Chapter 4

La integración espiritual del país exige que la cultura no quede reservada a los grupos que han tenido el privilegio de ingresar a la educación superior, costeada por el pueblo.

Fomentar las posibilidades de esparcimiento y las prácticas artísticas y recreativas, la educación y la capacitación del trabajador equivale, sin duda a fincar el progreso en la realización del hombre.

El Ejecutivo Federal expidió dos Decretos que crean el Consejo Nacional para promover la Cultura y Recreación de los Trabajadores y la Editorial Popular para los Trabajadores.

Se trata de organismos descentralizados que tienen por objeto coordinar recursos y atribuciones de dependencias públicas e instituciones educativas, con los esfuerzos de los sindicatos y las obligaciones de las empresas, a fin de permitir a los trabajadores y sus familias el acceso a niveles más altos de civismo y bienestar.

Entre las primeras actividades del Consejo se encuentra la promoción de los sistemas de educación abierta en las empresas, a fin de que los trabajadores puedan acreditar grados de educación primaria y secundaria como complemento de sus labores.

También el establecimiento de una Organización de Turismo para los Trabajadores, que los estimule hacia el mejor conocimiento de su país y propicie -con la ayuda del sector campesino- la creación de centros de recreo en todo el territorio nacional.

Es imprescindible alentar la capacidad de innovación y la aptitud para el trabajo de los mexicanos.

Hemos resuelto poner a consideración de esta Soberanía la Ley Federal de Formación Profesional, que establecería sistemas de adiestramiento por ramas de industria mediante convenios obrero - patronales, organizaría la cooperación entre empresas de distintas dimensiones y vincularía la investigación tecnológica a la capacitación de recursos humanos.

En el mes de abril se inauguró, como proyecto piloto, el Instituto de Capacitación de la Industria Azucarera, fruto del esfuerzo conjunto de los sindicatos, las empresas y el Gobierno, para la formación integral del trabajador.

Este Instituto aprovecha la capacidad instalada de todos los Ingenios del país y combina sus actividades con las del sistema educativo.

Hemos iniciado la transformación del actual Servicio Público del Empleo.

Es nuestro propósito convertirlo en un auténtico Servicio Nacional para el Desarrollo de los Recursos Humanos, dotado de los medios suficientes para operar mecanismos de información entre la oferta y la demanda de trabajo, impulsar la capacitación de la población subocupada y establecer bases técnicas para una política de migraciones internas y externas de mano de obra.

Participamos activamente en los foros internacionales que elaboran normas para proteger a los trabajadores migratorios.

Sostenemos que este fenómeno tiene su origen en la estructura de desigualdad que prevalece a escala mundial.

Insistimos, no obstante en la Defensa de los derechos humanos y laborales de quienes emplean su fuerza de trabajo en un país extranjero.

Durante la Décima Conferencia de los Estados Americanos Miembros de la Organización Internacional del Trabajo, que tuvo lugar en México, logramos la adopción de normas en beneficio de quienes atraviesan ilegalmente las fronteras en busca de trabajo.

Estos trabajadores son habitualmente los más explotados.

Por el solo hecho de ejercer una actividad ilícita en el territorio de otro Estado, merecen, sin embargo, el amparo de la Ley, bajo la denominación de Trabajadores migrantes no documentados.

Lo contrario, sería violatorio de garantías fundamentales de la persona humana.

Todas estas cuestiones se relacionan con el problema más severo a que hace frente nuestro país; el empleo.

De poco valdría armonizar las relaciones entre el capital y el trabajo e incrementar la productividad de las empresas, si el progreso, así obtenido sólo encubriera la persistencia de grandes legiones de marginados.

México aspira a ser un país de trabajadores.

Sólo mediante la actividad productiva es posible la incorporación cabal a la obra de la comunidad.

La Ley establece que el trabajo es un derecho y un deber social.

Es demanda del movimiento obrero que se consagre a nivel constitucional el derecho al empleo, a la capacitación y a la educación permanente.

Ello entraña un compromiso histórico de la Sociedad y el Estado Mexicano para otorgar, a una política justa de empleo, la prioridad más alta.

Propondré a Vuestra Soberanía la iniciativa de reformas legales correspondiente.

Es la decisión de anticipar el futuro y las ideas revolucionarias lo que asegura provenir de las naciones.

En la tarea de aumentar el ritmo de construcción de viviendas de interés social se han vencido obstáculos y factores adversos.

Las instituciones gubernamentales, en el período de este Informe, han concluido cerca de 60 mil viviendas en beneficio de 377 mil personas.

