Chapter 3

Finalmente, estimo de la más alta justicia hacer constar ante Vuestra Soberanía, en un acto tan solemne como el presente, que todas las actividades realizadas por el Ejecutivo Federal en el año que reseñamos, y que fueron parte de los muchos problemas suscitados en el país, contaron con un alto espíritu de cooperación, así del Poder Legislativo Federal como de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues si bien es verdad que el Parlamento desarrolló sus funciones dentro de un espíritu de absoluta independencia y de respeto por parte del Ejecutivo, se dio cuenta seguramente de que la política orgánica del país y la necesidad de su elevación intelectual, moral y material requerían de los ciudadanos representantes tino y ecuanimidad para resolver sus situaciones de conflicto ocasionadas por la diversidad de caracteres y de criterios que constituyen la esencia misma de la representación popular y cuyas actuaciones estuvieron siempre gobernadas por un sentimiento de patriotismo y de disciplina hacia sus propios deberes y de dignidad con su alta investidura.

El Poder Judicial puso de relieve asimismo dentro de su funcionamiento a todas luces respetado por los otros dos Poderes, una gran suma de cordura, la debida dosis de honradez y la diligencia indispensable para solucionar los conflictos contenciosos de la familia mexicana, estableciendo importantes bases de jurisprudencia, emitiendo fallos que permitirán a las sociedades presentes y futuras ajustar sus derechos y obligaciones a normas más modernas y a doctrinas más generosas.

Es por lo mismo de esperarse que, con la renovación de la representación popular en el año civil que hoy se inicia, subsistan estos principios y deberes en la conciencia de todos nosotros, para que ni la diatriba, ni la pasión ciega, ni mucho menos el interés bastardo, resten al Gobierno de la Nación la necesaria unidad y fuerza indispensables que debe tener en sus organismos constitutivos para poder enfrentarse con los graves problemas que los intereses creados y las necesidades del país en abierta y franca lucha de oposición, presenten ante su acción gubernamental.

Unidad de acción, unidad de patriotismo, unidad revolucionaria, sea nuestro lema para todo el período del actual ejercicio constitucional.

Contestación del Dip. José Cantú Estrada, Presidente del Congreso.

Ciudadano Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos:

El Congreso de la Unión se ha reunido este día por mandato expreso de la Constitución Política de la República para escuchar el informe rendido por usted, como titular del Poder Ejecutivo de la Nación, respecto a las labores de administración pública desarrolladas en el ejercicio que concluyó ayer.

Esta Representación Nacional a la que concurren genuinos representantes del proletariado, como resultado de la participación de las masas populares en una verdadera lucha democrática, tal como se orientaron las elecciones pasadas por el Instituto Político de la Revolución, representa el advenimiento en los órganos, aceptando las responsabilidades inherentes al mismo, de los grandes intereses sociales y económicos que significan los obreros del campo y de la ciudad en quienes por constituir numéricamente los mayores contingentes de población, radica el interés más alto del país para lograr su marcha hacia una nueva estructura social.

En consecuencia, esta Legislatura está realmente capacitada para interpretar conforme a sus propias convicciones los altos propósitos que animan al gobierno que usted preside y, a la vez, para valorizar los actos realizados a favor de los sectores que representa.

Los progresos en materia agrícola que usted señala en su interesante informe, no se habrían realizado si las medidas de orden legal adoptadas para resolver el problema de la tierra no hubiesen sido acompañadas de la comprensión de que el cultivo requiere una técnica de trabajo, y de que el campesino merece una protección integral si se quiere capacitarlo para llenar en el proceso económico de la producción la función que le está encomendada.

Se hacía indispensable por tanto la organización de un sistema de técnica agrícola tal y como usted lo enuncia y los resultados son evidentes: la cosecha de los años de 1936 y 1937 ha sido superior a la de años anteriores.

