Chapter 1

Discurso del Lic. Luis Echeverría Álvarez, al abrir el Congreso sus sesiones ordinarias, el 1 de septiembre de 1974. Honorable Congreso de la Unión:

El país es un mosaico geográfico y humano.

La mejor manera de servirlo es conociéndolo en todas sus formas y matices, acercándose a él y dialogando con sus habitantes.

Desde las oficinas sólo se perciben verdades a medias.

Quien no quiera engañarse, quien quiera ser verdaderamente útil, debe mantener contacto directo, constante e intenso con la base popular.

Hemos sostenido nuestro propósito de salir con la mayor frecuencia a la provincia, para desde ahí, a la orilla de un camino, entre los surcos de un campo sembrado, dentro de una fábrica, en el aula de una universidad o en el taller de un tecnológico, en la plaza pública, sentir el pulso verdadero de la Nación.

Al visitar la mayoría de las instituciones de educación superior, en donde algunos ven motivos de alarma, nosotros advertimos promesas de superación.

Los jóvenes estudiantes, los jóvenes campesinos, los jóvenes obreros y los jóvenes servidores públicos de hoy, representan la mejor garantía para enlazar y hacer irreversible el proceso transformador en que estamos empeñados.

El gobierno persevera en el propósito originario de escuchar a todos los mexicanos que quieran contribuir al progreso general.

Todos quienes desean expresar lealmente su verdad, son oídos con respeto, porque todos poseen una parte de la compleja realidad nacional, porque todos tienen algo que aportar, algo valioso que decir.

De ahí que nos reunamos con la mayor frecuencia con numerosos grupos sociales de las más distintas procedencias, de los más diferentes sectores.

A aquellos que piensan que es vano el tiempo que dedicamos a escuchar directamente los planteamientos del pueblo respondemos que de quien más hemos aprendido es de la gente sencilla, de quienes plantean llana, pero honrada y apasionadamente, un problema colectivo, y muchas veces, incluso, sugieren, con un gran sentido práctico, su solución.

En política busca en silencio quien sabe que carece de razón.

El diálogo, en cambio, sólo conviene a un gobierno seguro de los principios democráticos que lo sustentan.

No tenemos la confrontación.

No eludimos ningún pensamiento crítico, antes nos alienta observar cómo paulatinamente se quebranta el mutismo que durante mucho tiempo caracterizó las costumbres políticas del país.

Alentamos todas las expresiones de la inteligencia.

Nos interesa que se desarrollen las potencialidades culturales, científicas y tecnológicas de nuestro pueblo y también que los intelectuales se vinculen y comprometan, cada vez más, con los objetivos nacionales.

El derecho a disentir no implica la pérdida del derecho a coincidir.

En todo momento fomentamos la participación de los escritores, artistas, científicos y técnicos a colaborar en las transformaciones del país y cada día es más amplia y patriótica su respuesta.

Hemos convocado continuamente al ejercicio responsable de la crítica y nadie ha sido ni será molestado por ejercerla.

No aspiramos a adhesiones incondicionales ni a la unanimidad.

Unas y otras son sospechosas.

Buscamos el apoyo mayoritario, pero queremos que sea deliberado y consciente.

Hoy, más que nunca, es ineficaz el soliloquio.

La autocrítica misma, para ser auténtica, debe nutrirse también del juicio de los demás.

Por ello los campesinos, los obreros, los intelectuales, los artistas, los estudiantes, los maestros, los empresarios, externan su pensamiento en voz alta.

En México, el pueblo tiene la palabra.

Es por eso que sin retórica, sin falsa modestia, creemos que este Informe de Gobierno es suma del pensamiento y del esfuerzo de todos los mexicanos que participan en la tarea nacional.

POLITICA INTERIOR

En este año, conmemoramos el centenario de la restauración de la Cámara de Senadores, debida a la visión de Benito Juárez y a la tenacidad de Sebastián Lerdo de Tejada.

El Senado de la República crea el deseable equilibrio dentro del poder legislativo y, como consecuencia de ello, permite el armónico funcionamiento de los demás poderes.

Cuando en el siglo pasado dejó de existir, se sintió un claro vacío en nuestras instituciones.

Algunos quebrantamos que en esa época tuvo la estabilidad del país, en buena parte se debieron a su ausencia.

La Cámara de Senadores es un elemento indispensable en la estructura política de México.

