Part 6

La función conciliatoria reduce considerablemente el costo económico y social de los conflictos laborales.

En la jurisdicción federal fueron resueltos, por este medio, 1,812 emplazamientos a huelga, además de los 4 mil 798 que se originaron por la demanda general para la elevación de salarios de septiembre anterior.

En cinco ramas de la industria textil se revisaron los contratos - ley respectivos.

Recientemente, diversas organizaciones obreras han manifestado su interés en celebrar contratos - ley en la industria del cemento, en la de bebidas y aguas envasadas, en la petroquímica y en la radiodifusión y televisión.

Se han iniciado ya los estudios correspondientes y procederemos, en cada caso, a expedir las convocatorias que la Ley señala.

Corresponde a la autoridad federal la aplicación de las normas de trabajo en aquellas actividades económicas consideradas de interés nacional.

La enumeración relativa ha sido ampliada ya en dos ocasiones por reforma constitucional.

Someteremos a esta Legislatura la conveniencia de federalizar algunas otras ramas industriales cuyo desenvolvimiento desborda, notoriamente, el ámbito de los Estados.

Ello no lesionaría, sino afirmaría nuestro régimen federativo, en el marco de una realidad económica.

La creciente complejidad de las relaciones laborales y la multiplicación de los organismos que promueven el bienestar obrero, demandan el fortalecimiento de los servicios administrativos correspondientes.

Creamos el Centro Nacional de Información y Estadísticas del Trabajo, que vincula los mecanismos técnicos de todas las dependencias relacionadas con la política laboral.

Igualmente, procedimos a crear el Instituto Nacional de Estudios del Trabajo, cuyos objetivos son la investigación, la programación y la formación de personal calificado para la función pública en este ramo.

El empleo productivo es hoy el eje de todo programa nacional de desarrollo.

Concilia los imperativos del crecimiento y los de la justicia distributiva.

Compromete la conciencia y la acción de la comunidad entera.

Aludimos ya al conjunto de iniciativas tendientes a modificar nuestras leyes en relación a la mujer.

Su igualdad formal ante el hombre carecería de contenido si no se facilitara el acceso de la mujer al empleo o se redujera injustamente la remuneración a su trabajo.

La única limitación a sus labores ha de radicar en la obligación de proteger socialmente la maternidad.

La incorporación gradual de la población femenina al sistema educativo hace prever, en un futuro próximo, el incremento sustantivo de su participación en el empleo.

Ello es fruto natural de la evolución de la sociedad.

A nosotros corresponde favorecer y orientar ese proceso con absoluta equidad en la distribución de oportunidades.

Concebimos a la productividad como la eficiencia del sistema económico para generar bienestar compartido.

Por ello, su fundamento es el desarrollo de los recursos humanos.

La Ley Federal del Trabajo establece la obligación que las empresas tienen de capacitar a sus trabajadores.

Tal disposición carece, sin embargo, de una reglamentación que la lleve a la práctica.

Esta Honorable Representación conocerá los proyectos legislativos que contemplan el incremento de la productividad por la formación profesional del trabajador, se mayor participación en la vida de las empresas y el mejoramiento de las condiciones físicas en que presta sus labores.

La Ley Federal del Trabajo de 1970 introdujo modificaciones sustantivas a las disposiciones que regulan la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas.

Dichas reformas obligaban a revisar la resolución expedita en 1963.

Para tal efecto fue instalada la Comisión Nacional respectiva.

Concluidos sus estudios habrá de fijar el próximo mes de octubre el porcentaje que los factores de la producción y el Gobierno estimen justo en los términos de la ley.

Se promoverán, igualmente, las reformas que establezcan un sistema expedito para tramitar inconformidades y controversias, a fin de que los trabajadores no sean burlados en el ejercicio de su derecho.

En diciembre pasado, a iniciativa de la diputación obrera y con el voto unánime de los representantes de todos los partidos se reformó la Ley Federal del Trabajo a fin de proteger al salario en su ejercicio.

Por primera vez en nuestra legislación laboral se contempla al trabajador en su función de consumidor.

La ley propicia el establecimiento de instituciones y medidas que protejan su capacidad adquisitiva y determina la creación de un Fondo destinado a garantizar créditos institucionales, baratos y oportunos para la adquisición de bienes y servicios por parte de los asalariados.

El primero de mayo fue creado el Fondo Nacional de Fomento y Garantía al Consumo de los Trabajadores -FONACOT-, que otorgará al crédito bancario una mayor orientación social, favorecerá el ahorro en la familia obrera y contribuirá al abatimiento de los precios.

