Part 1

Sexto Informe de Gobierno del presidente Luis Echeverría Alvarez. 1 de septiembre de 1976.

Discurso del Lic. Luis Echeverría Alvarez, al abrir el Congreso sus sesiones ordinarias, el 1 de septiembre de 1976. Honorable Congreso de la Unión:

Por sexta y última ocasión comparezco ante vuestra soberanía a rendir el informe del estado general que guarda la administración y a dar cuenta de las tareas cumplidas en un marco de paz y de responsabilidad compartidas.

En 1970, ofrecimos llevar a cabo un programa no sólo del Gobierno, sino un programa del pueblo.

Hoy podemos afirmar que ese empeño colectivo ha transformado la convivencia nacional.

Con el objeto de establecer en sus justas dimensiones los avances del país a unos meses de cumplir una etapa más de su vida republicana, presentó la información que corresponde tanto al lapso anual dispuesto por la Constitución, como al de estos 6 años de trabajo al lado de las mayorías del país.

POLITICA INTERIOR

La tarea de estos años ha estado orientada a consolidar los principios que nos unen en lo esencial. Juntos imprimimos un nuevo sentido a la vida pública del país y fortalecimos nuestras instituciones democráticas, a través del derecho y de la libre determinación de nuestro pueblo.

En este proceso han cobrado nueva vigencia las grandes luchas de nuestra historia.

Es la acción de las mayorías, es su patriotismo, enfrentado muchas veces a fuerzas desproporcionadas, lo que ha hecho posible no sólo la sobrevivencia de la República, sino su avance sostenido en lo político, lo económico y lo social.

El valor, el esfuerzo y, llegado el caso, el sacrificio de los forjadores de nuestra nacionalidad constituyen el ejemplo que ha normado todos nuestros actos.

En varias ocasiones he expresado, sobre todo a los jóvenes, que México, con una historia preñada de heroísmo y autor de la primera revolución social de este siglo, cuenta con muy altos ejemplos de entrega patriótica y acción revolucionaria.

Con aprecio y respeto por el pensamiento universal y por las experiencias de otros pueblos, hemos insistido siempre en la necesidad de alimentar nuestro civismo en la savia de nuestra propia historia y de marchar hacia adelante en la emulación de nuestros héroes, de los nuestros, de los que en esta tierra y por esta tierra se afanaron, de quienes en México y por México vivieron y lucharon.

Hoy como ayer, deben entenderlo los conservadores, los peones de intereses extranjeros y los pusilánimes: al pueblo, a nuestro pueblo, corresponde ser el protagonista de su historia.

Por ello, a lo largo del sexenio, en homenaje cotidiano y comprometido, invocamos la entereza de Cuauhtémoc; el amor a la independencia de Hidalgo, Morelos y Guerrero; el aliento reivindicador de la dignidad del hombre y del país, que personifica Juárez; las banderas democráticas de Madero; la rebeldía de Villa; la defensa de los derechos campesinos que encabezó Emiliano Zapata; la inquebrantable fe en la ley de Venustiano Carranza; la firmeza revolucionaria de Obregón; la creatividad institucional de Calles; y la visión patriótica y de justicia social de Lázaro Cárdenas.

En 1971 celebramos ciento cincuenta años de iniciación de nuestra vida independiente; 1972 fue consagrado a la memoria de Juárez; en 1973 recordamos el segundo centenario del natalicio de Ignacio López Rayón y el centenario del nacimiento de dos forjadores de la Revolución Mexicana, Ricardo Flores Magón y Francisco I. Madero; 1974 fue el año de la

República Federal y del Senado; en 1975 conmemoramos el sesquicentenario de la instalación de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, este año, trasladamos los restos del General Ignacio Zaragoza de esta ciudad capital al Estado de Puebla para depositarlos en el monumento construido en su honor entre los fuertes de Loreto y de Guadalupe.

Ahí los mexicanos reconocemos y rendimos tributo a una vida dedicada a la lucha, siempre actual, de defender y preservar la soberanía ante todo asedio del exterior.

Como reconocimiento a la conducta y a las aportaciones de quienes han contribuido a crear las instituciones y a impulsar los objetivos fundamentales de la comunidad nacional, fueron creadas la Medalla de la Lealtad, las Medallas Manuel Crescencio Rejón y Mariano Otero, la Medalla de la Lealtad Venustiano Carranza, la Medalla Benemérito de la Reforma Agraria y la Medalla Maestro Rafael Ramírez.

En ocasión del fallecimiento, en 1973, de don Adolfo Ruiz Cortines, expresidente de la República y ejemplo de inalterable austeridad y rectitud republicana la nación guardó respetuoso luto.

