Chapter 3

De esta manera los alumnos obteniendo la preparación técnica que los capacita para la transformación y utilización de los recursos naturales, incorporándolos así en el progreso económico industrial del país.

Para cumplir con una de las tareas imperativas de la Revolución, fue creado en 1937, el Instituto Politécnico Nacional, donde el alumnado, además de aprender artes y oficios, estudia carreras profesionales y subprofesionales, se capacitan técnica y biológicamente para intervenir en el proceso de producción y se forman especialistas en distintas ramas de investigación científica y técnica llamados a impulsar la economía del país mediante una explotación metódica de nuestra riqueza potencial.

No obstante que como consecuencia de la Ley de octubre de 1933, la Universidad Nacional de México cesó de funcionar como organismo oficial encargado de impartir la cultura superior, convirtiéndose en institución autónoma, el Gobierno Federal ha cooperado a su sostenimiento mediante subvenciones periódicas que es de suponer seguirán aumentando anualmente.

También han recibido subvenciones anuales de Universidad Obrera de México y otros institutos de educación en distintos Estados de la República.

El conocimiento directo de las duras condiciones de vida de nuestra población indígena alejada de los beneficios de la civilización, sumidos en la más absoluta pobreza y formando, en muchos casos, grupos impenetrables en completo apartamiento del progreso del país; y la consideración de que habían venido siendo bien escasos los resultados de la acción del Gobierno respecto al mejoramiento de dicha población, decidieron la creación del Departamento de Asuntos Indígenas como órgano específico que examine sus problemas y busque la manera más adecuada para solucionarlos, especialmente los que se derivan de su situación de miseria y de aislamiento.

Acentuada contra la raza indígena la opresión política y mantenida en un plano de depresión económica, sus individuos hubieron de refugiarse en el aislamiento que les permitían las condiciones geográficas y en el silencio a que los condenaba su situación de incomprendidos.

No ha sido, pues, por incapacidad orgánica ni por ineludible fatalismo por lo que muchos núcleos indígenas se conservaron substraídos en sus montañas y en las regiones costeras insalubres.

Fue el régimen de opresión y el desconocimiento de los valores humanos.

La Colonia encubrió la crueldad efectiva de la servidumbre con la fórmula protectora de las encomiendas; la República creyó asegurar la redención del indígena otorgándole nominales derechos y fórmulas de libertad; pero nada se hizo por la liberación económica y educativa y así continuó siendo carne de explotación.

La Revolución ha proclamado como procedente la incorporación de la cultura universal al indígena; esto es, el desarrollo pleno de todas las potencias y facultades naturales de la raza, el mejoramiento y facultades naturales de la raza, el mejoramiento de sus condiciones de vida, agregando a sus recursos de subsistencia y de trabajo, todos los implementos de la técnica, de la ciencia y del arte, pero siempre sobre la base de la personalidad racial y el respeto de su conciencia y de su entidad.

El programa de emancipación del indígena es, en esencia, el de la emancipación del proletariado de cualquier país, pero sin olvidar las condiciones especiales de su clima, de sus antecedentes y de sus necesidades, que le dan una peculiar fisonomía.

Como expresé en reciente ocasión, Nuestro problema indígena no está en conservar indio al indio, ni en indigenizar a México, sino en mexicanizar al indio.

Respetando su sangre, captando su emoción, su cariño a la tierra y su inquebrantable tenacidad, se habrá enraizado más el sentimiento nacional y enriquecido con virtudes morales que fortalecerán el espíritu patrio, afirmando la personalidad de México.

No es exacto que el indígena sea refractario a su mejoramiento, ni indiferente al progreso.

Si frecuentemente no exterioriza su alegría ni su pena, ocultando como una esfinge el secreto de sus emociones, es que está acostumbrado al olvido en que se le ha tenido; cultiva campos que no compensan su esfuerzo; mueve telares que no lo visten; construye obras que no mejoran sus condiciones de vida; derroca dictaduras para que sus nuevos explotadores se sucedan y como para él sólo es realidad la miseria y la opresión, asume una actitud de aparente indiferencia y de justificada desconfianza.

Pero, cuando una política perseverante ha logrado borrar el abismo de incomprensiones y ha podido inspirarles confianza, y cuando llegan a tener la convicción de que las autoridades ejercen el poder como medio para su liberación, entonces corresponden con entusiasmo, con tenacidad y lealtad inquebrantables.

