Part 4

El Gobierno Federal estableció, para este fin, el Programa Nacional de Inversión y Desarrollo Campesino que promueve y otorga créditos, a mediano y largo plazo, en favor de ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios.

Los recursos autorizados este año para planes de avío y crédito refaccionario sumaron 7 mil 888 millones de pesos, suma superior en 34 por ciento a la del año anterior.

Los recursos que la banca privada pondrá a disposición de ejidatarios y agricultores de bajos ingresos vendrán a complementar la acción gubernamental.

Gracias a las medidas anunciadas en agosto pasado. 800 millones de pesos iniciales serán puestos a disposición de los interesados a una tasa de 7.6 por ciento anual.

Los beneficiarios de estos créditos recibirán asistencia técnica y serán garantizados por un Fondo Federal constituido en el Banco de México en un 60 por ciento y, en casos especiales, hasta en un 80 por ciento.

La estabilización de los precios de artículos que representan un alto porcentaje de consumo nacional; la organización de bodegas rurales y centros de venta para que los campesinos operen sus propios sistemas de almacenamiento, constituyen instrumentos del Estado para proteger a los productores agrícolas, regularizar y modernizar los mercados de subsistencias básicas y aumentar los consumos populares.

Se adquirieron productos agrícolas por valor de mil 165 millones de pesos y se agregaron 242 nuevas tiendas CONASUPO a las 2 mil 512 que ya existen. 53 de ellas se encuentran en zonas indígenas, particularmente en la Huicot y en la Tarahumara.

El desarrollo del sector pecuario, se ha formulado a través de programas de incremento a la capacidad forrajera, el mejoramiento de las especies y el fomento a la sanidad animal.

El 28 de agosto pasado se firmó con el gobierno de los Estados Unidos un Convenio para erradicar el gusano barrenador del ganado.

El programa será de 5 años, con un costo de 500 millones de pesos, de los cuales nuestro país aportará el 20 por ciento.

El convenio establece la fabricación mexicana de los equipos y materiales necesarios.

La nueva Ley Federal para el Fomento de la Pesca salvaguarda los intereses de los pescadores mexicanos y estimula la formación de cooperativas, a las que se ha reservado la captura y explotación de ocho especies importantes.

Los ejidos ribereños también podrán constituirse en Sociedades Cooperativas de Producción Pesquera Ejidal.

Nuestra Política, dirigida a promover el empleo y beneficiar a las mayorías, no ha descuidado la preservación y cultivo de las especies, para lo cual se sancionan los actos que atentan contra su reproducción o provocan la contaminación de su ambiente natural.

El Programa Nacional de Desarrollo Forestal favorece la explotación racional de los recursos del país.

El bosque se cultiva y su conservación se garantiza sólo en la medida en que represente un constante beneficio económico para el poseedor, sea ejidatario, comunero o pequeño propietario.

También es necesario que sus productos tengan demanda comercial, que su aprovechamiento se realice en industrias rentables y que exista una política de promoción y coordinación de esfuerzos.

El proyecto forestal "Vicente Guerrero", con una inversión estimada en 1 mil 200 millones de pesos, constituye el primer paso para incorporar al desarrollo enormes extensiones boscosas por medio del establecimiento de una industria forestal integrada.

El fomento de las actividades primarias y los estímulos a la descentralización industrial, renovarán la estructura económica del país.

Se pretende producir con mayor eficiencia y evitar la excesiva concentración que conduce al colonialismo interno que todos los mexicanos debemos empeñarnos por superar para evitar la frustración de vocaciones humanas y el desperdicio de recursos naturales.

Se sigue una política orientada a la creación de una infraestructura adecuada; a la capacitación de mano de obra; al otorgamiento de créditos; a la creación de estímulos fiscales y de comisiones promotoras regionales, así como al suministro de asesorías y ayudas de diversa índole.

El gobierno de la República optó abiertamente por un fomento industrial que otorga prioridad a objetivos de orden social.

Los aspectos cualitativos prevalecen sobre los puramente cuantitativos, a fin de dar sentido humano a un progreso que habrá de beneficiar por igual a todas las regiones.

Como parte de esta política, el Ejecutivo expidió dos decretos, declarando de utilidad nacional el establecimiento y ampliación de empresas que se estime necesario fomentar, y otorgando incentivos a la inversión conforme se descentraliza.

Se formó el Fondo Nacional de Equipamiento Industrial que promueve la instalación, ampliación y modernización de empresas que exporten o sustituyan importaciones.