Su eficaz funcionamiento desmentirá, más que las palabras, la sinrazón de sus impugnadores.

El Gobierno de la República reitera su decisión de llevar hasta sus últimas consecuencias la lucha que dirige contra el acaparamiento y la especulación, contra la intermediación innecesaria y el desmedido afán de lucro que propicia la elevación de los precios.

A iniciativa del Congreso del Trabajo se creó el Comité Nacional Mixto de Protección al salario, en el que las organizaciones sindicales y diversas dependencias oficiales analizan conjuntamente, los problemas que afectan a la clase obrera y sus posibles soluciones.

El Comité ha iniciado, a través de todos los medios de difusión, un programa de orientación al consumidor destinado al mejor aprovechamiento del gasto familiar.

Presta asesoría para la organización de centros de oferta y consumo, tiendas sindicales y almacenes en que se pacten descuentos a título de prestaciones obrero - patronales.

Cerca de diez millones de trabajadores encuentran en el salario su medio fundamental de sustento.

Más de veinte millones de compatriotas dependen económicamente de ellos.

Por lo tanto, el bienestar de cuando menos la mitad de los mexicanos se ve afectado por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios.

No hemos permitido, ni habremos de aceptar, que se haga recaer el peso de la inflación sobre los sectores que generan la riqueza nacional y apenas disfrutan de sus beneficios.

La comunidad debe encontrar, protegiendo a la clases de ingresos fijos, el camino para proseguir, en la libertad, la tarea del desarrollo.

Situar los salarios en niveles razonables significa para unos la reducción de privilegios; para otros, la satisfacción de necesidades fundamentales.

Quienes no han mostrado ser pacientes para incrementar los precios, invocan ahora pretendidas razones económicas para pedir a los trabajadores que ellos sí sepan esperar.

Cuando sólo se trata de restituir el poder de compra de los salarios y restablecer la demanda indispensable de satisfactores, no puede hablarse válidamente de efectos inflacionarios.

Sería ilógico que todos los precios se elevaran, menos el de la mano de obra.

El empresario acepta como natural que el costo de las materias primas, la maquinaria o el financiamiento, sufran constantes variaciones.

No podría pretender que los salarios se mantuvieran estáticos durante largo tiempo.

En las últimas semanas, tan luego como se habló de la elevación de salarios, en muchos mercados, tiendas y supermercados de todos los niveles, se comenzó a observar la sobreposición, con mucha frecuencia, de etiquetas, una sobre otra, elevando los precios ; es decir, fuera del incremento de los precios de los distribuidores o de los industriales y del financiamiento, en ese mero proceso de la intermediación comercial.

Perdónennos la franqueza, señores.

Semejante sistema pudo ser adecuado en tiempos de estabilidad, pero es notoriamente injusto en épocas de inflación.

La Constitución General de la República define las características del salario.

Este debe ser remunerador, suficiente y justo.

No obliga al trabajador lo que se pacte en contrario.

Además, el aumento en el costo de la vida implica un desequilibrio entre el capital y el trabajo, que es imprescindible restaurar.

Los emplazamientos de huelgas presentados ante las autoridades competentes, corresponden al ejercicio de un derecho fundamental que la Constitución otorga a los trabajadores.

Nada justifica que se eluda la negociación.

Frente a un problema semejante, las bases de una solución general sancionadas por los sectores, probaron ya su eficacia el año anterior.

Hemos elegido el diálogo como norma de conducta para superar los problemas sociales.

Confiamos en la responsabilidad de las organizaciones obreras y empresariales a fin de que anuentes como están en la necesidad de incrementar los salarios contractuales lo hagan mediante un entendimiento de carácter nacional.

Así evitarán la proliferación innecesaria de conflictos y consolidarán, junto con la paz social, la vigencia de nuestras instituciones democráticas.

El Ejecutivo a mi cargo ha decidido incrementar de inmediato, con fecha 1 de septiembre, las percepciones de los trabajadores al servicio de los Poderes de la Unión y los haberes de los miembros de las Fuerzas Armadas en la proporción en que han sido deteriorados por el proceso inflacionario.

Sólo espera el acuerdo general entre los factores productivos, a fin de que la solución que adopte sea semejante a la que éstos convengan, y resuelva el aspecto que le corresponde de este problema, en forma homogénea y equitativa.