México cuenta entre sus más preciadas conquistas, la muy valiosa de haber logrado despertar en la población indígena un verdadero sentido de superación, y puede señalarse como el mejor indicio de su intensa voluntad de progreso, el extraordinario empeño que se manifiesta en cada pueblo por instruirse, edificar sus propias escuelas y atender a los maestros como amigos, compañeros de trabajo y conductores espirituales, y su participación en la apertura de comunicaciones y demás servicios que ayuden a su mejoramiento.

Y esta inquietud fecunda debe ser comprendida en todas partes.

Porque de lograrse implantar una política benéfica para todas las clases indígenas se llegará por este camino a fortalecer a una gran mayoría convirtiéndola en ciudadanos útiles, al mismo tiempo que se podrán abolir las diferencias de castas de clases; se desarrollarán con más eficacia las energías productivas; se acabarán los rezagos del feudalismo que han subsistido a pesar de las luchas emancipadoras, y se alcanzará en definitiva la unidad política y social que constituye la base de una organización verdaderamente nacional que haga posible una efectiva solidaridad interamericana.

El Departamento de Asuntos Indígenas está llevando a cabo un amplio programa educativo y de organización que de seguirse atendiendo, pronto se harán sentir los beneficios en el seno de las comunidades indígenas del país.

No desmerece el esfuerzo hecho por la actual Administración en el empeño de proteger la salud de sus habitantes, colaborando en la elevación del tipo de vida en la higiene de las habitaciones, en la pureza de los comestibles, en la limpieza de los rastros, en la provisión de aguas potables, en los sistemas de saneamiento, en los pavimentos, en la desecación de charcas y pantanos, en la multiplicación de jardines, en la persecución del alcoholismo, etc., etc., se ha realizado una amplia y profunda labor sanitaria que se traducirá en mejoramiento de la raza y conservación de nuestros valores humanos.

Dentro de una amplia concepción del problema, el Gobierno Federal ha contribuido por sus diversas dependencias tanto cuanto le han permitido sus recursos, y concretamente a través del Departamento de Salubridad, durante el sexenio destinó más de ochenta millones, al sostenimiento de servicios sanitarios y médico-sociales.

Los servicios de Medicina Social e Higiene Rural, iniciados en 1936, son erogados por el Gobierno Federal y por los campesinos, quienes reciben atención médica preventiva y curativa.

Durante los seis años, se ha dotado de agua potable a 337 pueblos.

En el mismo período esta Administración ha ejecutado como obras sanitarias, hospitales, centros de higiene, estaciones de cuarentena y otras de importancia.

Además de las Oficinas Técnicas Generales y de las Centrales de Aplicación, el número de instituciones que desarrollan actividades sanitarias y médico-sociales en el territorio nacional, que en 1934 fue de 182, llega a 698 en 1940, de las que 108 son destinadas a servicios de medicina social e higiene rural.

Los progresos realizados en el campo de la salubridad y de la medicina preventiva se expresan en las siguientes cifras que dan una idea parcial de la obra realizada; mientras que en el primer decenio del siglo la mortalidad general llegó hasta 40 por millar de habitantes, en 1939 bajó a 21.9.

El coeficiente de mortalidad por enfermedades infecciosas y parasitarias que en 1934 era de 650 por cien mil habitantes, en 1939 descendió a 500.

En el sexenio que ahora termina sufrió una transformación completa el concepto, la finalidad y los métodos de la asistencia social, y la cantidad de los servicios relativos tuvo importantes aumentos.

Anteriormente no se consideraba la asistencia como parte importante de la acción federal, sino que estaba atendida por los Gobiernos Locales y por las Beneficencias Públicas y Privadas.

La Beneficencia Pública del Distrito Federal en 1934 atendía a los desvalidos para satisfacerlos en sus necesidades más imperiosas y estrictamente vitales considerando que todo lo que a ello excediera, significaba un lujo.

Los motivos y los fines de la Beneficencia eran la solidaridad y la defensa pública contra la miseria, carga económica para la sociedad y peligro de desintegración social.

A principios de 1937 se consideró que la Beneficencia debía evitar las causas de debilidad social que presentan algunos individuos, pugnando por reincorporarlos a la producción, creándose para tal fin un organismo de Terapia Social.

En 1938 se creó la Secretaría de la Asistencia Pública considerando la Asistencia como una obligación del Estado, que comprende no sólo la satisfacción de las necesidades primordiales de los individuos socialmente débiles, sino también el esfuerzo por hacer de ellos factores útiles a la colectividad en bien de los intereses generales del país.

