Part 3

Entre los derechos más significativos que adquirieron los empleados bancarios se encuentran los siguientes: una jornada de trabajo de 40 horas semanales, el descanso sabatino obligatorio, la revisión de los tabuladores de sueldo, mejorías en los planes de jubilación y pensiones, así como préstamos a largo plazo para la adquisición de viviendas.

Los salarios mínimos para el bienio 1972 - 1973, tanto generales como profesionales, alcanzaron en su conjunto un aumento promedio de 18 por ciento.

La unanimidad de los sectores productivos por incrementar el ingreso nominal de los trabajadores, prueba los avances del espíritu de solidaridad social.

Hicimos extensivos a los empleados públicos los beneficios de la revisión de los salarios mínimos.

Por lo que se refiere al personal administrativo, tomamos como base la cuota mínima del Distrito Federal para aplicarla a la mayor parte de las zonas económicas del país.

Con ello, se benefició al 95 por ciento de esos trabajadores.

Dispusimos también que su sobresueldo se cubriera en adelante de acuerdo con su salario.

En cuanto al personal obrero, se fijó como base el salario mínimo regional de los lugares donde presta sus servicios.

Además, le fue otorgado, por primera vez, un sobresueldo que fluctúa entre el 20 y el 30 por ciento.

Aprovechando la desaparición de varias, categorías inferiores al salario mínimo, se realizó una reforma general al Catálogo de Empleos de la Federación.

El número de categorías existentes se redujo por la mitad, lo que implicó un aumento en las remuneraciones y el establecimiento de mayores estímulos escalafonarios.

Ordenamos también la simplificación de los trámites para el pago del primer sueldo de los empleados.

A partir del primero de agosto se estableció un procedimiento que abarca tanto a los trabajadores de base como a los supernumerarios y que permitirá entregarles su primera remuneración en el plazo de un mes.

La generación de empleos orientada con sentido distributivo contribuye al logro de la justicia social.

Si todas las empresas se ajustan rigurosamente a nuestra legislación, el crecimiento económico ha de repercutir directamente en la mejoría de los niveles de vida de los mexicanos.

Se estableció el Servicio Público del Empleo, para disminuir la desocupación y emprender sistema ágiles de comunicación entre la oferta y la demanda de mano de obra.

Sus labores se han iniciado en el Distrito Federal y en breve se extenderán a diez Estados de la República.

Las medidas adoptadas por el Gobierno para anular las presiones inflacionarias coadyuvan a fortalecer el poder adquisitivo real de los salarios.

Las prestaciones que garantiza nuestro sistema de seguridad social forma un significativo complemento del ingreso.

No concebimos un verdadero desarrollo sin un dinámico y eficaz sistema de seguridad social.

Las dos principales instituciones responsables de administrarla crecieron substancialmente durante este período.

La protección del Instituto Mexicano del Seguro social se extendió a 11 millones 200 mil personas y sus ingresos se incrementaron en 21.7 por ciento.

El Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado, tiene una población amparada de un millón 680 mil personas y su presupuesto se incrementó el último año en 10.5 por ciento.

Hemos manifestado el propósito de establecer las bases para que al término de la presente década se encuentre amparada la mitad de la población.

Los servicios del Seguro Social, que se hallan primordialmente concentrados en las áreas urbanas, requieren importantes modificaciones para adaptarse al medio rural.

En febrero expedí un decreto para extender el régimen de seguridad a los ejidatarios de Yucatán.

Las cuotas para financiar las prestaciones a más de 200 mil campesinos, serán hechas en forma bipartita por el Gobierno Federal y por las uniones de crédito, sociedades o grupos solidarios.

Por otra parte al Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera instituyó el seguro de vida campesino que ampara a 430 mil jefes de familia.

La protección a la infancia es objeto de especial solicitud de Gobierno.

Se multiplicaron las tareas relacionadas con asistencia, salud, alimentación, educación, así como la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de los niños.

Fueron distribuidos 51 y medio millones de desayunos escolares.

Se crearon dos centros de orientación familiar con el Propósito de instruir a los padres en la educación de sus hijos.

Estas funciones son eficazmente realizada por el Instituto Nacional de Protección a la Infancia y por la Institución Mexicana de Asistencia a la Niñez.

El régimen de la Revolución ha postulado el derecho que tiene cada mexicano a una morada digna.

El Contribuyente de 1917 estableció la obligación de las empresas de proporcionar viviendas decoradas e higiénicas a sus trabajadores.