Pero los aumentos para los trabajadores al servicio del Estado y las fuerzas armadas, son con fecha primero de septiembre.

No sería racional aplicar criterios tradicionales ante nuevas realidades.

Cuando las situaciones de emergencia se repiten, es que se ha creado una nueva normalidad.

La estructura de la economía mundial y sus efectos en la economía nacional, nos obligan a tomar providencias para un período inflacionario cuyo término no podemos predecir: 15, 20, 30 años; no lo saben los economistas en el mundo.

Tenemos, eso sí, el deber de impedir que se acentúen las desigualdades sociales.

Tras de un proceso de consulta con los factores interesados hemos decidido promover las reformas legales necesarias, a fin de que los salarios pactados en cada contrato colectivo de trabajo se ajusten en el futuro, cuando hayan transcurrido un año a partir de su propia revisión.

Así contribuiremos a evitar los enfrentamientos cuyo origen es la ausencia de mecanismos adecuados a la época en que vivimos, para resolver de manera expedita las demandas legítimas de los trabajadores.

El Ejecutivo Federal, señores senadores de la República, señores diputados federales, enviará, en unos cuantos días, la iniciativa al respecto, para hacer anual la revisión de los contratos colectivos de trabajo.

A lo largo del año, la renovación de los contratos colectivos de trabajo tendrá una incidencia menor en la economía de las empresas y en el volumen en general del circulante.

Permitirá que los trabajadores puedan prever -así estamos afrontando una larga época inflacionaria-, para la fecha del comienzo de la revisión de sus contratos, cuál es el detrimento que en unos meses -esperar esos cuantos meses- ha tendido a elevarse el costo de la vida, con un adecuado mejoramiento de la información técnica del Banco de México y otras instituciones, para los tribunales del trabajo, para las empresas y los sindicatos, a efecto de que estas revisiones anuales impidan estos ajustes que hicimos el año pasado y el que en este año se está avizorando, y que provocan polémicas tan enconadas.

Creemos que es una manera fundamental de encarar el proceso inflacionario.

Necesitamos, por otra parte, juntos, encontrar cómo los no asalariados en general -a efecto de que no adopten actitudes desproporcionadas, sino justas- obtienen también -ya sabemos cuál es el camino para los productos de los campesinos- una retribución a su esfuerzo: desde los profesionales más encumbrados hasta los artesanos más modestos, desde quienes desempeñan aislados las tareas manuales más humildes, cómo la inflación afecta a todos, es preciso encontrar los mecanismos sociales para evitar desequilibrios injustos.

La adversidad económica no modifica nuestras convicciones, por el contrario, las fortalece.

Los propósitos de la comunidad nacional han de cumplirse en la inflación y a pesar de ella.

La situación que confrontamos exige imaginación política, actitud de cambio y voluntad solidaria de todos los sectores.

Nos encontramos en el difícil tránsito entre dos etapas del desarrollo mexicano.

Fuerzas de todo signo intentan torcer el rumbo de una revolución remozada.

Ahora, como pocas veces, nuestro régimen político recibe los embates de los intereses que desde su inicio combatió.

Ahora como en su origen, se sostiene en el orden instaurado en la Constitución social de 1917.

Las remuneraciones de aproximadamente 5 millones de trabajadores están regidas por las disposiciones legales relativas a los salarios mínimos.

Nuevamente el Ejecutivo enviará a este Honorable Congreso un proyecto de reformas a fin de que se restablezca el poder adquisitivo de esas percepciones.

Pero esta vez con un carácter permanente a fin de que, en adelante, al cumplirse un año de su vigencia se ajusten dichos salarios conforme a la elevación ocurrida en el costo de la vida.

No sería racional aplicar criterios tradicionales ante nuevas realidades.

Cuando las situaciones de emergencia se repiten es que se ha creado una nueva normalidad.

La estructura de la economía mundial y sus efectos en la economía nacional nos obligan a tomar providencias para un período inflacionario cuyo término no podemos predecir.

Tenemos, eso sí, el deber de impedir que se acentúen las desigualdades sociales.

Tras de un proceso de consulta con los sectores interesados, hemos decidido promover las reformas legales necesarias a fin de que los salarios pactados en cada contrato colectivo se ajusten, en el futuro, cuando haya transcurrido un año a partir de su propia revisión.

Así contribuiremos a evitar los enfrentamientos cuyo origen es la ausencia de mecanismos adecuados a la época en que vivimos para resolver de manera expedita las demandas legítimas de los trabajadores.