En la misma forma, el Fondo Nacional de Fomento a la Industria alienta y apoya, a través de suscripciones complementarias y temporales de capital, el surgimiento y la consolidación de empresas cuyas necesidades exceden sus recursos disponibles.

Se modificaron las reglas de operación del Fondo de Garantía y Fomento a la Industria Mediana y Pequeña, otorgándole facultades para conceder líneas directas de crédito a través de las instituciones financieras nacionales y privadas.

Los trabajos del fideicomiso orientando a promover conjuntos, parques y ciudades industriales, figuran como sólida base de una segunda etapa de progreso nacional, fundamentando en el crecimiento armónico y equilibrado de la industrialización.

Se han firmado ya 29 convenios para establecer fondos mixtos revolventes destinados a estudios de preinversión en 23 entidades federativas.

Se han iniciado asimismo trabajos para dotar, a futuros centros industriales en varias ciudades del interior, de la infraestructura que requiere su posterior desenvolvimiento.

Un fideicomiso creado para conceder recursos adicionales a los municipios, ha otorgado Crédito a largo plazo a los gobiernos de los Estados por 565 millones de pesos, destinados a obras de bienestar social.

Por otra parte, el Comité de Desarrollo Social. del Estado de Oaxaca. y la Comisión Coordinadora para el Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec, han comenzado sus funciones.

Si pugnamos por ampliar nuestro comercio exterior, debemos rescatar con mayor razón el mercado que representan nuestras propias regiones fronterizas.

La presente administración ha creado mecanismos que tienden a estimular la actividad económica de la zona norte de la República y a reincorporar al consumo doméstico una población numerosa que habitualmente se abastece de productos extranjeros.

En abril del año pasado, dictamos un acuerdo que autoriza a las instituciones nacionales de crédito para adquirir el dominio de inmuebles en las fronteras y costas.

Así se garantiza el precepto constitucional que prohíbe la enajenación a extranjeros de terrenos ubicados en esas áreas.

En el año transcurrido se autorizó la creación de 479 fideicomisos turísticos y 7 industriales que representa una inversión de 3 mil 500 millones.

Finalmente, dentro del Programa Especial de Industrialización de las Fronteras y Litorales, se aprobaron programas de actividades para 82 empresas maquiladoras que generan una derrama de salarios de 130 millones de pesos anuales.

A poco de ser mexicanizada la Compañía Minera de Cananea, se decidió una inversión de mil millones de pesos para duplicar su producción anual.

En el marco de una economía mixta el desarrollo minero está subordinado al interés general de la Nación.

El proceso de mexicanización en esta rama se encuentra prácticamente concluido.

El 98 por ciento de nuestra producción proviene de 769 empresas, nacionales.

El Estado ha reafirmado esta actitud, al adquirir 34 por ciento de las acciones de Azufrera Panamericana, S. A.

El consorcio minero Benito Juárez - Peña Colorada permitirá a la Industria nacional contar

con millón y medio de toneladas adicionales de mineral de fierro de la más alta calidad, a partir de 1974.

El mineral de dichos yacimientos será aprovechado por las empresas siderúrgicas existentes y por la siderúrgica Lázaro Cárdenas - Las Truchas, el más importante proyecto industrial que se haya diseñado en el país.

16 nuevas instalaciones minero-metalúrgicas se encuentran en construcción o en etapa de proyecto.

Diez más se han ampliado y modernizado.

El incremento de 30 mil toneladas diarias que esto representa muestra que la mexicanización ha permitido elevar la productividad y la expansión de actividades del sector.

El control nacional de las fuentes de energéticos y los medios de comunicación no es solamente poner en manos de mexicanos acciones que pertenecieron a compañías extranjeras.

Es dotar al Estado de los requisitos indispensables para reorientar el proceso de desarrollo económico en función del bien general.

Es transformar y aprovechar los recursos básicos para satisfacer las necesidades de consumo y de empleo de nuestros compatriotas.

Petróleos Mexicanos satisface el 90 por ciento de los requerimientos internos de hidrocarburos.

Sus reservas totales ascienden a 5 mil 428 millones de barriles.

La capacidad técnica alcanzada en esta rama, ha permitido proseguir con éxito la integración de la industria petroquímica, que cuenta con 278 plantas en operación y una inversión superior a 8 mil millones de pesos.

33 millones de mexicanos gozan de los beneficios de la energía eléctrica.

El programa de electrificación rural prosigue aceleradamente.

