Chapter 1

1 de septiembre de 1975.

Discurso del Lic. Luis Echeverría Álvarez, al abrir el Congreso sus sesiones ordinarias, el 1 de septiembre de 1975. Honorable Congreso de la Unión:

Ha transcurrido un año más de intensa actividad nacional.

En lo interno, hemos trabajado por acelerar la marcha hacia una sociedad igualitaria, consolidar la democracia política y nuestro régimen de libertades, extender las garantías sociales y ampliar nuestro horizonte cultural y económico.

Para ello, continuamos alentando, como lo haremos hasta el último día de nuestro mandato, la participación de los ciudadanos en las decisiones gubernamentales.

En lo externo, hemos luchado porque nuestro país no sea espectador pasivo en el análisis y resolución de los problemas internacionales; por dejar muy clara la postura de México al lado de los países débiles sojuzgados y explotados, y con ello, mantenernos fieles a los principios fundamentales de nuestra política internacional; por realizar actos concretos y no sólo declarativos para la unión de los países del Tercer Mundo y lograr, así, mejores condiciones en su relación con lo países más poderosos; por fortalecer nuestro poder de negociación y abrir nuevos horizontes a nuestro comercio exterior, para elevar el nivel de vida de las clases mayoritarias de nuestro pueblo.

Todo ello consolida el prestigio de la nación en el ámbito internacional y amplía el contenido de su independencia.

En nuestros contactos con otros países hemos actuado con respeto absoluto a sus formas de vida, pero seguros de la capacidad de nuestro sistema político, económico y social, para consolidar y acelerar el progreso de México.

Solamente por ignorancia o por falta de patriotismo, se puede postular la copia simplista de formas de convivencia concebidas por otras naciones para sus específicos problemas y circunstancias.

Las verdaderas respuestas surgen de la historia nacional y de la entraña popular; responden al peculiar modo de ser de cada país.

No negamos que existan fenómenos semejantes en todos los pueblos del orbe; pero recordamos que uno de ellos ha sido, precisamente, el rechazo a la imposición y la defensa de los valores propios.

Tan infundado sería suponer que la política exterior resolviera automáticamente los problemas nacionales, como creer que para superarlos bastan las acciones internas realizadas en el aislamiento.

La lucha hay que librarla en ambos frentes.

Con valentía y voluntad solidaria en el ámbito internacional y con autocrítica y consistencia dentro de nuestras fronteras.

No bastaría combatir el neocolonialismo mundial si al propio tiempo no lo hiciéramos contra el colonialismo.

Pero también sería insuficiente esforzarnos por erradicar nuestras desigualdades sin combatir la injusticia internacional que las propicia.

La política exterior es parte fundamental de la política interna y atiende, como ésta, a la necesidad de mejorar las condiciones de vida de nuestros compatriotas.

La acción del Gobierno es unitaria y responde, en uno y otro caso, a los intereses fundamentales del país, y subrayadamente, a los de los sectores obreros, campesinos y demás clases populares en que se finca su progreso.

De la forma en que hemos trabajado a favor de estos intereses damos hoy cuenta al pueblo, por quinta ocasión, desde la tribuna más elevada de México.

POLITICA INTERIOR

Conmemoramos el Sesquicentenario de la República Federal, de la Constitución de 1824 y el de la instalación de la Corte Suprema de Justicia, así como el Centenario de la Restauración del Senado.

Celebramos estos acontecimientos no como simples recuerdos de un pasado limpio y vigoroso, sino como origen de nuestras instituciones contemporáneas y, por eso mismo, como una forma de adhesión actual a los valores que representan y de estímulo para perseverar en la lucha por el mejoramiento de nuestra sociedad.

Del pretérito extraemos experiencia y fortaleza moral para conquistar el porvenir.

En 1974 anuncié que enviaría una iniciativa de reformas a la Constitución para que fueran creados los Estados de Baja California Sur y Quintana Roo, y culminar, así, el proceso de integración federal iniciado en 1824.

Hoy, la Federación se congratula de contar con dos nuevos Estados Libres y Soberanos.

Después de que el Constituyente Permanente decretó la reforma del caso, la ciudadanía de ambas Entidades eligió Congresos Constituyentes, de cuyas deliberaciones surgieron dos Constituciones modernas que, apegadas a nuestra norma fundamental, amplían el campo de las garantías sociales conforme a la revitalización revolucionaria que vive el país y estructuran órganos de gobierno funcionales, adecuados para continuar el desenvolvimiento integral de los nuevos Estados.

