe prestarse a la malintencionada interpretación de que estos males se han agudizado.

Por el contrario, sacar a la luz los defectos de nuestra organización social es punto de partida imprescindible para llegar a liquidarlos.

El mejoramiento de los sistemas administrativos ha permitido ubicar con mayor precisión las irregularidades y los abusos de poder en los diversos ámbitos de la organización estatal, así como descubrir a quienes desde la actividad privada llevan sus prácticas insanas y su subdesarrollo cívico y moral a las oficinas de Gobierno.

Durante este régimen pusimos en práctica el mando constitucional que faculta al Honorable Congreso de la Unión para requerir la presencia de los Secretarios de Estado a fin de que expliquen el contenido de iniciativas de Ley o programas gubernamentales.

Lo entendemos como una forma de robustecer la vigilancia popular sobre la acción del Poder Ejecutivo.

Por ello mismo nos congratulamos por la reforma del artículo 93 constitucional, iniciada por el Congreso, para extender esta facultad de las Cámaras a los Jefes de Departamento y a los titulares de los organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria.

En estos 6 años, fueron 52 las ocasiones en que los responsables de los diversos ramos acudieron al llamado del Poder Legislativo, en una muestra más de la comunicación y la armónica colaboración entre estos poderes federales.

Llevamos a cabo reformas sustanciales a la administración pública, con la creación de nuevos organismos destinados a fortalecer y mejorar la participación del Estado en el campo económico y social.

Asimismo, emprendimos la transformación de las dependencias con miras a elevar su rendimiento y a establecer vínculos de coordinación dentro de un claro propósito de programación sectorial.

Se crearon las bases jurídicas e instrumentales de una reforma administrativa permanente y se pusieron en marcha programas prioritarios, de acuerdo con las exigencias de nuestra etapa de desarrollo.

Convencidos de que ningún propósito racionalizador puede ser viable sin la participación comprometida, capacitada y responsable de los hombres, pusimos énfasis en la necesidad de contar con sistemas de personal que respondieran tanto al imperativo de elevar las aptitudes y el rendimiento del servidor público, como al de asegurarle condiciones justas de vida y de trabajo.

Para cumplir con este objetivo sobre bases de información confiables, por primera vez, en más de 40 años, se realizó el Censo de Recursos Humanos del Sector Público Federal.

Desde el primero de diciembre de 1970 ofrecí que el Gobierno se empeñaría en desterrar vicios, combatir abusos, fomentar que el ejercicio de las funciones gubernamentales en nada se apartara de la ley y administrar honrada y equitativamente el patrimonio común.

He dicho que la obra de la nación requiere depurar la conducta, elevar permanentemente la organización y acrecentar la eficacia de la autoridad en todos sus niveles.

Hoy, como entonces, señalamos que el servidor público está obligado, más que nadie, a desempeñar con integridad su tarea, sin mancillar jamás su investidura con el abuso del poder o la claudicación de sus principios; que la carrera del funcionario público es incompatible con la del negociante; que aquel que emplea en su propio beneficio los bienes que se le han confiado o la autoridad que se le han conferido, traiciona a su país y que quien no se entrega a las tareas públicas, hasta el límite mismo de su capacidad y de su energía, defrauda al pueblo.

POLITICA ECONOMICA

Señores diputados y senadores:

En el presente Informe se altera el orden tradicional.

A continuación me referiré a la política económica y a importantes, muy importantes cambios, que requerirán la solidaridad nacional para poder impulsar, con vigor, las tareas productivas del país.

Corresponde al Estado Mexicano la grave responsabilidad de conducir la vida económica del país.

Ello implica la obligación de velar por el adecuado comportamiento de las fuerzas productivas, así como el imperativo de promover las acciones que conduzcan al constante mejoramiento social y cultural del pueblo.

En cumplimiento de esta responsabilidad, el Gobierno ha de armonizar los factores de la producción de la manera más eficiente y equitativa para el provecho de la comunidad nacional.

Debe, como representante constitucional de la nación soberana, crear las condiciones para que el ser humano, autor y objeto de todo esfuerzo público, cuente con los elementos necesarios para su pleno desenvolvimiento.

