Part 3

El paternalismo con que comúnmente fueron atendidos los asuntos de las comunidades indígenas, encierra un complejo de superioridad que rechazamos.

Estas comunidades poseen valores propios que merecen el mayor respeto y apoyo para su desenvolvimiento.

Frente al despojo de sus recursos y la sistemática destrucción de sus formas de vida - practicados frecuentemente al amparo de una supuesta modernización - el Gobierno ha asumido la responsabilidad de reconocer y confirmar los derechos patrimoniales de estas comunidades como base de su mejoramiento.

En estas acciones, destaca la restitución de 13 mil 128 hectáreas en favor de los tzotziles y la rectificación de los derechos de la tribu seri sobre la Isla de Tiburón.

Estas medidas se complementan con programas educativos y de asistencia técnica, así como con el fomento de actividades productivas.

La difusión de nuestro patrimonio histórico, es un medio para fomentar el sentimiento y la conciencia de identidad nacional.

Con este objeto hemos multiplicado museos escolares, que a la fecha suman más de 400.

La educación nacional está abierta a las corrientes contemporáneas del pensamiento.

Se nutre de los valores universales y promueve al mismo tiempo la afirmación de nuestra propia personalidad cultural.

Es democrática porque persigue la formación de un pensamiento sin fanatismos y está al servicio, no de minorías selectas sino de los estratos mayoritarios de la población.

En suma, el Estado mexicano ve en las potencialidades de cambio histórico que subyacen a una educación revolucionaria, la mejor garantía de su fortaleza y continuidad.

POLITICA SOCIAL

México ha podido superar los desajustes del mundo contemporáneo por la afirmación de sus normas constitucionales que promueven la democracia social y por actitudes coherentes de cambio que garantizan, en la justicia, la supervivencia de la nación.

La política social es hoy el centro de toda visión inteligente y previsora sobre los problemas del desarrollo.

No se trata sólo de reducir las desigualdades del crecimiento, sino de invertir radicalmente el orden de prioridades que ha dirigido, en la práctica, nuestra vida comunitaria.

Durante muchos años se creyó que bastaba incrementar la producción para alcanzar la prosperidad.

Ello nos condujo a la prolongación de la dependencia, a la concentración de la riqueza y a la incapacidad manifiesta del sistema para satisfacer las necesidades de la población.

Desviaciones del proceso revolucionario originaron una sucesión de espejismos que hoy revelan su inoperancia.

Dieron lugar a un creciente desempleo, a una economía escasamente productiva, a desequilibrios de todo género, a la despolitización popular y a un abandono creciente del compromiso social.

Animados por una voluntad transformadora, hemos atacado viejos problemas.

Tomamos firmes determinaciones, en plena crisis inflacionaria mundial.

En contra de inercias, intereses y prejuicios, comenzamos a reorientar el rumbo del país.

Están a la vista las medidas tendientes a promover el ejercicio pleno de los derechos colectivos, a defender el poder adquisitivo de los trabajadores, a fomentar el desenvolvimiento de sus capacidades, a extender los sistemas de seguridad social, los servicios de salud y de vivienda; a mejorar, en fin, la calidad de la vida en las ciudades y en las comunidades rurales.

Asignamos recursos considerables a la inversión social.

Nuestro empeño primordial ha sido, empero, de índole política y moral: avivar la actitud analítica para encarar honestamente nuestros problemas; comprender al pueblo y organizar sus fuerzas; alentar la solidaridad nacional e internacional como única fórmula de convivencia.

No hemos, sin embargo, superado todos los antagonismos ni vencido cabalmente las resistencias.

Grupos minoritarios suscitan todavía anacrónicas querellas e intentan socavar la autoridad de las instituciones.

Aspiran a predominar atenidos a su poder económico.

Suponen aún que las transacciones en la cúspide pueden reemplazar las verdaderas soluciones y perpetuar, para ellos, una era de facilidad y de abundancia. Ignoran el curso de la historia y pretenden, estérilmente, detenerla.

Se entusiasmaron muchos esos grupos cuando ocurrió el golpe de estado en la república hermana de Chile.

Son grupos económicos, pocos por fortuna, cada vez menos.

Invocar derechos supuestamente naturales, anteriores o superiores al Estado, equivale a desafiar la soberanía del pueblo.

Capitalizar la incertidumbre en vez de impulsar el desarrollo, aprovechar las angustias de nuestro tiempo para esparcir la calumnia, auspiciar el temor irracional el cambio y postular la debilidad de la República frente al interés particular, es violar el pacto en que se sustenta nuestro régimen constitucional.