Promulgadas estas Constituciones fueron elegidos los Poderes Legislativo y Ejecutivo locales en procesos comiciales plenos de entusiasmo y espíritu democrático.

De la misma manera, fueron electos por vez primera, un diputado federal más y dos senadores de la República por cada una de las dos Entidades; distinguidos legisladores que hoy sesionan en este recinto.

Además de las anteriores, se celebraron elecciones ordinarias de Gobernadores en los Estados de Veracruz, Tlaxcala, Sinaloa, Puebla, Guerrero, Tamaulipas, Hidalgo, Quintana Roo, Baja California Sur, México y Coahuila, y extraordinarias en Hidalgo.

Se eligieron diputados locales en Veracruz, Tlaxcala, Sinaloa, Puebla, Guerrero, Tamaulipas, Hidalgo, México, San Luis Potosí, Baja California Sur y Quintana Roo y, por elecciones extraordinarias, en Hidalgo.

Quedaron integrados ayuntamientos en Sinaloa, Baja California Sur, Oaxaca, Puebla, Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y Quintana Roo.

Hubo elecciones extraordinarias de autoridades municipales en San Pablo del Monte, Estado de Tlaxcala; Santa Bárbara y Matamoros, Estado de Chihuahua, y en diez Municipios del Estado de Oaxaca.

En los Estados de Guerrero e Hidalgo ocurrieron hechos graves que condenó el pueblo.

El desenvolvimiento cívico e institucional de la República, reclama respeto al orden jurídico nacional y al particular de cada Estado.

El régimen federal no ha de servir para el encubrimiento político, ni para proteger cacicazgos, ambiciones de poder o intereses ilícitos.

La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión declaró, que habiendo desaparecido los poderes constitucionales de estos Estados, era llegado el caso de nombrar Gobernador Provisional en cada uno de ellos.

El restablecimiento del orden constitucional en estas Entidades, permite la continuidad de su progreso y una más estrecha vinculación entre pueblo y gobierno.

Aunque desde el principio de nuestro mandato hemos mantenido una estrecha y respetuosa colaboración con los señores Gobernadores, ésta es susceptible de ampliarse y fortalecerse.

A partir de este año, es norma del Titular del Ejecutivo Federal asistir a las ceremonias de transmisión del Poder Ejecutivo en los Estados.

Nuestra presencia en esos actos no se restringe a los aspectos meramente formales; es ocasión para efectuar juntas de trabajo que permiten emprender acciones provechosas.

México ha vertido su revolución en el orden jurídico.

El movimiento armado culminó plasmando sus principios y sistemas en la Constitución.

Mediante leyes y decretos, se empezó a moldear y regular la vida colectiva.

En una relación lógica los preceptos jurídicos generan nuevas formas de relaciones humanas y éstas, a su vez, demandan nuevas normas para continuar la dinámica del progreso.

Un Estado revolucionario debe mantener su estructura jurídica siempre acorde a las etapas por las que transita.

Congelar el derecho es siempre tendencia conservadora; revisarlo permanentemente a la luz de los principios de justicia social, es un imperativo revolucionario consagrado en nuestra Carta Magna.

Desde el inicio de mi mandato, se ha venido realizando un vasto proceso de renovación legislativa.

En esta tarea encontré siempre en el honorable Congreso de la Unión la voluntad de cambio que la sociedad demandaba.

Las iniciativas del Ejecutivo no sólo fueron acogidas, sino analizadas, revisadas y perfeccionadas por legisladores empeñosamente entregados a sus elevadas funciones.

Podemos afirmar que se ha revisado el andamiaje jurídico de la nación, y que éste modernizado y revitalizado, constituye una sólida estructura para enmarcar el trabajo común en los años venideros.

De diciembre de 1970, a la fecha, se han promulgado y entraron en vigor 224 disposiciones legislativas.

Del primero de septiembre de 1974 a la fecha se enviaron 55 iniciativas de leyes y decretos; de las principales de ellas, se da cuenta a lo largo de este Informe.

Continuaremos la obra de transformación jurídica para la renovación y el progreso de las instituciones del país.