Lo anterior requiere que la acción individual se realice con respeto íntegro a nuestras libertades y en un marco de justicia social y de solidaridad entre los hombres y entre los pueblos.

El país necesita organizar su actividad y distribuirlos en la forma más equitativa.

La democracia social mexicana tiene por objeto procurar a los ciudadanos alimentación, vestido y vivienda, educación, salubridad y seguridad social y empleo que permita al hombre alcanzar, a través del esfuerzo, el pleno desenvolvimiento de su personalidad.

Por decisión constitucional, México tiene un sistema de economía mixta, en el que se combinan formas de producción bajo control gubernamental -en aquellas áreas donde el interés público así lo exige- con fórmulas de propiedad y relaciones de producción bajo la responsabilidad de grupos sociales o particulares.

El esfuerzo de los trabajadores asalariados y no asalariados, de los campesinos, de los cooperativistas, de los técnicos, de los profesionales y empresarios constituye la aportación mayoritaria a la producción nacional y al volumen de empleo.

Debe por ello el Estado, como coordinador del esfuerzo colectivo, velar por que se desarrollen condiciones que auspicien, dentro de la justicia, la iniciativa y creatividad de los hombres y establecer los alicientes necesarios; con el fin de acrecentar la riqueza social, las posibilidades de trabajo y sistemas equitativos para retribuir el esfuerzo humano.

Debe, a su vez, promover la expansión de la infraestructura básica que apoye el desenvolvimiento de la actividad nacional; debe generar aquellos bienes y servicios que son indispensables para el crecimiento dinámico y sostenido de las fuerzas productivas del país y debe, sobre todo, proteger y estimular al trabajo del campo y la ciudad con un régimen legal de percepciones justas y de crecientes prestaciones sociales.

Las actividades que para ello se han venido realizando en las áreas educativa, de salud, seguridad social, promoción familiar, transporte, comunicaciones, irrigación, asistencia técnica y crédito al sector agropecuario y pesquero, y en relación al petróleo, la electricidad, la petroquímica, los fertilizantes, el acero y otros elementos básico, se combinan armónicamente con las tareas públicas de orientación y estímulo a los sectores social y privado de la producción.

Repudiamos, no sólo en lo político, sino también en lo económico, toda forma totalitaria que sacrifique la libertad y la iniciativa de los hombres, pero rechazamos también una actitud abstencionista y neutral ante el juego de las fuerzas económicas, cuya actividad irrestricta provoca, además de estancamiento y retraso, extremos intolerables de injusticia.

En México, tan necesario es que la organización política provea a la sociedad de un clima de justicia, libertad y orden, en el marco de un régimen de derecho, como que su administración pública impulse un desarrollo económico, vigoroso y sostenido, donde los frutos del esfuerzo sean equitativamente compartidos en una sociedad cada vez más igualitaria.

Cuando el presente régimen inició sus actividades hace 6 años, hicimos explícita la convicción de efectuar un gran esfuerzo renovador para afianzar los elementos estructurales de la economía mexicana en el largo plazo, sin descuidar los asuntos que requerían atención inmediata.

A principios de esta década, el país se encontraba con serias limitaciones en campos vitales, entre las que destacaban la debilidad en el crecimiento del sector agropecuario, el estancamiento de las inversiones en el sector energético -petróleo y electricidad-, la petroquímica básica, el acero y los fertilizantes.

Había también estrangulamientos en nuestro sistema de transportes, particularmente el ferrocarrilero y el portuario.

La dinámica de nuestro crecimiento demográfico agudizó nuestros viejos rezagos en materia educativa, de salud y vivienda.

Los desequilibrios sectoriales y geográficos alcanzaron puntos críticos y había señales evidentes de un agravamiento en las tensiones políticas y sociales.

No podía el Gobierno adoptar una posición indiferente o tímida ante los graves riesgos que amenazaban, no solamente con el estancamiento económico, sino con las perspectivas del equilibrio y la paz sociales.