El próximo día 14 acudiremos a Tuxtla Gutiérrez, en unión de los representantes de los poderes legislativo y judicial, para enaltecer la gran jornada de mexicanidad que cumplió el pueblo chiapaneco, hace ciento cincuenta años, al decidir, por su libre voluntad, unir sus destinos a los del resto del país.

Conmemoramos, en 1973, el centenario del nacimiento de dos forjadores de la Revolución Mexicana: Ricardo Flores Magón, uno de sus precursores, y Francisco I. Madero, su iniciador.

El Presidente Adolfo Ruiz Cortines, al fallecer, dejó a la República, de la que fue devoto, el legado de su conducta austera y patriótica.

El avance económico y social debe ir paralelo a los adelantos cívicos.

Al mismo tiempo que se realizan cambios importantes en diversos aspectos nacionales, se impulsa una amplia reforma política.

En el ámbito federal hemos demostrado que el perfeccionamiento de los mecanismos electorales y la adecuada representación de las minorías, incrementan la participación popular en el Gobierno, depuran la manifestación de la voluntad nacional, permiten la expresión de todas las corrientes ideológicas y confieren a la acción pública las directrices y el apoyo necesarios para perseverar en la transformación.

Esta positiva experiencia es recogida por las Entidades federativas. Más de la mitad de los Estados de la República han decretado o iniciado reformas a sus Constituciones para instituir el sistema de Diputados de Partido y algunas otras Entidades estudian, en distintos grados de avance, esta posibilidad.

El Gobierno Federal ratifica, su mayor simpatía por estos alentadores signos de democratización y madurez política.

En el Registro Nacional de Electores había inscritos, hasta el día de ayer, 25 millones 275 mil 384 ciudadanos.

Se eligieron Gobernadores en los Estados de Colima, Chihuahua, Durango, Michoacán, Zacatecas, Aguascalientes y Oaxaca.

Fueron renovadas las legislaturas de Yucatán, Tabasco, Jalisco, Campeche, Chihuahua, Durango, Michoacán, Zacatecas, Aguascalientes, Baja California y Oaxaca y quedaron integrados ayuntamientos en Veracruz, Tlaxcala, Colima, Chiapas, Yucatán, Campeche, Tabasco, Jalisco, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Chihuahua, Durango, Aguascalientes y el Estado de baja California.

Varios funcionarios federales comparecieron ante las Cámaras de este honorable Congreso de la Unión, para informar y comentar los motivos y alcances de diversas iniciativas de Ley.

El Poder Legislativo no estaría cabalmente enterado de la marcha general del país si conociera la actividad de las Secretarías de Estado pero careciera de información suficiente acerca de los departamentos administrativos, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria, que en los últimos años han llegado a ser determinantes en nuestra vida social y económica.

Para adaptarnos a esta realidad, se reformó el artículo 93 constitucional con base en una iniciativa surgida en el seno de esta honorable Representación Nacional, para facultar a las Cámaras a citar a los responsables de dichas instituciones cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus actividades.

De esta manera, el diálogo entre los poderes se amplía y fortalece.

Entró en vigor la nueva Ley General de Población.

Con ella iniciamos una política demográfica moderna y humanista, imbuida de los principios de la Revolución Mexicana y profundamente respetuosa de los derechos individuales, representados, en este caso, por la libertad de la pareja a determinar, responsablemente su descendencia.

Buscamos racionalizar el incremento y la distribución de los habitantes del país, impedir que se diluyan los esfuerzos para el desarrollo, repartir equitativamente el bienestar, corregir el desequilibrio entre el campo y la ciudad, disminuir la desocupación, evitar el aumento desmesurado de población dependiente, integrar a la mujer a la vida productiva y asegurar su igualdad social y hacer posible que las familias logren que todos sus miembros se desenvuelvan en plenitud.

Buscamos, en suma, una vida mejor para los sectores sociales mayoritarios.

Por mandato de la nueva ley se integró, con la participación de siete Secretarías y un Departamento, el Consejo Nacional de Población, que se abocó de inmediato a encuadrar la política poblacional en nuestro programa general de desarrollo económico y social.

La Organización de las Naciones Unidas declaró en 1974 "Año Mundial de la Población" y convocó al estudio del problema demográfico.

México participó en la Reunión Latinoamericana Preparatoria en San José, Costa Rica, y en la Conferencia Mundial efectuada recientemente en Bucarest, Rumania.