Durante el Período Ordinario de Sesiones que se inicia el día de hoy, haré llegar a este Honorable Congreso de la Unión diversas iniciativas de nuevos ordenamientos o de reformas legales entre las que destacan las siguientes: Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles; Ley Federal de Protección al Consumidor; Ley del Consejo del Sistema Nacional de Educación Técnica; Ley que crea el Consejo Nacional de las Artes; Ley Federal de Formación Profesional; Ley de Extradición Internacional; Ley de la Propiedad Industrial; Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia de Explotación y Aprovechamiento de Recursos Minerales; Ley de Crédito Agrícola y Ley Orgánica de la Financiera Nacional Ejidal; así como iniciativas de reformas a la Constitución General de la República para crear una zona económica exclusiva de 200 millas náuticas a partir de nuestras costas, a la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea mexicana, a la Ley para la Comprobación, Ajuste y Cómputo de Servicios en el Ejército Nacional, a la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Nacionales, a la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y a la Ley de Asociaciones Agrícolas.

El país progresa en la medida en que su paz dinámica se sustenta en las reformas que, en todos los órdenes, promueve el régimen de la Revolución para satisfacer las demandas populares.

Esto es posible gracias a la activa participación de nuestras Fuerzas Armadas, garantes de la paz y salvaguardia de las instituciones republicanas.

El Ejército Mexicano nació en defensa de la democracia y del régimen constitucional.

Desde entonces, sus filas han estado integradas por hombres surgidos de la entraña popular.

Por ello, respaldan un orden político y social al servicio de las mayorías, en el que se mantiene la vigilancia de las garantías individuales y se amplían los derechos sociales.

El mejoramiento de nuestra democracia social, la defensa invariable de los derechos de campesinos y trabajadores, la expansión del sistema educativo, los esfuerzos para redistribuir el ingreso, el fortalecimiento de las empresas de interés público, el perfeccionamiento de nuestro sistema legal y el cumplimiento de una política exterior encaminada a multiplicar nuestros lazos con la gran mayoría de los países de la Tierra, como forma de fortalecer nuestra independencia política y económica y de contribuir a la paz universal, son hechos, todos ellos, que el Gobierno de la República puede llevar adelante gracias a la vigilancia del orden constitucional y a la sólida conciencia cívica de las Fuerzas Armadas.

Estas, además, cooperan leal y desinteresadamente en auxilio de la población civil cuando ésta lo necesita.

Luchan contra el analfabetismo, combaten el tráfico de estupefacientes, colaboran en tareas de promoción agropecuaria, de reforestación, saneamiento ambiental, en la construcción de caminos, puentes, casas de salud, obras de agua potable y electrificación, el pueblo, como siempre, les reitera su más profundo reconocimiento.

Merece destacarse aquí el Servicio Nacional Femenino de acción social que realizan las señoras esposas de lo Generales, Jefes y Oficiales del Ejercito del personal de tropa y fundamentalmente de sus familias.

Ello pone de manifiesto que el sentido de solidaridad y el patriotismo que caracterizan a los miembros de la Fuerzas Armadas, es compartido por sus esposas y evidencia, una vez más, la incorporación de las mujeres mexicanas a las grandes tareas nacionales.

Pendientes de la formación de los miembros de las Fuerzas Armadas se revisaron los programas de estudio de sus planteles, a fin de adecuarlos a los de la educación nacional y a las necesidades del país.

Se incremento el número de alumnos de los Planteles de Formación de Oficiales, también aumentó el alumnado femenino en las escuelas, Médico Militar, y de Educación Física y Deportes, y se autorizó su ingreso a la Escuela de Transmisiones; planteles que con anterioridad eran exclusivos para varones.

La construcción de unidades habitacionales por el Fondo de la Vivienda del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada, así como por la Dirección de Pensiones Militares, sumadas a las medidas aprobadas para aumentar los ingresos de los miembros de las Fuerzas Armadas, y sus prestaciones sociales, son aspectos medulares de nuestra preocupación por elevar las condiciones de vida de quienes prestan servicios fundamentales a nuestro país.

El crecimiento de nuestra economía, reclama una política marítima que permita la explotación de los recursos provenientes del mar y un perseverante resguardo del patrimonio marítimo.

Para fortalecer esta tarea la Armada de México recibió siete nuevos buques patrulla, que han sido ya abanderados, y cinco más se pondrán en servicio en los próximos meses.

El 4 de julio del año próximo, la nación renovará los Poderes Legislativo y Ejecutivo Federales; lo hará en el marco de una reforma política que garantiza una genuina manifestación democrática.

Una nueva Ley Federal Electoral que confiere a los partidos políticos nacionales voz y voto en todos los organismos comiciales, asegura la imparcialidad del proceso.