Sin embargo, lo ya expresado no puede constituir por sí solo el índice de los provechosos resultados de la agricultura por la acción que ha venido desarrollando su gobierno, porque el problema agrario ha adquirido con usted nuevos caracteres que tienden a amplificar los conceptos originales de tan profundo fenómeno social, ya sea concediendo a los campesinos ejidatarios los elementos industriales necesarios para el aprovechamiento íntegro de la riqueza de la tierra, expropiándolos cuando así las circunstancias lo han requerido por estimarse afectos a la explotación agrícola, o bien sea cuando con profundo sentido de justicia restituye a los trabajadores del campo los bienes de que estaban desposeídos y que no era posible entregárselos por virtud de preceptos de derecho caduco en desacuerdo con las necesidades económicas y sociales del momento en que vivimos, tal como aconteció en Yucatán al reducir el área de inafectabilidad de las propiedades de los latifundistas para impedir a éstos su concurso en la explotación si las zonas que les quedaban reservadas por ser tan extensas así lo permitían neutralizando además con ello los resultados de la colectivización de la tierra como medio más técnico para el aprovechamiento íntegro del producto de su trabajo.

De igual manera, la obra revolucionaria realizada por usted en la comarca lagunera, a despecho, del escepticismo de los enemigos de la Reforma Agraria, significa un avance más en el proceso de la repartición equitativa de la riqueza, esperando el país en general el resultado de tan trascendental medida cuando sea llegado el momento de poderlo valorizar en toda su extensión.

La acción en materia agraria, que comprende reformas legislativas, extensión del crédito ejidal y dotaciones de armas para la defensa individual del campesino y su patrimonio, es respaldada por esta Representación Nacional, reconociendo que el gobierno de usted ha logrado hacer cumplir la Ley y que lo mismo se han afectado latifundios poseídos por el capitalismo extranjero, como los mantenidos por propietarios nacionales que por diversos medios o subterfugios habían venido apareciendo como inafectables.

La constitución de grandes reservas mineras de la nación, por la concurrencia de los pequeños mineros del país que operan con capital nacional y grupos de trabajadores organizados para tal efecto, es paso avanzado hacia el aprovechamiento de los productos naturales, mediante la obtención en favor de la colectividad mexicana de los beneficios correspondientes a esa industria extractiva, completándose esta labor con la formación de un organismo que usted anuncia.

La misma política se advierte tratándose de la industria eléctrica cuyos problemas habrá de resolver la Comisión Federal de Electricidad creada por su gobierno, estimándose que el mejor desarrollo de esta actividad traerá necesariamente el incremento de todas las demás industrias que representan un sector muy importante en la economía pública.

Por la importancia que desde el punto de vista económico significa la explotación de los hidrocarburos del subsuelo mexicano, es atinada la política para controlarla puesto que está dirigida por la certeza de que no basta al interés del país que las empresas petroleras y de otra índole cubran los impuestos fijados, sino que además deben producir el aumento del índice de prosperidad en las zonas petrolíferas, en relación con los capitales invertidos y las ganancias que de ellos se obtienen, y que sólo es posible alcanzar mediante la retribución del trabajo, equitativamente superior al de otras clases de industrias por los riesgos a que están expuestos los trabajadores y a la insalubridad de las zonas en que trabajan.

La Administración General del Petróleo constituye la participación del gobierno en una industria, no tan sólo con vistas exclusivamente comerciales sino altamente patrióticas para satisfacer el concepto de las reivindicaciones nacionales para provecho de los mexicanos y liberación económica del país, a la manera que otras naciones, justificadamente también buscarían la solución de sus problemas económicos en el aprovechamiento de sus riquezas naturales por el ejercicio de un indiscutible derecho de soberanía.

El uso de las facultades que le fueron concedidas por la anterior Legislatura para legislar en materias diversas, revela la comprensión de las necesidades sociales que inspiran todos los actos de su gobierno.

Por ello fue promulgada la Ley de Fomento de Ganadería para condicionar esa importante fuente de riqueza, de manera que siga su aumento en número y calidad y satisfaga ampliamente las necesidades de nuestra población; asimismo la expedición de la Ley de Expropiación, que usted menciona en su informe, viene a resolver el complejo problema de la detentación de los instrumentos de producción en manos de personas que no puedan imprimir a la marcha de sus empresas un sentido social en la distribución de la riqueza, que es fundamento de las conquistas obreras y de las prerrogativas concedidas a los trabajadores por las leyes.

El concepto de utilidad pública que rige la mencionada ley, no puede ser motivo de temor para quienes compenetrados del papel que les toca representar en la vida nacional, cumplen con los deberes inherentes a un sujeto de responsabilidades.

