Chapter 4

Así era provocada, por acto imputable a las empresas, la inminente paralización de una gran parte de la industria petrolera, y con ello, un grave trastorno interior que impediría la satisfacción de las necesidades colectivas de ciudades y centros de población, así como el abastecimiento de artículos de necesario consumo.

Para proveer a éste y aquélla, así como para la defensa, conservación, desarrollo y aprovechamiento de elementos naturales susceptibles de explotación y evitar tanto la destrucción de dichos elementos naturales como, los daños que la propiedad pudiera sufrir en perjuicio de la colectividad, el Gobierno debió adoptar la medida expropiatoria que decretó.

A su debido tiempo se hizo del dominio público, la propuesta del Gobierno de los Estados Unidos de América al Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos en el sentido de que el asunto de la expropiación petrolera fuera sometido a un arbitraje internacional.

Esta proposición no debía ser aceptada por México y no lo fue.

No era procedente, a juicio del Gobierno, comprometer actos de soberanía y con mayor motivo si el compromiso se había de estipular con la inusitada amplitud que se propuso.

Bastó al Gobierno considerar el supremo interés nacional de la reivindicación de la riqueza petrolera para negarse a toda sugestión que pudiera conducir las cosas a nada que fuera parecido a la antigua situación, esto es, la principal riqueza del país en poder efectivo de la gestión extranjera aunque se cubriera bajo la estructura de compañías nacionales.

Con el mismo estímulo el Gobierno ha debido rechazar en anteriores negociaciones con las empresas afectadas por la expropiación, algunas proposiciones que se le hicieron y que acaso sean renovadas en lo porvenir en el sentido de la formación de una gran empresa concesionaria de los bienes expropiados.

El Gobierno que presido, sin ánimo de trazar normas de futuro, se permite, sin embargo, consignar que es un afán patriótico de todo el país el que la riqueza rescatada legalmente en condiciones de dificultad política que no es necesario de nuevo comentar, sea una conquista definitiva para la Nación.

Y espera que el pueblo mexicano, cuya capacidad de sacrificio y resistencia acaso sea puesta a prueba en nuevas ocasiones por la tenacidad agresiva de los intereses en lucha, sabrá sostenerse en su firme voluntad de defender, bajo la dirección de su Gobierno, el valor más importante del patrimonio nacional.

El Gobierno rechaza por su concepto democrático el empleo de toda violencia política, que incesantemente ha tratado de desterrar en la vida pública de su país.

Por ello condena rotundamente todo proceder contrario, cualquiera que sea la tendencia o significación de la víctima y del agresor.

Y todavía lo considera más vituperable cuando tal sistema se presenta como aportación extranjera que exenta de todo sentimiento de respeto al Estado que le dispensó acogida, penetra en territorio de su jurisdicción para ejecutar un crimen tan abominable como el que acaba de conmover a la opinión pública.

De la severidad de la República contra extravíos tales es necesario dejar constancia categórica para propios y extraños.

El Gobierno ha hecho culto civil del respeto a la vida de sus ciudadanos.

Exige por tanto, a todos los que se encuentran bajo su autoridad que acaten plenamente este principio de consideración humana, con apercibimiento de las más graves sanciones de la ley.

Y en igual condición han de ser defendidos todos aquéllos que en territorio mexicano buscaron asilo político, al amparo del respeto que el Gobierno guarda al refugiado y en razón también a la disposición favorable que mantiene hacia sanas corrientes de inmigración.

Cuenta entre éstas la de los refugiados españoles para quienes México ha abierto las puertas de su hospitalidad, procurando establecerlos en su mayor parte como colonos en diversas regiones del territorio nacional, mientras otros se han dispersado por varias ciudades buscando acomodo según sus condiciones personales.

Y es de justicia observar que dichos refugiados han fundado y sostenido algunas industrias de importancia y proyectan el establecimiento de otras nuevas empresas, sin que el Gobierno haya intervenido en su financiación, ni en el manejo de los fondos administrados por sus asociaciones respectivas.

Un nuevo contingente de españoles refugiados en Francia, está pendiente de venir a México.

Nuestro Gobierno, por gestiones de su Legación, logró de las autoridades francesas que estos refugiados, que se sentían amenazados de ser devueltos a España, quedaran en territorio francés amparados por la bandera de México entretanto disponen de barcos para salir de aquel país.

Su sostenimiento en Francia, su traslado y su instalación, lo harán los propios españoles.

