Chapter 2

Enseñanza agrícola y normal rural $ 19.585,249.17

Enseñanza secundaria y obrera $ 21.190,361.60

Enseñanza técnica superior $ 40.009,339.16

Educación artística $ 8.109,982.35

Educación militar $ 15.946,273.73

Subsidio a la Universidad Nacional y otros establecimientos de cultura superior $ 18.139,734.61

Campos experimentales, postas zootécnicas, campabas contra plagas, atenciones de coloulzación y demás servicios de organización, control y fomento de la producción agrícola y ganadera: $ 18.698,160.84.

Inversiones: $ 236.672,951.60.

Banco Nacional de Crédito Ejidal, S. A $ 149.582,332.32

Banco Nacional de Crédito Agrícola $ 40.628,667.82

Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas $ 11.253,118.95

Banco Nacional Obrero y de Fomento Industrial. $ 7.113,251.50

Banco Nacional de Comercio Exterior $ 1.651,843.45

Crédito Popular $ 1.000,000.00

Seguros de México, S. A. $ 600,000.00

Almacenes Generales de Depósito $ 561,000.00

Ingenio de Zacatepec $ 15.656,011.80

Diversos fideicomisos $ 6.626,725.76

Henequeneros de Yucatán $ 2.000,000.00

Previsión Social $ 57.405,760.04.

Auxilios a repatriados, campesinos e indigentes $ 4.463,085.70

Indemnizaciones por accidentes en el trabajo $ 314,418.36

Sostenimiento de establecimientos penales a cargo de la Federación $ 2.549,845.74

Diversos servicios a cargo de Salubridad y de Asistencia Pública $ 50.078,410.24

Subsidios a los Territorios Federales $ 8.659,958.36

Censos $ 6.052,227.60

Adquisiciones $ 162.183,711.10

Mobiliario $ 11.099,020.78

Instrumentos, aparatos y maquinaria para oficinas, construcciones, etc. $ 38.684,213.69

Vestuario y equipo militar $ 33.873,264.59

Material y equipo ferroviario $ 1.339,614.26

Armamento $ 39.188,594.54

Embarcaciones militares $ 28.057,225.60

Embarcaciones, aeronaves, camiones, etc., para servicios civiles $ 6.723,339.11

Cables submarinos $ 1.347,516.66

Predios rústicos y urbanos $ 1.870,921.87

Deuda Pública: $ 353.365,002.04.

Los gastos que presentan las inversiones detalladas en el presente Informe, así como los egresos ordinarios del Presupuesto, se cubrieron con los ingresos normales del Erario y los deficientes ocurridos en los diferentes ejercicios anuales, se liquidaron usando del crédito del Gobierno Federal con el Banco de México.

El Gobierno ha llegado a usar de este crédito hasta la suma de $ 169.794,442.07, por lo cual quedan cubiertos principalmente los deficientes de presupuestos ordinarios de la Hacienda Pública, las inversiones extraordinarias que el Gobierno Federal hubo de hacer en obras públicas y los débitos de la Administración Nacional del Petróleo al Estado.

El adeudo total con el Banco de México está representado por el sobregiro de $ 118.179,926.01 que el H. Congreso autorizó al Gobierno Federal al aprobar las reformas a la Ley Orgánica de dicha Institución, de fecha 29 de diciembre de 1938, más el saldo de $ 51.614,516.06 más intereses, que de acuerdo con las previsiones de las mismas reformas ha quedado debidamente documentado en Certificados de Tesorería.

La cantidad arriba anotada representa un exceso de las posibilidades normales de la Hacienda Pública, pero si se compara su monto con el total de los ingresos manejados durante los seis años de la Administración, y se considera el incremento que ha resultado para el patrimonio nacional, como producto de las inversiones realizadas en materia de obras públicas y otros ramos, se apreciará como justificado el uso del crédito extraordinario del Gobierno Federal con el Banco de México.