En este año incorporó 1,673 poblaciones con un total de 800 mil habitantes.

La capacidad instalada en plantas del Estado es de 7 millones 137,514 kilovatios.

Si sumamos a esta cifra la capacidad ya instalada en empresas para servicios propios y la producción de la planta geotérmica de Cerro Prieto en el Valle de Mexicali que entrará en operación en noviembre próximo, la capacidad a disposición de los mexicanos ascenderá, antes de que el año concluya, a 8 millones 374,598 kilovatios.

Se creó el sistema unificador de frecuencias al que atañe el cambio de 50 a 60 ciclos para integrar el sistema eléctrico central y el nacional.

Hemos tenido recientemente frecuentes pláticas con industriales que han atendido a nuestro llamado para llevar industrias a toda la provincia mexicana.

Con ellos discutimos, en ese momento, los planes de expansión de Petróleos Mexicanos, institución de la cual esencialmente necesitan gas, y de la Comisión Federal de Electricidad.

Si no hay motivos de alarma, ciertamente debemos de hacer un gran esfuerzo para que la industrialización del país no se detenga.

Les hemos recomendado que no solamente se aparten de los grandes centros industriales y contaminantes, que son el Valle de México y algunas dos o tres de las capitales del interior; que vayan a todas las ciudades de provincia y a pequeñas poblaciones, en donde muchos cientos de miles de mexicanos los están esperando, sino que, además, reparen bien que en algunas zonas de México existen en abundancia recursos que proporcionan, sobre todo gas, esencial para muchas industrias.

Petróleos Mexicanos.

Existen ya las disponibilidades, las instalaciones eléctricas suficientes para que en esos sitios se instalen nuevas industrias.

Nuestra política es de diálogo abierto con los sindicatos obreros y con las organizaciones empresariales que, independientemente de las discusiones que tienen por la revisión de sus contratos de trabajo y por el mejoramiento continuo de los trabajadores, están colaborando con una gran conciencia nacionalista y patriótica para el crecimiento industrial que crea, además, más fuentes de trabajo.

La tres empresas integradas del complejo industrial Ciudad Sahagún continúan en plena expansión.

Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril intensifica sus estudios y planes para fabricar tractores agrícolas de bajos precios, locomotoras y unidades para el abastecimiento del Sistema de Transporte Colectivo del Distrito Federal.

Diesel Nacional inició la ampliación de sus instalaciones para elevar su producción anual de automóviles y motores de 17 mil a 40 mil vehículos.

En días recientes, visité el comité de fábrica de esa empresa cuya creación significa en nuestro país la colaboración de técnicos y trabajadores para el análisis y el mejoramiento de los métodos de trabajo y dije a sus miembros que la industria estatal descentralizada pertenece al pueblo, que su propósito es la buena utilización de los recursos disponibles para orientar el desarrollo y asegurar la independencia económica.

Este comité de fábrica de una de las tres factorías de Ciudad Sahagún, representa un caso digno de atención, en realidad ejemplar, porque allí se reúnen, independientemente del comité directivo sindical, una representación de los distintos departamentos de la fábrica con una representación de los distintos técnicos que dirigen esos departamentos.

Forma parte del propio comité el director general del complejo industrial de Sahagún, y el tema básico del intercambio de ideas, que en la forma más abierta y franca se ha establecido, es acerca de mejorar las condiciones de trabajo y las normas de productividad de la propia fábrica.

Yo manifestaba a los concurrentes, que sin duda alguna el mejor empleo de cada máquina lo conoce el trabajador; la conocen los técnicos que, para fines de productividad, quieren mejorar todos los sistemas; que debemos entender que la productividad -y en esto hemos insistido continuamente con algunos empresarios conformados todavía a la antigua- ,que la productividad no es ver cómo se explota mejor al trabajador, sino cómo con los recursos disponibles, se obtiene una mayor productividad, aligerando la carga, haciendo más agradable la jornada de trabajo y más humana la relación en cada unidad de trabajo.

Y que así, en esa forma, todos ganarán.

Es interesante observar que no obstante el respeto que hay en todos los sectores de ese gran complejo industrial por el director general de la empresa descentralizada, en el comité de fábrica se llama al director "compañero director".

Esto es altamente estimulante.

El mismo entiende, y así lo estamos haciendo desde la Presidencia de la República, que es con la colaboración de todas las opiniones, dicha en forma respetuosa y abierta, como debemos encontrar, como ya estamos encontrando, caminos de superación en todas las actividades.

