Chapter 5

La falta de elementos materiales para hacer frente en su totalidad a la gran magnitud de las necesidades de la economía y una sobrevaloración de las virtudes de una política de industrialización, distrajeron recursos indispensables, durante varios decenios, para el desarrollo económico de la vida rural.

Desde el principio de mi Gobierno hemos hecho frente a las graves consecuencias de un largo período de desinversión y, aún más, de subsidio del campo a la vida urbana e industrial de México.

El crecimiento demográfico concentrado esencialmente en las áreas rurales, cosechas desfavorables por factores imprevisibles y una inestable situación agrícola en el mundo, complicaron aún más los caminos de solución rápida a esta situación.

El actual régimen ha encarado decididamente este problema y desplegado un esfuerzo sin antecedentes, por llevar recursos económicos, inversión pública y servicios a los habitantes del campo.

Ejemplo indiscutible de este empeño es que los recursos gubernamentales destinados a la producción agropecuaria, sin contar el crédito alcanzan la cifra de 17 mil 680 millones de pesos, lo que representa el 19 por ciento de la inversión pública total comparada con el 12 por ciento que alcanzaba en 1970.

A esta cifra se suma la canalización preferente al campo de las obras públicas, la transformación y agilización de los mecanismos de crédito, una decidida intervención en los sistemas de distribución y comercialización de los productos agropecuarios y la asistencia para la organización de los productores.

Además, el aumento de los precios de garantía y la amplia extensión de servicios asistenciales y educativos a zonas desprotegidas de la vida rural, que hemos llevado a cabo, han contribuido al mejoramiento de la población.

En todos los rubros de la actividad gubernamental puede apreciarse la preocupación básica de reorientar nuestra acción y enfocarla al desarrollo de la vida rural.

Solamente la ingenuidad o la mala fe puede hacer esperar que en el transcurso de un lustro, no obstante la magnitud de nuestro esfuerzo, puedan eliminarse radicalmente deformaciones acumuladas por cuatro siglos de historia de nuestro país.

Sin embargo, los resultados comienzan a apreciarse y éstos quedan como un precedente, para los futuros dirigentes de nuestro país: es solamente en el equilibrio entre todos los habitantes de México, los del campo y los de la ciudad, en que puede fundarse el verdadero progreso de la nación.

A los esfuerzos concretos que en lo interno estamos desplegando por elevar las condiciones de vida de los campesinos y la producción de alimentos, se suman acciones concretas que hemos realizado en el exterior.

La injusta distribución interna del trabajo que el neocolonialismo se empeña en instrumentar a través del dominio financiero y de las transacciones comerciales, ha impedido diversificar y modernizar el aparato productivo de muchos pueblos del Tercer Mundo, que continúan atados al monocultivo exportador y no pueden producir frecuentemente, ni siquiera los alimentos que demanda su propia población.

Para superar este problema hemos insistido en la urgencia de crear un Banco Mundial de Alimentos o cuando menos un fondo que auxilie a los países en situaciones críticas.

Esta proposición la hicimos, señores legisladores, en dos ocasiones: durante la visita de Estado a Italia, cuando en Roma concurrimos a la sede de la FAO para proponer ese banco y ese fondo de alimentos.

Después, también en Roma, en noviembre del año próximo pasado, cuando se realizó la Conferencia Mundial de Alimentos y Agricultura.

Ante la crisis alimentaria que sufrieron muchos países por las sequías, las inundaciones y las heladas de 1971, 1972 y 1973, insistimos en la creación de un banco o fondo -como se quiera llamarle- de alimentos.

Ha quedado constancia de la proposición mexicana en las Naciones Unidas.

El asunto se comenzará a discutir hoy en ese organismo internacional, donde han proliferado ideas en armonía con la proposición mexicana.

Si las grandes potencias se deciden a no utilizar el asunto de los alimentos como instrumento de presión política internacional, sino a resolverlo mediante la creación de un fondo eficientemente organizado y manejado; si las grandes naciones disponen en este momento -y en un futuro próximo dispondrán también- de reservas de alimentos necesarios para otros países, se deciden a brindar su ayuda con un espíritu verdadero de solidaridad, la situación del hambre en muchos países de América Latina, de áfrica y de Asia, podrá ser aliviada.

Si, por el contrario, se insiste, no obstante la creación de un fondo por las Naciones Unidas, en que los alimentos se sigan usando como instrumento de presión política, se continuará en un viejo e inhumano error.

Estas acciones desplegadas en el exterior, corresponden al impulso que en lo interno damos a la producción de alimentos básicos.