Esto significa que se ha elevado en casi tres veces el volumen anual, en comparación con las que se construían hacia 1970.

Los planes de vivienda obrera derriban el falso dilema entre inversión habitacional improductiva e inversión productiva de fomento al desarrollo.

La creación de empleo, el estímulo a la pequeña y mediana empresa, la descentralización regional, el impulso a la investigación tecnológica y el reordenamiento urbano son propósitos adicionales que persiguen las acciones en este campo.

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores -INFONAVIT- es el instrumento para asegurar el cumplimiento del imperativo constitucional, hoy actualizado, de que el trabajador cuente con una morada digna.

A 40 meses de creado, la población derechohabiente del Instituto asciende a cerca de 4 millones de trabajadores.

En el lapso que comprende este informe, se asignaron más de 18 mil créditos con un monto superior a 1,302 millones de pesos que benefician a 129 mil personas.

Se entregaron 90 conjuntos habitacionales con un total de 36 mil 150 viviendas; lo doble de lo que realizaron en 1970 todos los organismos públicos y privados.

Sin embargo, siendo el INFONAVIT una institución tripartita -señores funcionarios, señores líderes obreros, señores líderes empresariales- yo quiero que compartamos mi criterio de total inconformidad con el ritmo de trabajo del INFONAVIT, de cuyo funcionamiento son igualmente responsables los obreros, los empresarios y los funcionarios que representan al Poder Ejecutivo Federal.

Ya pasó la época inicial.

Lo mismo pasó con el Seguro Social en sus principios.

Lo mismo ha pasado con otras instituciones.

Es preciso que algunos técnicos se despojen de la actitud elitista que los hace insensibles ante las necesidades de la idiosincrasia de la familia mexicana respecto a muchos de los conjuntos habitacionales.

Es necesario que se entienda más a fondo el problema ocupacional de los niños y los adolescentes.

Es necesario que se revise cuidadosamente el diseño de las viviendas.

Ya hay algo de eso, pero quisiera llegar más a fondo, con profundo sentido humano, a efecto de que las actividades comunitarias tengan en cada unidad habitacional una amplia posibilidad de desarrollarse.

Además, es necesario que no haya intermediarios en la compra de terrenos.

Sin embargo, honestamente hablando, los funcionarios, técnicos y administrativos del INFONAVIT que son meros mandatarios de obreros, de empresarios y de gobierno, no pueden lograrlo por sí solos.

Yo encarezco a los tres sectores a que incrementen el ritmo de trabajo, de vigilancia, de participación en nuestras acciones legales para que, a fines del año entrante se alcance un ritmo anual de 90 ó 100 mil habitaciones para los trabajadores, como nos lo habíamos propuesto originalmente.

El Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado -FOVISTE- concluyó la edificación de 7 mil 815 viviendas.

El beneficio alcanzó a 44 mil derechohabientes.

Los programas del Instituto Nacional de Desarrollo de la Comunidad Rural y de la Vivienda Popular - INDECO - comprendieron este año la conclusión de 16 conjuntos que suman un total de 7 mil viviendas.

Con una inversión de 230 millones de pesos, fueron reparadas

20 mil viviendas en zonas afectadas por fenómenos meteorológicos.

El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos concluyó 5 conjuntos con 1,050 viviendas en beneficio de 6 mil habitantes.

El Departamento del Distrito Federal edificó 2 unidades con un total de 1,825 viviendas.

Dentro del Programa Nacional de vacunación simultánea contra la poliomielitis, el sarampión, la tosferina, la difteria, el tétanos y la tuberculosis se aplicaron 17 y medio millones de dosis que inmunizaron a 6 millones de niños.

Condenamos enérgicamente las voces criminales que fueron propaladas al inicio de este año contra la ejecución del programa.

Estos rumores antisociales hubieran provocado que un millón y medio de niños no fueran protegidos contra graves males, y quedaran expuestos a la muerte o a la invalidez.

Para contrarrestar estas acciones se realizaron campañas intensivas de vacunación, con lo que se logró proteger a la mayor parte de los menores no inmunizados en la primera etapa.

Estos hechos mostraron la calidad moral de quienes se oponen a nuestros esfuerzos de liberación en lo externo y de justicia social en lo interno.

Este episodio contribuyó a elevar la conciencia del pueblo y a asegurar que en el futuro la intriga contrarrevolucionaria no sorprenda a la sociedad.

Entre los factores de la salud pública desempeña un importante papel el agua potable.

Se concluyeron, en este año, 249 sistemas de abastecimiento y fueron terminadas 831 obras en el medio rural. Con ellos se proporciona servicio de agua, por vez primera, a 735 mil habitantes y se mejoran los que ya disfrutaban 857 mil personas.