Recordemos la lección del pasado: nada contra la Constitución, nadie sobre ella.

Sólo de nuestra Carta fundamental dimanan los derechos de los mexicanos.

También los que corresponden a la nación para la defensa del patrimonio común y la realización de un proyecto de vida igualitario.

Unos y otros han sido ejercidos durante estos años con la mayor amplitud y libertad.

Lo que el Gobierno propicia es la modificación de actitudes y estructuras mentales que hagan posible sustituir, con el esfuerzo de todos, una sociedad de privilegio para pocos y sumisión para muchos por otra fundada en la justicia y en la dignidad humana.

Respetamos todos los intereses cuando son compatibles con los del país.

Buscamos coordinarlos en torno a un programa nacional, pero no estamos sujetos a la arrogancia ultramontana ni al capricho de los grupos minoritarios.

Con ideas del pasado, estrategias de ruptura y tácticas de estancamiento no es posible afrontar, unidos, el porvenir de México.

De un fondo económico que crearon, han dado un pagar ahora a periodistas extranjeros, a los cuales inspiran para denigrar a nuestro país.

Periodistas que ya con sus artículos escritos, vienen a complementarlos a México.

A esto se han dedicado y ante la negativa a reproducirlos por parte de medios docentes de información de México, los hacen circular anónimamente.

Para eso sirven esos fondos económicos de las minorías ultramontanas a que me refiere.

Son prioritarios los derechos de las mayorías y es deber del Gobierno proteger al débil frente al poderoso.

No es la confianza de los pocos, sino la voluntad general el verdadero motor del progreso.

El pueblo no puede esperar a que unos cuantos decidan, arbitrariamente, cuándo existe un clima favorable para trabajar.

La nación dispone de los atributos y de los medios para estimular y regular la economía.

Es potestad constitucional de la que el régimen revolucionario no abdicará.

El empleo es el problema capital de nuestro tiempo.

El patrimonio del hombre y de la sociedad es el trabajo.

De la capacidad para generar empleos, productivos y justamente remunerados, dependen las posibilidades de realización individual, de bienestar compartido y de prosperidad nacional en un mundo competitivo.

La marginación, el subempleo y la explotación de la mano de obra, son la síntesis misma del subdesarrollo.

Ninguna organización política no económica podrá prevalecer si no asegura, por el trabajo, el poder creativo de los hombres y la equidad de las relaciones sociales.

De ahí la importancia concedida por el Gobierno a la implantación de una auténtica política laborar.

Pensamos en los próximos decenios.

Queremos afirmar el derecho al empleo de todos los mexicanos; asegurar, por la educación permanente, la capacitación y la humanización del trabajo, una elevada productividad social; garantizar un ingreso justo y proteger el consumo del obrero; vigorizar el carácter popular de las instituciones por las luchas de los trabajadores.

No hemos acallado, en ningún momento, las demandas de la clase obrera.

Por el contrario, hemos hecho cuanto está a nuestro alcance para mejorar la condición del trabajador.

En las relaciones de producción está la clave de las reformas sociales.

Sólo el empeño en redimir el esfuerzo humano tiene dimensión revolucionario.

Nuevamente, la batalla de los salarios puso a prueba la solidaridad nacional.

La persistencia de fuertes presiones inflacionarias durante 1974, nos obliga a salvaguardar el poder adquisitivo de los trabajadores.

Desde esta tribuna exhorté a empresas y sindicatos para que conviniesen, de modo general, los incrementos salariales.

A pesar de indebidas presiones de ciertos grupos, se alcanzó una solución democrática.

Después de prolongadas negociaciones, los factores de la producción decidieron libremente

aumentar en un 22 por ciento las remuneraciones pactadas en más de 50 mil contratos colectivos.

La lucha emprendida por los sindicatos tuvo un carácter estrictamente laboral.

Fue una demanda de justicia en ejercicio de derechos consagrados por la Constitución.

Se resolvió con equidad: los aumentos obtenidos coincidieron con el incremento de los precios ocurridos durante el mismo período.

Los salarios mínimos se elevaron también en un 22 por ciento.

Por nuestra parte, aumentamos los ingresos de los trabajadores del Estado y de las Fuerzas Armadas en el mismo porcentaje conquistado por los obreros.

Subrayamos, de este modo, la identidad de clases y objetivos entre los mexicanos que viven y progresan merced al trabajo.