Los partidos políticos dispondrán nuevamente de tiempo gratuito en radio y televisión para hacer llegar sus tesis y programas al electorado, y de las franquicias postales y telegráficas que les han sido otorgadas.

El padrón electoral, pieza cardinal para asegurar la pureza de la elección, ha sido perfeccionado.

Un nuevo archivo nacional alfabético facilita su depuración.

La mayoría de las listas estatales han sido ya mecanizadas con sistemas de computación electrónica, lo que hace posible que los partidos políticos cuenten con copias que facilitan el pleno ejercicio de su corresponsabilidad legal.

Se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Electores 25 millones 429 mil 238 personas.

Queremos sinceramente, señores legisladores, fortalecer el sistema pluripartidista de México; pero para ello es necesario que todos los partidos políticos se modernicen.

No bastará ya en el próximo proceso electoral -es lo que piden los ciudadanos- con la simple enunciación de los principios básicos de cada partido, sino que es necesario que los partidos presenten programas de gobierno articulados, previa consulta a todos los sectores sociales, que constituyan, después, un compromiso no sólo para sus candidatos presidenciales, sino para sus candidatos a todos los puestos de elección popular.

Hemos venido alentando -me refiero al régimen de la Revolución- la existencia de los partidos políticos por distintos caminos.

La creación de la institución de los diputados de partido; reformas constitucionales y legales para disminuir el número de miembros necesarios para la creación de los partidos; el uso de la radió y la televisión puestos al alcance de dichas organizaciones y de sus candidatos; desde hace varios años, la solicitud a los medios de difusión para que reflejen todas las tendencias políticas, sin intereses ni favoritismos; y la disminución de la edad como requisito constitucional para ingresar a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores.

Los partidos políticos que, a pesar de gozar de estos adelantos democráticos, no hagan programas de gobierno que comprometan a sus candidatos a todos los puestos de elección popular, serán arrollados no sólo en las elecciones, sino también por la marcha ascendente del país.

La medida del crecimiento de los partidos políticos será la medida del esfuerzo y de la imaginación de sus dirigentes.

Este régimen ha trabajado día tras día, en la medida de lo posible, en la elaboración de programas de gobierno.

La integración de los Comités Estatales de Desarrollo, de las Unidades de Programación en cada dependencia oficial, la creación de la Comisión Nacional Tripartida y la exhortación a técnicos, intelectuales, pensadores y profesionales de todo tipo para que aporten sus ideas, son hechos, entre otros, que responden a este propósito.

No concebimos ya una sociedad mexicana sin programación; pero debemos de programar en y para la libertad.

Ha sido fácil en los países con libertades sociales y políticas restringidas hacer programas que se cumplan sin discusión.

Por eso vemos, sin duda alguna, fenómenos de cierto desarrollo -diría de cierto desarrollismo- en detrimento de libertades políticas en algunos rumbos de la Tierra.

Nosotros, estamos obligados por nuestra historia en la construcción de nuestra democracia social, a un íntimo y sincero respeto a todos los derechos individuales y sociales; a tener la suficiente imaginación para buscar soluciones sin la comodidad que significa no tener oposición política enfrente; a desarrollar con imaginación creadora, programas de gobierno - obligatorios para las dependencias oficiales e indicativos para la imaginación de los empresarios privados - que aceleren la marcha armónica del país.

En todos los países, en todos, en realidad, hay libertad de pensamiento; lo que no hay en muchos es libertad para expresar el pensamiento.

En nuestros viajes hemos hecho contactos con muchos grupos sociales de diversos países.

En todos se disiente, en todos se murmura, en todos hay oposición; pero ahora en muy pocas partes del mundo hay la libertad necesaria para expresar, como en México, el disentimiento, la oposición o la inconformidad.

El pensamiento no se puede encadenar.

Cuando no hay partidos políticos u organizaciones ciudadanas o libertad para los medios de información, se llega a reprimir hasta a los psicoanalistas, para controlar la oposición política.

Aquí hay libertad incluso en estos terrenos de la acción; la alentamos en todos los círculos.

Los psicoanalistas, por ejemplo, pueden preguntar de todo lo que quieran a sus pacientes.

En otras partes a los disidentes políticos -se dediquen a literatura política, o a la acción política clandestina (de otra manera no se puede), o a cualquier forma de crítica, sean novelistas o poetas-, se les somete a la acción de los psiquiatras, y éstos acaban por considerarlos como sujetos anormales.

A los intelectuales, a los artistas se les indica cómo deben crear, cómo deben pintar, cómo deben componer música.