En la zona metropolitana del Valle de México se puso en servicio el acueducto Ecatepec en beneficio de 450 mil habitantes.

Se construyen 4 más que permitirán suministrar agua potable a 2 millones 200 mil de habitantes.

Durante el período que comprende este Informe, las Instituciones de seguridad social y de salud pública terminaron la construcción de 4 centros hospitalarios, 11 clínicas - hospital, 31 centros de salud y 32 clínicas diversas, con capacidad de 1.900 camas; se rehabilitaron, además, 17 hospitales y 32 clínicas - hospital, 30 centros de salud y 8 clínicas diversas con un total de 2 mil 200 camas.

La población amparada por las instituciones de seguridad social aumentó este año en más de dos millones y medio de habitantes, con lo cual asciende a 18 millones 644 mil el número de derechohabientes.

A la fecha, la población protegida dentro del régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social es de 15 millones 471 mil derechohabientes.

Como parte importante de la política del presente régimen en beneficio de los hombres del campo, el Seguro Social había incorporado hasta el año pasado a los tabacaleros del Estado de Nayarit, a los henequeneros del Estado de Yucatán, a los ejidatarios del Plan Chontalpa y de la Comarca Lagunera, a los tejedores de fibra de la región mixteca de los Estados de Oaxaca, Puebla y Guerrero.

En el presente año a nuevos grupos sociales se ha extendido el seguro social obligatorio; a los productores de café de los Estados de Chiapas, Nayarit y Oaxaca, Puebla, Tabasco y Veracruz y a 146 mil derechohabientes de las regiones productoras de cera de candelilla en Coahuila, Chihuahua, Durango y Zacatecas, así como a los vendedores ambulantes de billetes de lotería nacional.

La mayor parte de estos últimos reciben ya los beneficios de la seguridad social, y se trabaja aceleradamente en la extensión e incorporación de agricultores, cacaoteros, copreros, tabacaleros, trabajadores forestales, resineros y mineros de los Estados de Campeche, Chihuahua, Hidalgo, Michoacán, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

El Ejecutivo Federal promovió reformas y adiciones a la Ley del Seguro Social.

La aplicación de las nuevas disposiciones ha permitido beneficiar a la casi totalidad de los 300 mil pensionados por el Instituto, mediante el incremento de sus percepciones mensuales y el otorgamiento de un aguinaldo anual.

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado -ISSSTE- ampara a la fecha a 3 millones 173 mil derechohabientes, lo cual representa un incremento del 44 por ciento respecto al ejercicio anterior y de 136 por ciento en relación a la población protegida en 1971.

Durante este año, fueron incorporados al régimen 112 mil trabajadores de lista de raya y 320 mil familiares de los mismos.

Para amparar a las madres trabajadoras y dar sustento material a las disposiciones que establecen la igualdad de la mujer en el aspecto laboral, se ha impulsado la creación de guarderías infantiles, tanto por parte de las instituciones de seguridad social como por todos los organismos públicos.

A la fecha se encuentran en operación 170 guarderías con capacidad para atender a 35 mil niños; otras 18 están por concluirse con lo cual se podrá atender a 4 mil infantes más.

En la noble tarea de asegurar a la niñez mexicana, condiciones físicas y ambientales cada vez más favorables, el Instituto Nacional de Protección a la Infancia y la Institución Mexicana de Asistencia a la Niñez han acrecentado sus esfuerzos.

El INPI cuenta con una nueva estructura jurídica y administrativa que le permite atender, con mayor eficacia, las delicadas funciones que atañen a la promoción del bienestar infantil, familiar y comunitario, especialmente en el medio campesino.

Funcionan a la fecha 19 centros de Desarrollo de la Comunidad en el Distrito Federal, que unidos a los 871 establecidos en coordinación con los Institutos de los Estados, dan un total de 890 centros que despliegan su actividad por todo el país.

Se continúa la construcción de estos centros en distintas regiones de la República.

Este año fueron distribuidas 176 millones de raciones alimenticias que benefician a 587 mil niños diariamente.

Las raciones distribuidas a mujeres gestantes y lactantes ascendieron a 15 millones en beneficio de 53 mil 324 madres cada día.

Al programa Campesino de Orientación Familiar se incorporaron 196 mil mujeres en el cuadro nacional de enseñanzas prácticas y nutrición.

Además se capacitaron 11 mil parteras empíricas.

A la fecha se cuenta con 408 mil promotoras campesinas y se han elaborado planes para capacitar a 360 mil nuevas promotoras voluntarias rurales.