Trabajadores son tanto los obreros como los empleados públicos y los integrantes del Ejército y la Armada; lo son también los campesinos y los miembros de las sociedades cooperativas, los técnicos y los intelectuales, los maestros y los profesionales.

Todos formamos las mayorías laborantes de México: la fuerza y la conciencia de la Revolución.

Las decisiones adoptadas en materia salarial son, por consiguiente, la clave de una moderna política de ingresos y de una concepción progresista de las fuerzas sociales.

Sus enemigos las calificaron como favoritismo hacia supuestas "aristocracias obreras".

La verdad, es que el 62 por ciento de los mexicanos dependen económicamente de los salarios y que todos se beneficiaron con las reformas.

También los campesinos, cuyo salario es el precio de los productos agrícolas.

Proteger a las clases de ingresos fijos ante toda fluctuación económica es condición para un desarrollo dinámico y equitativo.

Era menester encontrar un sistema permanente de ajustes salariales dentro de una convivencia estable.

Esta Honorable Representación aprobó modificaciones trascendentales a nuestra Legislación de Trabajo, por las cuales, tanto los salarios mínimos como aquellos fijados en los contratos colectivos, se revisan, ahora, anualmente.

Por lo que hace a los salarios contractuales se preservó el principio de la libertad de negociación, a fin de estimular la organización sindical.

No obstante, se facultó a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos para determinar, técnicamente, el deterioro del poder adquisitivo.

Es voluntad del legislador que las elevaciones de salarios compensen, cuando menos, lo que el trabajador ha perdido por el aumento de los precios; pero que se procure, además, la mejoría económica de la clase obrera.

A partir del 1 de mayo anterior, los contratos colectivos comenzaron a revisarse al término de un año de su vigencia.

Más de 12 mil 500 huelgas han sido emplazadas desde entonces por ese motivo.

En sólo 39 casos ha estallado el conflicto.

Los factores de la producción han encontrado un equilibrio más justo.

La paz social, así alcanzada, es fruto de mayor madurez en las relaciones obrero - patronales.

La modificación anual de salarios y el fortalecimiento de la lucha obrera, han multiplicado la actividad conciliatoria de las autoridades del trabajo.

No obstante, aun las más arduas negociaciones han culminado de modo satisfactorio.

Quedaron revisados, con nuevas prestaciones y conquistas, los principales contratos colectivos y los contratos - ley de la industria azucarera, de la industria textil de la lana y de la industria transformadora del hule.

El Gobierno Federal elevó nuevamente, el mes pasado, las remuneraciones de los servidores públicos; ahora en un 16 por ciento.

La sensible disminución en la tasa de incremento de los precios demuestra, de modo irrefutable, que no son los salarios la causa de la inflación.

Sí, en cambio, promueven la expansión de la economía y de la ocupación productiva.

De los salarios mínimos depende el acceso de varios millones de mexicanos a los satisfactores indispensables para una existencia decorosa.

No pagarlos es agredir severamente el orden jurídico y la moral social.

Así lo estimó este Honorable Congreso al votar la iniciativa de la diputación obrera que tipifica como delito federal su incumplimiento.

También aprobó las reformas que permitirán fijar salarios mínimos profesionales en todas las ocupaciones.

Ante conductas que ahora son delictivas no cabe ya exhorto alguno.

A los trabajadores y a las autoridades laborales corresponde la denuncia de los hechos, al Ministerio Público su consignación.

Nada reemplaza, sin embargo, la acción vigilante de los sindicatos.

La libertad de asociación profesional y la autonomía de los sindicatos son garantías constitucionales del más alto rango.

La sindicalización, la contratación colectiva y la participación democrática de los trabajadores son derechos de clase; en ellos se finca el equilibrio de la sociedad.

De ahí que el Gobierno haya respetado y hecho respetar, de modo irrestricto, el derecho de huelga.

De ahí también, la importancia que otorgamos al mejor conocimiento de las raíces y el significado de nuestro movimiento obrero.

Con la cooperación de la Oficina Internacional del Trabajo organizamos el Primer Congreso Internacional sobre Historia del Movimiento Obrero.

Al concluir esa reunión se convino en establecer, con sede en nuestro país, una Asociación Internacional que vinculará a todos los institutos dedicados al estudio de las luchas obreras.

Después de más de diez años de vigilancia fue expedida, en octubre pasado, una nueva Resolución sobre la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas.

La anterior había sido derogada por la Ley Federal del Trabajo en virtud de que propiciaba inequidad y engaño.

La Resolución adoptada se fundó en cuidadosos estudios.