La necesidad de emprender un esfuerzo sin precedentes en la movilización de recursos para financiar un programa de inversiones públicas en los sectores fundamentales de la economía nacional, hizo necesario remodelar la política de financiamiento en los aspectos tributario, de precios y tarifas del sector público, de crédito interno y de financiamiento externo.

Dentro de esta estrategia de financiamiento, con el propósito de conservar el clima de tranquilidad y confianza necesarios, y tomando en cuenta las turbulencias de la economía internacional, el esfuerzo enorme de la movilización del ahorro interno y externo, hizo indispensable mantener el tipo de cambio existente entre el peso mexicano y el dólar norteamericano.

La política económica, fiscal y financiera, se orientó a aprovechar la confianza en el valor interno y externo de la moneda para poder hacer la reestructuración nacional, que no hubiera podido efectuarse entonces conforme a otras alternativas de política cambiaría.

Durante estos seis años, el país ha hecho un gigantesco esfuerzo para modificar favorablemente las perspectivas de su progreso económico y social.

Entre 1970 y 1975 la inversión pública aumentó de 30 mil a más de 100 mil millones de pesos.

Descontando el incremento de precios, estos significa una tasa de crecimiento real medida anual de 16 por ciento.

En este período, el producto interno bruto, también en términos reales, aumentó a una tasa de 5.6 por ciento, a pesar de que la inversión privada creció en sólo alrededor del 4 por ciento.

Gracias a la dinámica de la inversión pública, el coeficiente de inversión en el producto interno bruto se elevó de 21 por ciento en 1970, a 24 por ciento en 1975.

En esta administración, por vez primera, la inversión pública superó a la inversión privada.

Con ello se dejó atrás la reducción de la actividad económica que hubiese resultado del retraimiento de la inversión de los particulares.

Los esfuerzos del sector público deben ser complementados, cada vez más en mayor proporción con una actitud que sea de verdadera iniciativa por parte del sector privado.

Quienes condicionan la inversión y la creación de empleos, a lo que han llamado la creación de garantías de estabilidad, incurren en un grave contrasentido.

Es su retracción la que podría, precisamente, crear situaciones explosivas de marginamiento y conflicto social si no fuera por la oportuna participación del Estado en la economía.

A la luz de este hecho, es conveniente recordar, una vez más, algunos de los logros debidos a este esfuerzo sin precedentes en la inversión pública.

En el sector agropecuario, se incorporaron al riego, en los últimos 5 años, más de un millón de hectáreas; se pudo fertilizar más del 50 por ciento de la superficie cultivada; se incrementó en más del 120 por ciento la producción de los ingenios azucareros administrados por el sector público; se quintuplicó el crédito agropecuario otorgado a través de los bancos oficiales; se puso en marcha el programa de inversiones públicas para el desarrollo rural integrado, que cubre el 32 por ciento del territorio nacional y se dio un importante avance en el equilibrio de los principales productos alimenticios, ya que se tienen excedentes sobre la demanda interna en frijol, arroz y trigo en equilibrio en sorgo, y se ha logrado reducir el déficit en maíz al 10 por ciento del consumo.

En el sector industrial, se duplicó la producción petrolera y en 1976 se obtendrá una producción de más de un millón de barriles diarios y, por tanto, se está elevando la capacidad exportadora de PEMEX, no sólo en crudos, sino también en productos refinados.

Se duplicó también la capacidad instalada de generación de energía eléctrica, hasta alcanzar 12 millones de kilovatios; en la industria siderúrgica, también se multiplicó por dos la producción de 1970.

En transportes y comunicaciones, la red de caminos de todo tipo aumentó en estos últimos años de 70 mil kilómetros en 1970, a 200 mil.

Se han hecho grandes esfuerzos de modernización en el transporte ferrocarrilero y se ha iniciado un sólido programa de rehabilitación portuaria.

La población atendida por el sistema educativo nacional, llegó al 27 por ciento de la población total.

Destaca el esfuerzo hecho en materia de escuelas técnicas de distinto nivel ya que su número aumentó de 240 en 1970, a 1,301 en 1975; los apoyos a las Universidades han permitido atender a más del doble de la población escolar; la contribución del Gobierno Federal a las Universidades de provincia es hoy catorce veces mayor.