Entre las acciones en materia económica y con fundamento en la Ley de Expropiación, aparece la adoptada para resolver un antiguo problema del mayor interés: la posesión legal y efectiva por la nación de su principal sistema de ferrocarriles.

Los motivos que determinaron la expropiación de los bienes de la empresa privada de los Ferrocarriles Nacionales de México, en la que el propio Gobierno representaba la mayoría de sus acciones, son plenamente comprendidos por la Representación Nacional, así como los fundamentos para proyectar un Departamento Autónomo de Ferrocarriles que se encargará del régimen superior administrativo de las comunicaciones ferroviarias del país, su mejoramiento y extensión de conformidad con el progreso creciente de México.

Este acto del gobierno encierra un sentido de la más amplia previsión económica realizando dentro los términos estrictos del Estatuto Jurídico vigente.

En aspecto diverso pero con igual sentido de justicia, ha elaborado el Ejecutivo de la Unión que es a su cargo, el Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio del Estado, consagrándose en este proyecto las normas de garantía de que deben disfrutar los empleados públicos.

Y esta actitud es tanto más encomiable porque ya era tiempo de crear un verdadero estatuto legal que amparara a ese gran sector social, que calladamente y en la medida de sus funciones es sincero colaborador en la obra revolucionaria del gobierno.

La creación de los Departamentos Autónomo de Prensa y Publicidad y el de Asistencia Social e Infantil obedece según se desprende de su informe, a satisfacer, el primero, la necesidad de orientar la opinión pública con la exposición oportuna de los actos que realiza el Estado y la de hacer conocer en todos sus aspectos la política revolucionaria del gobierno, tendiendo a evitar las interpretaciones equivocadas de los propios actos del régimen; y el segundo, a la de proteger debidamente a la niñez mexicana, tomándola en sus primeros años bajo el cuidado tutelar del gobierno, especialmente tratándose de los hijos de las clases desamparadas e imposibilitadas para velar por su educación y preparando a la vez las nuevas generaciones para continuar la obra de redención espiritual de los mexicanos.

El anuncio de las iniciativas de las leyes referentes a Vías Generales de Comunicación, Cooperativas, Responsabilidades de Funcionarios y Seguros Sociales, que usted someterá a la consideración de esta Representación, son expresiones de la política de adaptación hacia un mejor sentido de equilibrio de todos los sectores sociales, que se rigen por una visión total de las cuestiones trascendentales en la vida pública del país, debiéndose citar especialmente la Ley de Seguros Sociales porque sintetiza el anhelo de las clases laborantes de ser protegidas frente a los riesgos inherentes a su condición proletaria ya que sin el amparo de un estatuto conveniente se ven expuestos a las contingencias de la vida y carentes de los recursos necesarios para reducir o eliminar sus efectos económicos adversos.

En cuanto a la política exterior el Congreso de la Unión tiene también la satisfacción de conocer que se ha continuado con firmeza, la misma conducta que ha sido distintiva del Gobierno de México, de afirmar su prestigio internacional por el respeto a los derechos de los demás pueblos y por su cooperación en la obra de solidaridad internacional.

En esta materia, el H. Congreso se entera con singular atención del convenio firmado entre los gobiernos de Estados Unidos de Norteamérica y el nuestro, por el cual se derogó el artículo 8º. del Tratado de Límites enunciado, reivindicándose de esta manera para México el respeto a su territorio, que se encontraba limitado por el libre tránsito de personas pertenecientes a aquél gobierno, que podía hacerse a través del Istmo de Tehuantepec.

Nuestro país, en este aspecto, asiste al concurso mundial de naciones con la plena conciencia de que debe ser respetado como Entidad de derecho internacional libre y soberana, concediendo a esta situación todos los efectos que le son inherentes en concordancia con el respeto que México tiene también para los otros Estados soberanos.

La actitud asumida con respecto a la situación que prevalece en España, es consecuencia de la misma ideología y ha sido inspirada por un alto sentido de humanidad como acontece en el noble gesto de México para recibir bajo su cuidado a un grupo de niños huérfanos de aquel país, y de la justicia a la vez, por la negativa de apoyo a los agresores de los gobiernos legítimamente constituidos.

En relación con esa actitud, conocemos que el gobierno de México ha vendido al de la República Española, pertrechos de guerra con un importe de ocho millones doscientos mil pesos.