Empero, sólo otorgó esta prestación a quienes laboran fuera de las poblaciones o, dentro de ellas, en empresas que ocuparan un número de asalariados mayor de 100.

Así mismo, previó que los patrones podían percibir las rentas respectivas.

A pesar de esas limitaciones y de la lucha que libraron infatigablemente las organizaciones sindicales; esa conquista no pudo llevarse a la práctica durante más 50 años.

La Ley Federal del Trabajo reglamentó por vez primera, en 1970, la disposición constitucional pero permitía que su cumplimiento se hiciera efectivo por acuerdos entre las partes.

Gran número de empresas no estaban en posibilidades de afrontar, por sí mismas, las cargas económicas que supone construir viviendas para sus trabajadores.

En tal virtud, el Ejecutivo de la Unión inició un proceso de consulta entre los factores de la producción que culminó en la elaboración de un plan capaz efectivamente de incorporar a la totalidad de la clase trabajadora en los beneficios de una política habitacional.

Para realizarlo, era preciso reformar la fracción XII del apartado A del Artículo 123 de la Constitución.

El Honorable Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados, con gran entusiasmo, aprobaron esta modificación que hace posible iniciar la solución global del programa de la vivienda.

Según esa reforma todas las empresas, sin importar su dimensión ni su ubicación geográfica, están obligadas a proporcionar viviendas a sus trabajadores, mediante las aportaciones que hagan a un Fondo Nacional de la Vivienda.

Así se establece un sistema de financiamiento que permite otorgar a estos trabajadores crédito barato suficiente a fin de que adquieran habitaciones en propiedad.

A una obligación limitada sucede otra de carácter general; mediante mecanismos que preveían originalmente la dotación en renta de las habitaciones fueron reemplazados por otros que favorecen la formación del patrimonio familiar;

Un régimen individualizado de obligaciones se sustituye por otro más equitativo, fundado en la contribución de todos los patrones.

Celebramos el día del Trabajo con realizaciones concretas.

El primero de mayo inició sus funciones el Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Propósito esencial del instituto es otorgar créditos para adquirir casa - habitación, muy bajo interés anual y plazos de pago de 20 años.

Las inversiones que realice tendrán efectos positivos en la generación de empleos y en la aceleración de crecimiento.

La ejecución de estas medidas incrementará el número de obreros empleados en la industria de la construcción en un 20 por ciento.

Los beneficios obtenidos alcanzan no sólo al trabajador, sino a la colectividad en su conjunto.

Eleva, además, sustancialmente el coeficiente nacional de ahorro al destinarse el 5 por ciento de las nóminas salariales e integrar un fondo, que sólo en su primer año, alcanzará la ficha de 3 mil 500 millones de pesos.

A sólo 4 meses de creación, el INFONAVIT se encuentra en pleno desempeño de sus tareas.

El Instituto dispone de una aportación del Gobierno Federal de dos mil millones de pesos que, aunada a sus recursos ordinarios, lo capacita para construir 100,000 habitaciones anuales.

En el mes de agosto se iniciaron ya programas específicos en 8 ciudades de la República, con una inversión de 869 millones de pesos, que representan la construcción de 20.970 viviendas.

En proyecto de realización inmediata se ha programado la construcción de 20,000 viviendas adicionales en ocho ciudades diferentes.

Se ha encontrado una fórmula de crecimiento económico que amplía automáticamente la redistribución de los beneficios de la riqueza.

El Instituto tendrá, cabo pocos años, una enorme capacidad de servicio.

Sus disponibilidades económicas serán acumulativas y le permitirán abarcar todas las regiones de la República.

Se trata, sin duda, de una muy destacada institución creada por la Revolución Mexicana.

con la cooperación del Gobierno, los trabajadores y los empresarios progresistas y con sentido social.

Someteremos a este Honorable Congreso las reformas legales necesarias para que consagre el derecho de los servidores públicos a recibir viviendas Cómodas e higiénicas mediante la integración de otro fondo al que el Estado aportará un 5 por ciento sobre los salarios.

Estos beneficios incluyen a los trabajadores de los Poderes de la Unión, a quienes prestan sus servicios al Gobierno del Distrito Federal y de los Territorios y a los organismos descentralizados sujetos a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado. También hemos decidido crear un fondo nacional de la vivienda para los miembros de las Fuerzas Armadas, que les permita la obtención de crédito adecuado para adquirir o construir casas habitación.

Este fondo no afectará las casas habitación.