En todo caso el crecimiento del gasto público y la consiguiente apelación al empréstito se justifica por la necesidad de acometer la ingente tarea constructiva de la Revolución en un país de gran riqueza potencial, pero que sólo puede ser hecha efectiva a costa de inversiones, obras y servicios de ejecución muy costosa.

El Gobierno ha desarrollado una política de revalorización de los productos del campo, ha corregido también en lo posible el castigo que a sus precios hacían los intermediarios, y sobre todo ha tratado de establecer un cierto orden racional de la producción que, limitando el exceso existente en algunas ramas, evitara el caso de explotaciones no costeables.

En cuanto a la industria de petróleo, la producción ha sufrido los efectos de la falta de algunos mercados que tuvo antes de la guerra y cierto desajuste de organización, corregido éste y adquiridos nuevos mercados que el Gobierno procura, es seguro que el coeficiente de producción podrá ser elevado en proporciones de importante volumen.

Por efecto de no haber cumplido los interesados las leyes que rigen en materia de concesiones petroleras, se han cancelado 218 títulos que amparaban una superficie de 4.209.205.9722 hectáreas habiéndose incorporado a las Reservas Petroleras Nacionales 3.797,418.0081 hectáreas.

Para el fomento de la industria minera la Administración actual simplificó los trámites de las concesiones, especialmente para gambusinos y pequeños mineros, proporcionó auxilios a éstos, estimuló los trabajos de explotación, conservó dentro de las reservas mineras nacionales, conforme a una prudente política, todos aquellos yacimientos que sean necesarios para asegurar la subsistencia y progreso de esta importante rama de nuestra producción, sin perjuicio de poner a disposición de la iniciativa privada las zonas mineras que sean susceptibles de exploraciones, haciendo así posible el descubrimiento de nuevas minas y la inmediata explotación de fundos.

En relación con este programa se creó la Comisión de Fomento Minero que con amplias facultades técnicas y financieras ha realizado importantes trabajos, dando preferencia al establecimiento de plantas de beneficio en distintas partes del país.

En la producción mineral se ha registrado aumento apreciable en el oro, disminución en la plata (ha consecuencia de la cambiante política de compras del Gobierno Americano, pero cuyos efectos perjudiciales sobre la industria de su extracción fueron compensados en lo posible mediante las oportunas medidas) variaciones constantes en el cobre, mejora en el plomo, importancia inusitada en el hierro y también en otros metales (molibdeno, tungsteno, bismuto, vanadio) antes no explotados y que desde 1934, comenzaron a serlo comercialmente con excelente signo por su aplicación a las industrias pesadas modernas.

La carencia de energía eléctrica en relación a la demanda creciente del consumo, especialmente con vista a la electrificación de diversas industrias, ha estimulado al Gobierno para seguir una política encaminada al aumento considerable de aquella producción a fin de suministrar la energía eléctrica a precios reducidos y ramificar su abastecimiento en todo el país.

Para lograr este último resultado ha sido reorganizada la Comisión Federal de Electricidad a la que además de las cantidades asignadas a los presupuestos se le ha destinado íntegramente para obras de electrificación el 10% sobre el consumo de energía.

Dicha Comisión ha realizado diversas obras y proyectos para la instalación de plantas de diversos lugares del país, entre ellas una importante en Ixtapantongo para la electrificación del Distrito Federal, cuyos trabajos están muy avanzados.

El Gobierno Federal, a través de la Nacional Financiera, S. A. y de la referida Comisión, ha adquirido diversas plantas eléctricas que vienen mejorando y ampliando el servicio a numerosos pueblos que carecían de corriente.

Por lo que toca a las industrias de transformación, el índice general de los seis años anteriores acusa una constante mejoría, pues de una cifra de 106.18 en 1934 se eleva a 144.61 en 1939.

Las obras emprendidas por el Gobierno Federal, que han demandado artículos de construcción y la ocupación de gran número de personas, han contribuido indirectamente a la industrialización del país, poniéndose en circulación valores económicos de indiscutible importancia.

