Part 6

A fin de colocar a nuestros puertos en condiciones de cumplir adecuadamente sus funciones, se autorizaron 1,023 millones de pesos en el presente año.

Fue concluida la primera etapa de Puerto Madero, Chiapas, que servirá para impulsar la actividad en una zona que cuenta con grandes recursos naturales.

Se terminaron los puertos pesqueros de San Blas, Nayarit y Peñasco, Sonora y continúa el mejoramiento y ampliación de los de altura de Tampico, Veracruz y Lázaro Cárdenas, entre otros.

La Comisión Nacional Coordinadora de Puertos prosiguió su tarea de agilizar y abaratar las maniobras de nuestras terminales marítimas.

Presta ya servicio la empresa de participación estatal de Puerto Madero; con éste son 12 los puertos que cuentan con zona franca y que han reformado su estructura de operación.

Durante el período que abarca este Informe se efectuó un movimiento de 54 millones de toneladas de carga, 8 por ciento más que en el lapso anterior.

En Veracruz existían, al principio del presente Gobierno, cinco importantes organizaciones de trabajadores portuarios.

A partir de 23 de agosto último, al unificarse la Unión de Maniobras y Carretilleros y el Sindicato de Cargadores de la Zona Marítima, que en conjunto agrupan aproximadamente el 80 por ciento del personal que labora en el puerto, quedaron solamente dos: una que realiza sus funciones en tierra y otra a bordo de los barcos.

La unificación de los trabajadores los fortalece y mejora la operación portuaria, ya que racionaliza las maniobras y representa considerables ahorros a los usuarios del puerto de Veracruz.

La reforma portuaria , iniciada desde el principio de esta administración, sigue avanzando, incluso en puertos como éste, que afrontó los más antiguos y difíciles problemas.

Fue aumentada la flota de transbordadores con la adquisición de las naves "Laguna de Términos", que cubre la ruta Puerto Real - Isla Aguada y "Azteca", que presta servicio entre Mazatlán y La Paz.

Recibe gran impulso el sistema aeroportuario con la inversión de 1,071 millones de pesos, que permitió concluir los aeropuertos internacionales de Zihuatanejo, Estado de Guerrero y el de Cancún, Estado de Quintana Roo, e iniciar los aeropuertos del Norte de Sinaloa, Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, Villahermosa, Coatzacoalcos - Minatitlán y Poza Rica - Tuxpan.

Asimismo se rehabilita y moderniza el aeropuerto internacional de la ciudad de México y se establecen mecanismos para un más eficiente control de tráfico aéreo en los aeropuertos de Guadalajara, Acapulco y Monterrey.

Para facilitar el crecimiento del sistema de comunicaciones se han autorizado inversiones por 5 mil 811 millones de pesos en este año, con lo que se amplía la capacidad de la red de microondas y el sistema de radiocomunicaciones marítimas.

Prosiguen los trabajos para extender los servicios de telecomunicación a las comunidades rurales, atendiéndose con prioridad las zonas Huicot, Tarahumara, Sierra de Sinaloa, Altos de Chiapas, Río Candelaria y Zona Ixtlera.

Por otra parte, la inversión en plantas telefónicas permitirá ampliar el servicio a 3 mil 200 poblaciones, incrementar hasta 8 millones 300 mil kilómetros los circuitos de larga distancia y operar 2 millones 825 mil aparatos en todo el país.

Continúa la modernización del servicio telegráfico con la instalación de equipos automáticos en la centrales de ocho ciudades importantes y prosigue el programa de mecanización postal en los centros Aeropuerto, Buenavista y Pantaco, de esta ciudad.

D. DESARROLLO INDUSTRIAL

Ampliar la planta industrial del país y distribuirla con criterios de desarrollo regional exige enfrentar, con decisión, los problemas que el propio crecimiento genera.

Cancelada la etapa del excesivo proteccionismo y de los subsidios indiscriminados se ponen en juego medidas para remover otros obstáculos a la expansión industrial.

En función de los objetivos nacionales, se promueven incrementos en el empleo, el avance de zonas marginadas, el desarrollo de tecnologías propias y se apoyan, con la mayor decisión, los sectores claves para nuestro desenvolvimiento futuro.

El objetivo de la intervención del Estado mexicano ha sido impulsar y dirigir nuestro desarrollo económico y social con un propósito definido e indeclinable de eficiencia, equidad y fortalecimiento de la soberanía nacional.