Cree el Gobierno que una inmigración de esta naturaleza es conveniente a nuestro país.

La escasa población de éste, que tan próximo se encuentra a otros países exuberantes, obliga a reforzarla atrayendo a la vida nacional para internarse en ella precisamente a los elementos hispánicos que mezclados en otro tiempo con los naturales del país, constituyeron la base de nuestra nacionalidad.

El Ejército Nacional ha cumplido fielmente con su deber interpretando su misión como Instituto Armado al servicio de la República, sin desentenderse de los problemas que lo vinculan con las necesidades del pueblo y de las tendencias sociales que lo llevaron a la lucha.

Por ello, el Ejecutivo Federal autorizó que los elementos militares pudieran tener un sector representativo en los partidos políticos, ya que se considera para el bien del país que tan necesario es el desempeño de las obligaciones del soldado como el cumplimiento de los deberes del ciudadano.

Aislando al ciudadano militar de todo ejercicio político se daría lugar a que sólo altos jefes del Ejército tuvieran participación en las decisiones de la vida pública.

En ocasiones, la antigua prohibición impuesta a los componentes del Instituto Armado para opinar en materia política, fue un resorte de falsa disciplina para que algún alto jefe impusiera a su tropa la obligación de tomar las armas contra el Poder Público no obstante que éste se las diera para la defensa de las Instituciones.

Dentro de esa tendencia de tener al Ejército en contacto permanente con la vida social y política de la nación de acercar los grupos organizados y todos los ciudadanos del país a nuestro Instituto Armado motivó la iniciativa presentada por el Ejecutivo y aprobada por el Congreso de la Unión para el establecimiento del servicio militar obligatorio.

Cualesquiera que pudiera ser los inconvenientes teóricos de la adopción de este sistema, prevalece sobre ellos, para anularlos, el elevado propósito de contribuir también por este medio a la integración de nuestra nacionalidad.

El derecho, el deber y el honor de defender a la patria debe recaer por igual en todos los nacionales; y la conciencia de pertenecer a la misma patria sólo se consolida cuando sin diferencias de nacimiento, ni distingos de posición, ni condiciones de cultura, ni matices políticos, se comparten por igual los peligros y las glorias.

La convivencia bajo una misma bandera y un mismo ideal, de los representativos de los distintos medios sociales, remitirá a éstos una mejor compresión de sus problemas y una mayor compenetración que haga factible borrar las distancias que hoy separan a las clases de nuestra colectividad.

Para concluir en esta parte del Informe relativo a los aspectos más relevantes de la política del Gobierno en materia militar, afirmo la convicción de que el Ejército Nacional ha cumplido con su deber en pasado y lo cumplirá igualmente en el presente y en el porvenir.

La contienda electoral para la renovación de los Poderes Federales, fuera de pocos y lamentables incidentes, explicables por el desbordamiento de la pasión política, se desarrolló dentro de la normalidad legal.

Con la debida oportunidad dictó el Ejecutivo las medidas conducentes a garantizar con la mayor eficacia la libertad de propaganda y el respeto al ejercicio de los derechos políticos.

Los candidatos pudieron efectuar jiras con absoluta libertad y de especial manera jamás se impuso la menor cortapisa a la prensa para hacer la campaña política de los distintos candidatos y dar las informaciones de los bandos contendientes.

Diversos elementos arrogándose funciones de las autoridades municipales, de las Legislaturas de los Estados y de la Comisión Instaladora, intentaron atribuirse por sí y ante sí el triunfo en los comicios, olvidando que la soberanía popular se ejerce mediante los procedimientos que las normas constitucionales señalan.

Y, más aún, quisieron hacer del Ejecutivo Federal el intérprete único y calificador absoluto del resultado de las elecciones, todo ello sin pensar en que era ilegal no sólo la invitación al ejercicio de una competencia no atribuida por la Ley Fundamental al Presidente de la República, sino también el propósito de desconocer las que la ley señala exclusivamente a los cuerpos legislativos, debidamente instalados, que son quienes tienen facultad para decidir sobre la legitimidad de sus componentes y de calificar las elecciones del Jefe del Poder Ejecutivo.