Hace casi 70 años, señores diputados Constituyentes, que en Querétaro dieron ustedes expresión jurídica a las normas básicas de la convivencia que deseaban y desean los mexicanos, los principios que nos integran y nos afirman como una nación en permanente lucha por la justicia y la libertad.

Una vez más, señores Constituyentes, a unos meses de concluir el actual Gobierno, reciban el hondo reconocimiento de la República y de un Presidente cuya aspiración central ha sido la de cumplir y hacer cumplir, sin concesiones ni desmayos, los mandatos de nuestra Norma fundamental.

Las leyes que nos rigen y el sistema de gobierno que hemos escogido, reafirmaron en estos años su significado original.

Su modificación dentro del derecho consolida el avance social e impulsa nuevas conquistas populares.

La Constitución Política del país ha sido el instrumento básico para el cambio social.

Es la guía revolucionaria de la sociedad.

Las 40 reformas y adiciones a la Carta Magna que promovimos, implicaron profundas transformaciones en la vida de los mexicanos.

Se han traducido en viviendas para los trabajadores; en más amplios cauces para la participación democrática: en bases para una adecuada participación política demográfica; en la plena igualdad jurídica entre el hombre y la mujer; en una vigilancia parlamentaria más eficaz sobre la administración pública; en el mejoramiento de la administración de justicia; en la federalización de diversas ramas industriales; en el aseguramiento del empleo de la energía nuclear para fines pacíficos; en el fortalecimiento del dominio de la nación sobre los recursos naturales; en la erección de los nuevos estados libres y soberanos de Baja California Sur y Quintana Roo: en la mejor organización para la explotación colectiva de los ejidos; en la creación de la zona económica exclusiva de nuestros mares; en la salvaguarda del interés colectivo sobre el particular en materia de preservación del medio ambiente y de asentamientos humanos; en suma, el pueblo ha creado un nuevo derecho a su servicio, acorde con los imperativos del país que estamos empeñados en construir.

En este sexenio entraron en vigor 267 disposiciones legislativas, en las que se incluyen las 52 iniciativas, entre reformas constitucionales, leyes y decretos que el Ejecutivo Federal hizo llegar en el último año al Honorable Congreso de la Unión.

De ellas se aprobaron 42 en las sesiones ordinarias y para el estudio y aprobación de las 10 restantes fue necesario llevar a cabo un período extraordinario.

Mantuvimos respetuosas relaciones con el Poder Judicial Federal.

Por jubilación o fallecimiento de sus titulares, la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación se renovó en un 50 por ciento.

12 nuevos Ministros fueron designados con la aprobación del Congreso.

Todos los nombramientos han recaído en ciudadanos del más elevado rango ético y profesional.

Se siguió en todos los casos la norma de promover a los Ministros Supernumerarios, respetando la antigüedad de los nombramientos y previa constatación de su prestigio de equidad en el foro nacional.

Se buscó también seleccionar a los nueve Ministros de entre quienes ejercen con probidad la judicatura, para asegurar un principio de carrera judicial.

El país vive un federalismo militante.

Así lo constaté en cada una de las fecundas reuniones de trabajo que efectuamos con motivo de la transmisión de poderes en los Estados.

Reuniones que sumaron a la solemnidad institucional de estas jornadas cívicas, la toma de decisiones sobre asuntos fundamentales con la presencia y participación de todos los sectores sociales.

Como lo ofrecí a la nación, no ha habido una semana del sexenio en que, en promedio, no hayamos visitado algún rincón de la provincia mexicana.

No existe sitio alguno del país alejado del interés y de la solidaridad del Gobierno Federal.

En cada región siempre encontré en sus hombres, en sus mujeres, en sus jóvenes, el mismo deseo de superación, la misma comprensión, el mismo apoyo y la misma entrega al engrandecimiento de la patria.

De todos ellos guardaré siempre un recuerdo imperecedero.

A los mexicanos que habitan nuestro vasto mosaico geográfico, que se arraigan a su suelo y allí trabajan por la elevación de la vida comunitaria, a los que batallan en las inhóspitas zonas áridas, a los esforzados hombres de la costa, a los que avanzan sobre el trópico, a los campesinos que luchan y producen, a los estudiantes que se preparan, a los empresarios nacionalistas que generan fuentes de trabajo en los lugares tradicionalmente marginados, a todos ellos se debe el impulso transformador que reafirma la vigencia del federalismo mexicano.