A lo anterior, se suma el esfuerzo de muchas otras mujeres que se han organizado en todas las instituciones públicas y en algunos sectores privados, para aportar espontáneamente, su valiosos concurso en tareas de servicio social.

Por las actividades de orientación familiar, promoción de la salud y educación higiénica, mejoramiento de las comunidades, protección del medio ambiente, y fomento de actividades productivas, expreso aquí el más efusivo reconocimiento al patriótico trabajo que realiza más de medio millón de mujeres a través de los Comités de promotoras sociales voluntarias.

únicamente quienes están anclados en una mentalidad egoísta a ultranza pueden ignorar o menospreciar la inmensa potencialidad que existe en el trabajo voluntario, que sustituye la pérdida de tiempo en actividades o entretenimientos banales, por un esfuerzo solidario y útil a los demás.

Yo pienso que si muchas horas que se dedican a la canasta uruguaya, a los desfiles de modas y a murmurar contra el prójimo se dedicaran un poco a servir al prójimo, avanzaría mucho México.

El equilibrio ecológico y el mejoramiento del medio ambiente no dependen exclusivamente de la acción gubernamental.

Los ciudadanos deben participar con mayor intensidad para el logro de estos inaplazables objetivos.

Como resultado de las visitas de inspección se lleva el control de 37 mil establecimientos contaminantes, entre ellos de 2 mil 927 empresas consideradas de alta contaminación.

La red automática para determinar la calidad del aire en el área metropolitana del Valle de México consta ya de 15 estaciones fijas y 2 móviles y están en proceso de instalación 5 más en el Distrito Federal, y las correspondientes a medición de polvos en Monterrey y Guadalajara.

POLITICA DE DESARROLLO

A. POLITICA AGRARIA

Para lograr el cabal cumplimiento de la nueva etapa de la Reforma Agraria, que se refiere, fundamentalmente, a la organización de ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, es necesario adaptar los instrumentos gubernamentales a las nuevas circunstancias del país.

Lo anterior, aunado a la insistente demanda de las organizaciones campesinas, nos condujo a transformar el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización en Secretaría de la Reforma Agraria.

En el fondo de los problemas del campo se encuentra una deficiente organización productiva.

El esfuerzo aislado de los campesinos encarece los costos, dificulta el acceso a la moderna tecnología, mediatiza el apoyo de los servicios de extensión y asistencia agrícola y propicia intermediación voraz.

La explotación colectiva de los bienes de los ejidos y las comunidades encuentra, en México, una jurisdicción no solamente técnica y económica, sino también social, histórica y política.

Las luchas agrarias por la restitución o dotación de tierras, aguas y bosques han sido, invariablemente colectivas.

Por ello en la conciencia campesina está siempre presente el germen de la solidaridad, la voluntad de cooperación y el esfuerzo conjunto para alcanzar las metas propuestas.

Es en esta conciencia en la que puede fincarse, sólidamente, una acción gubernamental que traslade esta voluntad solidaria al ámbito de la producción.

El trabajo colectivo fue agredido en la época de la colonia; en el período posterior a nuestra independencia, por el latifundismo porfirista; y, por los enemigos de las clases populares y de un México soberano y libre, en la época posrevolucionaria.

La explotación colectiva de la tierra, adoptada voluntariamente y apoyada por mi Gobierno con resolución ha demostrado ser positiva al incrementar la productividad, reducir los costos y redistribuir, con justicia, el producto del trabajo.

Quienes sostienen que el campesino no puede o no debe organizarse, no lo hacen por ignorancia; lo hacen por interés.

Son los agiotistas, los intermediarios innecesarios, los que a través del rentismo reconstituyen -simuladamente- verdaderos latifundios, son las rémoras sociales de siempre, los enemigos de la Reforma Agraria.

De nada servirán sus prédicas reaccionarias.

Los campesinos y el Gobierno conocen bien cuál es el nuevo tipo de lucha que hay que librar en el campo y, unidos, cada vez más unidos, la están ganando.

El Gobierno de la República con respecto a la libertad de asociación ofrece su más decidido apoyo para continuar extendiendo la explotación colectiva de la tierra.

Conforme a estos propósitos, se encuentra en marcha el Plan Maestro de Organización y Capacitación Campesina.

Se trabaja, con un avance considerable en 3 mil 400 ejidos y se inician tareas semejantes en mil más.

Siguen adelante los programas de industrialización rural de ejidos y comunidades.