Se les restringe.

Así, es fácil planear.

Lo que yo propongo a los partidos políticos mexicanos es que planeen dentro de la libertad, con absoluto respeto a la dignidad humana.

Vivir en lo humano es tener vocación por la libertad.

Los grandes centros de poder, los que están gastando la plusvalía de los trabajadores en multiplicar las bombas nucleares y otros instrumentos de destrucción, en una u otra forma, y desde uno u otro extremo ideológico y político, restringen las libertades, como parte de su preparación bélica.

Necesitamos crear, en una campaña contra el armamentismo -como México lo ha hecho con muchos países del Tercer Mundo, en el seno de las Naciones Unidas- condiciones objetivas y subjetivas, para acabar con el espectro de la guerra.

Ojalá esos cuantiosos recursos que las grandes potencias invierten en armamento los gastaran en el desarrollo de los pueblos del Tercer Mundo, formado por las tres cuartas partes de la humanidad, dentro de un plan general de solidaridad para la paz.

Los gastos armamentistas constituyen un error de esas potencias.

Por eso se restringen las libertades y en muchas partes se pisotea la dignidad humana, que tratamos de preservar en México.

Si el decirles a las potencias que forman parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas -en nombre de un pueblo en proceso de desarrollo y débil- que están cometiendo un serio error al pisotear la dignidad humana y al poner en peligro la paz, significa el dictado de un posible veto para una imaginaria candidatura a la Secretaría General de las Naciones Unidas, están en libertad de hacerlo.

México fue distinguido por la Organización de las Naciones Unidas, como sede de la Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer.

Llegamos a ese evento con una de las legislaciones más modernas y equitativas en la materia.

Recientes reformas hechas a nuestra Constitución consignan la igualdad del varón y la mujer ante ley; garantizan la potestad libre, responsable e informada, a la procreación y establecen el derecho de la familia a las garantías necesarias para su desenvolvimiento.

Tanto en materia laboral como en el caso de atribución de la nacionalidad, fueron borrados de nuestros ordenamientos los residuos de discriminación femenina en tanto no demos forma.

En el seno de la Conferencia subrayamos que defender los derechos de la mujer conduce a replantear los problemas generales de la humanidad y que será posible poner fin a la discriminación femenina en tanto no demos forma a un nuevo sistema económico internacional.

Hicimos ver que si bien en todos los sitios del planeta la mujer sufre una situación desigual, es en los pueblos del Tercer Mundo, donde este tipo de injusticia adquiere su dimensión más grave, pues no hay peor forma de explotación y de discriminación femenina, que la de aquellas mujeres que no tienen pan, escuela o medicinas para sus hijos.

Las luchas de liberación de la mujer se enmarcan, así dentro de las luchas por la liberación del hombre en su integridad, y por lo mismo, en las encaminadas a cancelar los patrones de conducta fincados en el derecho del más fuerte, como fuente histórica real de la desigualdad.

La Conferencia produjo como resultados fundamentales un documento llamado "Declaración de México 1975 sobre la igualdad de la mujer y su contribución al desarrollo y la paz y un "Plan de Acción Mundial" que nuestro país cumple puntualmente.

El evento constituyo un foro útil para la discusión de los problemas femeninos y al mismo tiempo los enmarcó en un horizonte humanista más amplio.

La gran mayoría de los delegados rechazaron enfoques parciales y manipuladores y adoptaron resoluciones generales en favor de un nuevo orden económico internacional y dieron apoyo a la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados.

Somos ya 60 millones de mexicanos y 2 millones más aumentan cada año nuestro volumen demográfico.

Multiplicamos los esfuerzos para satisfacer las necesidades de alimentación, trabajo, vivienda, educación y salud pública que implica este incremento.

Afrontamos con serenidad los problemas derivados del crecimiento demográfico, mediante una política inspirada en lo postulados de nuestro movimiento social y ceñida a las garantías individuales que establece la Ley Fundamental.

La II Conferencia Latinoamericana sobre Población, efectuada en la capital de la República, fue foro para reiterar que la política demográfica de cada país depende de su voluntad soberana, que debe integrarse a la estrategia general sobre el desarrollo y respetar al ser humano y a la pareja, única responsable de elegir de manera informada y libre, el número y espaciamiento de los hijos.

Así lo establece la nueva garantía consagrada en el artículo 4º. de nuestra Constitución.

Hemos puesto en marcha programas nacionales de información y orientación.