Dentro de la política de industrialización, se han dictado disposiciones arancelarias cuyo propósito fundamental ha sido acelerar la creación o la ampliación de actividades manufactureras.

Cabe por último, hacer notar la buena acogida que se ha dado al decreto sobre exención de impuestos para estímulo de nuevas industrias, lo que significa confianza en el destino de las instituciones de México.

El Ejecutivo ha venido observando atentamente los fenómenos de producción, distribución y consumo de las subsistencias con el propósito de regular dichas actividades en forma que se facilite el abastecimiento de la población, teniéndose en cuenta de manera muy especial, la necesidad de estimular a los productores con precios remunerativos.

Que a su vez no agraven al consumo excesivamente.

La declaración de guerra en Europa a principios de septiembre de 1939 se interpretó desde luego como una causa que podría venir a agravar la situación general de precios altos que se había manifestado en el curso del año, y fue necesario tomar las medidas indispensables para detener esos efectos prohibiendo la exportación de los artículos fundamentales para la alimentación; así se previno que fueran a faltar en un momento dado y al mismo tiempo se independizaron los precios interiores de los que pudieran alcanzar en los mercados internacionales fuertemente influenciados por la demanda extraordinaria de los tiempos de guerra; y, también, se adoptaron otras medidas circunstanciales con propósito de corregir cierto aumento momentáneo en los precios de aquellos artículos.

En el año precedente, se han construido por la Federación, en carreteras, 171 kilómetros de terracerías, 299 kilómetros de revestimientos y 515 kilómetros de petrolización, además de grandes puentes y otras obras de arte de indiscutible importancia.

En cooperación con los Estados se han construido 505 kilómetros de terracería, 243 kilómetros de revestimiento y 225 kilómetros de petrolización.

También en el orden de las comunicaciones ferroviarias, la actual Administración ha llevado a cabo un serio esfuerzo, emprendiendo la construcción de las líneas férreas de Ixcaquixtla a Petlalcingo, Pue., con 74 kilómetros, ya en explotación: de Caltzontzin a Apatzingán, con una extensión de 127 kilómetros, y que quedará concluida antes de finalizar el presente año; el Ferrocarril del Sureste, que en este mismo año, habrá terminado de tender vía de Campeche a Boca del Cerro, Tabasco, con una extensión de 342 kilómetros, y 60 kilómetros, a partir de Puerto México, teniendo concluidos además, 100 kilómetros de terracerías, de la propia línea al Sureste, y el Ferrocarril de Fuentes Brotantes- Punta Peñasco, con una extensión de 172 kilómetros, inaugurado el 5 de Mayo del corriente año. Además, se adquirió en condiciones muy favorables, el Ferrocarril de Kansas City, México y Oriente, con una extensión de 510 kilómetros, con el propósito de terminar el tramo intermedio faltante, a fin de tener acceso al Puerto de Topolobampo.

En el sexenio de 1934 a 1940, se han hecho localizaciones de caminos en 1,564 kilómetros; terracerías en 959 kilómetros; revestimientos en 1,546 y petrolización en 2,008 kilómetros en la red nacional, y en cooperación con los Estados, se ejecutaron 7,044 kilómetros de localización; 4,595 de terracerías; 4,927 de revestimientos y 1,436 kilómetros de petrolización.

En cuanto a las vías marítimas, se ha hecho con regularidad del tráfico con el extranjero, exceptuando a Europa a causa de la situación de guerra.

Es de notar que el material flotante ha tenido un aumento considerable.

Y el Departamento de la Marina Nacional que de conformidad con las razones expuestas en mi Informe del pasado año fue creado, comenzó a funcionar el primero de mayo último y aparte de la atención que presta a sus diversos servicios, se ocupa de mejorar las condiciones de la marina en general.