El imperativo de proporcionar mejores niveles de vida a una población creciente y las presiones externas derivadas de la inestabilidad del sistema económico internacional, hicieron necesario que en los últimos años el Estado asumiera en forma plena, racional y consciente su responsabilidad histórica, como agente primordial de la transformación económica y social de México.

El progreso técnico y los cuantiosos volúmenes de recursos necesarios en la industria moderna y la proyección que con frecuencia se requiere dar a empresas nuevas en el interior del país, conducen a una organización monopólica de los mercados que concentra el ingreso e impide que se aprovechen todas las posibilidades de crecimiento de la economía nacional.

El sistema de empresas del Estado interviene para asegurar que se usen adecuadamente los recursos naturales del país, que los consumidores no sean afectados por precios excesivos de los productos y que no registre el enriquecimiento de grupos minoritarios con la explotación de recursos que pertenecen originalmente a la nación.

Para alcanzar estos objetivos se impulsa el desarrollo de un sector paraestatal vigoroso y eficiente, reforzando los instrumentos de coordinación y control de organismos y empresas que lo constituyen.

Los activos totales de los organismos y empresas de participación estatal mayoritaria sumaron en 1974, 262 mil 73 millones de pesos, cifra superior en 19 por ciento al ejercicio anterior, debido principalmente a las importantes inversiones realizadas en los sectores energético y siderúrgico.

Durante el mismo ejercicio tuvieron ingresos por ventas de bienes y servicios por 129 mil 658 millones, con un aumento de 42 por ciento.

Los impuestos pagados directamente por los organismos y empresas estatales ascendieron a 6 mil 671 millones de pesos, superiores en 79 por ciento a los de 1973.

La exportación del sector paraestatal aumentó en 72 por ciento, alcanzando la cifra de 9 mil 111 millones de pesos, que representan el 27 por ciento de las exportaciones totales del país.

La importancia cuantitativa y cualitativa del sector paraestatal en la nueva estrategia del desarrollo requiere de una profunda coherencia no sólo ideológica, sino también operativa.

Los criterios con que se mide la acción de las empresas públicas no siempre pueden identificarse con el monto de las utilidades en términos financieros.

Los objetivos de estas empresas no son de carácter meramente mercantil; responden también a metas sociales que les asignan en orden a la promoción de desarrollo y la prestación de servicios para el mejoramiento de las condiciones de los habitantes.

El grado de eficiencia con que operan ha de medirse, por tanto, en relación al alcance de esos objetivos y metas.

Para garantizar la eficiencia de las empresas de participación estatal se requiere que los sistemas conforme a los cuales se rijan hagan factible su funcionamiento coordinado y dinámico.

La política de la presente administración tiende a evitar los vicios de origen desde el punto de vista administrativo, financiero y técnico.

Para la implementación de los anteriores propósitos, se creó la Comisión Coordinadora de Política Industrial del Sector Público, que fortalecerá el control de los recursos puestos en manos del Estado y su eficiente asignación a las actividades económicas del país.

México requiere de un más racional empleo de la inversión pública y privada para que atienda prioritariamente las necesidades de la fabricación de artículos fundamentales y bienes de capital, que a la manufactura de bienes de consumo y artículos superfluos.

El sector primario deberá constituir un objetivo económico central, para la producción de equipos e insumos vitales para el campo, la pesca y la minería y para las industrias estrechamente ligadas a ello.

Es una tarea que debemos acometer fundamentalmente.

Asimismo, se han puesto en marcha diversos mecanismos para fomentar el desarrollo de recursos humanos de alta capacidad para la conducción y operación de las empresas del Estado.

En abril del presente año, el Ejecutivo Federal expidió un acuerdo para normar la frecuencia y contenido de la información que los directivos de organismos y empresas del Estado deben rendir a sus consejos de administración y órganos de gobierno.

Esto permitirá dictar con mayor oportunidad y eficiencia las medidas necesarias para que se cumplan los objetivos trazados.

Durante el ejercicio, se sometieron a auditoría externa cerca de 500 entidades paraestatales.

Se dictaron las instrucciones necesarias para dar amplia difusión a los estados financieros y demás informes sobre las actividades de los organismos descentralizados y de las empresas de participación estatal.

De esta manera, cada uno de los mexicanos puede apreciar cómo se gasta el ahorro social y los beneficios que se generan.

Con esta acción quedan al descubierto quienes atacan la economía mixta y quisieran regresar a un tiempo definitivamente superado.

Todas las medidas anteriores tienden a garantizar el mejor funcionamiento del sector paraestatal.