Fueron terminadas e inauguradas la ruta corta México - Tampico y la carretera Ciudad Alemán - Oaxaca.

Mediante la construcción de algunos tramos faltantes y de algunas obras complementarias, 30 mil kilómetros de caminos construidos por diversas dependencias federales, organismos gubernamentales y por particulares, para fines específicos, fueron puestos al servicio público en coordinación con el Gobierno Federal.

A la fecha, por tanto, las carreteras y caminos transitables en todo tiempo suman 120 mil kilómetros.

Se trabaja en el mejoramiento de 3,500 kilómetros de vías y en la renovación del equipo ferroviario, con una inversión total autorizada de 1, 894 millones de pesos.

La reforma portuaria se encuentra en plena realización.

La empresa de participación estatal mayoritaria, creada en Manzanillo para facilitar la ejecución de maniobras, logró aumentar en 75 por ciento el volumen de sus operaciones.

Con este precedente se creó en Guaymas una empresa similar en la que los socios minoritarios son los propios trabajadores.

Se inicio la construcción de los puertos "Lázaro Cárdenas", que habrá de satisfacer las necesidades de la Siderúrgica de igual nombre, y "Francisco I. Madero", concebida para dar salida a la producción agropecuaria del Estado de Chiapas.

En este caso de los puertos, tan relevante -porque todos sabemos cómo se frustra un aspecto del esfuerzo industrial mexicano, cuando quiere incrementar la exportación y al llegar la carga al muelle comienza automáticamente a encarecerse en una forma desproporcionada el precio que llegó al muelle, todavía competitivo, pero que ya en las bodegas del barco va a un precio mayor que el de la competencia internacional- , sabemos todos que este problema de los puertos, digo, debemos de atacarlo más a fondo, y que en algunos de ellos vamos teniendo un éxito sólido.

Cuando en nuestro país -y queremos que ello sea pronto- aprendamos en el Gobierno, aprendamos -en las escuelas, en los sindicatos, en las cooperativas, en las ligas de campesinos, en las oficinas públicas, en los círculos intelectuales, en los medios de difusión, en los bancos, en las empresas privadas- a supeditar todo interés individual al progreso colectivo, con un mejor afán patriótico, muchos problemas, como este de los puertos se resolverán más de prisa."

Los modernos medios de comunicación salvan los obstáculos de la geografía y pueden vincular simultáneamente a todos los mexicanos.

De la penetración que alcancen y del empleo que hagamos de ellos depende, en buena medida, el sentido de nuestra integración nacional.

La Compañía de Teléfonos de México es hoy una empresa estatal mayoritaria.

Con el paso que hemos dado culmina un proceso de mexicanización y se garantiza que las acciones no sean absorbidas por consorcios extranjeros.

Hace factible el cuantioso programa de inversiones requerido para extender la red telefónica a todas las regiones y sectores del país.

Confiere al Estado una mayor responsabilidad en la administración de un servicio público cuya orientación ha de ser eminentemente social.

En semanas recientes, se intensificó el debate en torno a la radio y la televisión.

Es manifiesta la preocupación por fortalecer los derechos de la sociedad mexicana sobre esos medios y garantizar el correcto cumplimiento de las funciones que tienen asignadas.

La conducta del Gobierno de la República en la materia se rige por la estricta observancia del orden jurídico.

El régimen de la radio y televisión es reflejo de nuestro sistema de economía mixta.

Al Estado corresponde velar por el cumplimiento de los objetivos que la Ley señala a las empresas concesionarias del espacio aéreo.

Estamos obligados a exigir que la imagen que llega a millones de niños y adultos, no deforme los valores de nuestra convivencia, y que los adelantos de tecnología no se utilicen para fomentar servidumbres intelectuales.

El Gobierno ha asumido, además el manejo directo de algunas estaciones de radio y canales de televisión y participa con los concesionarios privados en el aprovechamiento del tiempo de transmisión que la legislación le otorga, con el fin de contribuir a mejorar la calidad de las transmisiones.

Los servicios de difusión deben ser más nacionales en su contenido, ofrecer mejores oportunidades de cultura una veraz información y sano entretenimiento.

Es corresponsabilidad de los concesionarios y del Gobierno darles la dignidad que nuestro pueblo merece.

No pretendemos lesionar ningún derecho, pero las medidas reglamentarias, ya en estudio, harán lo necesario para salvaguardar el interés superior del país.