También se consideró como parte de la Asistencia Pública la atención integral a las madres y a los niños menores de seis años aunque no fueran menesterosos.

Se extendieron las labores a toda la República directamente o por intermedio de las coordinaciones con los Estados.

Y se estableció la vigilancia, con la mira de orientarlas debidamente y además ajustar las beneficencias privadas a la voluntad de los fundadores.

Una vez establecida la Secretaría por la reunión de la Beneficencia Pública y Privada del Distrito Federal con el Departamento Autónomo de Asistencia Infantil, creado en 1937, se trabajó en determinar, de acuerdo con la realidad mexicana el concepto, fin y medios que debería adoptar aquélla en su función específica dentro de la acción general.

Se consideró que la asistencia social, bien sea de carácter médico, higiénico, educativo o de cualquiera otra naturaleza tiene por objeto hacer que los niños se desarrollen con el mayor vigor que sea posible, a fin de prevenir en ellos la aparición de debilidad social o económica, en los casos donde se ha prestado esta debilidad, tratar de corregirla, procurando revalorizar al adolescente, al adulto y aún al anciano, para que lleguen a ser en lo posible elementos activos de la producción y obtengan con qué satisfacer sus necesidades.

En esta forma contribuye la Asistencia Pública a ampliar las bases económicas y sociales que necesita la Revolución para realizar plenamente su finalidad humanista de mejorar y ennoblecer la vida de su población.

De acuerdo con estas orientaciones se formó en 1939 un Programa General de labores, cuyas realizaciones concretas figuran en la memoria respectiva.

La uniformidad administrativa en la interpretación de la legislación de trabajo a cargo de la Oficina Jurídica, la Oficina de Inspección por medio de sus funciones ya adscritos a las diferentes zonas de la República en las que intervienen no sólo como órganos de fiscalización sino también como elementos conciliadores, la Oficina de Asociaciones procurando transformar los sindicatos de empresas en sindicatos de industria, la unificación de las fórmulas contractuales en cada una de las ramas industriales, eficazmente trabajada por la Oficina de Convenciones, el celo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que tendrá al corriente el despacho de sus asuntos al terminar el período de administración actual y los laudos arbitrales pronunciados por el Jefe del Departamento y por el Jefe de Procuradores del Trabajo, han dado al conjunto orgánico de este servicio efectos muy provechosos no solamente en la solución de los conflictos planteados, sino también, lo que es acaso más importante, en la evitación de numerosas diferencias abocadas a estallar.

Y es en relación a este último particular que me satisface decir a la Representación Nacional que se han obtenido los más plausibles resultados en numerosas ocasiones, acudiendo a vías persuasivas y conciliatorias; por lo que es de justicia que el Ejecutivo de mi cargo reconozca, como lo hace, la encomiable voluntad manifestada en tales casos por las partes en pugna para solucionar sus dificultades, sin aparatosa propaganda de sus respectivos puntos de vista.

Y es tanto más importante insistir sobre este aspecto de la Administración, por el ambiente callado en que se consuma y en virtud de lo que pasa inadvertido para el país.

No es que deje de haber conflictos; los hay, como en todas partes, por obra de naturales choques de intereses; pero en primer lugar, tienden a reducirse aquellos, y, en segundo -lo que es más reconfortante para el pensamiento revolucionario-, su solución exenta de violencias denota que ha ido penetrando, en quienes se resistían a admitirlo, el hondo sentido humano de nuestra legislación del Trabajo.

El país fue testigo de cómo el Ejecutivo Federal encaminó a los trabajadores hacia la obtención efectiva de cuanto la Ley les otorga; así como del apoyo a las demandas legítimas de aquéllos hasta hacer el respeto a la misma situación orgánica, y por eso ahora, también, testifica la nación los propósitos y los actos del Gobierno para que ese logro de derechos corresponda una fecunda comprensión y realización de deberes, como medio estabilizador no sólo de los intereses económicos, que redundan en prosperidad material, sino también de los altos intereses del espíritu humano, que significan entendimiento, cooperación y justicia para tranquilidad y grandeza de la Patria.