Por su parte las comunicaciones aéreas han venido registrando un aumento considerable.

Razones evidentes que miran al progreso de nuestro país en todos los órdenes, aconsejaron a la actual Administración una intensa política que, dentro de las obligadas limitaciones de la situación financiera, vaya encaminado a abrir coordinadamente el mayor número posible de vías de comunicación y a cuidar los servicios de los distintos medios de transporte.

Grande es la carga que ello representa para el Erario Público.

Pero mucho mayor ha de ser el beneficio que se obtenga en el país, no sólo en el aspecto económico consiguiente al acercamiento entre los sitios de producción y los mercados de consumo, sino también en el orden de la cultura al cancelar el aislamiento de algunas comarcas de nuestro gran territorio que han padecido muy gravemente su incomunicación con los centros nacionales de actividad superior.

Las comunicaciones postales, telegráficas y telefónicas, especialmente las radiofónicas han mejorado mucho, pero también han hecho más apremiante la aspiración de lograr una red completa de comunicaciones directas.

Al iniciarse el presente período constitucional de 1934 a 1940, estaba vigente el Código Agrario expedido en marzo de 1934.

La experiencia recogida en los años del actual Gobierno y las observaciones hechas al aplicar la Ley Agraria en la Comarca Lagunera, en las Penínsulas de Yucatán y la Baja California, El Yaqui, Los Mochis, El Soconusco, Lombardía y Nueva Italia, aconsejaron dictar al Ejecutivo, en uso de las facultades extraordinarias otorgadas por el H. Congreso de la Unión, las reformas de agosto de 1937.

Permitían éstas, en las resoluciones por conjuntos, ampliar los radios de afectación e incluir a los núcleos que no hubieren solicitado ejidos; dotar a los peones acasillados que carecían de ese derecho hasta entonces; precisar qué fraccionamientos deben considerarse como simulados; ampliar ejidos sin más restricciones que el respeto a la pequeña propiedad y fijar normas generales para la organización ejidal.

En marzo del mismo año se adicionó, además, el Código Agrario permitiéndose el otorgamiento de inafectabilidades ganaderas por veinticinco años en zonas en las que no existan problemas de dotaciones ejidales.

Y una necesidad de buen método legislativo, decidió al Ejecutivo a iniciar la expedición de un nuevo Código Agrario que diera sistema a los preceptos subsistentes del anterior y todas las reformas y acuerdos posteriores.

Las reformas fundamentales que el proyecto de nuevo Código incluye, van encaminadas a facilitar la distribución de la tierra y la mejor organización del ejido; aclarar los preceptos que organizan la propiedad inafectable, sin disminuir el límite fijado para ello, pues si bien las leyes anteriores señalaban una propiedad inafectable de 150 hectáreas de riego o sus equivalentes, también establecieron que ese límite podría reducirse hasta 100 cuando hubiera necesidades por satisfacer, lo que, durante el actual período constitucional produjo, por el ritmo de las afectaciones de tierras, que quedaran reducidas a esas 100 hectáreas de riego todas las propiedades inafectables; ratificar los derechos de los trabajadores asalariados del campo; permitir que el Gobierno pueda disponer de los excedentes de los volúmenes de aguas restituidos que no utilicen los núcleos beneficiados; fijar las condiciones de acuerdo con las cuales se respetarán los fraccionamientos de fincas afectables; autorizar el establecimiento de ejidos ganaderos y forestales; substituir, en la terminología legal, la palabra parcela por unidad normal de dotación, en virtud de que no se llega a la primera sino mediante el fraccionamiento del ejido, el cual, no debe efectuarse en algunos casos, por las condiciones peculiares de la tierra o por no ser conveniente para alcanzar un mejor nivel económico; reglamentar el funcionamiento de la parcela escolar; incluir en las dotaciones las superficies para fundos legales y los caseríos ocupados por los campesinos beneficiados; aumentar las unidades de dotación a las tribus indígenas y para nuevos centros de población; acomodar excedentes no dotados en las tierras vacantes de los ejidos antes de proceder a formar nuevos centros de población; conferir la organización ejidal a la Secretaría de Agricultura y Fomento, la que puede delegarla en organismos descentralizados de Estado, semejantes al Banco Nacional de Crédito Ejidal; capacitar a las Asambleas Generales de Ejidatarios para el manejo de los fondos de la comunidad, mediante depósito en el Banco Ejidal; y, por último, organizar correctamente la titulación y la resolución de los conflictos de los bienes comunales, que se encuentran en manos de indígenas y que no habían sido reglamentados hasta ahora, pudiendo optar por el régimen ejidal para recibir los beneficios del crédito de Estado.