Satisface al Ejecutivo a mi cargo comprobar cómo el diálogo y el análisis franco de la realidad ha promovido una conciencia sobre los nuevos objetivos del desarrollo que cada vez comparten, más activamente, todos los sectores.

A la valoración conjunta de los problemas ha seguido la creación de los instrumentos necesarios para afrontarlos.

Los más diversos aspectos de la actividad nacional están siendo reencauzados por reformas legales y disposiciones administrativas, por mecanismos coordinadores de amplia participación, por instituciones públicas responsables de tareas prioritarias y por un conjunto de medidas que alientan decididamente la actividad de los particulares hacia el desarrollo regional, la distribución del ingreso y la generación de empleo.

Bastaría citar las nuevas Leyes de Aguas y de Fomento de la Pesca, las reformas a la Ley del Impuesto Sobre la Renta y al Presupuesto de Egresos, los Decretos y organismos financieros que otorgan estímulos para la descentralización industrial, las disposiciones que amplían el crédito al sector agropecuario y a la pequeña y mediana industria, la creación de empresas nacionales para el aprovechamiento de los recursos básicos o la creación del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para advertir un esfuerzo solidario en el propósito de impulsar nuestro crecimiento hacia las metas permanentes de la Revolución.

Hemos establecido nuevas formas de entendimiento con los sectores representativos de la actividad económica.

Igual con los que crean la riqueza que con los que organizan la producción.

Nos interesa la opinión de todos cuantos contribuyen al engrandecimiento del país.

Lo mismo la de los empresarios que la de los campesinos, la de los obreros, los técnicos o los estudiantes.

Si buscáramos la confianza de unos cuantos en detrimento de la confianza de las mayorías, cancelaríamos nuestro proceso revolucionario.

Al Estado compete la responsabilidad de fijar el rumbo y el ritmo del desarrollo.

A los particulares desenvolver libremente su actividad, con responsabilidad social y nacional.

El porvenir de un país no puede dejarse en nuestros días al libre juego de las fuerzas, tampoco al dictado arbitrario del poder.

No existen fronteras artificiales entre la acción del Gobierno y la de los ciudadanos.

Lejos de dividir la capacidad productiva y el porvenir de México queremos que cada quien le entregue su mejor esfuerzo.

Pertenecemos todos a una misma sociedad.

La eficacia no depende del régimen de propiedad, sino de una organización adecuada.

En todos los sectores existen deficiencias por combatir y excelencias qué impulsar.

La ganancia injusta es tan reprobable como el abuso de autoridad.

De la deshonestidad son responsables cuantos obtienen provecho de ella, tanto el que la da, como el que la recibe.

Una nueva ética social y una exigencia de productividad han de presidir la conducta de todos.

La participación directa del Estado, tanto en la producción como en la distribución del ingreso garantiza el predominio del interés general.

Se requiere, por lo mismo, una mayor eficiencia en sus tareas.

La empresa pública no persigue lucro, pero tampoco es tolerable el desperdicio o la incompetencia.

Hemos iniciado un plan general de reorganización del sector público de la economía para eliminar las empresas que sean innecesarias, sanear las que no han cumplido debidamente su cometido, consolidar las que duplique funciones y crear aquellas que sean necesarias para alcanzar los objetivos que perseguimos.

Sometí al Honorable Congreso la iniciativa de Ley de Inspección de Adquisiciones que ha permitido el uso de mejores métodos para la programación y el control de las compras que realiza el Gobierno, cuyo monto ascendió el año pasado a 23 mil millones de pesos.

La aplicación de estas nuevas disposiciones permitió ahorros de consideración.

Se llevó a cabo una revisión selectiva de los pedidos, lo que hizo posible abatir el precio de las compras originalmente pactados y cancelar contratos innecesarios.

Esta Soberanía se sirvió también aprobar la reforma a los Artículos 26 y 28 de la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado a fin de facilitar la reorganización interna de las dependencias, la descentralización de sus funciones y la simplificación de los trámites.

La mejor de las políticas puede ser esterilizada por una mal administración.

Mientras más diversificada es una sociedad más orgánica ha de ser su autoridad.

Para ser eficaz, el Gobierno requiere coherencia ideológica y operativa.

La reforma administrativa, cuyos primeros pasos apenas estamos dando, no consiste sólo en modificar leyes y procedimientos, debe ante todo generar un cambio de mentalidad en los servidores públicos.

He procurado implantar como norma de Gobierno el trabajo en equipo.

Tomamos en cuenta los puntos de vista de los funcionarios, independientemente de su jerarquía.