Es así como en los casos concretos de los trabajadores del Petróleo y de las Líneas Nacionales, el Ejecutivo les ha hecho ver las responsabilidades que tienen contraídas con la Nación, a la vez que ha tomado los dispositivos necesarios para poder hacerlas efectivas, previniendo que la lenidad, el disimulo y hasta la franca esquivez a obligaciones indeclinables perjudiquen a toda una colectividad, que siempre tendrá derecho a que sus intereses legítimos prevalezcan sobre los intereses de grupo.

En ningún caso el Gobierno ha intervenido en la organización sindical para influir en la designación de sus gestores y representativos, sino que por el contrario ha respetado enteramente la libre esfera de la competencia interna que la ley garantiza a las sociedades obreras, sin duda por entender justificadamente que el Estado debe abstenerse de toda intromisión en la vida orgánica de las mismas.

El Gobierno manifiesta, además, que no hubiera querido dejar pasar la etapa de su administración sin haber promovido la iniciativa de la Ley sobre Seguro Social cuya presencia en nuestro sistema de instituciones se hace inaplazable.

Al efecto, fue sometido a la consideración de las Cámaras Legisladoras el proyecto correspondiente.

De este modo, la Administración a mi cargo considera completar su obra en el aspecto del trabajo, vigilado con igual solicitud el ejercicio del derecho y el cumplimiento del deber.

No quiere el Gobierno dejar sin la debida mención el hecho de que durante la etapa de su mando ha procurado desarraigar de la vida social formas peligrosas de esparcimiento. Así ha mantenido con toda firmeza la prohibición del juego.

Y ha buscado también por medios directos e indirectos evitar la degeneración cierta que el alcoholismo provoca en la salud física y moral.

Las especiales condiciones que han prevalecido en el mundo durante los seis años de Gobierno, han dado ocasión a que se precise y concrete el criterio de México en materia internacional.

Aun cuando nuestro país forma parte de la comunidad organizada de las naciones y mantiene con ellas, en general, las relaciones más estrechas sin que desde el punto de vista legal se establezca diferencias, es lo cierto que la proximidad geográfica, la solidaridad económica y la similitud de instituciones, determinan para México una línea de conducta de mayor acercamiento con los países del Continente Americano.

No quiere decir esto que el Gobierno haya permanecido indiferente ante los dramáticos problemas que han venido sacudiendo al Viejo Mundo; y así, en todo caso de agresión o violencia internacional ha proclamado las tesis de absoluto respeto a la soberanía de los Estados, de la colaboración internacional y de la estricta neutralidad, afirmando siempre los ideales de paz y justicia como norma del intercambio entre los pueblos, y en consecuencia, el propósito de no reconocer conquistas armadas ni gobiernos emanados de la violencia.

Como prenda de la sinceridad con que México profesa estas convicciones, cabe ofrecer la actitud firme y leal que se ha observado dentro de la Sociedad de las Naciones, en cuyo colapso ninguna responsabilidad, ni aún la del silencio, incumbe a nuestro país.

Y si a la hora actual podríamos considerarnos desligados, jurídica y moralmente, de los compromisos contraídos en defensa de la seguridad colectiva, ello se debería tan sólo a la fuerza de los hechos de descomposición internacional que la Asamblea de Ginebra no ha podido contener.

A pesar de esta realidad innegable, el Gobierno se mantiene dentro de la organización ginebrina más que por la realidad que significa, por el ideal noble que aspiró a representar.

Fiel a los propósitos que ha mantenido el Gobierno de Contribuir lealmente a la obra de solidaridad interamericana, aceptó la invitación recibida para concurrir en la ciudad de La Habana a la Reunión de Secretarios de Relaciones o de sus representantes.

El objeto fundamental de la reunión consistió en considerar y aprobar las medidas de emergencia que para la defensa continental demanda el estado de guerra existente en Europa.

Con excepción del asunto de las colonias que ha sido materia de Tratado, todos los demás acuerdos de la Conferencia tuvieron el carácter de resoluciones y recomendaciones, orientadas a las siguientes finalidades:

Evitar las actividades de extranjeros o dirigidas por países extranjeros, encaminadas a subvertir las instituciones democráticas que constituyen la forma de Gobierno escogida por las Repúblicas Americanas;

Fijar bases generales para una estrecha cooperación económica continental con el objeto de reducir o eliminar los daños que de momento origina la supresión de importantes mercados para los artículos que produce nuestro Continente y procurar para el futuro una organización sobre normas duraderas para un intercambio comercial y de cooperación financiera, en beneficio de todos los países americanos, bien entendido que las recomendaciones aprobadas a este respecto no excluyen, y México hizo especial hincapié en ello, el intercambio comercial de los países americanos con otros extraños al Continente.