Las cifras relativas al aumento de los signos monetarios, así como también a la posición de nuestra reserva monetaria, demuestran elocuentemente la potencialidad de la nación, siendo este hecho tanto más significativo por cuanto que vivimos en un régimen de nueva organización económica, ya que es evidente que si la vida de un país depende del progreso de sus industrias y de la explotación de sus riquezas naturales, en donde precisamente se manifiesta la lucha de clases, los progresos alcanzados denotan que México por la política que sigue en materias tan trascendentales, la agraria y la obrera, surge vigoroso al impulso de las nuevas ideas sociales.

El asegurar a los trabajadores su participación en las utilidades, no tan sólo dentro del concepto legal de dicha participación sino en general mediante la percepción de salarios suficientemente remuneradores, es también un resultado de la misma tendencia económica que sustenta el gobierno federal y que como usted acertadamente hace notar en su informe, merece ser objeto de especial protección para no reducir el valor adquisitivo del salario, fomentando especialmente un sistema de crédito que permita estimular las actividades de la producción y el establecimiento de organizaciones cooperativas, que abaraten el consumo especialmente de los artículos de primera necesidad, evitándose el alza injustificada de los precios y combatiéndose los monopolios, a cuyo efecto presentará usted ante este H. Congreso el proyecto de Ley Orgánica del artículo 28 constitucional.

No sería bastante para estimar satisfecho un principio de mejoramiento de las clases proletarias el que el gobierno se empeñase tenazmente en proteger sus demandas de aumentos de salarios, sin que a la vez dictase las medidas que diesen a esa percepción la oportunidad de cumplir realmente los fines a que está destinada.

Por este motivo la acción que usted ha venido desarrollando para neutralizar las causas de carácter económico o de otra índole que tiendan a evitar el desnivel de los precios, es plausible y pone de relieve el interés constante del gobierno y la responsabilidad que asume en todos sus actos para hacer que los postulados de la Revolución se conviertan en conquistas verdaderas.

La atención dispensada al desarrollo del crédito sigue también el propósito fundamental y distintivo de su gobierno, Ciudadano Presidente, como lo demuestra la expedición de la Ley que crea el Banco Nacional Industrial que dispondrá de los recursos necesarios para llenar debidamente su misión, contribuyendo al perfeccionamiento del crédito popular que se había iniciado antes, a la industrialización de los productos ejidales y a la construcción del Primer Ingenio Central Ejidal en Zacatepec, Morelos.

Los Bancos de México S. A., principalmente, el de Crédito Ejidal, el de Crédito Agrícola y los Almacenes de Depósito, completan todo un sistema bancario que tiene como mira especial la de facilitar el acrecentamiento de nuestras posibilidades industriales como base para el desarrollo ascendente de la economía nacional, satisfaciendo a la vez un claro concepto de servicio público, tal como están llamadas a desempeñar las sumas con que cuenta la hacienda pública.

La estabilización de los cambios como base de la seguridad económica ha continuado firme, siendo una de las funciones plenamente cumplidas por el Banco de México; por su parte, el Banco de Crédito Ejidal ha distribuido la importancia suma de veinte millones de pesos en créditos a ejidatarios de todo el país, además de la de treinta y un millones de pesos para refacciones a los ejidatarios de la Comarca Lagunera.

El vasto programa de crédito interior incluye las operaciones encomendadas al Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas; y continuó contribuyendo a la transformación económica que se observa en la Institución de Seguros de México, S. A., que viene modificando en sentido favorable las condiciones de previsión particular.

La Representación Nacional aplaude la política adoptada en relación con la Deuda Pública, destinando a su servicio las cantidades mínimas indispensables, con objeto de reservar para obras productivas y de mejoramiento colectivo de los centros de población la mayor suma de recursos.

El acierto de su gobierno en materia Hacendaria, se hace evidente al considerar el conjunto de actividades que, aparte de las ya mencionadas, comprenden las arancelarias en general, el establecimiento de una zona libre en el Territorio Norte de la Baja California, la recuperación de bienes nacionales por efectos de la Ley relativa así como la honestidad en el manejo de los fondos públicos, ha producido el resultado de que los ingresos hayan superado en suma considerable a las previas estimaciones, permitiendo la ampliación del presupuesto de egresos en el curso del año en noventa y dos millones cincuenta mil veintitrés pesos y cuarenta y cinco centavos.