Este fondo no afectará las prestaciones de que disfruta el personal militar y se creará mediante aportaciones de un 5 por ciento que, en su totalidad, hará el Estado de acuerdo con los distintos niveles de los haberes de todo el personal del Ejército, la Aviación y la Armada de México.

El crecimiento desbordante de esta capital es reflejo del desequilibrio que ha caracterizado a nuestro crecimiento.

La expansión citada ilimitada traduce la insuficiencia en la oferta de empleo que existe en muchas otras regiones.

Nuestra acción se ha orientado a remodelar el espacio económico y demográfico del país, por medio de la descentralización y el desarrollo regional.

Al mismo tiempo, buscamos humanizar la convivencia urbana.

El proceso de descentralización administrativa que se inició con las reformas a la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal, continuó en el año que se reseña.

La nueva Ley Orgánica de la Procuraduría del Distrito y Territorios Federales contribuye a este nuevo propósito establecer la creación del Departamento de Averiguaciones Previas en cada una de las 16 delegaciones.

El desproporcionado incremento demográfico ha proporcionado un asentamiento irregular de grupos populares en distintas zonas del Distrito Federal.

Con el fin de ofrecerles seguridad jurídica, se lleva a cabo un programa de regularización de esas zonas que, en el presente año, beneficiará a más de medio millón de habitantes de 67 colonias.

Igualmente se dio reacomodo a los habitantes de otras 27.

Se ha proseguido con el plan habitacional en el Distrito Federal.

A la fecha se han construido 9 mil 103 casas unifamiliares en las unidades 'Vicente Guerrero', 'Ejército de Oriente', 'Santa Cruz Meyehualco' y en las colonias 'Constitución de 1917'y 'Ampliación Providencia'.

Mediante fideicomiso por contrato y por administración, se han construido 7 mil 563 viviendas más.

En una segunda etapa, se construyen 122 edificios en las propias unidades 'Vicente Guerrero' y 'Ejército de Oriente', con capacidad para 1,923 habitantes de interés social.

Se modificó la Ley de Planificación del Distrito Federal, para regular las características de los fraccionamientos y se reformó, al propio tiempo, el Código Penal para el Distrito y Territorio Federales, con el objeto de tipificar como fraude específico la acción de fraccionadores inescrupulosos.

Se ha puesto en marcha un programa de abastecimiento de agua potable y de introducción de drenaje en las colonias populares para beneficio de 450 mil personas de bajos recursos.

Continúa la construcción del sistema de drenaje profundo que resolverá el problema de las inundaciones, habiéndose invertido en el presente año 800 millones de pesos.

Se creó la Comisión de Aguas Valle de México, la que próximamente entrará en funciones con un presupuesto de 276 mil millones de pesos.

Para mejorar el medio ambiente en el Distrito Federal, se plantaron un millón 800 mil nuevos árboles, se ampliaron áreas verdes y se inició una campaña de limpieza en la ciudad.

Para aliviar el problema vial y disminuir el ruido, se comenzó la construcción de dos de los cuartos grandes terminales de autobuses con que contará el Distrito Federal.

También se construye en Circuito Interior con una longitud de 38 Kilómetros que dará una mayor fluidez al tránsito citadino.

Se invirtieron 32 millones 850 mil pesos en la modernización y reacondicionamiento de trolebuses y tranvías.

La reclusión del delincuente debe ser un medio para dignificarlo.

La Ley de Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, exige la implantación de nuevos sistemas penitenciarios.

Se ha previsto, para tal efecto, la construcción de dos nuevos reclusorios con un costo de 280 millones de pesos y, en breve, se iniciarán las obras de dos más y de un hospital psiquiátrico.

Estos reclusorios sustituirán la Cárcel Preventiva de Lecumberri.

Desde el inicio de sus operaciones, el Sistema de transporte Colectivo de la Ciudad de México ha registrado un número creciente de usuarios.

Se realizan estudios técnicos a fin de ampliar este servicio hacia zonas populares.

Las nuevas líneas demandarán la adquisición de 750 carros que, junto con los 537 que en la actualidad prestan servicio, servirán para transportar 3 millones doscientos cincuenta mil personas diariamente.

Los carros serán fabricados en México con un cincuenta por ciento de partes nacionales.

La política de desarrollo urbano no se circunscribe solamente al área geográfica del Valle de México.

Con una inversión de mil 175 millones de pesos se realizaron trabajos de urbanización y regeneración en diferentes ciudades del país a través de las 45 Juntas Federales de Mejoras Materiales.

Se inició 'El Plan Acapulco' , con la coordinación de diversos órganos federales.