En el último año que cubre este Informe se renovaron los poderes ejecutivos de Hidalgo,

México, Coahuila, Nayarit y Yucatán, y se llevaron a cabo elecciones de diputados locales en 10 Estados, así como elecciones municipales en ocho.

En Chiapas se eligió Gobernador para el período 1976-1982.

En virtud de lamentables acontecimientos que alteraron el orden público y ante el atropello a la integridad física y a los derechos de los campesinos en el Estado de Sonora, el Congreso local nombró Gobernador sustituto para terminar el período constitucional 1973-1979.

A las autoridades competentes de la Entidad ha correspondido enjuiciar las responsabilidades surgidas de aquellos hechos.

Por su parte, el Gobierno Federal reitera su rechazo a todo abuso y a toda desviación del poder, cuando éste se entrega al servicio de minorías privilegiadas e intereses contrarrevolucionarios.

Por lo mismo, reafirma su determinación de no convalidar, bajo ninguna circunstancia la represión de las demandas del pueblo.

El primero de diciembre de 1970 demandamos mejoras a nuestros procesos comiciales.

Destacamos la necesidad de fortalecer a los partidos políticos y la actividad ideológica.

En febrero de 1972 esta Alta Representación aprobó la iniciativa del Ejecutivo a mi cargo por la que se reformaron los artículos 52, 54, fracciones I, II y III; 55, fracción II y 58 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con lo que se daba inicio a toda una amplia y extensa reforma política, que continuaría con una nueva Ley Federal Electoral y seguiría con la instauración del sistema de diputados de partido en los Congresos Locales.

Se redujeron las edades para ser diputado, de 25 a 21 años y de 35 a 30 para ser senador; se amplió la base demográfica de la división distrital de 200 mil a 250 mil habitantes; se redujo de 2.5 a 1.5 el porcentaje para acreditar a los 5 primeros diputados de partido y se incrementó de 20 a 25 su número máximo.

Se disminuyó el requisito de membresía para la creación de nuevos partidos políticos de 75 mil a 65 mil afiliados; se concedió a los ya registrados el derecho de voz y voto en todos los organismos electorales, franquicias postales y telegráficas y acceso gratuito a la radio y televisión.

La reforma política que iniciamos y que siempre contó con el apoyo y solidaridad de esta soberanía popular, ya dio muestras de eficacia y operatividad.

Conforme a ella se efectuaron las elecciones federales de 1973, en las que se alcanzó una votación total de 15 millones 9 mil 984 votos, así como las elecciones federales del 4 de julio último.

La confianza de la ciudadanía en sus instituciones fue reiterada y se eligió al próximo Presidente de la República y a los integrantes de este honorable Congreso de la Unión, en un proceso electoral que permitió que acudieran a las casillas cerca de 18 millones de ciudadanos.

Las garantías de que esta goza la población permitieron que, en esta jornada cívica, se ejerciera el sufragio en un clima de paz y de responsabilidad.

La participación activa y consciente de la comunidad hizo posible que las mayorías asistieran a las urnas para elegir libremente a sus representantes.

Sin embargo, más allá de las alternativas partidarias, las elecciones entrañan otro profundo significado.

Por ellas el pueblo refrendó, una vez más, en forma abrumadora, su fe en la democracia como sistema de vida para los mexicanos.

Somos ya 63 millones de habitantes y nuestro incremento demográfico es acelerado.

Para atender este problema pusimos en marcha una estrategia humanista basada en la educación y el convencimiento.

El artículo 4º. constitucional y la nueva Ley General de Población definen a la política demográfica no como sustituto del desarrollo, sino como uno de sus instrumentos, y como una valiosa vía para la emancipación y la plena realización de la mujer.

Aun cuando se puede informar ya de logros y objetivos realizados, los resultados no pueden esperarse, de manera ostensible, a corto plazo.

Más que cifras lo que se busca en esta etapa es una transformación cualitativa.

Es ésta una tarea delicada que requiere de toda nuestra imaginación y esfuerzo para preservar y mejorar la existencia del hombre respetando sus libertades individuales, su forma de ser, su conducta y sus valores culturales.

El interés ciudadano que esta materia ha suscitado y la creciente solicitud de servicios institucionales revela una tendencia que habrá de reflejarse en la reducción paulatina de nuestro incremento demográfico.

Expresamos con beneplácito que esta nueva tendencia hará posible a las generaciones futuras acelerar el ritmo del progreso nacional y hacer más asequible la justicia social que postulamos.

México se ha enriquecido con una mayor participación de sus mujeres.

Mujeres responsables, conscientes y libres que ahora cuentan con el pleno respaldo de la ley para actuar en pie de igualdad en todos los campos del quehacer colectivo.