Pero este hecho, de por sí satisfactorio, lo es más aún porque usted se ha servido informarnos que las erogaciones principales fueron las relativas a inversiones productivas: obras de irrigación, construcción de ferrocarriles y carreteras, dragado de puertos, edificaciones distintas para ingentes necesidades sociales y otras obras de positiva utilidad pública.

Celebramos por el mismo motivo, que las atenciones económicas de todos los ramos de gobierno hayan podido ser bien satisfechas, autorizándose en los casos en que las necesidades lo reclamaban aumentos en sus particulares presupuestos, hasta llegar en conjunto a la cifra antes anotada.

Y al conocer los conceptos que demandaron mayores erogaciones, comprobamos la preocupación del gobierno federal para mejorar cada día las condiciones morales y económicas de nuestro Ejército, al que anualmente consagra importantes sumas para aumentar sus distintos equipos; en este último año, figura la adquisición de aviones modernos, invirtiéndose la cantidad de un millón ochocientos ochenta y cinco mil ochocientos noventa y cinco pesos y noventa y cuatro centavos, lo que viene a afirmar nuestro concepto acerca de la atención vigilante del gobierno, satisfaciéndonos saber que siguen siendo los miembros del Instituto Armado los firmes sostenes de las conquistas sociales.

La obra realizada y que consta en las elocuentes cifras contenidas en su valioso informe, revela para esta legislatura el constante esfuerzo desarrollado por su gobierno, para lograr que el problema de la restitución y de la dotación de tierras y aguas, sea una realidad tangible para la masa campesina del país.

Los datos numéricos que hemos escuchado, son la mejor demostración de que la Revolución durante el período presidencial de usted, ha acelerado su marcha hacia la resolución integral de los compromisos contraídos al formular el programa de su gobierno.

Además nos hacen conocer la importancia del problema de la dotación de tierras en toda su extensión, resaltando la imperiosa necesidad y justificación de parte del Ejecutivo Federal de proveer en la esfera de sus atribuciones al beneficio de la gran masa de trabajadores del campo.

Manifiesta en su informe que durante los treinta y tres meses transcurridos de la actual administración, se han despachado cinco mil novecientas cincuenta y seis dotaciones con nueve millones setecientas sesenta y cuatro mil ciento cuarenta hectáreas para quinientos sesenta y cinco mil doscientos dieciséis campesinos que, sumados a los cuatro mil seiscientos setenta y cinco expedientes despachados hasta noviembre de mil novecientos treinta y cuatro, hacen un total de diez mil seiscientas treinta y una dotaciones con diecisiete millones novecientas catorce mil novecientas ochenta y dos hectáreas para un millón trescientos veinticuatro mil setecientos cincuenta y nueve campesinos beneficiados hasta hoy.

Este número de dotaciones y de campesinos favorecidos denotan ahora muchos años después de iniciada la transformación social de México, que los principios iniciales de la Revolución se fundamentaban en un profundo sentido de justicia; cabe estimar, también, que el proceso de reivindicaciones económicas va en marcha acelerada hasta su conclusión definitiva sin que para ello, como lo hace notar, la aplicación de nuestras leyes se haya detenido, pues en todos los casos el Código Agrario ha sido puntualmente cumplido y sin que se haya hecho diferencia alguna al derecho de los ciudadanos afectados, otorgándose por igual los bonos agrarios que la Ley señala.

Asimismo hace notar en el documento a que me refiero, que nuestra soberanía interna ha permanecido incólume sin que transacciones y actos rectificatorios atribuidos a gobiernos anteriores hayan tenido la influencia y el valor que se les supone a través de las épocas, si no se hubiesen circunscrito a tiempo y plazos determinados que tuvieron su justificación. Y en realidad el hecho señalado es fundamental por el valor que puedan tener dentro de la organización económica definitiva de México y, además, porque muestra la más profunda comprensión de las etapas históricas ya cumplidas de la Revolución y la honestidad que ante la historia cobra el gobierno que dirige usted, cuando al correr del tiempo se siente con el deber de mantener respetable una obra de interés nacional a la que también contribuye.