Actualmente se está legalizando la propiedad en beneficio de cien mil habitantes.

Se duplicó en ese puerto el suministro de agua potable y se construyen los interceptores de aguas pluviales.

Para Tampico y Ciudad Madero, Tamaulipas y para Tijuana Baja California, se han creado recientemente fideicomisos con fondos revolventes destinados a atender problemas urbanos esenciales de las colonias populares que tienen mayores necesidades.

Iniciamos así, una nueva política ya que en las determinaciones que se adopten participarán todos los sectores de la población.

En Tijuana, además se realizan ya las obras de canalización del río del mismo nombre.

Acordamos poner fin a las funciones que venía ejecutando el Programa Nacional Fronterizo, por haber cumplido con los fines que se había propuesto.

Los bienes muebles e inmuebles que constituían su activo se irán incorporando gradualmente al patrimonio de las juntas Federales de Mejoras Materiales del Norte del País.

El deterioro del ambiente no sólo es preocupación nacional sino que atañe a la comunidad mundial.

Participamos con medidas decisivas en esta materia.

En cumplimiento de la Ley Federal para Prevenir y Controlarla Contaminación Ambiental, fue expedido el Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica por humos y polvos.

Se dictó la libre importación de equipos y aparatos para combatir la contaminación.

Todas estas medidas convergen en el propósito de evitar que continúe la degradación de la salud humana y del medio ambiente, a causa del crecimiento urbano e industrial.

Con una amplia colaboración de las empresas establecidas en el Valle de México, se ha logrado disminuir en un treinta por ciento la contaminación atmosférica que estas empresas originaban.

La salud y el bienestar social son medios y fines del proceso revolucionario de México.

En la etapa actual de nuestra evolución, los objetivos fundamentales del Gobierno en este campo consisten en ampliar el radio de acción de los servicios de salubridad a regiones mal comunicadas o a poblaciones dispersas; coordinar con mayor eficacia nuestra acción en todos los niveles institucionales, así como estructurar un sistema nacional de servicios médicos asistenciales.

En fecha reciente, se realizó con gran éxito la segunda Reunión de Salud Pública, en la que ratificamos y definimos con mayor precisión estos propósitos.

En materia de salud pública, hubo un aumento presupuestal en más de 946 millones de pesos.

Se han venido realizando importantes inversiones en obras de saneamiento, de introducción de agua potable; de mejoramiento ambiental y de tipo asistencial que benefician, sobre todo, a la población rural más necesitada.

Asimismo, hemos venido cumpliendo las campañas sanitarias y llevando a cabo los programas de alimentación complementaria que nos hemos trazado.

DESARROLLO NACIONAL

La Reforma Agraria mexicana nunca se ha concebido, exclusivamente, como un reparto de tierras.

Ha sido y es reparto de agua, de crédito, de técnicas, de caminos y de escuelas.

Hoy la entendemos, esencialmente, como reparto de ocupación en el campo.

Nadie ignora los problemas de las áreas rurales que se expresan dramáticamente en la presión del hombre sobre la tierra.

Tampoco que durante los últimos lustros un proceso general de capitalización, reflejado en la agricultura, ha favorecido preferentemente a la pequeña propiedad.

La Reforma Agraria ha distribuido la tierra, los elementos para trabajarla y los servicios de bienestar, pero no ha logrado redistribuir suficientemente el ingreso ni la productividad entre los campesinos.

Necesitamos proteger y estimular, dentro de la Constitución y la Ley, las formas de tenencia y organización que han alcanzado alta productividad.

El progreso económico, el crecimiento demográfico y las necesidades de justicia distributiva nos obligan ahora, de manera primordial, a incrementar el rendimiento de todas las tierras cultivables, abrir nuevas áreas a la producción y multiplicar las posibilidades de empleo.

Tal es el sentido de las decisiones fundamentales tomadas por el Gobierno.

La nueva Ley de Reforma Agraria, sin atentar contra los derechos de la pequeña y mediana propiedad, favorece e impulsa la organización de las tareas agrícolas en el ejido y la propiedad comunal y prevé la agrupación de los campesinos para formar unidades más rentables de producción.

Todo el esfuerzo administrativo: para reorientar las inversiones públicas, construir los caminos descentralizar las industrias y canalizar el crédito, tiene por objeto aumentar la productividad del campo y absorber una fuerza laboral en constante expansión.

Eso es lo que entendemos por una nueva etapa de la reforma agraria.

Firmé resoluciones que benefician a 26 mil 800 familias campesinas con cerca de 3 millones de hectáreas y adjudiqué derechos ejidales a 31 mil personas.