Se responde así a la inquietud legítima de quienes se interesan por el progreso del país, así como al de aquellos otros que, con versiones interesadas, rumores mal intencionados o juicios sin fundamento, acusan, vanamente, al Estado de ser un mal administrador.

Los esfuerzos realizados en la industria petrolera nos permiten afirmar que la capacidad productiva de petróleo crudo y de líquidos de absorción será para fines del sexenio el doble de la que existía en 1970.

Durante el presente año, la extracción del petróleo crudo pasará de 681 mil barriles por día a 830 mil.

Para lograr ese aumento fueron perforados 311 pozos de desarrollo en toda la República, 197 de ellos en la zona sur, principalmente en Cactus y Sitio Grande del Estado de Chiapas y Samaria del Estado de Tabasco.

El aprovechamiento de las reservas nacionales ha permitido la autosuficiencia y disponer de los volúmenes necesarios para suprimir la importación de petróleo crudo.

En este importante aspecto México ha pasado a la condición de país exportador.

Las ventas al exterior se traducen en ingresos indispensables para el desarrollo interno de muchas actividades y están dentro de límites racionales que armonizan con los requerimientos del desenvolvimiento industrial.

Las exportaciones de productos petroleros ascendieron a 2 mil 235 millones de pesos durante los primeros 6 meses de 1975, siendo 8 veces superiores a las del mismo período del año anterior.

En cambio, las importaciones se redujeron en 42 por ciento y fueron sólo de 1,758 millones de pesos.

La política de exportación de productos petroleros que se ha seguido hasta la fecha es congruente con el mantenimiento, e inclusive con el incremento de las reservas, dentro de las normas técnicas de explotación que guían el trabajo en los yacimientos descubiertos.

Este año canalizamos a la integración de la industria petrolera más de 11 mil millones de pesos.

Prosiguen al ritmo previsto, las ampliaciones en las refinarías de Salamanca en el Estado de Guanajuato, Minatitlán en el Estado de Veracruz y Ciudad Madero en el de Tamaulipas; así como el establecimiento de la importante refinaría de Tula, en el Estado de Hidalgo.

Se construyen las despuntadoras de Salina Cruz en el Estado de Oaxaca y Cadereyta en el Estado de Nuevo León.

Paralelamente se amplía, hasta 17 millones de metros cúbicos por día, la capacidad de proceso de gas amargo en Cactus, del Estado de Chiapas.

Refuerzan estas tareas, la producción de materias básicas para la expansión de la petroquímica, que habrá de permitir el surgimiento de un importante complejo en la Cangrejera, Estado de Veracruz.

La conclusión de estas refinarías, y su ampliación, nos capacitará para no importar derivados del petróleo desde el año entrante.

Se han intensificado los trabajos de exploración con el fin de localizar nuevas reservas de petróleo.

El programa, que cubre varios Estados de la República, ha conducido al descubrimiento de importantes campos en áreas totalmente nuevas o poco conocidas.

Se encuentran en este caso las zonas de Cotaxtla, Estado de Veracruz y Chac, Estado de Campeche.

En este último sitio, el día 4 de agosto pasado, se hicieron pruebas que tuvieron como resultado un flujo de aceite en cantidad comercialmente explotable.

Esto significa la existencia de una nueva zona cuyo potencial incrementa, considerablemente nuestras reservas y permite elevar los volúmenes de la producción.

En Nuevo Laredo, Estado de Tamaulipas, se descubrieron varios pozos de gas natural, lo que aliviará la oferta insuficiente de este hidrocarburo en la zona.

Se están construyendo se terminarán en este mismo año las líneas de recolección y tubería para inyectarlo al gasoducto Reynosa - Monterrey.

También en Soto la Marina se cuenta ya con pozos productores de gas natural en campos que empezaron a explotarse recientemente.

Para mejorar y ampliar los sistemas de distribución fue terminado el combustoleoducto Ciudad Madero a Cadereyta y antes de finalizar este año se concluirá en Minatitlán a Salina Cruz.

Funciona una nueva línea conductora de crudo entre Poza Rica y Salamanca y se tiene en proceso un oleoducto de Pajaritos a Poza Rica, que empezará a operar en 1976.

Se amplía el gasoducto Ciudad Pemex - México, Salamanca - Guadalajara, que alcanzará una capacidad de transporte de 30 millones de metros cúbicos al día.

Los recursos no renovables del mundo adquieren cada vez mayor importancia estratégica.

Entre éstos, el petróleo tiene posición preeminente.