En ambos foros sostuvimos que toda política de población debe ser producto de la voluntad soberana de cada país, sin la intromisión de gobiernos extranjeros o de empresas transnacionales; que a estos principios debe ajustarse la cooperación internacional; que los problemas poblacionales no pueden desvincularse de la injusta estructura económica mundial que obstaculiza el desenvolvimiento del Tercer Mundo y agudiza sus penurias por el desperdicio de las sociedades de consumo.

Concluimos subrayando que para superar las consecuencias adversas de la explosión demográfica, se requiere, inaplazablemente, además de los esfuerzos nacionales, la instauración de un sistema de equidad entre los pueblos industrializados y los países en desarrollo.

Somos ya más de 58 millones de mexicanos, y crecemos a uno de los ritmos más acelerados del mundo.

Aproximadamente la mitad de la población no está en edad de trabajar, pero si requiere de volúmenes crecientes de artículos de consumo y de servicios.

Debemos esforzarnos por incrementar la riqueza nacional y lograr su distribución equitativa; pero también hacer conciencia, por todos los medios a nuestro alcance, de que el país precisa racionalizar el incremento de la población en beneficio de las actuales y las futuras generaciones.

La mujer debe disfrutar de absoluta igualdad con el varón en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus responsabilidades.

En general, los ordenamientos del país contienen notables avances en esta materia.

Varios estatutos conservan, no obstante, mecanismos de tutela que no se justifican en la hora actual y que, incluso, se han vuelto en contra de la propia mujer, a la que pretenden brindar una protección mal entendida.

Es preciso romper las barreras que impiden a la mujer su pleno desenvolvimiento en la vida política, económica y social y que obstruyen, por tanto, el avance integral de México.

Hemos dispuesto una revisión completa de las leyes federales, a fin de someter ante esta soberanía las iniciativas conducentes a eliminar cualquier vestigio de discriminación femenina.

Sin embargo, el esquema de dependencia y dominación, que todavía caracteriza en alto grado las relaciones entre la mujer y el hombre, no será erradicado con meros instrumentos legales.

Es necesario, también que una y otro sean capaces de sacudirse las viejas estructuras mentales que hacen posible esta injustificada situación.

La administración de justicia debe recibir el máximo apoyo.

Con ella se salvaguardan nuestros derechos, libertades y bienes, y se garantiza la sana convivencia social.

Para hacerla más expedita se reformó la Ley Orgánica de los Tribunales del Fuero Común del Distrito y Territorios Federales, creándose 3 Salas, 8 Juzgados Civiles de Primera Instancia, 5 Penales y 8 de lo Familiar.

Han sido positivos los resultados de la campaña permanente que realiza la Procuraduría General de la República, para impedir el saqueo de nuestros bienes arqueológicos e históricos y para combatir, con auxilio del Ejército Mexicano, los delitos que atentan contra la salud, derivados de la producción, tráfico y uso de estupefacientes.

Ningún grupo, por poderoso que sea o por apoyado que esté en las grandes metrópolis económicas, puede erigirse en dueño de los destinos nacionales.

Nadie, por más que diga defender causas populares, tiene derecho a vulnerar las instituciones que el mismo pueblo se ha dado.

El orden público es presupuesto de todas las realizaciones del país.

Lo defenderemos con determinación e invariable apego a la ley.

En los últimos meses se han cometido varios delitos que tratan de encubrirse bajo un matiz político.

Con actos terroristas se ha tratado de alterar, infructuosamente, el espíritu de trabajo que anima a la Nación.

Quienes los cometen y quienes desde la oscuridad los patrocinan, ignoran, o fingen ignorar, que las transformaciones políticas y sociales no son producto de acciones aisladas, sino de la participación popular consciente y mayoritaria, y que nuestro progreso no podrá ser detenido por los agentes provocadores de la represión.

El Gobierno de la República a ampliado los causes de la participación pública e intensificado su comunicación -sin cortapisas de ninguna naturaleza- con todos los sectores.

En una atmósfera de aliento a la actividad política abierta, quienes actúan con violencia atentan contra la libertad.

No es por la acción de las pandillas ni en el clandestinaje sino en la plaza pública y a la luz del día, donde los verdaderos patriotas buscan el mandato del pueblo para servir a los intereses de la nación.

Cuando promovemos la democratización general del país y la ampliación de los beneficios sociales, la violencia no puede ser sino arma contrarrevolucionaria.

El origen del terrorismo puede resultar confuso.

Sus intensiones, en cambio, son muy claras: afianzar los intereses retardatarios que dice combatir y dividir a los mexicanos.