Los anteriores conceptos fueron analizados en la exposición de motivos que el Ejecutivo Federal envió al H. Congreso de la Unión con el proyecto de ley recientemente aprobado.

De la autenticidad de este sistema de preceptos es testimonio eficiente la política ejidal concretamente realizada por el Gobierno.

Ejidos definitivos otorgados del 1o. de septiembre de 1939 al último de agosto de 1940: 1,799 posesiones, beneficiándose a 101,359 campesinos con 1.964,770 hectáreas.

Ejidos otorgados del 1 de diciembre de 1934 al 31 de agosto de 1940: 10,651 posesiones, beneficiándose a 1.020,594 campesinos con 18.352,275 hectáreas.

El número de ejidos existentes a la fecha es de 15,000, con 25.324,568 hectáreas que benefician a 1.442,893 campesinos.

En la actualidad se encuentran pendientes de resolución 9,868 solicitudes de primera dotación y 5,133 solicitudes de ampliación.

La Reforma Agraria en México no es, en resumen, sino uno de los necesarios aspectos de la integración nacional; obedece a la inaplazable exigencia de dar una base de sustentación económica casi a las tres cuartas partes de la población activa, siguiendo el ritmo evolutivo que debe llevarnos a transformar la agricultura extensiva, rudimentaria, de tracción animal y de resultados aleatorios, en agricultura intensiva y técnica, con mayor vinculación a la vida económica general y en contacto estrecho con los centros de consumo del país y del extranjero.

En servicio de esta idea la Secretaría del Ramo además de los elementos técnicos e implementos modernos que está empleando para impulsar la agricultura, ha venido creando escuelas vocacionales en diferentes partes del país, que deberán aumentarse para preparar debidamente a la juventud campesina a fin de mejorar los cultivos de la tierra.

La Comisión Nacional respectiva, ha atendido con especial interés, los problemas relativos a la irrigación, ya que es de sobre sabido que nuestra economía agrícola, jamás podrá cimentarse mientras carezcan de sistemas de riego que contrarresten lo aleatorio de las precipitaciones pluviales.

Durante el actual período presidencial se realizaron trabajos en 57 obras de irrigación de grande, mediana y pequeña importancia, cuya descripción detallada y características fundamentales constan en la memoria respectiva de la Secretaría de Agricultura y Fomento.

De las tres grandes obras, la Cortina de la Presa de La Angostura quedará terminada dentro del actual período de Gobierno; la de El Palmito quedará avanzada hasta un 57% y la de El Azúcar hasta un 65%.

Entre las de mediana importancia quedaron terminadas las Presas de Cointzio, Madero, Obregón, La Antigua, Las Pilas, Santa Rosa, Tarecuato y El Rodeo, así como la Presa Rodríguez de la Baja California, iniciada por administraciones anteriores.

El resto de las obras de mediana importancia quedó avanzado hasta un 35% aproximadamente en su conjunto.

De las obras de Pequeña Irrigación, se terminaron 17 y el resto quedó avanzado en un 58%.

Se hicieron 72 estudios para presas de almacenamiento y derivación, canales, plantas hidroeléctricas y otros aprovechamientos de los recursos hidráulicos del país.