La atención que de manera invariable hemos dado a este renglón vital ha dado por resultado que México, a la hora de la crisis energética mundial disponga de recursos suficientes para llevar adelante su desarrollo nacional independiente.

Algunas agencias informativas del extranjero pretendieron exagerar la magnitud de nuestros yacimientos recientemente descubiertos, con el afán de quebrantar la unidad de los países exportadores de petróleo y socavar la base de su economía.

Nuestra posición es inequívoca.

México, que ha reiterado la necesidad de defender solidariamente las materias primas, no se prestará bajo ninguna circunstancia, a este tipo de manipulaciones.

Reiteramos hoy, que México no venderá ni un solo barril abajo del precio establecido por el mercado internacional.

Se ha promovido aceleradamente el crecimiento de la industria petroquímica, de conformidad con la política general de basar en la mayor medida posible el desarrollo industrial del país en la transformación de los recursos naturales de que dispone.

Se otorgaron 24 permisos que implican incrementos en la capacidad productiva de la industria petroquímica secundaria, con una inversión total de 1,567 millones de pesos.

Para petroquímica básica las inversiones autorizadas durante lo que ha transcurrido de la presente administración llegan a 5 mil 67 millones de pesos, cifra superior al total autorizado desde 1961 hasta 1970.

Se ha puesto especial énfasis en la adecuada distribución regional de esta rama, por lo que las inversiones autorizadas se realizan en 14 ciudades de provincia.

Con la liquidación de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y Asociados dimos un paso más hacia la unificación de la industria eléctrica mexicana.

Exhorto a los trabajadores a que, con el mayor patriotismo, colaboren decididamente, para alcanzar su total integración.

Al impulso de este renglón básico se asignan recursos, durante 1975, por 10 mil millones de pesos.

Con las obras que se realizan se incrementará la capacidad de generación del sistema en 2 millones y medio de kilowatts para fines de este año.

Al finalizar el actual Gobierno la capacidad instalada será de 14 millones de kilowatts, más del doble de lo que existía en 1970.

Se incrementa la longitud de líneas de transmisión en 1,500 kilómetros y la red de subtransmisión y distribución en 8 mil 670 kilómetros.

La electrificación rural sigue siendo motivo de gran interés para el Gobierno de la República.

En los últimos doce meses se dotó de fluido eléctrico a 1,730 pequeñas poblaciones rurales y a 209 más en el área adyacente al Distrito Federal.

En este renglón se concluye un equivalente de 5 redes de distribución y se beneficia a 2 mil 400 habitantes cada día.

Se terminó la conversión de la frecuencia de 50 a 60 ciclos en la periferia del sistema central, y se continúa en la ciudad de México.

A la fecha se estima un avance de casi el 50 por ciento en todo el sistema, y podemos afirmar que el año próximo el cambio quedará terminado.

Fueron modificadas las tarifas eléctricas.

La Comisión Federal de Electricidad, cuya influencia en el desarrollo del país es determinante, debe operar y desarrollarse en sanos términos financieros.

No haber autorizado esta medida hubiera implicado detener el crecimiento de la industria eléctrica y, con ello, comprometer seriamente nuestra expansión industrial así como dejar insatisfechas las necesidades de vastos núcleos de población.

Los subsidios son pagados siempre por todo el pueblo.

En cambio, las nuevas tarifas serán cubiertas, exclusivamente, por quienes se benefician del servicio.

Por lo tanto, esta disposición no sólo responde a las necesidades industriales del país, sino también, a una nueva filosofía de justicia social en el manejo de las empresas públicas.

He dado instrucciones para que la administración de los nuevos recursos, se ajuste a los más estrictos términos de honestidad, eficacia y productividad.

La energía eléctrica es uno de los instrumentos esenciales de nuestro desarrollo.

Generar electricidad es general progreso.

En este renglón, como en todos los demás, mi Gobierno ha rechazado la cómoda pero irresponsable actitud de aplicar paliativos que no hacen sino trasladar los problemas, amplificados, al futuro.

Se han buscado soluciones tan radicales como radicales han sido las cuestiones enfrentadas.

En materia económica, como en materia política buscamos afianzar al país con el peso específico de la verdad.

Es falso que el sector eléctrico atraviese por una situación de quiebra.

En este rubro hemos superado inclusive el ritmo del crecimiento económico general del país.

La nueva política de precios tiene por objeto lograr que este progreso no se detenga.