Se multiplican las medidas para satisfacer las necesidades alimenticias de una población en constante aumento y que, por otra parte, reclama nuestra industrialización.

Los requerimientos crecientes de alimentos y materias primas para satisfacer las necesidades del mercado interno y aumentar nuestras exportaciones, demandan la continua incorporación de áreas al cultivo bajo riego.

Con este propósito, durante el período que informamos, se beneficiaron 203 mil hectáreas, de las cuales 104 mil se incorporaron por primera vez al cultivo; fueron mejoradas las condiciones de 25 mil que operaban particulares en forma deficiente; se rehabilitaron 50 mil hectáreas; y, mediante concesiones y permisos para explotar aguas superficiales y subterráneas, se han abierto al riego 24 mil más.

Las obras de riego realizadas en la presente administración benefician ya 766 mil hectáreas, que sumadas a 127 mil concesionadas a particulares, totalizan 893 mil hectáreas, que nos acercan a la meta de un millón que nos hemos propuesto alcanzar en 1976.

Fue concluido el Plan Nacional Hidráulico, que considera las necesidades y las alternativas de solución para el mediano plazo, 1980, y para el largo plazo, el año 2000.

En su elaboración participaron calificados especialistas a fin de establecer las bases generales de los aprovechamientos hidráulicos.

Contiene también estrictas medidas para controlar la contaminación y evitar así problemas que serán más relevantes.

Con la elaboración de este Plan, el país es pionero en la programación integral de sus recursos acuíferos.

A fin de armonizar los programas que varias dependencias, organismos y empresas realizan en beneficio del campo, se constituyó la Comisión Nacional Coordinadora del Sector Agropecuario, que conjuga, además de los esfuerzos de las dependencias del Gobierno Federal, el de los gobiernos de los Estados.

Para 1975 se estima cosechar una superficie de 15 millones 700 mil hectáreas.

El valor de la producción agrícola de los 75 principales cultivos y frutales se calcula, a precios rurales, en 74 mil 500 millones de pesos, lo que significa un incremento de 12 mil 60 millones, respecto al ciclo anterior.

Estos resultados resumen los logros iniciales del Plan Agrícola Nacional.

Los esfuerzos realizados en favor del campo empiezan a rendir frutos.

A partir de este año volveremos a ser autosuficientes en frijol, arroz, trigo, cártamo y otras oleaginosas.

En maíz habremos dado un importante paso ya que la importación que se ha hecho es la cantidad necesaria para aumentar la reserva y garantizar alimentación para los mexicanos a precios accesibles.

Para incrementar los rendimientos de los principales cultivos se produjeron 152 mil toneladas de semillas certificadas de alto rendimiento, que permiten la siembra de 3 millones de hectáreas.

En beneficio directo de agricultores y campesinos se vendieron 2 millones 470 mil toneladas de fertilizantes, a precios inferiores a los del mercado internacional.

Esa cantidad significa un incremento del 13 por ciento respecto al período anterior.

La superficie beneficiada con la aplicación de fertilizantes alcanza ya 8 millones de hectáreas, cifra que representa casi un 50 por ciento de aumento respecto a la beneficiada en 1970 y la mitad de la superficie que se cultiva en el país.

En el pasado ciclo agrícola de invierno se dedicaron a la siembra de maíz, frijol y trigo un millón 528 mil hectáreas en las que se obtuvieron en conjunto, 3 millones 898 mil toneladas.

En el ciclo primavera - verano 1975 se destinan al cultivo de maíz y frijol 8 millones 734 mil hectáreas, que se estima rendirán una cosecha de 10 millones 600 mil toneladas.

La cosecha de café fue de 3 millones 900 mil sacos con valor de 3 mil 500 millones de pesos.

Se efectuaron operaciones de exportación por 2 mil millones de pesos, al colocarse en el mercado internacional 2 millones 131 mil sacos.

El resto se destinó al consumo interno.

El adecuado manejo de las existencias de este producto nos coloca en una posición ventajosa en el mercado mundial de café.

Desde los primeros días de mi mandato, se marcaron para la industria azucarera nuevas metas de productividad y objetivos sociales.

Iniciamos un amplio programa de reestructuración de esta actividad tan importante para nuestra economía y para la alimentación de nuestro pueblo manteniendo invariable en estos cinco años un precio del azúcar muy inferior al internacional.

El azúcar que paga el pueblo de México tiene un precio muy inferior al de casi todo el mundo.

No obstante los cañeros reciben hoy 120 por ciento más del valor promedio de su caña que en 1970; el sector obrero ha visto aumentado su salario en un 124 por ciento; la capacidad financiera de la industria se incrementó en un 105 por ciento.