Sólo pueden tener interés en promover la violencia quienes pretenden detener el proceso democrático del país; quienes desean obstruir nuestros esfuerzos por reducir la marginación social; quienes buscan el enfrentamiento entre diferentes sectores de la población; quienes se ven afectados por la consolidación de nuestra soberanía; quienes, en suma, desearían que el Gobierno abandonara estos fines superiores para incurrir también en la violencia.

Responderemos a sus provocaciones haciendo respetar el orden, pero con los procedimientos y limitaciones que la propia ley establece.

Ningún acto de infecundo aventurerismo político variará el rumbo que nos hemos trazado.

Frente a la falsa energía de toda dictadura, creemos en el poder de la democracia, en la fuerza del consenso mayoritario, en la fortaleza de la razón y en el vigor que genera una comunidad de hombres libres.

En los últimos meses, vidas muy fecundas y valiosas para el país, han sido segadas por la acción cobarde de bandas de plagiarios.

Recientemente un senador guerrerense, el ingeniero Rubén Figueroa, fue víctima de una cobarde celada por parte de un grupo terrorista.

Cuando los secuestradores plantearon inadmisibles demandas a cambio de su libertad, los señores senadores de la República acudieron a expresar al titular del Poder Ejecutivo una viva preocupación por la suerte de su compañero de Cámara, pero también, a ratificar su convicción de que por encima de todo está la salvaguarda de las instituciones nacionales.

Honra al Senado esta actitud responsable y patriótica.

Hace 4 días, un distinguido revolucionario mexicanos, el licenciado José Guadalupe Zuno Hernández, cuya vida pública es irrefutable testimonio de honestidad, patriotismo y congruencia ideológica, fue secuestrado por otro grupo delincuente.

Anciano de 83 años de edad de muy precaria salud, fue sometido por la fuerza por 4 hombres jóvenes vigorosos y armados, que seguramente ignoran que a lo largo de 60 años a servido rectamente a su Estado y a la Nación.

Fundó la Universidad de Guadalajara. ha impulsado y contribuido directamente a la expansión de la cultura de México.

Ni en este, ni en cualquier otro caso, accederemos a las pretensiones de los plagiarios.

Las autoridades competentes han declarado, y hoy lo reiteramos, que el orden público no es negociable y que el pueblo y el Gobierno no pactan con criminales.

El único pacto que hemos celebrado y respetaremos en forma invariable, es el sellado con las clases mayoritarias del país que luchan lealmente por el progreso nacional.

Vencida por la confusión, aislada por aquellos a quienes dice defender, convencida o engañada, pero al fin dócil agente de la provocación internacional, la acción terrorista está condenada en un país que combate las tensiones sociales actuando sobre sus causas, por la vía de las instituciones, el diálogo y la voluntad de ser independientes.

Es útil para todos, señoras y señores, que hagamos alguna reflexión derivada del análisis de la composición de estos pequeños grupos de cobardes terroristas, desgraciadamente integrados por hombres y por mujeres muy jóvenes que en México tienen considerables semejanzas con grupos que en estos días, en que estos actos están de moda en casi todo el mundo, actúan de modo parecido.

Surgidos de hogares generalmente en proceso de disolución, creados en un ambiente de irresponsabilidad familiar, víctimas de la falta de coordinación entre padres y maestros, mayoritariamente niños que fueron de lento aprendizaje; adolescentes con un mayor grado de inadaptación en la generalidad, con inclinación precoz al uso de estupefacientes en sus grupos con una notable propensión a la promiscuidad sexual y con un alto grado de homosexualidad masculina y femenina; víctimas de la violencia; que ven muchos programas de televisión que no solamente nuestros empresarios privados , sino también muchos directores de empresas públicas descentralizadas estatales patrocinan, sin darse cuenta de lo que hacen sus jefes de publicidad; víctimas también de la página roja de los diarios que hacen amarillismo a través de la página roja; de algunas revistas especializadas que hacen la apología y exaltan el crimen.

Son estos grupos, fácilmente manipulables por ocultos intereses políticos nacionales o extranjeros, que hallan en ellos instrumentos irresponsables para estas acciones de provocación en contra de nuestras instituciones.

Se procede en esta labor de teledirección, de manipuleo, en realidad con una gran habilidad y a veces se piensa que obedecen, para decirlo con palabras sencillas y pronto, a grupos de extrema izquierda; pero cuando se ve la impreparación ideológica de estos grupos y cuando se ve que tratan en realidad de provocar la represión, lo que se llama una 'cacería de brujas', se piensa de inmediato que así como puede ser esta primera posibilidad, puede ser la segunda también, de quienes provocan subterráneamente la represión a efecto de detener la marcha de nuestras instituciones como ha ocurrido en otros países, y el ejercicio de nuestras libertades cuando apenas se inicia una política de nacionalismo económico en nuestra patria.