Considero conveniente reiterar que el Gobierno ha respetado escrupulosamente la vida de los ciudadanos sin establecer diferencias; ha extremado el respeto personal a los opositores de su programa porque en las altas esferas del Poder se advierte luego que una actitud de mínimo arbitrio tomada desde arriba está llamada a degenerar perniciosamente en las últimas competencias de las autoridades, sobre todo en aquellos lugares apartados por su incomunicación a los que difícilmente puede llegar con oportunidad el auxilio para proteger al ciudadano en peligro.

El Gobierno cumpliendo con su deber ha dejado a sus contradictores el ejercicio pleno de una libertad de opinión que si en ocasiones los excesos cometidos al expresarla hubieran justificado sanción, prefirió, sin embargo, tolerarlos en la certeza que desde ningún extremismo político se logrará quebrantar en el pueblo la fe que guarda por sus instituciones revolucionarias.

Y precisamente de esta libertad y tolerancia que ha sido benéfica para el país, nace mi convicción de que no existiendo postulados nuevos en la última contienda electoral que hayan ganado la voluntad popular hoy celosa de sus conquistas sociales, no puede hacer brotes de violencia subversiva que pongan en peligro la paz de la nación.

Debemos esperar que todos los ciudadanos, sin excepción, sientan el imperativo patriótico de su deber para mantenerse en la más absoluta disciplina cívica.

Tal es, en líneas generales, la labor ejecutada por el Gobierno a mi cargo.

Para realizarla ha tenido la eficaz colaboración de los demás poderes constitucionales, y cada uno dentro de su competencia que el Gobierno respetó siempre en su integridad.

Por esto mismo declaro en este acto solemne mi reconocimiento hacia el Poder Legislativo por su intensa acción legislativa en afianzamiento de nuestras conquistas sociales; al mérito, competencia y honestidad desplegadas por el Poder Judicial y a la gestión constructiva y progresista de los Gobernadores de los Estados de la Federación, quienes colaboraron con toda lealtad para mantener en el país la unidad revolucionaria.

Contestación del Dip. Manuel Martínez Sicilia, Presidente del Congreso.

Ciudadano Presidente de la República:

El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, que tengo el honor de presidir en este instante, se ha enterado con respeto y emocionada admiración, del Informe que en cumplimiento de los mandatos constitucionales, acaba usted de rendir ante la Representación Nacional, relativo a las labores realizadas por el Régimen que usted preside, durante el último año de su importante período de Gobierno.

El hecho mismo de ser el que acabamos de escuchar, el último Informe que rinde usted ante la Representación del pueblo, hace por sí solo resaltar el acontecimiento hasta darle perfiles únicos en nuestro decurso institucional; pero si a esta circunstancia se suma la de que el Documento de que se trata, es la síntesis de la obra realizada en uno de los períodos más fecundos de nuestra historia, indudablemente tendremos que reconocer que asistimos a un suceso de profunda significación para nuestra Patria.

Contestar este Informe, en las circunstancias expuestas, reviste una singular trascendencia; porque es nuestro deber de representantes populares responsables, dar a este Mensaje Presidencial el significado incalculable, de toda última lección: balance de valores, reflexión profunda de experiencias, asimilación, en suma, de las enseñanzas de política administrativa con que se cierra el ciclo de seis años, durante los cuales recibimos de usted ejemplos y orientaciones normativas de nuestra conducta para el presente y para el porvenir.

Un ciudadano de modesta esfera en la jerarquía militar, un fervoroso convencido de que el porvenir de México se halla asegurado en su trayectoria, hacia la cima del ideal revolucionario, pese a los que sueñan aún con el triunfo de las plutocracias, es el que se honra aludiendo a los conceptos de inestimable valor, hace pocos minutos expuestos por usted.

En realidad, si no fuera porque soy consciente de la alta función que se me encomienda, no me sentiría acreedor de tal honor; pero también, debo decirlo, es un orgullo para mi generación y para nuestro Instituto armado, haberse hecho merecedores de esta representación, precisamente bajo el Régimen más revolucionario y más patriótico que haya tenido México en estos últimos estadios de su historia, el régimen, próximo a terminar, del Presidente Lázaro Cárdenas.

Cumplo, pues, el encargo de la Nación, representada en el Congreso que presido, pero antes de referirme concretamente a todos y cada uno de los puntos que contiene el Documento Presidencial, creo que es un deber impostergable hacer una referencia general sobre la importantísima obra desarrollada por el Gobierno de la Revolución, en este período institucional.