Madres que siembran en sus hijos un nuevo concepto de la solidaridad, maestras que enseñan a trabajar por el país, universitarias que quieren comprender el mundo para transformarlo, campesinas que luchan por elevar los niveles de vida de su comunidad, obreras que defienden sus derechos, voluntarias que entregan su trabajo en favor del mejoramiento colectivo, mujeres que participan en la vida política.

Todas ellas constituyen una sólida garantía de nuestro progreso.

Nuestro país inició 1975, Año Internacional de la Mujer, dentro de un marco jurídico que acoge, desde su ley suprema, el principio de igualdad entre hombres y mujeres.

El 1 de enero de ese año entraron en vigor las reformas a los artículos 4o., 30 y 123 constitucionales, así como a diversas leyes secundarias y reglamentos, que encauzan legalmente el propósito de corregir actitudes anacrónicas y derribar los obstáculos opuestos a la plena integración de la mujer en todas las actividades de la vida nacional.

Con el mismo entusiasmo e interés que México -a través de múltiples organismos públicos y privados- participó en la Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer, de la que fue sede, se impulsan los trabajos para hacer valer la "Declaración de México 1975" y para cumplir el Plan de Acción Mundial aprobado entonces.

Al participar en esta Conferencia destacamos, una vez más, la estrecha relación que existe ante los problemas nacionales y la injusta estructura internacional.

Expresamos la necesidad de que la liberación de la mujer sea un factor decisivo para la transformación de la sociedad y no un medio para repetir sus desajustes, desequilibrios e injusticias.

Sólo un esfuerzo crítico, radical -dijimos entonces- hará posible la liberación de la mujer, es decir, la liberación del género humano y la transformación del orden económico mundial.

Las grandes tareas de la nación no podían tampoco prescindir de la fuerza transformadora de la juventud.

Era imperioso abrir nuevos caminos a su participación honesta y capaz, a su idealismo, a su compromiso de servir a las mejores causas, a su crítica creadora, a su disposición para promover el cambio.

Esta administración se ha nutrido con las aportaciones de muchos jóvenes en la tarea de fortalecer nuestra democracia y con ella la soberanía de México.

Superar divisiones y encontrar fórmulas de integración ha sido una de las principales metas del actual Gobierno.

Este ánimo nos llevó a promover en los primeros meses del sexenio, la libertad bajo protesta, previo desistimiento del Ministerio Público, en beneficio de la mayoría de los procesados por la comisión de diversos ilícitos relacionados con los sucesos de 1968.

Este mismo espíritu de conciliación nos condujo a iniciar ante el honorable Congreso de la Unión, una Ley de Amnistía que beneficia con la extinción de la acción penal y de las sanciones impuestas, a todas las personas que llegaron a cometer algún delito con motivo del conflicto estudiantil de aquel año.

La aprobación de esta Ley muestra la madurez de nuestras instituciones democráticas.

En estos años se han sentado las bases de una nueva etapa en la vida del país, presidida por la serenidad, la confianza en las instituciones y la ampliación del espacio para la participación política.

Nos hemos propuesto fortalecer todas las libertades.

Desde la candidatura a la Presidencia reafirmé mi convicción de que el país demanda el análisis público de los problemas, la discusión abierta de los grandes temas nacionales, el ejercicio de la crítica y la correspondiente disciplina moral de la autocrítica.

La libertad de prensa forma parte esencial de nuestro régimen de libertades.

Ella contribuye fundamentalmente a la formulación democrática de las decisiones públicas.

Jamás se ha pretendido interferir ninguna manifestación del pensamiento.

Durante este Gobierno no sólo no se han obstruido, sino que se han otorgado las mayores facilidades para el ejercicio de la libertad de expresión, sin menoscabo de ninguna otra de nuestras garantías.

Hemos gobernado a la luz del día, en diálogo constante con la población, en medio del debate libre y el juicio permanente de los mexicanos.

Ante la manifiesta democratización general y el avance de las conquistas sociales, los brotes aislados del crimen con máscara política han evidenciado, una vez más, su clara intención contrarrevolucionaria.

Expresa o implícitamente han pretendido oponerse a la participación popular y desviar los esfuerzos por reducir la marginación.

Se han propuesto, vanamente, atentar contra la integración nacional y la consolidación de nuestra soberanía.

El pueblo no se deja sorprender por el falso lenguaje de los terroristas.

Sabe bien que lo que buscan es debilitar la unidad de los mexicanos frente al exterior, que lo que pretenden es endurecer la posición de las autoridades, obligarlas a renunciar al diálogo, hacerlas retroceder, impulsarlas a usar el orden como sustituto total de la justicia y, con todo ello, inducirlas a dar un salto atrás en la historia.