Estas cifras incluyen las correspondientes a dos conocidos y antiguos latifundios en la frontera norte del país, en el Estado de Coahuila.

Nunca se habían tocado; eran muy antiguos; estaban en la frontera y en manos extranjeras.

930 mil hectáreas fueron confirmadas y tituladas en favor de 8 mil 400 comuneros.

De otra parte, autorizamos indemnizaciones por 57 millones de pesos por concepto de expropiaciones que para fines de utilidad pública hubimos de hacer de terrenos ejidales y comunales.

Entregamos 1,300 certificados de inafectabilidad agrícola y 250 de inafectibilidad ganadera que, en su conjunto, amparan un millón 120 mil hectáreas.

La localización de terrenos nacionales y la afectación de los latifundios que aún subsisten bajo diversas formas, están incorporando nuevas áreas a la explotación productiva.

Rescatamos importantes superficies en la faja costera de Quintana Roo y las destinamos a nuevas actividades turísticas y agropecuarias.

Se creó una Comisión Intersecretarial de Colonización Ejidal para elaborar y ejecutar planes regionales más realistas que establezcan nuevos centros de población.

Por primera vez desde que se inició el reparto agrario miles de ejidatarios recibirán títulos de tierras nuevas, desmontadas por ellos mismos pero por cuenta del Gobierno, es decir, sin que los campesinos adquieran deuda alguna.

Este es un programa inicial en 7 entidades federativas cuya primera etapa comprende 200 mil hectáreas.

La construcción de obras de infraestructura con empleo intensivo de mano de obra, contribuye a proporcionar trabajo e ingresos en el medio rural.

Centros de salud, viviendas campesinas, escuelas y pequeñas obras de irrigación se edifican en más de 12 mil comunidades que cuentan entre 500 y 2 mil quinientos habitantes.

Se quintuplicó el presupuesto de caminos alimentadores y de mano de obra que dispuso de 614 millones de pesos en beneficio de las regiones indígenas y de las zonas áridas.

La Comisión Nacional de Caminos Alimentadores, de reciente creación, asegura el control técnico e incorpora las diversas rutas a nuestra red nacional.

En 15 Estados de la República se inició el Plan Benito Juárez, que resume una vigorosa lucha contra la sequía y la erosión en las zonas áridas.

Esta primera etapa de trabajos, la construcción de bordos, pequeñas represas y canales de mampostería permitirán la creación de obras de riego en 70 municipios.

Grandes planes coordinan la acción de varias dependencias en beneficio de zonas menos favorecidas.

El Plan Chontalpa, el Centro Coordinador para el Desarrollo de la Zona Huicot y el Plan de Acción de Tarahumara, responden a nuestro propósito de incorporar las regiones marginadas al ritmo del progreso nacional.

Las prioridades del desarrollo integral del país, necesitan de procedimientos racionales para el aprovisionamiento, utilización y suministro de los elementos hidráulicos de que la Nación dispone.

Dentro del marco de una geografía adversa, la promulgación de la Ley Federal de Aguas es un instrumento necesario para la repartición y aprovechamiento equitativo de este escaso recurso.

Tomando en cuenta los avances de la tecnología, la nueva Ley concilia y sintetiza, una legislación abundante y dispersa.

Se limita al máximo la extensión de riego susceptible de aprovechamiento individual, evitando el acaparamiento ilegal y la especulación indebida de las superficies mejoradas por las obras públicas.

A la Ley de Aguas se debe la creación de los Comités Directivos de los Distritos de Riego que, bajo una coordinación de organismos oficiales y privados, promueven la investigación y aplicación tecnológica en las actividades agropecuarias.

El Plan Nacional de Acuacultura, abre amplias perspectivas a la actividad pesquera con la creación de Distritos que tienden a incrementar el empleo, la producción y la inversión.

El Primer Distrito de Acuacultura, ha sido puesto en marcha en el Estado de Nayarit, y permitirá el aprovechamiento de un millón y medio de hectáreas de aguas de estuario.

La canalización masiva de recursos crediticios al campo constituye, desde hace lustros, una exigencia fundamental para el avance del país.

Es indispensable que las instituciones de crédito oficiales y privadas participen de manera más amplia, y en términos más favorables, en el otorgamiento de créditos al sector ejidal y al de otros productores agrícolas de bajos ingresos.

Iniciamos, desde hace varios meses, la reestructuración administrativa de los bancos agropecuarios oficiales, a fin de que presten un servicio adecuado y oportuno.