POLITICA ECONOMICA

Durante este último año se agudizaron las tendencias especulativas en la economía internacional.

Después de afectar los mercados financieros y el orden monetario, invadieron el de los productos manufacturados, maquinaria y equipo, energéticos, insumos industriales y alimentos.

Así, las naciones industrializadas están exportando no sólo su inflación, sino también los efectos de su escasez.

A pesar de que ningún país puede sustraerse a la influencia de estos acontecimientos, la iniquidad en las relaciones monetarias y comerciales afecta, principalmente, a las comunidades más débiles, condiciona su crecimiento y amenaza su independencia.

En medio de este clima de inestabilidad mundial, durante el período que abarca este Informe, el ritmo de crecimiento de la economía nacional ha sido superior, en términos reales, al 7 por ciento, tasa similar a la registrada desde 1972.

Si bien éste es un signo de la vitalidad de la estructura productiva de México, que debe alentarnos, conviene recordar que tanto los países industrializados como los que se encuentran en proceso de desarrollo, han tenido que revisar a fondo su política económica, hacer ajustes a sus hábitos y sistemas de consumo e imponerse sacrificios.

Ante estas circunstancias, son necesarios nuevos instrumentos que nos permitan afrontar la etapa inflacionaria sobre la base de que nuestro pueblo continuará alcanzando sus objetivos fundamentales.

El Presupuesto de Egresos de la Federación de 1974 fue elaborado tomando en cuenta la necesidad de contrarrestar tendencias indeseables y de apoyar las actividades prioritarias.

Se incrementó la asignación de recursos destinados a elevar la producción del campo y se efectuaron aumentos significativos en las inversiones correspondientes a energéticos, siderurgia, petroquímica, fertilizantes y transporte ferroviario.

Las actividades agropecuarias, tradicionalmente menos favorecidas por el crédito privado, recibirán este año, de los bancos oficiales, cerca de 15 mil millones de pesos, lo que equivale de estos créditos, en el mes de mayo se creó a casi el triple de lo dispuesto en 1971.

Con el fin de evitar divergencias en la asignación el Comité Coordinador de las Instituciones Nacionales de Crédito Agropecuario.

La crisis mundial de alimentos ha demostrado que del campo depende, y dependerá por mucho tiempo, gran parte del bienestar de los pueblos.

La baja inversión rural del pasado decenio, las malas cosechas que por razones meteorológicas estuvimos en años recientes y el aumento de la demanda -originado por el crecimiento natural de la población y por la incorporación al mercado de consumo de grandes sectores sociales, antes marginados- son los principales factores que determinaron la necesidad de importar alimentos.

Sabiendo que esta medida afectaría, necesariamente, a nuestra balanza comercial e incrementaría el gasto público, no tuvimos ninguna duda en adoptarla para asegurar la existencia de los alimentos básicos y evitar que fuera mayor el alza de los precios.

Cuando la escasez y el hambre flagelan en el mundo a millones de seres humanos, en México, a precios notablemente inferiores a los prevalecientes en el extranjero, logramos garantizar la alimentación popular.

Por el gran volumen de recursos que este Gobierno destina al campo, por el aumento en los precios de garantía de diversos productos, así como por la orientación dada a las siembras para asegurar, primero, los alimentos básicos y estimular, después, los productos que más favorecen a nuestro comercio, continuamos fortaleciendo la capacidad del país para afrontar sus necesidades futuras.

El comportamiento de la industria manufacturera y de la construcción permitió que el sector industrial fuera uno de los más activos.

El mayor ingreso de la población y los altos márgenes de utilidad de numerosas empresas favorecieron, asimismo, la rápida expansión de los servicios, en particular los transportes y las comunicaciones.

Como ya lo expresamos, se revisaron los precios de los productos petroleros y las tarifas de electricidad para vigorizar financieramente a las instituciones que operan en estos ramos fundamentales.

La diversificación del comercio exterior es uno de nuestros propósitos permanentes.

En atención a ventajas recíprocas, hemos multiplicado los mercados a que concurrimos y modificamos la estructura de nuestras ventas, dándole variedad a su composición.

Las exportaciones mostraron una muy alta tasa de crecimiento.

Esto respondió, en su mayor parte, al dinamismo de las ventas de manufacturas, que duplicaron su valor en los cuatro primeros meses del año.