No sería un error considerar que la jornada que estamos culminando puede ser parangonada con las más altas epopeyas de nuestra historia, y colocada, válidamente, por su transcendencia e importancia profundas, en el mismo plano en que se encuentran las jornadas libertarias de la Independencia, en las cuales el esfuerzo patriótico de los insurgentes, de Hidalgo, de Morelos, de Guerrero y otros más, forjó una patria nueva y políticamente libre; en equivalencia con aquellas tareas gloriosas de la Historia, la obra de Cárdenas se traduce en la formación de una nacionalidad económicamente independizada del imperialismo, al recuperar riquezas propias que manos extrañas detentaron durante muchos años; la obra legislativa realizada por el Régimen de Cárdenas, es también comparable con los acontecimientos constitucionalistas en los cuales Zarco y Gómez Farías, entre otros, estructuraron nuestra nacionalidad sobre valiosísimos cimientos legales, pues también la obra del actual Gobierno ha fortalecido el régimen de derecho que impera en la República y ha dado a éste orientaciones de tal manera claras, precisas y certeras para la consolidación del presente y la conquista del porvenir, que es justo afirmar que la organización del pueblo, dentro de la ley y dentro de la Revolución, es recia e indestructible.

Las Leyes de Reforma marcaron para nuestra Patria, una reivindicación valiosa, pues la arrancaron de una Edad Media feudal y colonial, para encauzarla por los derroteros de la democracia; igual importancia tiene, sin duda, la obra del Presidente Cárdenas, por cuanto que ella dio a las reformas organizativas de nuestra vida política, en nuevo sentido y finalidades claramente identificadas con la prosperidad, el bienestar y la tranquilidad del pueblo.

El esfuerzo realizado por los gestores de nuestra Revolución en la segunda década de este siglo: Madero, Zapata, Carranza y tantos otros varones ilustres que rompieron con sacrificio generoso el pasado obscurantista de la Dictadura, que posibilitaron con su acción revolucionaria y con un sentido patriótico la formación de una vida nueva para el pueblo mexicano, no es, a pesar de todo, un esfuerzo superior al realizado por Cárdenas durante su período de gobierno; en efecto, el Plan de San Luis, el Plan de Ayala, la Ley de 6 de enero, la Constitución del 17 y otros documentos, en los cuales el ansia libertaria y el afán reivindicativo de la Revolución fue plasmada, encontraron en estos últimos seis años una plena realización y una superación magnífica, en cuanto que adquirieron un sentido profundo y un claro significado, que los transforman en punto de partida para esa marcha victoriosa que de modo irrefrenable el pueblo de México tiene emprendida bajo la orientación directriz de Cárdenas, hacia la verdadera y auténtica democracia, hacia la completa y absoluta justicia social, hacia la recuperación de la dignidad del hombre y de la libertad del pueblo.

Organizado el pensamiento de la Revolución, en la cual tiene su origen indiscutible, encauzando la acción de las masas populares, a las cuales se pertenece por entero, sin desviaciones ni demagogias, la obra del Régimen cardenista, ha sacudido profundamente la entraña misma de nuestra nacionalidad, y ha provocado la administración y el respeto de los regímenes democráticos y revolucionarios.

En el aspecto espiritual, la jornada cardenista ha tenido esta imponderable validez: forjó en los hombres y en el pueblo un alto sentido de responsabilidad individual y colectiva; precisó, cuál es la función que cada uno tiene que desempeñar para la construcción de una patria fuerte y libre; dio sentido de dignidad humana a las gentes, al reconocer y garantizar no sólo el respeto a la vida, sino el respeto indeclinable al pensamiento de los hombres; entregó clarificado a las masas, el verdadero concepto y la transcendencia real de la lucha social, y al determinar las finalidades de ésta, señaló también la libertad y el engrandecimiento patrio como objetivos superiores.

En el aspecto material, el Régimen de Cárdenas ha dejado obras tangibles, cuyos beneficios se proyectarán hacia el futuro, en garantía de un bienestar efectivo y cierto para las generaciones presentes y para las venideras; en este orden, precisa subrayar el imponderable ejemplo de una conducta de constante asistencia personal, a cada uno de los puntos de la República, en donde la mano fuerte del Jefe de la Nación era necesaria, para elevar el nivel de vida de las clases tradicionalmente oprimidas, pugnando siempre por su completa redención; pero no solamente en los lugares en donde alguna circunstancia ameritaba su presencia, ella se tuvo pronta y eficaz, sino que sin ser llamado, concurrió él, y el Jefe de la Nación a buscar los problemas que pudieron asistir, para resolverlos con atingencia, generosidad y levantado espíritu de justicia.