Determinó que correspondía efectuar el reparto antes del pago de impuestos y lo fijo en un 8 por ciento de las utilidades netas.

Este sistema significa, en 1975, un incremento aproximado de mil millones de pesos respecto de lo que hubieran recibido los trabajadores según la Resolución anterior.

La fórmula actual elimina ambigüedades y facilita el ejercicio del derecho.

El Ejecutivo a mi cargo decidió, además, reglamentar los artículos correspondientes de la Ley, a fin de establecer un procedimiento que permite a los obreros verificar las declaraciones fiscales del patrón y exigir, cuando procede, un reparto adicional.

Dispusimos igualmente, la creación de una Comisión Intersecretarial responsable del cumplimiento de dichas normas.

Sabemos que no basta incrementar los ingresos del asalariado si no frenamos los aumentos arbitrarios de los precios.

Ancestrales deformaciones del aparato comercial, excesos publicitarios que fomentan el consumo dispendioso. extrema necesidad y escasa conciencia cívica, propician el encarecimiento indebido de los bienes y lesionan gravemente, el patrimonio del trabajador.

Someteré a esta Honorable Representación una iniciativa de Ley Federal de Protección al Consumidor, que recoge las inquietudes planteadas por las organizaciones obreras ante el Comité Nacional Mixto de Protección al Salario.

El proyecto de Ley es de naturaleza tutelar. Rechaza, por irreal, el principio de igualdad entre las partes y coloca bajo el amparo del derecho social, relaciones hasta ahora reguladas por el derecho privado.

Garantiza al Consumidor un trato fundado en la veracidad y en la efectiva calidad de los productos.

Regula las tasas de interés mercantil y crea procedimientos para defender a los compradores contra todo género de abusos.

El Comité Mixto de Protección al Salario, proporciona ya a los trabajadores orientación para el mejor aprovechamiento del gasto familiar.

Ha organizado un sistema Nacional de quejas para luchar contra la especulación y el acaparamiento de los productos básicos.

Promueve la creación de tiendas obrero - patronales y sistemas sindicales de distribución.

En coordinación con la CONASUPO, ha organizado una red de grandes almacenes populares en las principales ciudades del país y establecido dos en el área metropolitana.

Una vida mejor para los trabajadores es el objetivo del Fondo Nacional de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT).

Democratiza el crédito y unifica el poder de compra de las mayorías.

Pone al alcance del obrero el ahorro de la sociedad y le ofrece, a precios e intereses notablemente reducidos, bienes indispensables.

Transfiere recursos de quienes encarecen la producción.

Hacia los sectores que efectivamente contribuyen a crearla.

El eficaz funcionamiento del Fondo y el beneplácito con que es recibió evidencia el obscuro interés de sus detractores.

En diez meses de operación ha otorgado créditos por 670 millones de pesos en favor de 106 mil trabajadores y de sus familiares, que suman cerca de medio millón de mexicanos.

FONACOT ha extendido ya sus operaciones a siete Estados de la República.

A medida que fortalece el mercado, estimula y reorienta la actividad industrial.

Su expansión será decisiva en los próximos años.

Al finalizar éste habrá otorgado ya más de 1.500 millones de pesos y hemos dispuesto que las autoridades financieras aseguren su crecimiento para que favorezca, pronto, a todos los trabajadores de México.

Se han concluido los estudios tendientes a la creación de un Banco Obrero, antigua demanda de los trabajadores.

Esta institución captará, primordialmente, los propios recursos de la clase obrera, de sus sindicatos y mutualidades; que ya se encuentran depositados en la Banca y a los cuales sus legítimos dueños difícilmente tienen acceso como sujetos de crédito.

El Banco Obrero habrá de contribuir, por una amplia variedad de operaciones, a incrementar el empleo y mejorar el bienestar de los trabajadores.

Atendiendo una reiterada inquietud obrera, se introdujeron reformas a la Constitución de la República y a la Ley Federal del Trabajo, a fin de trasladar al ámbito federal diversas ramas industriales: la de fabricación y ensamble de vehículos automotrices, la de productos químicos farmacéuticos y medicamentos, la de celulosa y papel, la de aceite y grasas vegetales, la empacadora y enlatadora de alimentos y la embotelladora de refrescos, aguas naturales y gaseosas.

Todas estas actividades son de evidente interés nacional, tanto por su distribución en el territorio como por la amplitud de sus mercados.

El origen de su capital y de la tecnología que emplean es casi siempre extranjero.