A fin de que la industria eléctrica esté en aptitud de satisfacer plenamente las ingentes necesidades del mañana, el Gobierno de la República ha dispuesto su profunda reestructuración, la que comprende: una nueva concepción financiera que nos permita disponer de ahorro interno para fines de inversión; la planeación de lo que hacia fines de 1976 será el gran sistema interconectado nacional; el funcionamiento del despacho nacional de carga, apto para atender necesidades actuales y futuras; el detalle de las actividades hasta fines del siglo; el cabal aprovechamiento de nuestros recursos hidroeléctricos y geotérmicos; la generación a partir del carbón; el desarrollo de los programas nucleoeléctricos que consoliden nuestra futura independencia energética; la normalización de maquinaria y equipo; el plan de substitución de importaciones; la depuración de los procedimientos de capacitación de funcionarios y trabajadores; el nuevo diseño interno de funciones, incluyendo el que permita una mejor distribución y comercialización de la energía; los mecanismos institucionales para acelerar el ritmo de las obras eléctricas para abatir costos y obtener rendimientos a la máxima brevedad; y, finalmente, la erradicación de todos los vicios administrativos que aquejaron, durante muchos años la buena marcha de su funcionamiento.

Las inversiones se hallan sometidas a un minucioso programa de actividades que tienen en cuenta las exigencias energéticas del país para los próximos veinticinco años y, que se ejercen con un fundamento eminentemente racional que impide dilapidar esfuerzos e incurrir en despilfarros.

Centavo a centavo, kilowatt a kilowatt, el sector eléctrico no gasta ni construye sino lo que el país requiere verdaderamente.

La electricidad, como fuente de progreso y bienestar, se sustenta sobre dos responsabilidades indisolubles: la del Gobierno, que ejerce la administración, y la de los trabajadores, que proporcionan el servicio.

No estamos pues, ante el viejo modelo económico donde trabajadores y patrones luchaban entre sí por intereses radicalmente distintos.

Mexicanos todos, los trabajadores que producen la energía y el Gobierno que la administra, deben enfrentar, en forma solidaria, la responsabilidad de cumplir con puntualidad con este servicio fundamental.

Las diferencias económicas entre el Estado y los trabajadores al servicio del Estado se arreglan dentro del Estado.

Es decir, dentro de una concepción ética que les es común.

La concordia y el buen entendimiento entre los dos protagonistas fundamentales del servicio público deja de ser un objetivo parcial, para convertirse en un imperativo nacional.

Se trata de una responsabilidad bilateral, de un proyecto común, de un destino paralelo.

Ninguna querella, ninguna demanda, ninguna imposición por encima o a espaldas de México.

Los propios conflictos intergremiales deben ser objeto de un tratamiento institucional.

Están abiertos los cauces administrativos y judiciales para dirimir todas las controversias que tengan lugar en el ejercicio de sus derechos y que el Ejecutivo considera intocables.

Los mexicanos que concurran a la prestación de un servicio público pueden y deben defender sus derechos ante los tribunales competentes, vigilar por la preservación de sus conquistas y entregarse a cualquier esfuerzo reivindicatorio que no se halle en contradicción manifiesta con los valores superiores que el Estado tiene el deber de resguardar.

El Gobierno de la República seguirá luchando sin descanso, para crear las condiciones indispensables a la expansión de la industria eléctrica que habrá de garantizarnos, en los años que vienen, la consolidación de un México más sano, más fuerte y más justo.

He dado instrucciones a la Comisión Nacional de Energéticos para que antes de que concluya el año, se presente a la consideración del Ejecutivo un programa tendiente a desarrollar nuevas fuentes de energía que alivien la excesiva presión que actualmente se ejerce sobre los hidrocarburos, que son los combustibles más caros y escasos que hay en la actualidad y que aportan todavía más del 90 por ciento del abastecimiento nacional.

De no modificarse la estructura de este consumo, la creciente demanda nos expondría dentro de algunos años, al peligro de agotar nuestras reservas.

El carbón ofrece buenas posibilidades de sustitución del petróleo.

De ahí que la Comisión Nacional de Energéticos coordine ya las actividades del Consejo de Recursos Naturales no Renovables, la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos a fin de multiplicar las exploraciones geológicas y la explotación minera de carbón y su uso en plantas térmicas.

En breve, se iniciará la construcción de la primera planta de este tipo en el Estado de Coahuila que tendrá una capacidad instalada de 900 megavatios.

Por otra parte, México cuenta con amplias posibilidades teóricas de mineral de uranio que nos colocan en una posición favorable para el desarrollo de la industria nuclear y, en atención a ello, he dado instrucciones a fin de agilizar los trabajos de explotación geológica, explotación minera y beneficio industrial de este recurso.