Los nuevos sistemas administrativos propiciaron que sin acudir a subsidios se incrementara la producción de este energético humano en 1 millón 385 mil toneladas más sobre las cifras del quinquenio anterior.

Así, se ha podido satisfacer la creciente demanda interna de este producto que superó al quinquenio anterior en 2 millones 210 mil toneladas.

En el último año se cultivaron 427 mil hectáreas de las que se obtuvieron 29 millones y medio de toneladas de caña, que rindieron 2 millones 550 mil toneladas de azúcar.

Se destinaron 206 mil toneladas a la exportación, que aportaron divisas por 1,645 millones de pesos.

Estos recursos fueron dirigidos a incrementar los ingresos de campesinos y obreros, así como a solventar los incrementos de costos industriales.

El Estado aporta ya el 60 por ciento de la producción nacional de azúcar.

Administra 31 ingenios, 15 más que en 1970, 3 de ellos puestos en marcha en este mismo año.

El actual Gobierno dejará a la próxima administración una capacidad instalada para la producción de azúcar superior en un 30 por ciento a la que recibimos en 1970 mediante la construcción, ya iniciada, de 7 nuevos ingenios que aumentarán en un millón de toneladas la producción actual y que garantizará la satisfacción del consumo interno hasta 1982.

La experiencia de estos años en la reestructuración de la industria azucarera permitirá que en la próxima zafra se ponga en práctica un mejor y más simple sistema de liquidación a los cañeros con base en los rendimientos.

Este sistema se apoyará en un fideicomiso que fomentará la colectivización en el campo y hará que la maquinaria y todos los elementos agronómicos sean manejados por parte de los propios cañeros.

Sin embargo, se ha reducido la producción de caña en algunos Estados, sobre todo en Sinaloa, en Jalisco y en Veracruz.

Necesitamos, señores, a partir de este mecanismo lograr que la caña de azúcar no signifique pobreza para quienes la cultivan.

Si bien el azúcar es barata y la exportación seguirá subsidiando al consumo interno por ser un energético popular esencial; por la otra, el Gobierno es el primero en reconocer que ha sido muy desigual el mejoramiento de los obreros de los ingenios azucareros, en contraste con el lento progreso, e incluso, con aspectos regresivos, por lo que hace a los cultivadores de la caña de azúcar.

La Comisión Nacional de la Industria Azucarera, que dirige una junta de gobierno en la que participan tres secretarios de Estado, así como la representación campesina, obrera y los técnicos que trabajan en la industria tienen el, compromiso de encontrar, antes de que el sexenio concluya, la forma de elevar la producción, la productividad y, junto con ello, la condición económica de los trabajadores del campo, de los campesinos que cultivan caña de azúcar.

Las fluctuaciones internacionales afectaron la exportación de algodón.

A este cultivo se destinaron 252 mil hectáreas cosechándose 952 mil pacas, de las que vendieron al exterior 800 mil con valor de 1,840 millones de pesos.

Para evitar quebrantos a los algodoneros, en este ciclo se programó el cultivo de sólo 228 mil hectáreas, suficientes para satisfacer la demanda interna y exportar si ello es conveniente.

La cosecha de tabaco fue de 55 millones de kilogramos, con valor de 680 millones de pesos, a precio rural.

Los agricultores recibieron, por concepto de utilidad, 220 millones de pesos.

El inventario ganadero del país lo coloca en el 6o. lugar mundial.

Sin embargo, sólo un 20 por ciento de nuestra ganadería es aceptable por su calidad y el 80 por ciento restante es poco productiva.

Por ello, el Gobierno de la República ha puesto en marcha el Plan Nacional Ganadero, y ha renovado los cuadros de la Subsecretaría de Ganadería.

Las bases generales de este Plan responden a la necesidad de atender prioritariamente a los requerimientos humanos de alimentos, vestido y materias primas de origen animal a precios accesibles para la población.

Para lograrlo se incorporaron nuevas extensiones a la exportación ganadera, utilizando procedimientos que no rompan el sistema ecológico existente, y se fomenta la organización de unidades colectivas en tierras ejidales, comunales y pequeñas propiedades que permitan el mejoramiento de las familias campesinas.

Se procura aprovechar óptimamente los pastos nativos y las plantas forrajeras, así como subproductos de otros recursos, como la caña de azúcar.

En diciembre último se aprobó la Ley de Sanidad Fitopecuaria, que facilita mayor coordinación de las autoridades sanitarias para controlar las plagas que dañan la producción.