Formalizar el principio de que los territorios comprendidos dentro del radio de defensa del Continente, que se hallan actualmente bajo la jurisdicción de países no americanos, no pueden ser transferido a otro país no americano, considerando que es de interés común para nuestras repúblicas establecer un sistema que garantice la participación de todas en el arreglo de esta cuestión.

Me es grato manifestar que nuestra representación no suscribió compromiso alguno que no figure en el acta final publicada, habiéndose mantenido incólumes los principios definitivamente conquistados de no intervención y mutuo respeto a la integridad de nuestras propias soberanías.

Es cierto que el desarrollo económico de las repúblicas americanas podrá ser acelerado mediante una amplia y liberal política de inversiones prudentemente realizadas.

Pero el Gobierno considera de su deber estricto, como ya lo hizo presente en la conferencia de la Habana, afirmar una vez más, con reiteración que justifica la onerosa historia de las reclamaciones internacionales sufridas por nuestro país, que el extranjero inversionista o establecido aquí, ha de quedar lealmente sometido a las leyes nacionales y a las autoridades del Gobierno.

El recurso constante a la protección diplomática del Estado de su pabellón oculta las más de las veces un sentido imperialista de los Estados fuertes contra la debilidad relativa de los Estados menos poderosos.

Y es así, como bajo el manto respetable de una demanda de justicia internacional se encubre frecuentemente en el fondo, un agravio a la independencia y a la soberanía del Estado contra quien se dirige la reclamación.

Es del conocimiento público que la Suprema Corte de Justicia en sentencia de 2 de diciembre de 1939, denegó en todo lo esencial el amparo solicitado por las compañías petroleras expropiadas.

De esa importante pieza jurídica que según el criterio del gobierno acredita el espíritu de justicia y la competencia de nuestro más Alto Tribunal, sale, plena la demostración de la legalidad del decreto expropiatorio y la falta de fundamento de que adolecen las tesis de su impugnación.

Alguna empresa de las expropiadas, a raíz de pronunciado el fallo, utilizó la buena disposición del Gobierno para entrar con él en negociaciones extrajudiciales al solo efecto de arreglar de común acuerdo la cuantía y pago de la indemnización debida con motivo de la expropiación, cuya legitimidad, quedaba por este mismo reconocida.

Otras compañías expropiadas, lejos de utilizar esta vía de arreglo han querido acentuar todavía su actitud de protesta oponiendo las dificultades de procedimiento que tuvieron a su alcance para impedir o retardar la tramitación del juicio de avaluó previsto en la ley, en cuyo procedimiento por cierto, aquellas no quisieron tener ninguna otra intervención.

El Gobierno, sin embargo, actuando por medio de su legal representante ha promovido las diligencias judiciales necesarias para resolver, previos los informes periciales, sobre el avaluó de los bienes cuyo valor, no estando fijado en las oficinas rentísticas, ha sido estimado por el juez en $ 178.040,149.77.

La Administración por su parte ha totalizado el valor fiscal de los bienes expropiados que figuran en las oficinas catastrales, representando la cantidad de $ 22.516,182.89.

Resulta por tanto que el precio de la indemnización debida a causa de la expropiación es $ 200.556,332.66

Esta cifra define la responsabilidad contraída por el Estado Mexicano a cuenta de la expropiación.

El pago se ordenará dentro de los plazos autorizados por la ley.

Y si las compañías afectadas se abstuvieran indebidamente de percibir las anualidades que vayan venciendo, el Gobierno seguirá depositando su importe en el Banco de México.

Con este acto puede reputarse concluido el largo proceso expropiatorio que empezó a raíz del decreto de 18 de marzo de 1938 y que fue dictado a méritos de evidentes causas de utilidad pública, taxativamente previstas por la ley, que hicieron necesaria en lo absoluto la expropiación de las empresas afectadas, así como la ocupación urgente de los bienes necesarios para la continuidad de las operaciones de la industria petrolera.

Procediendo de otro modo, el Gobierno habría abandonado al interés público, gravemente comprometido cuando las compañías, negándose a cumplir el laudo que les señaló nuevas condiciones en los contratos de trabajo, dieron lugar a que, en cumplimiento de la ley, la autoridad tuviera que declarar la ruptura de aquéllos.