Hasta el mes de agosto pasado, con el financiamiento directo del Fondo Nacional de Fomento Ejidal, se encontraban en operación 264 empresas ejidales que generan una producción anual de 1,172 millones de pesos y dan ocupación a 10 mil 771 campesinos.

Asimismo, se encuentran en integración 125 proyectos, con una inversión programada de 404 millones de pesos, que generarán una producción anual de 563 millones de pesos y 3 mil 811 empleos.

La explosión demográfica propicia la invasión de tierras ejidales por grupos precaristas.

Con el fin de atender con mayor eficacia esos conflictos, la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, fue transformada en organismo descentralizado.

Se decretaron 134 expropiaciones destinadas a procesos de regularización, que desincorporaron del régimen ejidal 16 mil hectáreas, por las que se pagó a los campesinos una indemnización de 329 millones de pesos.

Se regularizaron 157 mil 700 lotes en beneficio de 946 mil personas, lo que permitió captar 615 millones de pesos que se canalizan a empresas productivas para beneficio de 8 mil 600 ejidatarios.

Del 1 de septiembre de 1974 a la fecha, he firmado 344 resoluciones, que por las vías de dotación y ampliación de ejidos, de creación de nuevos centros de población ejidal y de reconocimiento y titulación de bienes comunales, benefician a 41 mil 925 familias campesinas con 2 millones 173 mil 174 hectáreas.

Sumadas estas resoluciones a las que anteriormente he expedido hacen un total de 1,605 que, por las vías señaladas benefician a 156 mil 956 familias campesinas con 10 millones 300 mil hectáreas.

En el mismo período he firmado 745 acuerdos individuales de inafectabilidad agrícola, 450 de inafectabilidad ganadera, uno de inafectabilidad agropecuaria y 24 de conjuntos de inafectabilidad agrícola, conforme a los cuales se expidieron 4 mil 162 certificados para igual número de predios, por una superficie total de 261 mil 928 hectáreas.

Con objeto de regularizar la tenencia de la tierra en las colonias agrícolas, se investigaron 832 mil hectáreas en 11 Estados.

De ese total se entregaron 387 mil 495 hectáreas amparadas por 3 mil 652 títulos de propiedad.

El progreso de la Reforma Agraria tenía un serio obstáculo en la división de la clase campesina.

Su desintegración dificultaba las acciones del Gobierno Federal y alentaba fuerzas adversas al movimiento agrarista.

Para superar esta situación fue suscrito el "Pacto de Ocampo" por las cuatro principales agrupaciones existentes.

Este es el primer paso para su total unificación y la posibilidad de luchar, con mayor efectividad, por una causa común; propósito ratificado en Anenecuilco el 8 de agosto último, como un homenaje activo y práctico en el nonagésimo sexto aniversario del natalicio de Emiliano Zapata.

Felicitamos a cada una de estas organizaciones por su solidaria actitud.

La unidad campesina garantiza el triunfo de la Reforma Agraria.

La Ley Federal de Reforma Agraria fue formulada por representantes de los campesinos del país y discutida en el seno del Congreso de la Unión.

Sus preceptos son fruto de la experiencia de muchos años y atienden a los intereses prioritarios de la nación.

Puso término a imprecisiones y lagunas legales que propiciaban incertidumbre entre los productores del campo y permitían legitimar operaciones que, en la práctica, constituyeron verdaderos despojos y un fraude al espíritu del constituyente.

Como todo paso adelante que afecta privilegios la nueva legislación ha sido blanco de ataques con el viejo pretexto de la inseguridad y el descenso de la productividad, que es el argumento de siempre -monótono y desgastado- que esgrimen los intereses retardatarios en el campo.

En México la seguridad en la tenencia de la tierra se funda en la Ley.

Los únicos que pueden sentirse intranquilos, son aquellos que, al margen de sus preceptos, pretendieron que el solo paso del tiempo legitimaría sus arbitrarias posesiones.

Olvidan que los derechos ejidales son inalienables e imprescriptibles.

Olvidan también que el Estado mexicano es fruto de una revolución popular realizada esencialmente por los campesinos y que el actual Gobierno se sustenta, en gran parte, en el respaldo mayoritario de los hombres del campo.

Sólo pueden sentir inseguridad quienes se hicieron de tierras al margen del Derecho; sus temores son fundados, porque la ley cada día se aplicará más rigurosamente.

En cambio, la auténtica pequeña propiedad seguirá siendo respaldada.

No obstante la preocupación de los gobiernos de la Revolución Mexicana por los problemas del campo, estos tuvieron que concentrarse, en un principio, en la compleja e inaplazable tarea de la distribución de la tierra.