El terrorismo es reaccionario.

Está vencido por la historia.

Es fruto de la confusión.

Nace, se desarrolla y muere aislado del pueblo.

Revela incapacidad para convencer y para vencer en el terreno de la política y en el terreno de las ideas.

El terrorismo es fascista.

Es expresión de falta de apoyo popular y de miedo a la inteligencia, por eso se refugia en la clandestinidad y amenaza la existencia humana.

El Gobierno nunca abandonó sus fines superiores para responder a la violencia con la violencia.

La provocación no lo condujo a la represión y la inseguridad.

Tampoco lo obligará a renunciar al diálogo ni a abatir las banderas remozadas de nuestra Revolución.

Ni el acecho exterior de cualquier signo, ni sus criminales mercenarios de dentro, debilitarán nuestra voluntad de independencia, ni nuestra ruta de avance social.

Juntos, los mexicanos hemos precisado los términos de nuestra convivencia en el diálogo y en la democracia para la solución de los problemas.

Ninguna presión intervencionista, abierta o simulada, ha podido, ni podrá, suplantar el derecho a la autodeterminación popular.

A unos meses de concluir una etapa más de nuestra vida republicana y después de 6 años de tránsito acelerado en la vía de nuestra democracia social, México refrenda el merecido reconocimiento a quienes salvaguardan, con lealtad ejemplar, nuestro sistema de justicia en la libertad y nuestro proceso de cambio dentro del régimen constitucional: los miembros de nuestras heroicas Fuerzas Armadas.

De septiembre de 1975 a la fecha, la Secretaría de la Defensa Nacional ha fortalecido sus actividades de labor social y la Armada Mexicana ha incorporado a su alta misión de proteger la soberanía del país, la trascendental tarea que entraña la defensa de nuestros recursos naturales, recientemente reivindicados al quedar establecida la Zona Económica Exclusiva.

Las Fuerzas Armadas han cumplido una vez más con la notable tarea de auxiliar a la población civil en los desastres originados por los fenómenos naturales que azotaron al país durante el período que nos ocupa.

En el levantamiento de bordos, en el reparto de alimentos y en numerosas operaciones de búsqueda y rescate, ahí estaban, como siempre, enalteciendo su función, al servicio de miles de compatriotas, los miembros de nuestro Ejército, de nuestra Fuerza Aérea y de nuestra Armada.

Para ampliar la seguridad y el bienestar social de estos esforzados mexicanos y de sus familias, se creó el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas.

Además, se construyeron las nuevas instalaciones del H. Colegio Militar y de la Escuela Médico Militar y se creó la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, que dan respuesta a legítimas aspiraciones de superación académica para mejor servir al país.

Las Fuerzas Armadas de tierra, aire y mar contribuyeron de manera determinante a la lucha que sostiene la Procuraduría General de la República contra la producción y el tráfico de estupefacientes.

Los logros alcanzados superaron las previsiones trazadas para este sexenio.

La cantidad de estupefacientes decomisados y destruidos, en términos absolutos y relativos es mayor que nunca y se ha logrado que decenas de miles de hectáreas que se destinaban a plantíos indebidos se recuperaran para la agricultura nacional.

Asimismo, han sido considerables los resultados de los programas de la Procuraduría destinados a defender nuestro patrimonio cultural, al incrementar la vigilancia y las tareas de investigación, para impedir el saqueo de nuestro patrimonio arqueológico, histórico y cultural.

La reforma penitenciaria y correccional emprendida en esta administración, a partir de la Ley de Normas Mínimas de Readaptación Social de Sentenciados, de la Ley que creó los Consejos Tutelares para Menores Infractores, y de las modificaciones al Código Penal y al de Procedimientos Penales, permite humanizar las condiciones de los reclusorios para preparar la reintegración del transgresor de la ley a la sociedad.

El Ejecutivo a mi cargo ha puesto en marcha un plan nacional de construcción y mejoramiento de penales para asegurar que cuenten con instalaciones acordes a una filosofía de dignificación humana.

Celebremos convenios con 17 Estados de la República para analizar recursos federales a estos fines.

Al término de la presente administración se habrán edificado o adecuado 23 Centros de Readaptación Social correspondientes a 14 Estados.

Se habrán construido también instalaciones para menores infractores, en Baja California Norte, Baja California Sur, Guanajuato, Hidalgo y Sinaloa.

El funcionamiento de los Consejos Tutelares se ha extendido, además del que existe en el Distrito Federal, a 14 entidades federativas.