Un avance de un millón 600 mil hectáreas registra el inventario nacional forestal en este año.

Se prevé que para 1977 quedará totalmente concluida esta tarea, lo que facilitará el aprovechamiento de los bosques y proporcionará bases para luchar contra su tala inmoderada.

Las inversiones del sector público destinadas al aprovechamiento de los recursos forestales permiten la producción anual de un millón 300 mil metros cúbicos de madera en rollo.

Los bosques del país pertenecen en un 75 por ciento a ejidatarios y comuneros, en un 23 por ciento a pequeños propietarios auténticos y el 2 por ciento restante a parques nacionales.

Nos hemos propuesto, durante el actual Gobierno, dar una mayor participación a los dueños del bosque en los beneficios de la riqueza forestal.

De ahí la formación de organismos descentralizados, con ámbitos distintos de acción, en que los titulares de las tierras boscosas participan.

La mayor parte de las importaciones de productos de origen forestal son celulosa y papel, y substituirlas representa cuantiosas inversiones y un largo plazo para que rindan frutos.

A pesar de ello, están en marcha ocho proyectos que permitirán seguir reduciendo las compras al exterior de estos productos.

La política forestal se ha orientado hacia el aprovechamiento racional del bosque por sus dueños, con la participación y asesoramiento de los Gobiernos Federal y locales, superando las etapas del establecimiento de vedas, que en muchos casos fueron contraproducentes.

En beneficio de los campesinos ixtleros, se pusieron en servicio obras de interés social y productivo con importe global de 1,300 millones de pesos.

Con el propósito de hacer más eficiente su trabajo, operan ya 100 máquinas talladoras de palma y lechugilla.

Asimismo, se ha constituido la "Impulsadora Ixtlera La Forestal", a fin de poder, en lo sucesivo, comercializar directamente la lechugilla, suprimiendo a los intermediarios.

Para aprovechar mejor los gastos de operación y el trabajo del personal encargado de manejar el crédito al campo, evitar el desorden administrativo, en plena correspondencia a los esfuerzos de integración de las organizaciones campesinas y para satisfacer una de sus reiteradas demandas, se decretó la integración de los Bancos de Crédito Ejidal, Agrícola y Agropecuario en una sola institución: el Banco Nacional de Crédito Rural.

Las dos terceras partes del crédito fueron destinadas a la agricultura y fundamentalmente a la producción de alimentos básicos.

La banca oficial agropecuaria canalizó créditos al campo por 21 mil 480 millones de pesos durante el periodo que informamos; cifra superior en 48 por ciento a la del periodo precedente y cuatro veces mayor a la de 1970.

El sector público participa en la distribución y comercialización de productos de consumo popular para evitar la intermediación y la especulación de falsos comerciantes que lucran injustificadamente.

Durante los últimos doce meses, CONASUPO ha realizado operaciones por 32 mil millones de pesos.

Ha movilizado 20 mil toneladas diarias de diversos productos y realizado ventas por 60 millones de pesos, cada día.

CONASUPO se había dedicado fundamentalmente al comercio, ahora también produce en gran escala alimentos populares industrializados.

A principios de 1970 se contaba con una sola planta de harina de maíz; a fines de este año estarán funcionando un total de cuatro.

Además se aumentó y diversificó la producción de lácteos y de pan e inició la producción de harinas de trigo, aceites comestibles, pastas para sopas y alimentos balanceados.

Hace un año afirmamos que se aumentarían los precios de garantía cuantas veces fuera necesario, para retribuir justamente el esfuerzo campesino.

Para maíz, frijol, trigo, arroz y semillas oleaginosas se autorizaron, oportunamente, nuevos precios de garantía.

Además, se iniciaron las compras de copra, al precio de 5 mil 500 pesos la tonelada, para coadyuvar a la solución de los problemas sociales que afrontan los campesinos que viven de la palma de coco.

Debido a grandes sequías e inundaciones ocurridas todavía el año pasado se perdieron muchas cosechas que ocasionaron escasez de frijol y arroz.

No fue posible ampliar las importaciones porque la falta de ambos productos se generalizó en todos los países consumidores.

No obstante, se abastecieron con oportunidad las necesidades del consumo nacional.

La revisión de los precios de garantía y los nuevos sistemas de comercialización en que intervienen los propios campesinos, han sido factores determinantes para que México haya recuperado la autosuficiencia en estos dos alimentos y que ya se cuente con excedentes exportables.

Por todo lo anterior tenemos la satisfacción de afirmar que en México están garantizados, para este año y el próximo, los alimentos básicos de la población.