No obstante, nuestras importaciones crecieron con mayor rapidez, debido, fundamentalmente, a los precios desmesurados que han alcanzado en el mercado internacional algunos productos indispensables para nuestra economía, que tuvimos que comprar en el extranjero, tales como maquinaria, plantas industriales y otros instrumentos de trabajo, así como materias primas que aún no producimos y algunos bienes de consumo directo.

El incremento en el valor de nuestras compras se origina así, principalmente, en la elevación de los precios internacionales.

La injusticia que caracteriza las relaciones económicas entre los Estados, que hemos denunciado y combatido constantemente, se pone aquí, una vez más, de manifiesto, y confirma la razón que asiste a México, como a todos los países en proceso de desarrollo, en su lucha por la adopción de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados.

Esta proposición, señores, que hicimos en nombre del pueblo de México, se está estudiando, va caminando; pero, esencialmente, trata de que no caigan sobre las espaldas de los trabajadores y de los campesinos mexicanos todas las circunstancias que permiten, en el fondo, subsidiar con nuestras materias primas, con la importación de productos caros, con el sacrificio del pueblo mexicano -como pasa con todos los países del Tercer Mundo-, el alto nivel de vida de los países grandemente industrializados.

Esta es la clave de la justicia social nacional e internacional del documento que hemos propuesto.

El Turismo, además de ser una fuente importante de divisas, genera empleo con bajos requerimientos de inversión y propicia el crecimiento económico de nuevas zonas.

Para estimularlo, fue expedida la Ley Federal de Fomento al Turismo.

En el lapso que comprende este Informe se internaron a nuestro país 3 millones 400 mil turistas y 60 millones de visitantes fronterizos, lo que significó un ingreso total para el país de cerca de 24 mil millones de pesos.

Por nuestra parte, los mexicanos debemos asumir la responsabilidad patriótica de reducir nuestros gastos en el exterior, de no incurrir en el contrabando, ni hacer de nuestro turismo una afrenta para la mayoría que sufre carencias básicas.

La política monetaria y crediticia se ha orientado, en lo fundamental, a reducir los efectos de las presiones inflacionarias que afectan la economía nacional.

Las altas tasas de interés prevalecientes en los mercados del exterior propiciaron, a fines de 1973 y principios de este año, la salida de capitales en busca de mayor rendimiento.

Para retener estos ahorros dentro del país se elevaron las tasas de interés.

Como resultado de esta disposición, la captación interna se ha recuperado.

Los recursos de apoyo al peso mexicano con que cuenta el Banco de México, constituidos por su reserva total sobre el exterior, se han incrementado en relación con los que disponíamos hace un año y alcanzan la suma el día de ayer de 30 mil 844 millones de pesos, de la que corresponden 16 mil 515 millones de pesos a la reserva bruta en oro, plata y divisas, y 14 mil 329 millones de pesos a reservas secundarias en diversos organismos financieros en el exterior.

Reitero nuestra voluntad y capacidad de mantener invariable el tipo de cambio de 12 pesos 50 centavos por dólar norteamericano, sin recurrir a controles de cambio respecto a las transacciones de mercancías, de servicios y de capital, como parte de la política básica de defensa del nivel interino de precios y de confianza para la captación e inversión productiva del ahorro en el territorio nacional.

En México, señores, como en el mundo, no hay instituciones más discretas, que guarden con mayor confidencialidad todos sus datos, que los bancos: el Banco de México, la banca oficial, la banca mixta y la banca privada.

Yo les manifiesto a ustedes que son totalmente discretos.

Pero en los últimos tres días, no algunos ricos - porque son muy pobres, muy pobres no sólo moralmente, son muy pobres económicamente ante los grandes intereses internacionales de que tenemos que defendernos, y, por tanto, deberían estar más cerca de su pueblo, de los problemas de su pueblo-; no algunos ricos, sino dijéramos, algunos riquillos, compraron algunas sumas no importantes de dólares, con giros sobre Nueva York o para llevárselos a su casa, pensando que estos últimos párrafos iban a anunciar una devaluación.

Lo que yo les digo es que regresen eso el lunes, porque les puede pasar lo que les pasó en años pasados, en que en pocos meses el dólar se devaluó dos veces.

Los riquillos mexicanos, que compran dólares no para obtener mejores tasas de interés -como así ocurrió hace unos meses cuando se elevaron en el extranjero las tasas de interés-, sino para tratar de propiciar una devaluación, o ante el temor de ella, obtienen el desprecio del pueblo, de sus propios hijos, porque no están construyendo una patria para sus hijos.