Conviene pues, por razones de soberanía y de justicia, que sean las autoridades federales las que aseguren el equilibrio de los factores de la producción y exacto cumplimiento de la Ley en beneficio de más de 350 mil trabajadores de industria.

A pesar de los beneficios que los contratos - ley han aportado a los trabajadores y a las industrias, hace casi cuarenta años que no se pacta ningún convenio de esa naturaleza.

Hace unos días se expidió la convocatoria para la celebración del Contrato - Ley de la Industria de la Radio y la Televisión.

Las disposiciones legales determinan, claramente, que se trata de una sola industria.

Acordes como están las partes en elevar sus relaciones a nivel de contrato - ley, la convención respectiva tendrá lugar el próximo mes de octubre.

Se han iniciado pláticas encaminadas a la concertación de Contrato - Ley en la Industria del Cemento y Similares.

Conforme concluyan los estudios correspondientes, habrá de convocarse también a la industria petroquímica y a la de bebidas envasadas.

Atenderemos, igualmente, la solicitud de las organizaciones obreras para que los diversos contratos - ley de la industria textil se fusionen en uno solo.

Este comprendería, además la rama de la confección, cuyos trabajadores - mujeres la mayoría - han sido tradicionalmente explotados.

Por primera vez, desde la creación de los tribunales laborales en 1917, se efectuó en julio anterior una Reunión Nacional de Juntas de Conciliación y Arbitraje.

Tanto los representantes gubernamentales como los del capital y del trabajo de todo el país acudieron para intercambiar experiencias y unificar criterios de aplicación de la Ley.

Adquirieron el compromiso de velar porque la justicia a su cargo sea ágil y expedita, al margen de influencias e indebidas concesiones.

La realidad ha demostrado que no siempre se actúa con probidad ni se resuelve con equidad, y que aun aparentando acatar la Ley no se salvaguarda el derecho del trabajador.

Quienes así proceden traicionan el espíritu del Artículo 123 y el origen popular de su mandato.

Diversos mecanismos previstos por la Ley para proteger a los obreros contra la violación de las normas laborales no han tenido la eficacia requerida.

Expedimos en consecuencia un Decreto que establece la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo como organismo desconcentrado y reglamenta su funcionamiento.

Los trabajadores, primordialmente los no sindicalizados, contarán con un servicio de asesoría y defensa para hacer valer sus derechos, no sólo frente a los patrones sino también frente a las autoridades que falten a sus deberes.

De modo semejante se ha determinado desconcentrar, a través de un servicio Nacional de Inspección del Trabajo, la tarea de vigilar el cumplimiento de la Ley.

Este servicio habrá de coordinarse con los de las autoridades locales; al respecto se ha iniciado la creación de 10 Delegaciones y 24 Subdelegaciones en las principales ciudades de la República.

Los funcionarios y técnicos de estos nuevos organismos surgen del Instituto Nacional de Estudios del Trabajo, que ha formado ya dos generaciones de postgraduados.

Estamos empeñados en llevar adelante, con hechos concretos, un verdadero programa de humanización del trabajo.

Es indispensable transformar el medio laboral a fin de que el trabajador no sea exclusivamente generador de productos, sino sujeto de bienestar y agente de creatividad.

Es menester, igualmente modificar el ambiente social que lo rodea y otorgar un sentido igualitario a las relaciones que prevalecen entre patrones y obreros.

Los avances tecnológicos no van acompañados de una evolución paralela en la organización del trabajo.

Las condiciones en que labora el obrero y la escasa atención que otorgamos a su desarrollo individual y profesional, contrastan con las costosas inversiones en maquinaria y equipo.

He aquí la causa primordial de nuestra baja productividad.

Es nuestro deber procurar la salud física y mental del trabajador.

El estudio de las principales causas que la merman condujo a la elaboración de disposiciones reglamentarias de la Ley destinadas a preservar la seguridad e higiene en el trabajo.

Con la cooperación del instituto Politécnico Nacional se creó el Centro de Toxicología Industrial.

A través de Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene.

Ahora coordinadas por ramas de industria, alentamos la plena participación de empresas y sindicatos en estas tareas.

Se celebró en nuestro país el Primer Congreso Internacional de Psicología del Trabajo.

Expertos en diversas naciones coincidieron en la necesidad de mejorar la calidad de la vida en los centros de trabajo y de promover una mayor participación de los obreros en las decisiones industriales.

La ampliación del tiempo libre es conquista irreversible de la clase obrera.

Poco sentido tendría, sin embargo, aumentar las horas de descanso si el trabajador es absorbido por el ocio inútil y enajenante de la sociedad de consumo.