En los diferentes sistemas de seguridad social, la población amparada subió de 11 millones de personas en 1970 a 25 millones en 1975.

En materia de vivienda, se han montado nuevos esquemas que han permitido la construcción de 300 mil unidades en los últimos años, y lo que es más relevante, se ha creado un sistema institucional y una capacidad de construcción que permitirán reducir, sustancialmente, el déficit de vivienda en los años por venir.

Para financiar este gran esfuerzo de expansión en nuestra economía, así como para atender el gasto corriente asociado a la tarea general de remodelación nacional, este Gobierno efectúo también un esfuerzo, sin precedentes, en materia de financiamiento.

En el área tributaria, para la apreciación cabal de este esfuerzo, debo enfatizar que la carga fiscal se elevó de un nivel estático que por muchos años no había logrado exceder en 12.5 por ciento del producto interno bruto a más del 16 por ciento en 1975.

Rompimos la política de mantener una estabilidad ficticia en los niveles de los precios y tarifas de los bienes y servicios que producen las empresas públicas, a fin de no demeritar la capacidad financiera necesaria, para seguir expandiendo estas producciones estratégicas y para remover las distorsiones que dichos precios alentaban en el consumo.

Iniciamos un proceso de mayor equidad en la distribución de los ingresos tributarios entre la Federación, los Estados y los Municipios.

Los empeños anteriores permitieron elevar la participación de los ingresos totales del sector público federal en el producto interno bruto del 18 por ciento en 1970 al 26 por ciento en 1975.

Por otra parte, desplegamos una gran apertura a la relación económica con todas las naciones y con todos los grupos regionales.

Lejos de refugiarnos en el aislamiento, nuestro país ofrece garantías y libertades para el flujo mercantil y financiero, que es muy difícil encontrar en otras partes del mundo.

Para apoyar nuestro intercambio internacional, creamos el Instituto Mexicano de Comercio Exterior y pusimos en práctica una amplia gama de medidas de carácter fiscal y crediticio.

Impulsamos con éxito la diversificación de nuestro comercio exterior.

Sin reducir nuestras ventas a los Estados Unidos en términos absolutos, la proporción de nuestras exportaciones a ese país disminuyó, estos seis años, en 8 por ciento del total de nuestro intercambio internacional, al colocar mayores volúmenes de nuestros productos en América Latina, Europa Occidental y los países socialistas.

La creación de nuevos centros de afluencia turística en el Caribe y en el Pacífico y las inversiones destinadas a mejorar las facilidades en los centros de atracción ya existentes, permitieron que las divisas recibidas por esta actividad se duplicaran, en los últimos cinco años, para llegar en 1976 a más de 32 mil millones de pesos.

Con el fin de dar mayor congruencia a la programación turística, varios organismos fueron fusionados en el Fondo Nacional de Fomento al Turismo y se han financiado, en los últimos 3 años, proyectos por 2 mil 800 millones de pesos en 115 ciudades pertenecientes a todos los Estados de la República.

Las disposiciones jurídicas expedidas en este sexenio para estimular la inversión nacional y regula la inversión extranjera, para reglamentar la transferencia de tecnología y el uso y explotación de las patentes y marcas, permiten reafirmar que en México, aceptamos el capital extranjero en la medida en que completamente nuestros requerimientos y se ajuste a los criterios que establece la autonomía nacional.

Es el país el que debe dirigir el ingreso de las inversiones extranjeras y utilizarlo para modernizar la planta productiva, revolucionar la tecnología y generar artículos de exportación.

Nos hemos opuesto a una transferencia tecnológica que atente contra nuestra independencia y que pretenda convertir la economía del país en un simple objeto de la estrategia transnacional.

Para fortalecer la vigilancia en este aspecto promulgamos la Ley sobre el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología y la de Invenciones y Marcas, que estableció un nuevo enfoque que trasciende las concepciones obsoletas de la propiedad industrial y se ajusta a la realidad económica del país y a una noción superior de orden público.