Golpes de Estado en algunos países latinoamericanos han sido precedidos por las campañas de rumores que se originan en algunos círculos empresariales irresponsables o que fomentan estos actos de terrorismo para suscitar la confusión.

Nosotros hemos dicho que no podemos seguir un esquema, para nuestro desarrollo, meramente desarrollista, sin un espíritu de justicia social; que frente a los chistes de mal gusto, frente a los rumores y frente a muchos de estos impulsos que tratan de fomentar el terrorismo, quede eso bien claro.

Otros que se dicen de izquierda tratan de sembrar la confusión con la finalidad de que mediante la represión haya una polarización de fuerzas sociales en que también llevan agua a su molino.

La maniobra, de unos y otros, está muy clara.

Estamos, pues, apercibidos.

Saben los señores Secretarios de Estado y Jefes de Departamento, lo saben los señores senadores de la República, los señores diputados federales, los directores de los organismos descentralizados y de participación estatal, lo saben los señores gobernadores, lo saben los señores jefes militares, lo saben los señores miembros del H. Cuerpo Diplomático de la Nación, lo saben los señores miembros de los Poderes Judicial Federal y Judicial de los Estados; lo saben los señores jefes de los partidos políticos, los señores directivos de las organizaciones de los obreros, de los campesinos y del sector popular; lo saben mi esposa y mis hijos; lo sabe todo México: no cederemos con concesiones del gobierno ante estas provocaciones.

Y todos lo sabemos: aún, señores senadores, señores diputados, en un caso extremo, hay un claro procedimiento constitucional para que de ninguna manera se interrumpa la marcha institucional del país.

Que quede bien claro.

Si en México o fuera de México hay intereses que tratan de dividir a los mexicanos de sembrar la discordia, recordemos que en 1848 perdimos la mitad del territorio que nos legaron nuestros padres indígenas y españoles, después de una injusta guerra con los Estados Unidos de América, y en lo que fue factor fundamental la división del país.

No olvidemos que cuando unos malos mexicanos, engañados o traidores, después de la derrota que Juárez y sus hombres les infringieron en la guerra de Reforma, fueron a Europa a buscar príncipe extranjero y lo trajeron para ser derrotado por Juárez, nuevamente encontramos el movimiento conservador de México y la intervención extranjera.

Ello fue posible, transitoriamente, por la división del país.

Si estos grupos que tratan de provocar la división quieren provocar algún día la intervención en cualquier forma de cualesquiera de las potencias, que sepan que tenemos plena conciencia histórica de lo que en México ha ocurrido; que forma parte de nuestra educación, de nuestra formación cultural, de nuestra tabla de valores morales, políticos y cívicos, esas dos grandes enseñanzas históricas a que me he referido, y que por eso la Revolución Mexicana, profundamente nacionalista en lo político y en lo económico, trata en esencia de que en la unidad los grandes problemas de ahora o del futuro, como en el pasado ha ocurrido, dentro de la unidad de los mexicanos.

¿Cuándo no ha habido problemas, en qué país no los hay o no los habrá?

Que todo, en los próximos días y en los próximos sexenios y en los próximos siglos, nos encuentre, compatriotas, unidos en lo esencial.

Son ya 16 Estados que han incorporado en su legislación los principios de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.

No es el castigo el que habrá de cambiar la actitud de aquéllos que han infringido el orden legal, sino la rehabilitación mediante la educación y el trabajo que les permita reintegrarse a la vida social.

Quien ha delinquido está privado de la libertad, no así de la dignidad que consagran nuestras leyes.

Bajo esta perspectiva, se construyen 2 centros de readaptación social en Chetumal, Quintana Roo, y la Paz, Baja California Sur, y un centro de recepción para menores en el Distrito Federal.

Continúa el mejoramiento de la Colonia Penal de las Islas Marías y, con la participación de gobiernos locales, se han concluido 12 centros de readaptación social y se tienen programadas obras para 10 más.

La Ley que crea los Consejos Tutelares para Menores Infractores del Distrito y Territorios Federales, que el día de hoy entra en vigor, suprime antiguos tribunales, establece mejores procedimientos e introduce progresos notables en la readaptación de los menores infractores.