La niñez fue considerada como lo que realmente significa, el germen de la futura ciudadanía de la Patria, la levadura de nuestro próximo porvenir, y así, fue atendida sin escatimar esfuerzos ni voluntad.

Los derechos civiles de la mujer, fueron respetados y celosamente protegidos; se impulsó la formación y el crecimiento de sus organizaciones; se atendieron con eficacia sus derechos, como asalariados; sus reivindicaciones específicas, tanto las establecidas por la Ley del Trabajo y por otros estatutos, como aquéllas a las cuales tienen un derecho natural indiscutible, fueron propiciadas y tenazmente defendidas.

Las clases indígenas de México, cuya condición social y humana, sólo se explica a través de largos siglos de explotación, fueron objeto de la preocupación constante del Gobierno, que al construir los cimientos de la recuperación del indio, reconoció expresamente la enorme deuda que la Nación tiene con esos núcleos raciales, que no obstante constituir el nervio vital de la nacionalidad, estuvieron siempre al margen de nuestra cultura, de nuestra civilización y de los beneficios que los movimientos revolucionarios han significado para el pueblo; al abordar esta tarea, se estimó certeramente que la organización racional de la economía, peculiar de los conglomerados indígenas, desarrollada y evolucionada, es premisa fundamental de su próxima y definitiva liberación; y esta obra valiosísima, fue proyectada hacia los amplios horizontes de toda la América, mediante la organización del Congreso Americano Indigenista, en donde expusiera usted; conceptos inapreciables para este problema, cuya resolución definitiva preocupa de manera esencial a todo el Continente.

La clase media, que a través de nuestra vida pública, ha aportado siempre un contingente, individual y colectivo, de alto valor social y humano; que por medio de representativos auténticos ha tomado en ocasiones la dirección de nuestras gestas institucionales, depurando el sentido de nuestras luchas y prestando para la edificación de la patria, estimables aportaciones de orden técnico; la clase media, que una vez colocada en el lugar que históricamente le corresponde, esto es, al lado de la causa de los trabajadores, que es la propia causa de ella, por determinación de su clasificación económica, tuvo también en este lapso de nuestra vida política, beneficios entre los cuales puede señalarse el indiscutible, que significa un puesto, determinado y claro, dentro de la lucha social.

El Ejército, esta ciudadanía armada a la que con orgullo pertenezco, este sector de nuestra nacionalidad cuyo origen emerge del corazón mismo de las masas campesinas y obreras, guardián de nuestra soberanía, vigilante atento de la integridad de nuestras instituciones, de la tranquilidad y de la paz sociales, recibió justicia del régimen del Presidente Cárdenas, recuperando la dignidad que corresponde a su elevada función y reconociéndosele reivindicaciones específicas, que contribuyen eficazmente a su estabilidad, y a la satisfacción de sus necesidades.

En orden a la política exterior, el hecho que de modo principal debe ser subrayado, es el de haber conquistado para México, el respeto de todas las naciones y la solidaridad y el cariño de los pueblos demócratas; la condenación de la violencia y de la fuerza como medios de resolver conflictos entre nacionales, el respecto a la soberanía de los pueblos libres y el principio de autodeterminación de las naciones, fueron juntamente con la levantada afirmación de nuestra categoría de país autónomo, los postulados centrales de una actitud que es internacionalmente aplaudida.

Y, volviendo hacia los trascendentales problemas de nuestra nacionalidad, procede hacer referencia al hecho de que en la organización de las fuerzas populares, con tendencia a coordinar la acción política de las masas para la conservación y la defensa de las conquistas revolucionarias, y para propiciar el desenvolvimiento de esas mismas conquistas, hasta lograr en definitiva el imperio de la libertad y de la justicia, el esfuerzo de Cárdenas se tradujo en la transformación profunda y esencial, del órgano político del pueblo, para dar lugar a la organización del Partido de la Revolución Mexicana, que integrado por los cuatro sectores fundamentales de la población del país, desde su propia base organizativa, contiene el germen de una verdadera democracia funcional y proporcional, cuyos frutos se perciben ya, con satisfacción positiva, no sólo para los sectores sociales que integran nuestro Instituto Político, sino para toda la Nación que encontrará, en estas nuevas formas de la democracia, el más eficaz medio de su desarrollo y de su progreso.