Como lo ofrecí desde que entró en vigor la Ley de Transferencia de Tecnología, me satisface informar que en sus tres años de vigencia, nos ha permitido obtener ahorros directos de divisas por 4 mil 800 millones de pesos en los contratos revisados hasta la fecha.

Ante las necesidades de inversión pública y tomando en cuenta la retracción que se observó en la inversión privada, recanalizamos las disponibilidades de crédito interno, en forma sustancial, al financiamiento de los proyectos estratégicos a cargo del sector público, e hicimos uso del crédito externo en las proporciones máximas que ha permitido nuestro alto prestigio en los mercados financieros internacionales, pero conservando y acrecentando nuestra capacidad de pago, al fortalecer los elementos básicos de nuestra planta productiva.

De esta manera, hemos podido transformar a nuestra economía de un sistema en el que el sector público no contaba con la base suficiente de financiamiento para hacer frente a las demandas sociales, a otro más capaz de atender las necesidades vitales de la nación.

Aunque ello haya implicado tensiones financieras temporales, éstas se compensarán, ampliamente, con las perspectivas de crecimiento, empleo, comercio exterior y productividad que derivarán de los esfuerzos realizados por los mexicanos.

Por otra parte, debemos recordar y tener muy presente que estos esfuerzos se vieron seriamente obstaculizados por las dificultades derivadas de la situación económica internacional.

La coyuntura mundial nos ha sido altamente desfavorable y ha puesto de modo constante a prueba, pero no ha vencido, nuestra determinación de avanzar.

Sin embargo, ha tenido importantes efectos, al alterar la posición de nuestra economía respecto del exterior.

Coincidiendo con el principio de esta administración, a mediados de 1971, se inició la más grave crisis monetaria, comercial y financiera, que ha sufrido el mundo en las últimas décadas.

En agosto de 1971, los Estados Unidos de América tomaron una serie de medidas que afectaron gravemente la economía mundial.

Además de imponer limitaciones serias a sus importaciones el gobierno de ese país abandonó, en diciembre de dicho año, la convertibilidad de su moneda al oro e inició la flotación del dólar respecto a las demás monedas de uso internacional.

La crisis monetaria se generalizó y las principales monedas del mundo sufrieron enormes fluctuaciones que afectaron el comercio, los precios y el costo del dinero en todos los países.

Algunas divisas, como el marco alemán, el franco suizo, el franco francés, el belga, el florín holandés y el yen japonés se revaluaron, en medio de fuertes fluctuaciones, al romperse el equilibrio de caracterizado al sistema monetario mundial, durante aproximadamente 25 años.

El dólar estadounidense y las monedas de muchos países de ingreso medio y en proceso de desarrollo bajaron de valor respecto de las de varios países europeos.

Esta quiebra del sistema monetario internacional provocó un crecimiento excesivo en la liquidez y una inflación generalizada a tasas no experimentadas en los últimos 30 años, duplicándose en el período de 1970- 1974 el índice mundial de precios del comercio exterior.

En forma paralela, durante el año de 1972, y especialmente 1973 y 1974, los precios mundiales de los productos agropecuarios, de los metales, del petróleo y de los bienes de capital se elevaron como nunca había ocurrido en épocas de paz, con la circunstancia, sumamente grave para nuestra economía, de que en dichos años nos vimos obligados -por deficiencias productivas internas- a efectuar onerosas importaciones de petróleo y alimentos.

Este torbellino económico generó, a su vez, una caída vertiginosa en el ritmo de la economía mundial.

En 1974 la actividad económica de los Estados Unidos de América se redujo en 1.8 por ciento y en 2 por ciento en 1975. Japón, después de experimentar de 1960 a 1972 una tasa sostenida del 10.5 por ciento y del 9.9 por ciento en 1973, vio desplomarse su actividad económica a una tasa negativa de 1.2 por ciento durante 1974 y recuperarse en sólo 2.2 por ciento en 1975.

En este último año, Canadá no registró crecimiento; Francia vio decrecer su economía en 3 por ciento.

Dichos años han sido los más negativos para la economía mundial en los últimos 45 años y se caracterizaron por la dramática combinación de la inflación y la recesión.