Complemento de este programa ha sido la protección a los bosques y la forestación que se ha venido realizando en diferentes partes de la República.

Se han venido haciendo efectivos los preceptos del decreto de 2 de agosto de 1923, y así, durante el sexenio de la actual administración se colonizaron en pequeña propiedad 1.712,793 hectáreas de terrenos nacionales.

Por reconocimiento de derechos de propiedad, durante el mismo sexenio se han expedido títulos que amparan 705,349 hectáreas.

Los terrenos deslindados que han vuelto al dominio de la Nación por haber sido declaradas legalmente nulas onerosas concesiones, asciende a 4.522,832 hectáreas, de las cuales 907,658 fueron reivindicadas el año último, estando localizadas en los Estados de Campeche, Veracruz, Oaxaca, Quintana Roo y Baja California.

En el mismo período se hizo el estudio de 18 concesiones que amparan una superficie de 3.360,068 hectáreas por si fuera procedente declarar su nulidad.

En la memoria anexa figura detalladamente la importante e intensa labor desarrollada por esta Secretaría.

El crecimiento acelerado de la ciudad de México que en los últimos veinte años ha doblado población, de 767,519 habitantes a 1.451,616, ha traído consigo problemas que el Departamento del Distrito ha venido atendiendo, trazando planes unos ya terminados y otros en parte iniciados cuya ejecución significa una importante mejora.

La política de esta Dependencia, es lograr el saneamiento de toda la ciudad y de sus delegaciones para asegurar así la vida y progreso de su población.

La apertura de nuevas avenidas, pavimentación de calzadas, carreteras a las delegaciones, obras de forestación, dotación de agua potable, escuelas y servicios médicos, han sido parte del amplio programa que dicha dependencia ha venido ejecutando y que aparece con todo detalle en las memorias respectivas.

El presupuesto del presente año del propio Departamento, ascendió a $ 63.603,396.48 con un total en el sexenio de $ 327.468,463.41.

De esta cantidad se destinó a construcciones y obras de saneamiento la suma de $ 74.271,885.43.

Cumpliendo preceptos de la Constitución el Gobierno ha procedido a la reforma educativa. Se ha procurado guardar el respeto al fuero de la conciencia individual.

Las nuevas normas buscan que la educación se oriente en el sentido de estudiar los problemas que afectan a la comunidad, forma hábitos de trabajo y cooperación, crear el concepto de responsabilidad y disciplina sociales y plasmar en los educandos una actitud solidaria con todos los componentes de la sociedad mexicana, entre ellos, las masas productoras.

El analfabetismo, que es uno de los males mayores que han impedido el desarrollo orgánico de la sociedad mexicana y que deber ser esencialmente combatido hasta extirparlo, ha venido reduciéndose gradualmente en relación a los esfuerzos realizados por las administraciones revolucionarias.

Así, en 1910, la proporción de analfabetos en la República era de 70%, en tanto que en 1934 fue el 50%.

En 1940 se ha reducido al 45%.

El número de alumnos inscritos en las escuelas primarias ha aumentado de 1.419,000 en el año de 1934 a 1.800,000 en 1939.

La demanda de escuelas rurales ante el vigoroso despertar de la conciencia campesina, consecuencia de la política agraria, está muy lejos aún de quedar satisfecha con el funcionamiento actual de 16,545 planteles educativos, de los cuales 13,020 sostiene la Federación, 2,406 los Gobiernos de los Estados y 1,189 las empresas particulares, en cumplimiento de los artículos 3o. y 123 constitucionales.

La educación secundaria queda mejor definida como un servicio en favor de los adolescentes, tanto para explorar la vocación como para ampliar en general su cultura.

No sólo se ensancha la acción del ramo en ese sentido, sino que se acentúa la tendencia pre-vocacional, creando al efecto los medios de realización favorables, así como destinando nuevas escuelas secundarias al servicio exclusivo de los hijos de los obreros.