En promociones especiales, CONASUPO distribuye y vende abajo de sus costos netos, frijol arroz y otros consumos indispensables en apoyo directo de la economía popular, cuidando que no se presenten fenómenos de disminuciones relativas y temporales de la demanda por el pago de mejores precios a los campesinos.

Esta es una práctica que fortalece el mercado interno y la justicia distributiva del ingreso.

Para reforzar la compra y almacenamiento de productos agrícolas y la distribución de alimentos populares, se integraron los Almacenes Nacionales de Depósito y Bodegas Rurales CONASUPO.

Reconstituidas las reservas de alimentos básicos, los mayores esfuerzos se concentran en la consolidación de nuevas formas de distribución y comercialización combatiendo a los intermediarios que, al multiplicarse excesivamente y al actuar con un propósito de lucro desmedido, lesionan a los productores pagándoles precios bajos y a los consumidores vendiéndoles con diferencias que están muy por encima de la justa utilidad comercial.

Este año se aumentó la acción del Programa de Inversiones Públicas para el Desarrollo Rural, que procura una más justa distribución del producto social, mayor equidad en el crecimiento y el arraigo de la población en el campo, mediante el progreso efectivo de las comunidades campesinas.

El programa que tiene una inversión de 2 mil 500 millones de pesos, opera ya en 75 regiones de los 31 Estados.

Sus acciones cubren el 32 por ciento del territorio nacional y benefician en forma directa e indirecta a 27 mil localidades, en las que vive el 45 por ciento de la población rural.

La pesca constituye un potencial económico que requiere aprovechamiento integral para beneficio de productores y consumidores.

Se trabaja en la habilitación de distritos de acuacultura para incrementar la captura de aguas interiores.

Dentro del programa presidencial de embarcaciones pesqueras se entregaron 160 barcos camaroneros a diversas sociedades cooperativas de producción, con lo que suman 349 las entregadas en nuestro programa de 500 barcos.

Se adquieren, además, 190 embarcaciones para la pesca de diversas especies en alta mar; y 22 más que se utilizarán con fines científicos y educativos.

Para diversificar las actividades económicas de los ejidatarios se constituyeron 45 cooperativas pesqueras ejidales, que agrupan a 3 mil socios.

Para apoyar la actividad de los pescadores se concedieron créditos por 217 millones de pesos.

Además se instalan 37 nuevos centros distribuidores de productos del mar.

El crecimiento del país demanda no hacer una pesca meramente costanera que, a veces, casi es de playa.

Demanda, asimismo -y estamos trabajando en ello- conciliar los intereses de los cooperativistas tradicionales y de los campesinos que de acuerdo con la Ley Federal de Reforma Agraria han integrado cooperativas pesqueras.

Estos problemas serán solucionados porque ambos son trabajadores.

Yo los exhorto a que diluyan toda disputa al respecto.

C. INFRAESTRUCTURA

El Gobierno ha impulsado los programas de infraestructura de transportes y comunicaciones.

En 1974 se erogaron por estos conceptos 15 mil 540 millones de pesos.

Para 1975 se autorizaron 20 mil 823 millones que representan un aumento del 34 por ciento respecto al año precedente.

A la ampliación y conservación de la red nacional de carreteras, que constituye el principal medio terrestre de integración se destinan 7 mil 309 millones de pesos.

Durante el período del cual se informa se terminaron 11 carreteras federales, con una longitud de 680 kilómetros, y se han iniciado 13 más que, al concluirse sumarán 2 mil 240 kilómetros.

En 1970, sumando la longitud de todo tipo de caminos, existían 71 mil 520 kilómetros construidos.

En 1975, la red total alcanza 185 mil kilómetros, lo que significa más que duplicar, en sólo cinco años, la extensión de la red construida en los cuarenta y cinco años anteriores.

El sistema ferroviario, que durante muchos años fue el único medio de transporte terrestre eficiente y seguro, continúa siendo pieza fundamental del sistema de comunicación.

Se calcula que el sistema transportará este año 67 millones de toneladas de insumos básicos para la industria y la alimentación popular, lo que representa un aumento de 7.5 por ciento, respecto al año anterior.

Las inversiones autorizadas al sistema en 1975 ascienden a 4 mil 860 millones de pesos.

Con esa suma continúan los programas de construcción y rehabilitación de vías y estructuras en una longitud de 805 kilómetros.

También se adquirirán 91 locomotoras y 5 mil 866 carros, para agilizar el movimiento de carga.

La expansión del comercio exterior por vía marítima, y el impulso a las actividades turísticas y pesqueras requieren el fortalecimiento de la infraestructura portuaria del país.